Justicia

En el supuesto de que los senadores no se pongan de acuerdo para nombrar a una magistrada y a un magistrado como integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ley orgánica prevé la solución.
El propio tribunal tendría que seleccionar e incorporar a la sala superior, para garantizar la paridad de género, a la magistrada y magistrado con más antigüedad de las salas regionales.
Así que nadie se alarme o entre en pánico porque no haya consenso en el Senado o no se alcance la mayoría calificada a la hora de votar en el salón plenario, las dos terceras partes de los asistentes.
Los decanos y decanas del tribunal electoral están identificados, están a la mano nombres de magistrados y magistradas de las distintas salas regionales y especializada que pueden ocupar las dos vacantes:
Omar Delgado Chávez (sala Guadalajara), Elena Ponce Aguilar (sala Monterrey), José Antonio Troncoso Ávila (sala Xalapa), Luis Enrique Rivero Carrera (sala Ciudad de México), Fabián Trinidad Jiménez (sala Toluca) y Mónica Lozano Ayala (sala especializada).
Como lo establece la Constitución, corresponderá a dicha sala calificar la elección presidencial de 2024 y declarar presidente electo al candidato o candidata que haya obtenido más votos.
Para hacerlo, deberá de sesionar con al menos seis de sus siete integrantes.
El 31 de octubre próximo concluyen su periodo los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, por lo que se quedaría con cinco, le faltaría uno para cumplir con lo que señala el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La Comisión de Justicia del Senado, que preside Olga Sánchez Cordero, ya aprobó, por unanimidad la idoneidad de las dos ternas, una de mujeres y otra de varones, que les envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En otras palabras, las tres aspirantes y los tres aspirantes (Gabriela Villafuerte Coello, Marcela Elena Fernández Domínguez, Claudia Valle Aguilasocho, Rubén Jesús Lara Patrón, Francisco Javier Sandoval e Ismael Armando Maitret Hernández) cumplen con los requisitos y la formación académica que exige la norma. Los seis con amplia experiencia en materia jurídica electoral.
No elegir a dos de ellos, por decir lo menos, es una falta de respeto.
Si fuera le excepción, se entendería y aceptaría. La desgracia del Senado es que ya suma más de 70 nombramientos sin resolver, por la falta de consenso, por la desconfianza y por el temor de que los nombrados actúen a favor de la oposición o del partido en el poder.
Los y las aspirantes a la sala superior del TEPJF crecieron profesionalmente en el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte integró las dos ternas, con los que consideró más capaces.
Sigue el turno de la Junta de Coordinación Política del Senado que preside Eduardo Ramírez Aguilar y en la que están representados los distintos grupos parlamentarios. Tendrán que ponerse de acuerdo para que el proceso de elección de magistrado y magistrada no vaya a rebotar en el pleno de la cámara como ha sucedido en otras ocasiones.
Ante el pleito que prevalece entre poderes, todo indica que el tribunal echará mano de los decanos y decanas para ocupar las dos vacantes de la sala superior del tribunal electoral.

En el “Congreso Internacional 2023: Los Retos de la Judicatura”, realizado en la Facultad de Derecho de la UNAM, la ministra Margarita Ríos Farjat explicó que la paridad de género todavía no se da en México como se quisiera, por la complejidad que a veces se manifiesta en la legislación electoral a nivel local.
Por eso destacó la importancia de que, en materia electoral, se legisle con base en los principios de progresividad y paridad de género, para garantizar que las mujeres no pierdan oportunidades de participación política efectiva.
Apoyada en una exposición gráfica sobre lo que ha sucedido en el caso de Nuevo León (Acción de Inconstitucionalidad 50/2022 que se resolvió el 16 de enero de este año), manifestó su preocupación por el alto grado de especialización de las leyes electorales que aleja a la sociedad de su entendimiento.
La ministra Margarita Ríos Farjat alertó que se han presentado reformas regresivas que obstaculizan la participación política de las mujeres e impiden que las cuotas de género tengan eficacia en su ejecución.
