Cuando el PRI torcía el brazo a gobernadores

Política
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Rubén Rocha Moya brincó las trancas y regresó al redil mucho más rápido de lo que suponía.

No calentó ni su asiento en el palacio de gobierno de Sinaloa. Pronto se dio cuenta de que se quedó solo con su decisión de recuperar el cargo, de que se había precipitado y antes de que volviera a cantar el gallo solicitó de nuevo licencia y ahora con carácter indefinido.

Sujeto a investigación por la Fiscalía General de la República y señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como uno de los 10 con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Le “torcieron el brazo”, parecido a lo que hacía el PRI cuando era partido hegemónico y algún gobernador empezaba a salirse de la línea tricolor o era necesario su remoción porque convenía a quien estaba en el poder.

Así que la presión partidaria contra Rocha Moya no es ninguna novedad, aunque no deja de ser escandaloso.

En la historia de los priistas la salida anticipada de gobernadores se significó en el sexenio de Carlos Salinas, 12 obligados y 5 para incorporarse al gabinete presidencial.

Ninguno de los obligados llegó a rebelarse, a negarse a solicitar licencia definitiva, porque tenían claro que hacerlo podría traerles consecuencias mucho más drásticas, como no volver a tener empleo en el servicio público. Todos fueron obedientes y disciplinados, a fuerza.

Dentro de este contexto y para entender porque tanto movimiento de gobernadores, no se puede dejar de recordar que el “triunfo” del PRI en 1988 fue muy cuestionado. Fue cuando se cayó o calló el sistema. El PAN decidió aceptar como ganador al candidato tricolor con el argumento de que era válido legitimarse en el ejercicio del poder.

En el fondo los azules no querían para nada la posibilidad de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un personaje de izquierda, llegara a vivir en la residencia oficial de Los Pinos, a pesar de que el candidato panista Manuel J Clouthier le hacía segunda y estaba de acuerdo con las protestas.

Quizás por esa actitud condescendiente del panismo con el poder se explica que Acción Nacional haya ganado su primera gubernatura (Baja California) durante dicho periodo. La primera que perdía el priismo y la derrotada fue la candidata Margarita Ortega Villa, quien una vez que trascendieron los resultados, pretendió desconocerlos, hasta que le llegó el mensaje de la capital de que tenía que aceptarlos y lo hizo sin hacer más protestas.

Después vino la elección de Guanajuato y según los números había ganado Ramón Aguirre Velázquez. Nunca tomó posesión. Llegó en su lugar el panista Carlos Medina Plascencia. Operaciones que empezaron a llamarse “concertacesiones”. Pago de facturas pendientes.

Otro caso de la etapa salinista lo protagonizó Fausto Zapata. Tampoco pudo calentar la silla del palacio de gobierno de San Luis Potosí. Ante las protestas del opositor Salvador Nava por las irregularidades en el proceso, se convino que asumiera el cargo Gonzalo Martínez Corbalá.

Uno más fue Salvador Neme Castillo quien solo estuvo tres años en el estado de Tabasco. No dudó en renunciar al primer aviso del poder central y quizás por eso le dieron como premio de consolación la Dirección General de Fomento Pecuario en la Secretaría de Agricultura.

El ahora fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, concluido su periodo como gobernador priista, fue a dar a la cárcel. Según su propia versión, por cuestionar el gobierno que encabezaba Ernesto Zedillo. Recordó en su texto que había tres opciones para los disidentes: “destierro, encierro o entierro”. A él le tocó encierro.

Después, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los jóvenes mandatarios de los que tanto presumía en un principio, terminaron en la cárcel: Roberto Borge y Javier Duarte.

La historia confirma que el PRI sabía torcer el brazo a gobernadores y ex gobernadores.

Ahora le tocó el turno al morenista Rubén Rocha Moya

Arturo Zárate Vite

 

 

Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Titulado con mención honorífica.

Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal.

Más de cuatro décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político.

Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio.

Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.