El juez Eduardo Torres Carrillo incumplió el plazo de las 72 para resolver la situación jurídica del detenido y en ese lapso la víctima fue torturada, como consta en la Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los sucesos ocurrieron en diciembre de 2012, el organismo defensor de los derechos humanos emitió su Recomendación en julio de 2013 (27/2013) y fue hasta septiembre de 2015, dos años después, cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), entonces presidido por el ministro Luis María Aguilar Morales, revisó el caso.
De acuerdo con el oficio V3/56458 de la CNDH, firmado por el titular de la Tercera Visitaduría y dirigido a la presidencia de la Judicatura, con fecha del 31 de julio de 2013, el ofendido ingresó al penal de máxima seguridad “Altiplano”, en Almoloya, estado de México, por supuestos delitos que no estaban clasificados como graves, a las 19:20 horas del 13 de diciembre y salió bajo fianza 5 días después, excedido en dos días el término para resolver lo relativo a su detención.
El CJF, una vez que el afectado insistió en que se revisara el episodio, resolvió en septiembre de 2015 que la queja administrativa (979/2015I) contra el juez Torres Carrillo se desecharía por “notoria improcedencia”, porque las pruebas presentadas eran copias simples, no certificadas como se exige al que realiza alguna imputación.
Aun cuando admitió que tenían “valor indiciario”, también argumentó que “las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan al documento realmente existente”.
En los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según la fracción XII, corresponde al CJF resolver quejas administrativas, pero también la fracción XXXVII indica que puede integrar comités de investigación, cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Recomendación de la CNDH no solo confirma que el afectado fue torturado por personal de la Comisión Nacional de Seguridad (ya extinta), también en su numeral 74 precisa que “si bien es cierto que esta institución nacional carece de facultades para analizar cuestiones jurisdiccionales, es de señalarse, que de la información y las constancias recabadas, se advirtió que hubo un exceso del término de las 72 horas para que las autoridades judiciales resolvieran la situación jurídica de V1”.
En octubre de 2015, un mes después de su primer resolutivo, la judicatura, en segundo documento (1145/2015/I) también firmado por Aguilar Morales, presidente del CJF, avaló la conducta del juez, al considerar que no violó el artículo 19 de la Constitución, porque tenía sus oficinas en la Ciudad de México y el detenido había sido llevado al penal del Estado de México, por lo que tuvo que suspender el plazo de las 72 horas para enviar un exhorto a juez ubicado en la entidad mexiquense, para que desahogara el trámite correspondiente.
En este segundo resolutivo, la Judicatura no hace referencia a la tortura que sucedió en la interrupción del plazo constitucional ni al hecho de que policías federales que ejecutaron la orden de aprehensión se tomaron nueve horas, para realizar el trayecto de 90 kilómetros (una hora por cada 10 kilómetros), de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, estado de México, hechos registrados en la Recomendación de la CNDH y en el oficio firmado por el Tercer Visitador de la comisión.
Para entonces, el juez Torres Carrillo, titular del juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales en la CDMX, ya había sido ascendido a magistrado y enviado a tribunal colegiado de Tamaulipas.

“EL PLAZO DE LAS 72 HORAS DEBE CUMPLIRSE”

El doctor Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue entrevistado sobre el alcance del artículo 19 de la Constitución.
-¿Existe alguna razón válida que permita al juzgador incumplir el plazo de las 72 horas?
-El plazo de 72 horas debe respetarse, salvo el caso que el indiciado solicite su ampliación.
-¿Es indebido que el juzgador interrumpa o suspenda el tiempo de
las 72 horas con el argumento de que el inculpado fue puesto a
disposición en un lugar fuera de su jurisdicción y que por lo mismo
tuvo que enviar un exhorto a otro juzgador para que siguiera el
trámite?
-Sí, es indebido incumplir el plazo de 72 horas, salvo el caso que el indiciado solicite su ampliación.
- Si en ningún caso se puede suspender el plazo de 72 horas, ¿qué efectos tiene para el juzgador que lo hace o incumple con el artículo 19 constitucional?
- Si se viola el plazo del artículo 19 constitucional, el juez comete un delito.
Las mismas tres preguntas se le hicieron al maestro Víctor Oléa Peláez, Primer Vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA). Coincidió en que “no existe razón válida que permita a ningún juzgador incumplir el plazo constitucional de las 72 horas”.
“Lamentablemente es una deleznable práctica de algunos jueces, sobre todo cuando se trata de imputados del orden federal, y que se encuentran en un penal federal distinto de aquel del juzgador que libró la orden de captura correspondiente. A mi modo de ver no tiene justificación válida alguna, más aún, con los avances tecnológicos actuales. Si no se cumple el plazo de las 72 horas, debe ponerse en inmediata libertad al indiciado, en los términos de los párrafos primero y cuarto del artículo 19 de la Constitución”, explicó el jurista Victor Oléa Peláez
Para el directivo de la BMA, el juzgador que incumpliese con dicho artículo, “incurriría en responsabilidad penal”.
De acuerdo con los documentos e información oficial recabada por la CNDH, el inculpado nunca solicitó la duplicación del plazo constitucional.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

Artículo 19. (párrafo primero) Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposicióm, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