Recordó que, en 2022, legisladoras de Nuevo León reclamaron ante el Alto Tribunal que las reformas a la ley electoral y a la Constitución Política de esa entidad eran regresivas porque no permitían una participación efectiva de las mujeres, ya que abrían la puerta para que los partidos políticos cumplieran con repartir equitativamente las candidaturas entre hombres y mujeres, pero las relegaran a ellas a contender en municipios donde sus posibilidades de ganar eran menores.
Antes de esas reformas, precisó, estaban vigentes una serie de lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que, a partir del establecimiento de bloques de competitividad, aseguraban que los partidos distribuyeran sus candidaturas equitativamente entre hombres y mujeres en todos los municipios, tanto en los que tenían más probabilidades de ganar, como en los que no eran tan competitivos.
La ministra consideró que en la reforma de 2022 hubo una regresión en el avance de la participación electoral de las mujeres porque las mujeres políticas de esta entidad, anteriormente, conocieron y participaron en un mejor entorno político. Pudieron ejercer y desplegar con mayor amplitud sus derechos políticos.
Con la citada reforma, esa esfera fue restringida. Se puede hablar de una gran narrativa de ampliación de la participación política de las mujeres, pero la realidad normativa puede ir por otro lado. Ya existía una normatividad electoral o administrativa, se conocía un mejor escenario, dijo.
La ministra explicó que, al realizar el análisis de estas reformas en el Pleno de la Corte, no se alcanzó la mayoría calificada para invalidar la reforma de 2022 que limitaba la participación efectiva de las mujeres, por lo que llamó a evitar la regresividad y a hacer más claras y entendibles las leyes electorales.
“El tema de género todavía es muy complicado, es una lucha. Se puede hablar de la participación de las mujeres, pero la realidad normativa va por otro lado. Todavía hay mucho por hacer", puntualizó la ministra Margarita Ríos Farjat.

La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de interponer recurso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le mete suspenso y más especulación al caso de Mario Aburto, quien ya se frotaba las manos ante la posibilidad de recuperar su libertad en marzo próximo, cuando se cumplen 30 años de estar tras las rejas.
Bajo la sombra de la especulación se puede decir lo que se quiera, que Aburto se quedará en la cárcel hasta que cumpla 45 años o que saldrá en marzo porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal concluyó que el asesino confeso tenía que haber sido juzgado por las leyes de Baja California donde se cometió el crimen y no por el Código Penal Federal.
Nadie puede dar por hecho nada sobre el futuro de Aburto, digan lo que digan los especuladores.
-Que va a salir con el propósito de ser factor en el proceso electoral de 2024, al lanzar acusaciones en contra de personajes de la política del pasado.
-Que se irá a vivir con su familia, sin abrir la boca sobre el caso Colosio, que lo va a perseguir el resto de su vida.
-Que terminará su carrera de abogado y se concentrará en su propia defensa jurídica.
-Que se dedicará a viajar por Europa.
-Que tiene planes para residir en el Medio Oriente.
-Que pronto se va a casar e irá de luna de miel a Islandia, que tiene la sociedad más feliz de la tierra.
-Que la Corte va a rechazar el recurso de revisión y por lo tanto Aburto sale en marzo.
-Que la Corte aceptará el recurso de revisión y en consecuencia, mientras se resuelve, Aburto seguirá en prisión.
Lo que sea se puede decir.
Jesús González Schmal, su abogado, con larga carrera política en diferentes partidos (empezó en el PAN) está convencido de que puede conseguir que declaren inocente a Mario Aburto, con el argumento de que fue torturado y por la falta de pruebas fehacientes.
Según el defensor, no existe imagen donde se vea a Mario disparando contra Colosio. La que hay nada más, de acuerdo con su abogado, es la imagen de una mano que dispara una pistola.
A ver si no resulta que fue un ser de otro planeta el que jaló el gatillo o que de plano Colosio se disparó.
Todo es posible en la especulación.
Cuatro fiscales investigaron el caso Colosio, asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994.
