El dolor de los periodistas

Internacional
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Hay una ley para proteger a los periodistas.

Un mecanismo de protección para prevenir y actuar en casos de riesgo.

Fideicomiso para financiar las acciones que los protejan.

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Comisión Especial del Senado para dar Seguimiento a las Agresiones.

Y a pesar de estos instrumentos para su defensa, se siguen matando periodistas.

Crímenes que se quedan sin castigo.

Hasta ahora ninguno ha quedado plenamente esclarecido, por lo menos de los 88 que han sido asesinados del 2000 a la fecha.

Además, antes de ese año, no hay una estadística oficial de quienes han perdido la vida en el ejercicio del periodismo.

Prevalece la impunidad.

En la clasificación mundial de la libertad de prensa que hace la organización Reporteros Sin Fronteras,  México ocupa el lugar 152 de 180 países evaluados.

El salario mínimo profesional de los periodistas en nuestro país es de 201.58 pesos. Poco más de los seis mil pesos al mes que según Ernesto Cordero, cuando era secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón, “suficiente” para tener un crédito de vivienda, comprar un coche y enviar a los hijos a escuelas privadas.

La seguridad social tampoco está garantizada y el pago por honorarios es lo común.

Triste y trágica realidad.

Ya se ha vuelto rutinario, cada vez que matan a un periodista o atentan contra un medio, manifestaciones y reclamos de justicia de dos o tres días, máximo una semana. Los medios, en su mayoría, se van desentendiendo de estos episodios, salvo las víctimas de la agresión.

En general, las autoridades hacen lo propio, no se ve la coordinación, de la que habla la ley que protege a los periodistas, entre las entidades federativas y el gobierno federal.

Peor es el papel que hace el Estado cuando recibe solicitud de indemnización en los términos de la ley de daño patrimonial, a pesar de admitir que existe responsabilidad de la autoridad.

Se percibe una doble cara ante los periodistas, la que pregona su defensa y la que participa o tolera la violación de los derechos humanos de quienes se dedican a esta profesión.

El juego de la simulación.

Los panistas, con Calderón y Vicente Fox, no se significaron, como se suponía cuando llegaron al poder,  por respetar el trabajo de los medios y periodistas. El personaje de las botas se atrevió a recomendar que no leyeran periódicos y en otro momento salió con su “¿y yo por qué?” ante la petición de que interviniera en un episodio relacionado con un medio televisivo. En la administración calderonista se dio la embestida contra Carmen Aristegui y MVS.

Por eso el gobierno de ahora tiene la oportunidad de marcar la diferencia y es, en los términos de la ley que protege a los periodistas, la Secretaría de Gobernación sobre la que recae ese reto.

El asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur y el Liberal del Sur en Veracruz, cometido el pasado 5 de febrero, no debe de reducirse a una venganza cantinera; hay que revisar sus textos y trayectoria, sobre todo por las versiones de que venía escribiendo de secuestros.

También hay que darle seguimiento a esa “estrategia” de autoridades locales de utilizar las redes sociales para tratar de desacreditar a periodistas incómodos como sucedió con Sergio Caballero de la revista Proceso, al que en Quintana Roo quisieron vincular con un narcomenudista.

Anabel Hernández, quien se supone tiene protección, no ha dejado de sufrir sustos.

La imagen de México en el ámbito internacional, por lo que se refiere a la situación de los periodistas, está lejos de ser alentadora.

Julio Manuel Loya Guzmán, corresponsal de El Universal, y Julio Vargas Hernández, director de  noticias del canal de televisión RGC, fueron agredidos y amenazados en Reynosa, Tamaulipas, por simpatizantes panistas, cuando descubrieron que eran testigos y grababan el pleito en el proceso interno de Acción Nacional para elegir su dirigencia municipal.

Sin duda, en nuestro país, la mayoría de quienes se dedican al periodismo, se juegan la vida y por unos cuantos pesos.

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.