Jueza sin ser jueza

Justicia
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Adriana Juárez Soteno es un caso suigéneris porque aun cuando obtuvo el nombramiento de jueza otorgado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya no pudo ejercerlo.
Se quedó en el limbo, atrapada por las circunstancias. Por fin había alcanzado su aspiración de ser jueza, en su carrera de 17 años dentro del poder judicial, nada más que el nombramiento le llegó justo a cuatro días de que entrara en vigor la nueva reforma aprobada por el constituyente.
La nueva reforma establece que para ser juez o jueza, magistrada o magistrado, ministra o ministro tiene que ser electa por el pueblo, por lo tanto, no podía ocupar el cargo por el método tradicional y el consejo de la judicatura no la asignó a ningún juzgado.
No culpa a nadie de lo sucedido, es cuidadosa al juzgar a la ministra Norma Piña, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No la responsabiliza de haberla dejado a la mitad del camino, a pesar de que era sabido que una vez que entrara en vigor la nueva reforma, el nombramiento se iba a quedar en pausa, sin posibilidad de reactivarse o hacerse efectivo.
Valga la comparación, como al niño que le regalan un dulce sin que sea posible quitarle la envoltura.
Adriana Juárez Soteno se convirtió en jueza sin ser jueza en la realidad, en los hechos, en el ejercicio.
El nombramiento en el papel le funcionará para su historial y para colgarlo en la pared como diploma, como prueba de que lo consiguió a través de un concurso de oposición.
Entrevistada para este espacio es cautelosa y no le echa la culpa a nadie de su singular experiencia.
A la que todavía es presidenta de la Corte le reconoce que llegó ahí por méritos, resultado de una carrera intachable. De su actual desempeño prefiere no opinar, ni en contra ni a favor, opta por ocuparse de su propio y nuevo reto, ganar la elección del 1 de junio, ya no para ser ratificada como jueza, sino para ser magistrada.
Si bien no pudo ejercer oficialmente su nombramiento de jueza, platica también que la tarea judicial como secretaria de acuerdos le ha permitido conocer el trabajo de impartir justicia.
Así fue cuando en los términos que señala la ley, estuvo como secretaria en funciones de juzgadora, debido a que el titular del juzgado de procesos penales donde laboraba lo enviaron a un centro de justicia oral.
Según sus palabras, le tocó resolver asuntos de relevancia social y hasta de trascendencia para el país. Una experiencia que agradece a la vida y que ahora la tiene como candidata a magistrada.
Para Juárez Soteno uno de los principales defectos del juzgador ha sido su desconexión con la gente, desentenderse del contexto social y emitir veredictos basado solo en el papel, en el expediente, sin escuchar con la amplitud requerida a las partes.
Incluso atribuye a este defecto parte de los equívocos y mala imagen que tiene el poder judicial.
Ahora está convencida de que el nuevo marco legal y la elección que hará el pueblo de juzgadores, ayudará a impulsar la democratización del poder judicial, combatir la corrupción y fortalecer la justicia social.
En un principio, admite, como integrante del poder judicial, estaba confundida con la reforma. Hoy ha entendido la importancia de adaptarse al cambio, la relevancia de que sea el pueblo quien elija a los juzgadores en beneficio de la justicia social que tanta falta le hace al país.

Arturo Zárate Vite

 

 

Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Titulado con mención honorífica.

Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal.

Más de cuatro décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político.

Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio.

Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.