Las dudas persisten, sobre todo en cuanto a si Aburto actuó solo, como finalmente aseguró la autoridad judicial o si hubo autor o autores intelectuales.
Hay quienes no han dejado de pensar que fue producto de un complot. Versión que defendió Miguel Montes García (QEPD), primer fiscal.
Incluso esa teoría, al anticiparla producto de sus investigaciones periodísticas, hizo ganar a la compañera Dora Elena Cortés Juárez el Premio Nacional de Periodismo 1994.
Sean 30 o 45 años de reclusión, para la autoridad judicial, para los juzgadores, Aburto es culpable.
Jesús González Schmal podrá seguir diciendo que hay elementos para que se declarare inocente a Mario y el propio sentenciado repetir lo que le aconseja su abogado.
Lo cierto es que está encerrado y nadie es adivino para saber el final de este caso que conmocionó a México.
El trompo de la especulación gira sin parar.

El conflicto de Los Chimalapas es una historia ideal para llevarla al cine, tiene los ingredientes de vida para hacerlo. Por fin, después de más de 50 años de rencillas, prevalecen el acuerdo y la ley.
La historia sobre el deslinde territorial tiene de todo, hasta la inapropiada utilización de la herramienta de “Google maps” que se corrigió a tiempo al descubrir que uno de los límites era ubicado en el mar. El desatino no pasó de la sorpresa de protagonistas y negociadores.
Se cuidan los puntos finos y en ese trabajo, con la representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha intervenido la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Se da por hecho que el último capítulo quede cerrado en las primeras semanas de enero, en los términos que resolvió el Alto Tribunal, de acuerdo con el proyecto que en su momento redactó José Fernando Franco González, ahora ministro en retiro.
Para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, el congreso local de Oaxaca modificó la constitución del estado y el gobernador Salomón Jara fue autorizado para la suscripción de convenios amistosos sobre los límites territoriales entre los estados de Oaxaca y Chiapas.
El antecesor Alejandro Murat pretendió ser la autoridad que cerrara esta historia. No le alcanzó su periodo, así que como autoridad estatal ya no podrá ver el final del caso de Los Chimalapas.
Se han escrito diversidad de versiones sobre lo que dio origen al problema. La que prevalece es que el gobierno federal que encabezo Gustavo Díaz Ordaz autorizó desde el escritorio la creación de ejidos chiapanecos en territorio oaxaqueño. Provocó el largo diferendo, más de 5 décadas. En el camino quedaron pleitos y pérdidas físicas.
Por este litigio el gobierno de Oaxaca interpuso controversia constitucional en la SCJN, para precisar los límites entre los dos estados citados y la posesión de 160 mil hectáreas de selva.
Los últimos pasos dados por autoridades y partes involucradas han tenido que ver con la extinción de ejidos, la delimitación física entre Oaxaca y Chiapas y el pago de daños ambientales por explotación ilegal forestal.
El conflicto no solo propició enfrentamientos violentos entre comuneros y ejidatarios, también abrió espacio para la incursión de la delincuencia, “talamontes” y narcotraficantes. La tala ilegal dañó miles de hectáreas de bosques y selvas de la zona de Los Chimalapas.
La historia está ya en su epílogo, en la revisión de últimos pendientes con supervisión de autoridades ejecutivas y judiciales; el infaltable escrutinio de los pobladores, cuidadores naturales de su selva.
En enero del próximo año se pondría punto final a la etapa de conciliación, para que puedan vivir en paz habitantes de Santa María y San Miguel Chimalapa, zona reconocida como uno de los principales pulmones de oxígeno con que cuenta nuestro país.
Tiene sobrados elementos la historia para llegar a la mesa de un productor o director de cine de Hollywood, hacerla película y de paso recompensar por derechos de autor a los indígenas zoques que han sufrido el conflicto por la incertidumbre jurídica, en el corazón del Istmo de Tehuantepec.
En la industria cinematográfica mexicana la idea fascina, lo único que los detiene es la falta de recursos.

