Por el incremento al salario mínimo del 12 por ciento a partir de este 2025, empleados del INE que trabajan en 45 municipios o ciudades fronterizas del norte en Módulos de Atención Ciudadana (MAC), que se dedican a la tramitación de credenciales de elector, se han quedado con un ingreso menor al mínimo.
La administración del Instituto Nacional Electoral deberá hacer el ajuste de inmediato para que en la primera quincena del mes en curso los trabajadores reciban al menos el salario mínimo.
De acuerdo con el aumento al salario que entró en vigor el 1 de enero, el ingreso mensual del personal de los Módulos de Atención Ciudadana, que son los que tienen la más baja percepción en el INE, no puede ser menor a los 12 mil 724 pesos.
Según el tabulador del instituto, actualizado hasta el 30 de diciembre del año pasado, el ingreso mensual bruto que han venido recibiendo es de 11 mil 859 pesos y neto de 9 mil 930 pesos.
Los Módulos de Atención Ciudadana funcionan en todo el país con 4 mil 770 empleados para los que anualmente se dispuso en 2024 un presupuesto de 873 millones de pesos.
En el organigrama del INE están identificados como trabajadores de los MAC: “operador/a de equipo tecnológico A” , “Auxiliar de Atención Ciudadana”, Digitalizador de Medios de Identificación y Responsable de Módulo.
Salvo el responsable de módulo, los otros tres tienen el sueldo más bajo, un ingreso mensual, al menos hasta diciembre de 2024, de 11 mil 859 pesos (bruto) y 9 mil 930 pesos (neto).
El desajuste por el aumento al salario mínimo que acaba de entrar en vigor se da solo en las ciudades fronterizas del norte, porque es diferente y superior al monto o tope establecido para el resto del país.
En salario mínimo en las ciudades fronterizas es más alto, por eso la urgencia de que el INE haga el ajuste correspondiente.
No es el caso de los que trabajan en los módulos de atención ciudadana en el resto del país, porque su ingreso mensual está por arriba del mínimo general, a pesar del reciente aumento.
En este caso, con el reciente incremento, el salario mínimo general es de 8 mil 475 pesos mensuales.

Quienes han asumido una posición radical contra el proceso de elección de juzgadores, le van a encontrar defectos hasta el último momento. Van a intentar desacreditarlo. Lo vemos en la etapa de preparación, seguirán cuando llegue el momento de la votación y van a continuar una vez que hayan tomado posesión los nuevos juzgadores.
Incluso, estarán atentos al funcionamiento de juzgados, colegiados y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la apuesta de que haya irregularidades y exhibirlas, para quizás poder decir: “teníamos razón, se perdió la independencia del poder judicial”.
Independencia, que siendo honestos los juzgadores, deberían admitir que nunca ha sido su principal distintivo.
Por el momento, los críticos de la reforma están ocupados con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Celebran que en el Consejo General haya voces diversas sobre los centros de votación que se van a instalar, el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados que consideran insuficiente y la boletas que dan por hecho van a complicarle el voto a los electores.
Ninguno de los que están inconformes o impugnan la reforma judicial buscan ayudar al éxito de la elección de juzgadores. Para nada entusiasman a la gente para que acuda a votar.
Por el contrario, pregonan los peores augurios y tramitan acciones jurídicas descabelladas.
Advierten a los potenciales votantes que los centros de votación estarán aislados, no a la vuelta de la esquina ni a una o dos cuadras, debido a la reducción del número de casillas.
También descalifican el formato de las boletas, anticipan que el votante no va a identificar a los candidatos y se va a confundir por el número de nombres, muchos más de los aspirantes que se inscriben para competir por una diputación, alcaldía, senaduría o presidencia,
En cuanto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para llevar a cabo la elección de juzgadores, están convencidos de que es insuficiente y por lo tanto el proceso sufriría limitaciones.
Dentro del mismo Consejo General del INE hay voces pesimistas que ven en peligro la democracia por las restricciones presupuestales. Para ellos y ellas en esas condiciones no hay garantía de éxito.
Habría que ver que tan auténtica es su preocupación o si responden a intereses que le apuestan al fracaso de todo lo que se haga en el actual sexenio, porque están comprometidos con grupos de oposición.
Siempre ha sido uno de los defectos del organismo electoral, que algunos de sus integrantes tengan otras prioridades políticas, diferentes a las del INE (antes IFE).
Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del instituto, ha dicho que se ajustarían al presupuesto aprobado para sacar adelante la elección de juzgadores, sin descartar la solicitud de apoyo extraordinario.
