¿Sirve de algo la transparencia?

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La  primera vez que utilicé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pasaron dos años para que consiguiera el objetivo, la información solicitada que sabía existía.

Demasiado tiempo. El poder legislativo en el marco de la Cuarta Transformación debería revisar plazos de entrega de información de las instituciones públicas.

Fue un ejercicio que llevé a cabo en Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente INE.

Requerí los montos de los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos políticos, toda vez que sus ingresos salían y salen de la hacienda pública, de los impuestos que paga la sociedad.

En ese entonces estaba como consejero presidente Luis Carlos Ugalde. En más de una ocasión el organismo electoral aseguró que no contaba con esa información. Persistí. Tenía que decidir entre llevar el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o recurrir al Instituto Federal de Acceso a la información Pública (IFAI), ahora INAI.

Por la oportuna recomendación y asesoría de dos expertos en materia electoral y transparencia, Jaime Cárdenas Gracia y Ernesto Villanueva, llevé el asunto al tribunal electoral. Ya había ocupado un año en trámites y revisiones en el instituto. Otro más para que resolviera la sala superior del tribunal. 

Quedó para la historia el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-216/2004. Resuelto con la clasificación de “tesis relevante”, con el voto de seis magistrados. El tribunal ordenó al organismo electoral que me diera la información. Y me la dio. Sí existía. Supimos todos lo que ganaba mensualmente cada dirigente nacional.

Ejercicio nada sencillo. Todavía con el ingrediente de que el director en ese año de El Universal, Roberto Rock, intentó que desistiera de la petición, con el argumento de que haría el ridículo, de que no conseguiría el objetivo y que la imagen del periódico también se vería afectada.

Con el tiempo y nuevas peticiones aceptadas, el tema alcanzó jurisprudencia en el tribunal electoral.

La ley de transparencia demostró en los hechos sus bondades, aunque no con la rapidez deseada.

Sirve la transparencia, funcionan las instituciones responsables. Lo que haría falta sería perfeccionar los mecanismos y las normas, para que los entes públicos no se resistan y entreguen cuanto antes la información solicitada. También encontrar la forma de que los ciudadanos en general participen, no solo periodistas, académicos o expertos.

Facilitar el acceso, procedimientos sencillos. Garantizar el derecho a estar informado y no tolerar la opacidad. Hasta ahora, el saldo de la transparencia, es favorable.

Juristas, vestidos y alborotados

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La más reciente vez que escribí de este caso fue el pasado 5 de febrero y entonces titulamos con interrogaciones “¿Juristas, vestidos y alborotados?” (ver https://arturozarate.com/?p=3453) . Finalmente, así los dejaron, todas las ilusiones de 18 abogados que estaban en la antesala de ascender a magistrados, se fueron por el caño.

En abril del año pasado, el titular de poder ejecutivo los había propuesto para convertirse en magistrados anticorrupción. El entonces consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, se encargó de hacer la auscultación, antes de ponerlos a consideración del Senado, para su ratificación o rechazo. No pasó nada. Se quedaron en la sala de espera del legislativo.

Un equipo especial de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para atender casos de corrupción. Recuerdo que al principio del procedimiento seleccionador me topé con alguno de los aspirantes. Dedicaba tiempo extra al estudio para estar listo cuando fuera llamado para ser examinado por los senadores. Lo entusiasmaba la idea de alcanzar el ascenso laboral, aunque también sospechaba que no sería pronto, porque advertía que no había urgencia de acelerar y darle vida al sistema anticorrupción, con sus leyes y operadores. De esa manera los presuntos corruptos estarían tranquilos.

Transcurrió el tiempo, se agotó el periodo del Senado de mayoría priísta, terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto y los prospectos para magistrados se quedaron en la sala de espera legislativa.

Supusieron que la nueva composición senatorial, con mayoría morenista, los rescataría y que al fin serían evaluados, para decidir si eran o no ratificados como magistrados especiales.

La actual secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acabó con sus sueños con el anuncio de la reforma a la ley orgánica del tribunal administrativo que eliminaba los magistrados especiales. Por austeridad y porque el tribunal administrativo ya cuenta con personal que puede hacer la tarea que se pensaba encomendar a los especiales. Ojalá, para que ningún caso de este tipo que sea analizado por dicho tribunal se vaya a rezagar.

El hecho innegable es que los 18 prospectos para magistrados se quedaron vestidos y alborotados. No creo que sea ético el trato que les dieron. Sometidos a un proceso de selección y al final cancelado, desaparecido. Por supuesto que nadie les dio las gracias ni ofreció disculpas, mucho menos les planteó otra alternativa.

No se vale jugar con la legítima aspiración de un grupo de mexicanos. Recomendable que no se repitan estos episodios que restan credibilidad a senadores y a representantes del gobierno, a la política.

Hay que ser serios.