Muchas veces, con razón o sin ella, se acusa a Morena de no abrir a la pluralidad los foros que organiza en la Cámara de Diputados o de no tomar en cuenta la opinión de los participantes.
Hasta ahora lleva cuatro conversatorios en materia judicial, con el concurso de juzgadores, abogados y académicos, que con toda libertad han dicho lo que piensan sobre la propuesta para que ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por el voto popular.
Voces a favor y en contra, ambas con la debida argumentación. El consenso es que el procedimiento de elección no puede ni debe seguir igual. Hace falta ajustarlo, perfeccionarlo.
Mejorar la impartición de justicia. Hacer lo que sea necesario para lograrlo, garantizar honestidad e imparcialidad.
La tarea no es sencilla ni se hará de la noche a la mañana. No están dadas las condiciones y existen fuerzas encontradas sobre la integración de la Corte. El cómo es la diferencia entre legisladores, juzgadores y estudiosos.
Además, está en puerta la competencia por la presidencia de la República y en eso se van a enfocar partidos, políticos y políticas, en las próximas semanas y meses, hasta llegar a junio de 2024.
De cualquier manera, el tema no irá a la congeladora, existe el anuncio de que el poder Ejecutivo presentaría propuesta para analizar, discutir y votarla en la próxima legislatura.
Su progreso dependerá del resultado de las próximas elecciones. No será suficiente, como se vislumbra, con que Morena vuelva a ganar la presidencia. Requiere tener el control parlamentario, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Es lo que se denomina Plan C, conseguir el próximo año más de 30 millones de votos, que se ve complicado, no imposible.
Necesita un candidato o candidata presidencial popular como lo fue Andrés Manuel López Obrador en 2018, cuando arrasó a sus adversarios. Su popularidad hizo que la gente votara por la camiseta guinda, hasta por candidatos a diputados y senadores, desconocidos para electores de estados y distritos.
La situación ahora es diferente. Como no hay otro fenómeno como López Obrador en la competencia política que atraiga masas, para que tenga éxito el Plan C, quienes buscan repetir como legisladores u ocupar por primera vez una curul o un escaño, deberán ganar por su cuenta el apoyo de votantes. Demostrar que de verdad son la mejor alternativa.
Por lo que sucede en el sistema de justicia, sería injusto solo ver como culpable al poder judicial, porque no se inventó solo, hubo un poder legislativo que le dio esa estructura, las reglas para operar y el dinero para pagar sueldos a juzgadores.
Los altos ingresos fueron establecidos y aprobados por diputados y senadores de gobiernos priístas, aceptados por panistas, con el argumento de que, al remunerar de esa manera a jueces, magistrados y ministros, estarían a salvo su independencia e imparcialidad.
Tampoco está todo echado a perder, hay juristas respetables, que dignifican a la institución judicial.
Lo ideal, porque el clamor del pueblo no debe seguir esperando, sería rescatar lo bueno y deshacerse de lo que ya no funciona, lo más pronto posible, sin esperar a resultados electorales.

EL expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el cúmulo de graves violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo del proceso penal. Tiene el número 246/2023.
Si todos los juzgadores que han intervenido en este caso hubieran actuado con honestidad, conforme a Derecho e imparcialidad, hace varios años que estuviera cerrado.
Sigue abierto a pesar de que el imputado obtuvo dos resoluciones de inocencia de distintas autoridades y la contraparte, notificada personalmente, nunca apeló en el plazo establecido por la ley.
Fuera de tiempo, sin respetar el principio de definitividad, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, reabrió el proceso.
El tribunal incurrió en error jurídico que no prescribe; lo cometió por encima de sus propios criterios establecidos por unanimidad. Perdió la línea recta que debe caracterizar su desempeño. De ser corregido, quedará firme la resolución de inocencia.
Hay consenso de la sociedad de luchar en defensa de las mujeres. Lo que no se vale es utilizar esta bandera para lastimar inocentes.
Tampoco la mentira puede ser admitida como directriz para impartir justicia con perspectiva de género.
