Todo parece indicar que el Senado volverá a incurrir en falta de respeto para grupo de abogados aspirantes a magistrados electorales locales. Más de 200 se apuntaron para competir por 21 vacantes en 18 estados, para el cargo de “magistrado de órgano jurisdiccional local en materia electoral”.
Ya comparecieron ante integrantes de la Comisión de Justicia de dicha cámara y cumplieron con los requisitos constitucionales y legales. Nada más que ninguno de ellos, después de dos periodos ordinarios de sesiones septiembre-diciembre 2021 y febrero-abril 2022 ha sido votado, aprobado al menos por las dos terceras partes de los asistentes al pleno, como lo señala la norma. Los grupos parlamentarios no lograron ponerse de acuerdo.
El futuro de estos aspirantes es incierto, porque la propuesta constitucional de reforma electoral enviada por el Ejecutivo al poder legislativo, desaparece su estructura, para ser absorbida por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con el argumento de reducir la burocracia, simplificar el proceso para llegar a resoluciones definitivas y disminuir gasto, se eliminaría la figura de magistrado local en materia electoral. Nada más quedarían magistrados de salas regionales y magistrados de la sala superior.
No es la última palabra, porque falta se apruebe la iniciativa presidencial. La discusión en la Cámara de Diputados, como cámara de origen, estaría prevista para el periodo ordinario que arranca en septiembre próximo.
El Senado ha quedado mal, en ocho meses no ha sido capaz de ponerse acuerdo para aprobar 21 nombramientos.
Historia similar se vivió con 18 abogados aspirantes a magistrados administrativos anticorrupción, propuestos (abril 2017) en el gobierno de Enrique Peña. Nunca fueron aprobados en Senado con mayoría priísta. 13 optaron por declinar y los otros 5 dieron sin éxito la pelea legal. Llegó en el 2018 nuevo gobierno y acabó con ese esquema que le pareció burocrático, costoso y nada efectivo.
Ahora, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia, entrevistada por este espacio, reconoce y lamenta que los legisladores, hasta la fecha, no hayan hecho la tarea en el caso de los aspirantes a magistrados locales electorales. Las vacantes, de manera transitoria, han sido ocupadas por secretarios de acuerdo de los tribunales, en los términos establecidos por la normatividad del poder judicial.
En el Senado, donde se presume que son muy buenos para negociar y acordar, no lograron consenso para el nombramiento de estos magistrados. Nada más entrevistaron y revisaron perfiles de aspirantes.
De prolongarse el retraso, advierte la senadora Indira San Román, existe riesgo de crisis en impartición de justicia electoral, porque en próximas semanas, habría más vacantes.
Para que estas historias no se repitan, recomienda legislar y establecer plazos fatales, aunque no tiene claro qué sanción proponer si los senadores incumplen su trabajo.
Independientemente del destino que tenga la iniciativa de reforma electoral, mientras no cambie la ley y por respeto a quienes atendieron la convocatoria para buscar nueva responsabilidad, corresponde al Senado (en receso, volverá a sus actividades ordinarias hasta septiembre) procesar el nombramiento de magistrados locales.

Suceda lo que suceda con la reforma constitucional en materia electoral, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) concluirá su etapa de nueves años en los primeros días de abril de 2023.
Igual ocurrirá con sus compañeros consejeros electorales Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón. Llegaron juntos y se irán juntos.
También podrían irse en la misma fecha los demás consejeros (7), siempre y cuando estén aprobadas, la reforma constitucional y la legislación secundaria, que pondrían punto final al Instituto Nacional Electoral (INE) para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
No será nada sencillo, porque se avecina intenso debate. De antemano hay rechazo de la oposición hacia la iniciativa presidencial. Y para aprobar cambios en la Constitución se requieren las dos terceras partes de los votos en las cámaras de Diputados y Senadores, además del visto bueno de la mayoría de los congresos locales.
De cualquier manera, es un hecho que el tiempo para Lorenzo, Adriana, José Roberto y Ciro, se agota en abril de 2023. Se van del instituto, haya o no reforma constitucional en materia electoral y una nueva ley secundaria.
Por supuesto que Córdova Vianello y sus tres compañeros no se van a ir con los bolsillos vacíos, recibirán su respectiva liquidación laboral, los beneficios y prestaciones que por ley les corresponde. Alrededor de cinco millones de pesos para cada uno, es la cifra estimada, un poco más o un poco menos.
