El Palacio Legislativo, construido donde antes estaba la estación de ferrocarril de San Lázaro, fue inaugurado el 1 de septiembre de 1981.
La idea original era que ahí también estuviera la sede del Senado de la República, pero los senadores prefirieron quedarse en la antigua casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que después dejaron para sesionar en el edificio de paseo de la Reforma e Insurgentes.
El Palacio ha registrado todo tipo de sobresaltos, dentro y fuera del recinto. Estos son 10 hechos que lo han marcado.
Se incendió el 5 de mayo de 1989. Los diputados tuvieron que buscar temporalmente recinto alterno, sesionaron en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional.
Hay una anécdota del periodista y poeta Carlos Martínez sobre este episodio. Pasaba por el lugar en taxi, camino a su casa, poco después de la medianoche. Vio las llamas, se bajó del auto y empezó a reportear. Asegura que alcanzó a ver a dos personas correr. No contaba con celular, buscó el teléfono público; marcó a la redacción de su periódico, le contestó el policía para decirle que ya todos se habían retirado. Hasta el día siguiente escribió la información. Todavía no había redes sociales para difundir de inmediato la noticia.
En 1988 Porfirio Muñoz Ledo, actual diputado, sacudió los cimientos políticos del salón plenario, en la ceremonia del sexto informe de gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Porfirio solicitó la palabra para interpelarlo, quería hacerle una pregunta al presidente sobre las elecciones de ese año. Se hizo escándalo. Porfirio y su grupo salieron del palacio entre gritos y empujones.
El 9 de septiembre de 1988, con la tribuna ocupada por la oposición, rodeado, codo con codo, por adversarios y compañeros de su bancada, José Murat, padre del actual gobernador de Oaxaca, leyó el dictamen que declaraba válidas las elecciones que oficialmente ganó el PRI. Hubo manotazos y agresiones verbales.
En 1995, Margarita López Portillo entrega a la Cámara de Diputados el que fuera medallón de Sor Juana Inés de la Cruz, patrimonio de la nación que por varios años estuvo en manos de doña Margarita, hermana del presidente José López Portillo. Ella adoraba todo lo que tuviera que ver con Sor Juana. El medallón, ahora está en una vitrina del museo legislativo, en el palacio de San Lázaro.
En marzo de 2001, llegan los zapatistas al Palacio Legislativo de San Lázaro, el EZLN. La tribuna de los diputados fue utilizada por la comandante Esther, en sesión de comisiones unidas de asuntos indígenas, estudios legislativos y puntos constitucionales. Había diputados y senadores en el lugar. Se llegó a decir que el mismo subcomandante Marcos, sin pasamontañas, caminó por los pasillos del palacio.
En el 2002, entran a caballo barzonistas, encabezados por el actual diputado y dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. Llegaron hasta el vestíbulo del palacio y a punto estuvieron de tirar una puerta que conduce al salón plenario. De esa manera protestaron contra la política agropecuaria.
En el 2005, el seis de abril, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien entonces era jefe de gobierno de la Ciudad de México, se defiende del juicio de desafuero. Existía la presunción de que no había acatado el mandato judicial en relación con la expropiación de un terreno llamado “El Encino”.
En septiembre del 2006, el presidente Vicente Fox no pudo leer en el palacio legislativo de San Lázaro su sexto y último informe de gobierno. La tribuna estaba tomada por diputados perredistas, inconformes con el resultado de la elección presidencial. Vicente Fox tuvo que resignarse y solo entregar el documento en el vestíbulo del recinto legislativo. Y en diciembre del mismo año, ante protestas de la oposición, Felipe Calderón tuvo que entrar por la parte de atrás de la tribuna para poder rendir protesta como presidente.
En el 2009, el Palacio Legislativo de San Lázaro se vio obligado a cerrar sus puertas, semana y media, por la influenza H1N1. Oficialmente, en el palacio, no se reportaron contagiados ni fallecidos por esa pandemia.
En contraste, en este 2020, el Coronavirus ha contagiado a más de una treintena de empleados y diputados.
Las actividades legislativas se restringieron desde el 20 de marzo y poco a poco avanzan hacia la nueva normalidad.
Sin duda, hechos que han marcado la historia del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Lorenzo Córdova Vianello ya no llega como presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a las elecciones presidenciales de México en el 2024. Se va un año antes, porque en abril del 2023 cumple los nueve años de su período.