Mucho menos utilizar el sistema de justicia para perseguir y agredir al periodista acusado.
El caso amerita revisión exhaustiva, porque entre las agravantes están la tortura y la violación al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juzgador no resolvió la situación jurídica del detenido en las 72 horas que marca la ley.
Además, fue internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, como si fuera uno de los delincuentes más peligrosos de nuestro país, por un supuesto delito que no cometió.
La Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 27/2013 revela detalles de los atropellos que deberán de considerarse para que prevalezca la justicia.
El Órgano Interno de Control de la misma CNDH investigó imputación contra quien hace más de 10 años se desempeñaba como vocero de dicha comisión nacional. Nunca encontró nada que pudiera tipificarse como delito, mucho menos hostigamiento o abuso sexual.
Hay juzgadores que han ignorado graves contradicciones de la parte acusadora, como si respondieran a la consigna de encerrar al periodista, por lo que sea y como sea.
En diciembre pasado lo intentó la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Colegiado de Apelación en Materia Penal. Dio por concluido el proceso y ordenó ejecutar sentencia.
La cautela del juez Alfredo Silva Juárez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, evitó atrocidad mayúscula; no procedió con la celeridad que seguramente esperaba la magistrada. Se tomó el tiempo que le daba la ley y, en ese lapso, Guadalupe Rodríguez Escobar se vio obligada a rectificar.
Pretendió brincarse, sin éxito, al máximo tribunal.
Los excesos a lo largo del proceso ahora se han traducido en trabajo extra para la Suprema Corte.
La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández firmó el acuerdo que admitió el Recurso de Revisión.
Se turnó el caso al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien elaborará proyecto de dictamen que en su oportunidad evaluarán y votarán integrantes de la primera sala de la SCJN.

La prudencia del juez Alfredo Silva Juárez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, evitó una atrocidad mayúscula en el caso de este columnista, perseguido y agredido desde el sistema de justicia.
Recibió la instrucción de proceder contra el periodista, toda vez que se había levantado la suspensión que lo protegía para llevar a cabo su defensa en libertad.
Para la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, el proceso estaba concluido y por lo tanto procedía la ejecución de sentencia, aun a sabiendas de que todavía existía como última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Resolvió cerrar el caso en diciembre pasado, en periodo vacacional, cuando juzgadores y abogados disminuyen actividades, salvo las urgentes y apremiantes.
Las notificaciones a las partes involucradas se realizaron de inmediato.
De no estar alerta los defensores, el periodista estaría encerrado, en espera de aclaraciones, correcciones y justicia.
Para hacer frente al despropósito del colegiado de apelación, los abogados Héctor Rojas y Esteban Flores interpusieron cuatro recursos: revocación a lo resuelto por la magistrada, amparo, queja y Recurso de Revisión dirigido al máximo tribunal de nuestro país.
La magistrada Rodríguez Escobar, como juez y parte, desechó el juicio de amparo. Imposible que prosperara el amparo contra lo que ella misma había resuelto.
El desahogo del recurso de revocación contra el cierre del proceso tomaría su tiempo. La magistrada no se apresuraría a revisar lo que cuestionaba su propia decisión.
Lo que no pudo impedir es que el Recurso de Revisión llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces actuó con celeridad para cubrir lo hecho de manera ilegal. Reactivó la suspensión y protección para el periodista.
La queja contra la magistrada se desvaneció al corregirse el error.
En un primer momento, el juez Alfredo Silva Juárez procedió a dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal colegiado de apelación, sin apresuramiento, respetando los tiempos legales.
No actuó con la rapidez que quizás quería la magistrada, para que el caso acabara como parecía planeado, con el periodista encerrado y complicando su defensa.
Probablemente el juez se percató que algo andaba mal. Si bien los juzgadores están obligados a obedecer instancias superiores, no se trata de que se avienten de cabeza al precipicio, porque se volverían cómplices y validarían una acción irregular.
El juez fue prudente y, en el lapso que la ley le daba para hacer su trabajo, recibió nuevo oficio del tribunal colegiado, en el que se le pedía cancelara el trámite iniciado.