Por lo pronto, para la segunda quincena de enero tendría la oportunidad de exponerle a la presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum, el plan de organización de la elección y los requerimientos presupuestales.
La propia Doctora anunció el próximo encuentro para dialogar sobre el presupuesto y conocer de primera mano las inquietudes de consejeros y consejeras.
Si se demuestra que hace falta el apoyo extra al INE, se dará. Tiene prioridad la renovación del poder judicial y por lo mismo se hará lo que sea necesario para asegurar su éxito.
La democracia cuesta y hay que pagarla, nada más que en tiempos de austeridad, el recurso también debe cuidarse.

Hay juzgadores que se preguntan ¿por qué la imputación de que el poder judicial está podrido?
Seguro que quienes se hacen la pregunta se significan por su imparcialidad y honestidad, imparten justicia y no responden a consignas. Por eso en cierta medida están sorprendidos del proceso para renovar el sistema, mandatado por el voto popular.
¿Dónde está los juzgadores corruptos? es otra de sus preguntas que se hacen, porque no ven las pruebas de los que acusan.
De entrada, hay que decir que el pueblo no hubiera tomado esa decisión en las pasadas elecciones si hubiera advertido una situación diferente, una real impartición de justicia.
No es gratuito que se diga que hay inocentes encerrados y que muchos otros que debieran estar tras las rejas, están libres.
Hay desconfianza en el poder judicial.
Es lo que explica que quienes tienen recursos, políticos o empresarios, prefieran irse del país a meterse en el terreno judicial para tratar de aclarar alguna acusación. Saben que no hay garantías de un proceso imparcial y temen que sean encerrados a la mala, con pruebas o sin pruebas, para satisfacer venganzas o el cobro de cuentas pendientes.
Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que las acusaciones fueran ciertas, tampoco estaría garantizado un juicio justo.
Por eso Marcelo Ebrard, quien ahora despacha como secretario de Economía, cuando se enteró que en el gobierno de Enrique Peña Nieto lo querían encarcelar porque lo creían responsable de la filtración periodística sobre la “Casa Blanca” de quien entonces era la esposa del presidente, se fue con toda su familia al extranjero, a Francia. Es historia que relata el propio Marcelo en su más reciente libro “El Camino de México”.
En contraste, Rosario Robles acusada de lo que llamaron “La Estafa Maestra”, convencida de su inocencia, dio la cara, se presentó ante la autoridad judicial y fue encarcelada. La extitular de la Sedatu y Sedesol estuvo tres años presa.
Ricardo Anaya, ahora senador, ex candidato presidencial, también optó por irse de México cuando percibió que pretendían detenerlo por el caso de “Los Moches”, las comisiones indebidas que presuntamente recibieron legisladores. Regresó al país hasta que tuvo la certeza de que no peligraba su libertad y de que alcanzaría fuero como senador.
Incluso, en entrevista, cuestionado sobre su “huida” y porqué no se quedó a enfrentar la justicia, su respuesta inmediata fue: “no soy ingenuo”.
Tomás Zerón (acusado de tortura en el caso de los normalistas de Ayotzinapa) y Andrés Roemer (acusado de acoso y abuso sexual) están en Israel para evadir la extradición.
De haberse quedado en México, tampoco nadie del poder judicial podría haberles garantizado un juicio justo.
El empresario Miguel Alemán Magnani, quien tiene doble nacionalidad mexicano-francesa, reside en París desde donde trata de aclarar que no hay nada irregular en el manejo de la empresa Interjet.
Todos estos son ejemplos de la desconfianza en la impartición de justicia en
México. Los que pueden, los que tienen dinero, mejor se van a otro país y desde el extranjero defenderse o esperar a que cambien las condiciones como sucedió con el caso de Ricardo Anaya.
La desgracia es para los que no tienen recursos, no les queda otra que enfrentar al poder judicial. Sufrir las consecuencias, sin pretender generalizar, por cuestionables y parciales resoluciones de malos juzgadores.
¿Y dónde están los juzgadores corruptos?
El poder judicial cuenta con el Consejo de la Judicatura para vigilar el desempeño de los juzgadores. Evidentemente no ha cumplido. A este órgano no lo distingue su acción contra quienes se apartan de la ética y la ley.
Con la reforma judicial habrá un tribunal disciplinario para llamar a cuentas y sancionar a los corruptos.
Por ahora, lo que hay es desconfianza en el poder judicial.