El tiempo avanza y hasta la fecha todavía no cuaja la propuesta para reformar la ley electoral. El diputado promotor de la reforma y militante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna ,empezó con mucho empuje en la organización de foros para escuchar a involucrados en el tema, a magistrados, consejeros federales y locales, académicos, expertos, a todo el que tenga algo que aportar, pero todavía no hay nada concreto en el actual periodo ordinario legislativo.
Además, las ideas originales han perdido fuerza, porque se han topado con la realidad. Por ejemplo, la intención de acabar con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Consejeros locales de los distintos estados han podido probar que se justifica su existencia.
También ha venido desvaneciéndose la pretensión de restarle al financiamiento de los partidos políticos. Ni siquiera se ha cumplido la supuesta disposición de algunos de ellos para regresar de manera voluntaria al erario parte de sus recursos. Ofrecimiento incumplido.
Queda la impresión de que la mayoría legislativa lanzó las propuestas sin realizar una mínima valoración del funcionamiento de la estructura electoral. Animada solo por el hecho de su aplastante triunfo en las elecciones del 2018.
La propia realidad se ha encargado de ubicar a los involucrados. Evidente que partir otra vez de cero en materia electoral, no era ni es lo correcto. Hay que aprovechar lo avanzado, lo que funciona, la experiencia y capacidades del personal que trabaja en los órganos electorales.
A estas alturas, ya no se ve esa gran reforma anunciada en un primer momento. En todo caso, una modificación selectiva, tiros de precisión, ajustes para perfeccionar el aparato y ponerlo en sintonía con la austeridad.
La prisa se esfumó. No hay indicios de que la reforma vaya a ser aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones. Menos, cuando el líder de la mayoría, Mario Delgado, ocupa parte de su tiempo a competir por la dirigencia de su partido, donde hay demasiados roces internos.
La reforma electoral no tiene clasificación prioritaria. Es un tema que ya no se ha tocado en Palacio Nacional.
Por lo pronto, hay que dar por hecho que los OPLE van a seguir y no hay nada seguro sobre reducir el financiamiento de los partidos o disminuir el número de integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Quizás, por esa pérdida de gas de las propuestas morenas, en la sede nacional del INE ya no están tan nerviosos como cuando se dieron a conocer a través de los medios.
Ha vuelto a ponerse sobre la mesa morena el argumento: “si en 2018 se ganó por amplió margen con estructura y normatividad electoral vigentes, entonces para qué cambiarlas”.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, tiene el reto de devolverle al Poder Judicial la imagen de auténtico impartidor de justicia, limpiar la casa, eliminar vicios, desviaciones y acciones que lastiman a la sociedad.
Los defectos debe de conocerlos el propio ministro; es una persona respetada, estudiosa, analista, observador; convencido de que el juzgador tiene que actuar conforme a Derecho y aplicar la ley, sin distinciones, favoritismos y mucho menos modas o consignas.
Por eso el símbolo de la justicia tiene los ojos vendados, para actuar con rectitud, en base a las pruebas, a los hechos, sin caer en la tentación de inclinar la balanza hacia un lado por motivos ajenos al Derecho.
El ministro Zaldívar es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha dado clases en la misma escuela. Quienes han sido sus alumnos, desde antes de que llegara a la presidencia de la Corte, tienen buena opinión de su maestro. Se quedaron con la impresión y percepción de que es una persona honesta, que no tiene la ambición de amasar grandes fortunas como juzgador.
Seguramente sus alumnos están atentos a lo que ahora hace y deberá hacer para limpiar el Poder Judicial. Como en toda institución y gremio, hay manzanas podridas, que de no ser sacadas del canasto, pueden contaminar a las otras. La misión es complicada pero no imposible.
Nadie diría nada si México tuviera una institución de justicia impecable. Lo sabe el ministro Arturo Zaldívar y es el reto que tiene por delante, contribuir a vencer la corrupción que tanto daño hace y lastima a la sociedad.

A propósito de su nuevo libro “La Democracia está aprueba”, el consejero electoral Ciro Murayama ha dicho que la democracia está en riesgo.
Hoy menos que nunca está en riesgo lo que la sociedad ha conseguido en una lucha que ha durado décadas. Pareciera que no la cuida, pero la cuida. La hizo suya y sabe para qué sirve.
Lo que sucede con el nuevo gobierno es que está agitando las aguas como no se había visto antes, el nivel ha aumentado; hay quienes están inquietos por no saber con certeza hacia donde va y temen ahogarse con el oleaje.
El voto de 30 millones que recibió Andrés Manuel López Obrador no fue para que simulara el cambio, que definitivamente no es nada sencillo y mucho menos fácil frente a inercias ancestrales.
Nadie es perfecto, puede haber desaciertos y seguramente los hay como también hay aciertos y sacudidas como la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora.
Decir que el presidente ya controla el poder legislativo y que ahora va por el poder judicial, es tener una mira muy corta.
Con su gobierno, es evidente que López Obrador no quiere que todo cambie para que todo siga igual.
¿Qué no era queja que la democracia se quedaba en las elecciones, en el ejercicio del voto? ¿Qué no era una exigencia que la democracia se tradujera en beneficios para la sociedad?
Es el objetivo, el compromiso de la Cuarta Transformación (4T), mejorar el nivel de vida de las mayorías.
Más le vale que lo consiga, porque de lo contrario, en las próximas elecciones federales, en las llamadas intermedias, cuando se lleve a cabo la renovación de la Cámara de Diputados, puede perder mucho de lo ganado, sobre todo las condiciones para operar su cambio.
Por eso está equivocado el consejero Ciro Murayama, la democracia no está en riesgo, porque la sociedad no va a permitir que se la arrebaten. Le ha costado sangre, sudor y lágrimas.
Si la 4T llegara a fallar, no cumpliera con lo ofrecido desde la campaña de su candidato presidencial, la sociedad buscaría otra opción, por la vía del voto, como lo hace desde el 2000.
En 1994 el comandante de los zapatistas en Chiapas creyó que podía levantar a todo el país en armas para hacer su “cambio”. Pronto descubrió que era imposible. La sociedad no aceptó esa vía.
La sociedad ya tiene bien aprendido el valor de la democracia, la hizo suya y no va a dejar que nadie, se la quite, se llame como se llame.