Quedaba claro que el periodista estaba en todo su derecho de acudir a la Corte.
La magistrada rectificó, consciente de que sus decisiones no pueden brincarse al máximo tribunal, aunque su acción ilegal, había dañado al periodista y a su familia.
El Recurso de Revisión fue admitido en la Corte a través de acuerdo firmado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Se turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución, que en su oportunidad será evaluado y votado por todos los integrantes de la primera sala del máximo tribunal: Alfredo, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carranca y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Medios de comunicación, organizaciones civiles, comunicadores, defensores de los derechos humanos y legisladores se han sumado al reclamo de justicia del periodista, al advertir graves violaciones a los derechos humanos en el proceso penal, en el que ya ha obtenido dos resoluciones de inocencia.
Corresponderá a la Corte hacer análisis detallado del asunto.

En algunas ocasiones, por diversos motivos, llegan a darse pleitos entre distintos poderes, medición de fuerzas para ver quien tiene la razón. Cada uno defiende argumentos y no están dispuestos a ceder. Los dos dan por hecho que la ley está de su lado.
Son situaciones complejas y delicadas, riesgosas, porque la desobediencia de la ley o del mandato de alguna autoridad pudiera llegar a tener graves consecuencias para la estabilidad económica, social y política de nuestro país.
Hasta ahora, el daño pareciera menor, sin repercusiones alarmistas, aunque no deja de ser preocupante por lo que pudiera suceder el día de mañana, donde cada quien haya lo que se le pegue la gana.
Es un pleito que por fortuna ya se encauzó por la vía del diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Las dos partes han coincidido que la medición de fuerzas no los lleva a feliz puerto.
Se trata de la historia protagonizada por la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
¿A quién le importa si un diputado del Partido Movimiento Ciudadano se incorpora o no a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión?
Solo a los interesados, a MC que exigió su derecho a formar parte de ese órgano que trabaja cuando descansan o entran en receso las cámaras de Diputados y de Senadores.
A nadie más le importa.
Los afectados llevaron el caso a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consiguieron que la autoridad judicial reconociera su derecho y ordenara a la Cámara que uno de los diputados de MC se integrara a la Comisión Permanente.
Hasta la fecha no ha sucedido y es muy probable que no ocurra en los dos recesos que todavía le faltan a la actual legislatura.
No se ha concretado porque para los diputados el tribunal se metió en asuntos de la vida interna legislativa que no le corresponden. De poco o nada han servido los resolutivos de magistrados y magistradas que ordenaron incorporar a la Permanente al representante de MC.
Algo similar ocurrió con el proceso legislativo para elegir a la consejera presidenta y tres consejeros electorales del INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enmendó en dos ocasiones la convocatoria aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados.
La primera la tiró y obligó a los diputados a elaborar una nueva. En la segunda les ordenó que solo mujeres participaran en la quinteta para elegir presidente del instituto electoral.
En ambos casos los diputados y diputadas se quejaron de intromisión. A regañadientes tuvieron que hacer lo ordenado por el poder judicial. Para bajarle tensión al tema, magistrados y magistradas aceptaron reunirse con legisladores en el recinto de San Lázaro.
Si bien en este caso pudieron conciliar intereses, queda la incertidumbre sobre el alcance de próximas resoluciones en las que los diputados pudieran optar por no cumplirlas, como ya sucedió en el episodio del representante de Movimiento Ciudadano que no consiguió entrar a la Permanente. Y en el procedimiento para elegir consejeros, el asunto estuvo cerca de reventar, de que la cámara ignorara al tribunal, lo que no hubiera sido bueno para ninguno de ellos ni para el país.
Hoy parecería exagerado pero que no se pierda de vista que a dicho tribunal le toca calificar la elección presidencial en 2024. No vaya a ser el diablo y los perdedores desconozcan el veredicto.
Estamos a tiempo de que los distintos poderes pongan por delante la aplicación de la ley, les guste o no.