Sucederá lo mismo con quien ha sido su brazo derecho, el consejero electoral Ciro Murayama Rendón. Y también es el caso de los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita Favela Herrera.
Así que para la competencia electoral del 2024, habrá nuevo presidente del INE y tres nuevos consejeros electorales. Puede ser mujer (por primera vez) o varón el relevo de Córdova.
La culminación de la etapa de estos consejeros, también le pondría un ingrediente extra a los comicios del próximo año, porque los diputados que resulten electos, les tocará seleccionar y elegir a la nueva cuarteta de consejeros, que incluye la presidencia del INE.
Acaban de ser elegidos cuatros consejeros (dos mujeres y dos varones) con una votación en la Cámara de Diputados que nunca se había visto, propuesta armada por unanimidad en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y aprobada por 399 votos en el recinto plenario de San Lázaro.
Negociación o cabildeo llevada a cabo por Mario Delgado, líder de Morena, que tiene la mayoría en la cámara.
Sin embargo, no existe ninguna garantía de que Morena conserve su mayoría, la puede perder en los comicios del 2021; aunque debería ser lo menos relevante en este asunto.
Lo fundamental tendría que ser que prevalezcan los valores de autonomía e independencia de los consejeros, sin considerar que partido tenga la mayoría legislativa.
Esta vez, hay que reconocer que avanzó la transparencia en el proceso de selección y elección de consejeros, lo que explicaría al alta votación que obtuvieron los ganadores.
Se revelaron las calificaciones de exámenes escritos sobre conocimiento de la legislación electoral y cultura general, y las entrevistas, hechas por los integrantes de la Jucopo a los aspirantes a consejeros, tuvieron transmisión “en vivo”, en señal abierta de televisión.
Quedan las bases y la voluntad de que el procedimiento se siga perfeccionando, en bien de la democracia.
Lo definitivo, porque concluye el período de nueve años para el que fueron electos, es la salida del INE de Lorenzo Córdoba en el 2023 y tres consejeros más, antes de la elección presidencial de 2024.

Al “dicho”, por donde quiera que se le vea o analice, no se le debe ni puede considerar como una prueba, muchos menos factor determinante para declarar culpable a una persona en investigación judicial o juicio.
La justicia no es un asunto de fe, no se trata de creer o no en los “dichos” de una persona, sin importar de quien se trate, así sea el mortal común o la máxima autoridad de un país.
Veamos que definición tiene la Real Academia Española de “dicho”:
1. adj. Mencionado antes. Dicho individuo. Dichas tierras.
2. m. Palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal. Dicho agudo, oportuno, intempestivo, malicioso.
3. Ocurrencia chistosa y oportuna.
4. Declaración de la voluntad de los contrayentes, cuando el juez eclesiástico los examina para contraer matrimonio.
5. coloq. Expresión insultante o desvergonzada.
En ninguna parte se conecta, liga o aproxima el “dicho” a la prueba, no es prueba y por lo tanto es improcedente darle esa categoría, como en ocasiones sucede en la política, en los medios y hasta en el sistema de justicia.
Sería injusto que por un mero “dicho” se repruebe o condene a una persona. Es obligado que se tomen otros elementos de modo, tiempo y lugar, contrastar con otras versiones, con verdaderas pruebas, con hechos, para no caer en abusos o falsas imputaciones.
Un “dicho” falso puede tener graves consecuencias, deteriora, causa daño al aludido, a su familia y a su entorno. Puede ser destructivo y hasta de consecuencias fatales, hay antecedentes.
Habría que exhibir a quienes se caractericen por darle un valor probatorio al solo “dicho”, llamar a la reflexión, a la ética, para que no se engañe ni se quiera confundir a la sociedad.
Medios, comunicadores, juzgadores, tendrán que actuar de acuerdo con reglas y leyes, para no lastimar a nadie injustamente. Evitar darle categoría de prueba al “dicho”.
Sería ideal someter al detector de mentiras a quienes inventan historias y “dichos” denigrantes.
¿Por qué no darle más uso al detector de mentiras?
Ya hay demasiadas mentiras en el ambiente, asfixian la convivencia, lastiman impunemente.
En septiembre próximo arranca el año electoral, vienen las campañas políticas y seguramente acciones para desacreditar al adversario.
Las autoridades deberán de ser cautelosas, oportunas y justas para atajar actos extremos, hacer valer el Estado de Derecho. Y los medios, distinguir la información de la manipulación.
El mero “dicho” no es una prueba y mucho menos la justicia es asunto de creencias, no es asunto de fe.