(párrafo cuarto) El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

En la disputa por el control o la mayoría en la Cámara de Diputados, los partidos y alianzas van con todo para restarle fuerza al rival. Como nunca antes, la competencia intermedia, que en otros años despertaba menor interés de los participantes. No de diga de electores. El abstencionismo era el rey en cada proceso de este tipo.
Cambió la situación en este 2021 y no es para menos. Está en juego un proyecto que a la oposición no le gusta para nada. Quiere la mayoría, frenar desde la trinchera legislativa la llamada Cuarta Transformación. Establecer contrapesos para no consentir una reforma constitucional más ni una ley secundaria que consideren atente contra la economía nacional.
Por eso la alianza que años atrás nadie hubiera imaginado, al menos en el papel. Ver tomados de la mano a quienes se ha identificado con la derecha, la izquierda y el centro. Juntos, decididos, con el apoyo de otros grupos civiles, a recuperar el espacio de San Lázaro.
No es simplemente ganar la mayoría. Es lo que implica. Lo saben las dos partes en la contienda. Por eso la batalla cada vez más ácida y revoltosa. Escandalosa, sin medida alguna. El ingrediente extra, que la sociedad no desea, pero que ahí está, es la violencia de la delincuencia que aspira, como se supone lo ha hecho en otros procesos, a contar con autoridades electas complacientes con quienes se apartan de la ley.
La Cuarta Transformación también tiene claro el alcance que puede tener el resultado. Está en juego el proyecto del actual gobierno. Para seguir adelante, requiere conservar la mayoría legislativa. El seis de junio es decisivo para uno y otro lado.
Como si fuera lucha libre, en la disputa por la cámara, hay desde piquete de ojos, golpes bajos, puntapiés, pisotones, codazos, dobles llaves, patadas a la cabeza, volteretas, hasta juego sucio. Dispuestos a echar mano de recursos ocultos y peligrosos.
La desventaja de la alianza opositora es que lleva al frente a las mismas caras, personajes desgastados que ya estuvieron en el poder y no cumplieron con sus ofrecimientos de campaña. No se ocuparon ni preocuparon por nominar nuevos valores, gente con perfiles que en verdad puedan ser vistos por los electores como una opción.
En la oposición pesaron más los rancios intereses de quienes están acostumbrados a vivir del presupuesto, que no les importa el color de la camiseta, sea roja, amarilla o azul, con tal de amarrar una posición legislativa que les de fuero.
Nada más que la sociedad ya está harta de lo mismo, es una oposición conocida, que ha decepcionado cuando ha tenido la oportunidad de servir al pueblo, a los gobernados.
Del otro lado está el grupo en el poder. No ha podido concretar todos sus planes. Hay aciertos y desaciertos. Empeñado en llevar a cabo la Cuarta Transformación y no dejarse torcer el brazo.
No la tienen fácil los electores.
¿Por quién votar? ¿Quién va a ganar?
En ese escenario, el voto duro va a marcar diferencia y ya se vio en el 2018 de que tamaño es la fuerza de cada una de las partes.

Después de amarga experiencia legislativa de más de dos años que vivieron aspirantes a magistrados porque les hicieron creer que serían justicieros contra la corrupción, el Senado, con mayoría de Morena, reactivó su facultad para ratificar juzgadores administrativos.
Aprobó dos magistradas y siete magistrados para salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por amplio consenso, con 81 votos a favor, solo tres en contra y 23 abstenciones.
A diferencia de lo que sucedió de abril 2017 a julio de 2019, no se dividió la votación ni se llegó al extremo de posponerla. Prevaleció el acuerdo sobre los perfiles de los aspirantes.
En abril de 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto mandó al Senado una lista de 18 juristas. La intención era que fueran ratificados como magistrados anticorrupción.
La mayoría priísta que coordinaba en ese año Emilio Gamboa, jamás pudo culminar el proceso. En comisiones revisaron perfiles y evaluaron conocimientos. No hubo más avance. Lo aspirantes iban y venían en busca de los votos de los senadores.
Desperdicio de tiempo y falta de respeto. 13 optaron por declinar y los otros cinco agotaron recursos legales para tratar de obligar al Senado a que llevara a cabo la elección.
El último intento de los cinco fue que, por mandato de juez, la Comisión Permanente del Congreso los ratificara. Así murió la acción emprendida por el gobierno anterior de crear magistrados anticorrupción, quizás para cubrirse las espaldas.
Hubo algunos intentos por reabrir un espacio distinto. El senador Ricardo Monreal habló de sala especializada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el ministro Arturo Zaldívar, presidente del Alto Tribunal, pronto desestimó la idea. Tampoco prosperó similar propuesta en el TFJA.
En síntesis, Ejecutivo y Legislativo en el sexenio anterior, jugaron con la aspiración 18 abogados, episodio que, por respeto a participantes y normas, no debe repetirse.
Ahora, la situación fue diferente, se cumplió con la ley, aunque con algunos ajustes al protocolo, por la pandemia. Las dos magistradas y siete magistrados rindieron protesta, en un pequeño salón, no en el salón plenario, ante el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva.
Ricardo Monreal supo planchar el procedimiento, ponerse de acuerdo con los distintos grupos parlamentarios. Panistas, que seguramente no consiguieron la promoción y ratificación de sus propuestas, optaron por la abstención. No cuestionaron perfiles ni votaron en contra como grupo. La votación a favor fue significativa.
Hubo respeto para los aspirantes y se cumplió con el procedimiento legislativo. Quedó reactivado el mecanismo para este tipo de ratificaciones que corresponden al Senado.
Nuevos valores del sistema judicial administrativo, del TFJA, no hay personajes famosos, solo juristas con experiencia y perfiles idóneos.
Las magistradas son Diana Armida Muñoz y Hortensia García Salgado. Los magistrados: Javier Armando Abreu Cruz, Gerardo Alfonso Chávez Chaparro, Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, Alejandro Eucides Navarro Muñoz, Carlos Humberto Rosas Franco, Héctor Samuel Torres Ulloa y Carlos Augusto Vidal Ramírez.