El tema no es cómo se elige a jueces y magistrados, ahí no está el problema. Pueden ser elegidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el poder legislativo o por el voto de la sociedad. Al final daría lo mismo, porque la forma en que fueran elegidos no es lo que garantizaría su imparcialidad.
Ricardo Monreal quiere que no sea la misma persona la que ocupe la presidencia de la Corte y la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, con el argumento de que la impartición de justicia no debe estar ligada a lo administrativo donde se maneja lo presupuestario.
Por sus efectos, porque le pegan a la gente, hay dos puntos que también deben considerarse: el papel de juez y parte de la Judicatura que explican magros resultados de la vigilancia sobre resoluciones de juzgadores y el hecho indiscutible de que humanamente es imposible que quien presida la Corte pueda cumplir al cien en la presidencia de la judicatura. Son tantos los casos que no puede revisar como quisiera todos los documentos que le dan a firmar.
Senadores y diputados, antes de legislar, deberían ocuparse más en investigar lo que sucede en el poder judicial y tomar nota de lo que de verdad hace falta para que prevalezca la justicia en nuestro país.
Meterse más en los recovecos de la impartición de justicia, escuchar a gente que sufre abusos, a los abogados, investigadores, académicos y a los juzgadores que se empeñan en la actuación imparcial.
Buscar la forma de que la judicatura deje de ser juez y parte, para que las fallas se corrijan.
Hay quienes no les gusta que el presidente Andrés Manuel Andrés Obrador utilice conferencias mañaneras para quejarse y exhibir flaquezas del poder judicial. Muchos y muchas litigantes prefieren ponerse una venda en los ojos y callar para no ganarse la animadversión de juzgadores. Existen medios que son extremadamente cautos en estos asuntos.
López Obrador solo dice lo que todo mundo sabe ante una mayoría que prefiere guardar silencio, por precaución o miedo.
En 2015 el juez Francisco Migoni Goslinga, director general de la presidencia de la Judicatura, las tres veces que fue consultado sobre el artículo 19 de la Constitución federal, sostuvo que nada podía justificar su incumplimiento. “No existe ninguna excusa para que no se cumpla”, repetía. Estaba en lo correcto, la obligación del juzgador a resolver la situación jurídica del detenido en las 72 horas que establece dicho precepto.
Eduardo Torres Carrillo, entonces juez del Juzgado Primero de Procesos Penales, violó el artículo, como lo describe la Recomendación 27/2013 de la CNDH. Hubo queja en la Judicatura y, en vez de ser sancionado, fue ascendido a magistrado y enviado a Tamaulipas.
Cuando el juez Migoni se enteró, lamentó que no lo hubieran alertado con oportunidad de esta situación. El afectado le explicó que prefirió reservarse porque el oficio que justificaba la actuación del juez estaba firmado por el ministro Luis María Aguilar quien presidía la Corte y la Judicatura. Al escuchar eso, Migoni ajustó su opinión y avaló lo firmado por su jefe.
Puntos neurálgicos que a veces no ven autoridades del poder judicial y son desconocidos para legisladores.

Urge que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise el caso del periodista Arturo Zárate Vite, porque ha sido falsamente acusado y ya suma más de 10 años de persecución, sufrimiento, tortura y humillaciones para él y su familia, dijo el muralista Ariosto Otero al participar en la concentración de periodistas, académicos y defensoras de los derechos humanos frente a las puertas del edificio del máximo tribunal.

Es cierto que hay que defender a las mujeres y castigar a los agresores, lo que no se vale es utilizar esta bandera legítima para fabricar culpables y lastimar inocentes, señaló por su parte la periodista y escritora Pilar Jiménez Trejo, quien también participó en dicho acto.
Decenas de manifestantes, mujeres y hombres, acudieron a las puertas de la Suprema Corte con pancartas en las que se pedía justicia para el periodista y un proceso imparcial.
Entregaron a la Corte escrito para expresar su solidaridad con Zárate Vite y el clamor respetuoso con la finalidad de que ministras y ministros admitan su recurso de revisión para que el caso sea estudiado a fondo.