Hay que decir en primer lugar que este año su ingreso mensual neto es de 179 mil 52 pesos (180 mil en cifras redondas), percepción superior a los 112 mil 122 pesos que gana el presidente de la República.
A cada consejero le entregarán 12 días de salario por año trabajado, multiplicados por nueve años, en cifras redondas daría un total de 648 mil pesos.
Por indemnización constitucional, que son tres meses, si lo multiplicamos por 180 mil, da 540 mil pesos.
El seguro de separación individualizada, que permite a los trabajadores ahorrar hasta el 10 % de su ingreso por mes y que la institución les otorgue otro tanto, el escenario más óptimo los retribuiría con cuatro millones de pesos, incluyendo los intereses que les pagaría la aseguradora.
Como en el 2023 solo trabajarían tres meses, el aguinaldo proporcional sería de 26 mil pesos.
En el caso particular de Lorenzo Córdova, hay que considerar que antes de llegar a la presidencia del INE, ya había trabajado como consejero electoral del IFE poco más de dos años. Por ley, en su momento recibió la liquidación correspondiente.
También se tendría que contabilizar lo percibido de sueldo durante 9 años como consejero presidente, lo que agrandaría la bolsa por los servicios prestados al IFE e INE.
Y dentro de los servicios prestados como presidente del INE, le tocó encabezar la organización de las elecciones de 2018 en las que Morena ascendió al poder y desbancó al PRI.

Apenas ha ganado una batalla y la oposición ya quiere sonar las campanas en todos los templos. Bloquear el avance de la reforma constitucional en materia eléctrica ha sido su éxito más relevante en el período de la Cuarta Transformación. Pegó donde tenía que pegar y dolió donde tenía que doler.
Sin embargo, todavía está muy lejos de recuperar los espacios perdidos por el descrédito de administraciones que se enriquecieron y no supieron acercar a México al primer mundo, como eran sus deseos, al menos eso llegaron a decir cuando se sintieron dueños del poder.
Levantarse de la derrota del 2018 no va a ser producto de una batalla, sino de muchas más. Se avecina la del domingo 5 de junio. Veremos entonces si es real el avance y si ha conseguido que la sociedad cambie de opinión respecto a lo ofrecido por el gobierno en turno.
Ha celebrado el voto en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica como si en sucesivas mediciones de fuerzas, legislativas o electorales, fuera a salir triunfador.
Ahora viene la competencia electoral en los estados de Aguascalientes, Durango Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Salvo el primero, en los demás las encuestas favorecen a Morena y en algunos casos, como Quintana Roo, por muy amplio margen.
Por lo tanto, en vez de seguir en la fiesta por la batalla ganada en la Cámara de Diputados, la tríada partidista (PRI-PAN-PRD) debería ocuparse en buscar la forma de dar la pelea en los seis procesos electorales, aunque el tiempo prácticamente se le ha terminado.
Estamos a seis semanas de las elecciones y no se ve por donde la oposición pueda dar la sorpresa. Hay estados donde el gobernador en turno pareciera resignado a entregar la plaza y canjear su pasividad electoral por un cargo diplomático o administrativo.
De eso debe de estar consciente la tríada, los vientos electorales no le favorecen y tampoco debe olvidar que el año pasado Morena le ganó 11 gubernaturas de las 15 en disputa.
De adjudicarse el lote completo, el partido en el poder sumaría 21 gobiernos estatales, más de la mitad de los que componen el país. Se colocaría en un trampolín ideal para ir en el siguiente año por el estado de México, que tiene la población electoral más numerosa del país, y llegar en las mejores condiciones a la competencia presidencial de 2024.
La oposición, seguramente intensificará críticas hacia acciones de gobierno, todo lo que le parezca incongruente y fallido, para tratar de minar el grado de aceptación que tiene la Cuarta Transformación.
El inconveniente es su desgaste ancestral, en particular del PRI, seguido por el PAN que desaprovechó en dos sexenios la oportunidad de darle a México mejor gobierno. El descrédito de ambos en el saldo de su actuación, todavía pesa en el ánimo del electorado.
Los perredistas se hicieron chiquitos con sus diferencias y pleitos internos, con sus multiplicadas deserciones.
A la tríada le falta representar una alternativa fresca y renovada.
Y Movimiento Ciudadano debería darse cuenta, que dos gubernaturas, aunque sean las de Jalisco y Nuevo León, no hacen verano. De cualquier manera sigue empecinado en que puede solo.