Por varios minutos y para cerrar el evento, los manifestantes gritaron ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
Jiménez Trejo recordó que el periodista ha obtenido dos resoluciones de inocencia y una de ellas emitida por una juez mujer.
El muralista Ariosto Otero defendió la integridad del periodista, como profesional y humano.
A la justicia la representan con imagen vendada, pero debe tener los ojos abiertos a la hora de impartir justicia, añadió.
Ambos, Pilar y Ariosto, coincidieron en que el proceso está plagado de vicios que deben subsanarse por la Corte.
En su turno, el periodista Arturo Zárate Vite subrayó que es necesario evitar que se utilice el sistema judicial como arma de represión, para perseguir y agredir a periodistas.
Consideró que la intervención del máximo tribunal en este caso “enriquecería la imagen institucional que tiene la Suprema Corte ante la sociedad para garantizar imparcialidad e impedir excesos en las resoluciones judiciales”.

Cuando se habla de la reforma al Poder Judicial Federal se tocan grandes temas, como la necesidad de separar al Consejo de la Judicatura Federal de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de darle autonomía a la Defensoría de Oficio, para que no sea juez y parte como sucede ahora.
También el nombramiento de jueces y magistrados, los cambios de adscripción o de sede de los juzgadores, medidas disciplinarias, sanciones, destituciones y manejo de fideicomisos.
De nuevo está en la mesa el propósito de reformar el poder judicial, tanto en lo constitucional como en leyes secundarias. Modernizar y hacer justas dinámicas anquilosadas que llevan a excesos en perjuicio de inocentes.
La parte que se mantiene en las sombras, abajo de la Corte, es la que le pega de manera directa a la gente.
Es donde la mayoría de los afectados no tiene forma de hacerse escuchar y no entran en las prioridades mediáticas; cargan con la injusticia y el atropellamiento de sus derechos, la impotencia ante juzgadores que pareciera poseen poderes ilimitados.
Hay testimonios de que en 2012 el juez Eduardo Torres Carrillo transgredió el artículo 19 de Constitución, por no definir la situación jurídica de un detenido en las 72 horas que establece la ley. Incluso existe la recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que describe lo sucedido con todo detalle. El afectado presentó la queja correspondiente y resulta que el juzgador no solo fue liberado de cualquier responsabilidad por el Consejo de la Judicatura Federal, sino cambiado de adscripción y ascendido a magistrado.
En diciembre pasado (2022), la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, integrante del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito en la Ciudad de México, firmó y emitió acuerdo ilegal para dar por cerrado proceso penal, cuando todavía estaba pendiente el Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella misma se encargó de rectificar al ver que no era posible brincarse al máximo tribunal. No hay información de que el Consejo de la Judicatura le haya llamado la atención, mucho menos sancionado.
Hay otra situación que se repite y raya en la simulación. Cuando por algún motivo o conflicto de interés, en tribunal colegiado, el magistrado o magistrada tiene que excusarse de participar en determinado proceso. Lo suple el secretario o secretaria de acuerdos, subordinado o subordinada del mismo magistrado o magistrada. Por consiguiente, el secretario o secretaria no hará nada distinto a lo que ya hizo o le ordena su jefe o jefa.
Así ocurrió en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la CDMX que preside el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías. Dos secretarios en el lugar de magistradas. Se llegó al extremo de no tomar en cuenta resolución en materia de tortura de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tampoco quiso ir al fondo sobre la observación de que había cometido error jurídico, al reabrir fuera de tiempo caso que ya estaba cerrado. Como juez y parte prefirió desestimar el argumento de la defensa.
Es injusticia en penumbras, producto de juzgadores que se sienten infalibles, que ganan más que el presidente de México y que son incapaces de admitir que se equivocan.
Hay consciencia del problema. El poder legislativo ha planteado la necesidad de reformar y sería ideal que se sumara el mismo poder judicial que debe de conocer tanto sus fortalezas como debilidades.