Justicia

Cuando se habla de la reforma al Poder Judicial Federal se tocan grandes temas, como la necesidad de separar al Consejo de la Judicatura Federal de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de darle autonomía a la Defensoría de Oficio, para que no sea juez y parte como sucede ahora.
También el nombramiento de jueces y magistrados, los cambios de adscripción o de sede de los juzgadores, medidas disciplinarias, sanciones, destituciones y manejo de fideicomisos.
De nuevo está en la mesa el propósito de reformar el poder judicial, tanto en lo constitucional como en leyes secundarias. Modernizar y hacer justas dinámicas anquilosadas que llevan a excesos en perjuicio de inocentes.
La parte que se mantiene en las sombras, abajo de la Corte, es la que le pega de manera directa a la gente.
Es donde la mayoría de los afectados no tiene forma de hacerse escuchar y no entran en las prioridades mediáticas; cargan con la injusticia y el atropellamiento de sus derechos, la impotencia ante juzgadores que pareciera poseen poderes ilimitados.
Hay testimonios de que en 2012 el juez Eduardo Torres Carrillo transgredió el artículo 19 de Constitución, por no definir la situación jurídica de un detenido en las 72 horas que establece la ley. Incluso existe la recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que describe lo sucedido con todo detalle. El afectado presentó la queja correspondiente y resulta que el juzgador no solo fue liberado de cualquier responsabilidad por el Consejo de la Judicatura Federal, sino cambiado de adscripción y ascendido a magistrado.
En diciembre pasado (2022), la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, integrante del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito en la Ciudad de México, firmó y emitió acuerdo ilegal para dar por cerrado proceso penal, cuando todavía estaba pendiente el Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella misma se encargó de rectificar al ver que no era posible brincarse al máximo tribunal. No hay información de que el Consejo de la Judicatura le haya llamado la atención, mucho menos sancionado.
Hay otra situación que se repite y raya en la simulación. Cuando por algún motivo o conflicto de interés, en tribunal colegiado, el magistrado o magistrada tiene que excusarse de participar en determinado proceso. Lo suple el secretario o secretaria de acuerdos, subordinado o subordinada del mismo magistrado o magistrada. Por consiguiente, el secretario o secretaria no hará nada distinto a lo que ya hizo o le ordena su jefe o jefa.
Así ocurrió en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la CDMX que preside el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías. Dos secretarios en el lugar de magistradas. Se llegó al extremo de no tomar en cuenta resolución en materia de tortura de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tampoco quiso ir al fondo sobre la observación de que había cometido error jurídico, al reabrir fuera de tiempo caso que ya estaba cerrado. Como juez y parte prefirió desestimar el argumento de la defensa.
Es injusticia en penumbras, producto de juzgadores que se sienten infalibles, que ganan más que el presidente de México y que son incapaces de admitir que se equivocan.
Hay consciencia del problema. El poder legislativo ha planteado la necesidad de reformar y sería ideal que se sumara el mismo poder judicial que debe de conocer tanto sus fortalezas como debilidades.

Cuando un abogado o abogados llegan a considerar que la autoridad ha caído en excesos y en la emisión de acuerdos ilegales, se vuelve punto crítico la impartición de justicia.
Situaciones que muchas veces pasan desapercibidas para la opinión pública porque suceden en terrenos del sistema judicial que solo acaparan la atención de los involucrados.
Es el caso de la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, quien emitió acuerdo ilegal que ella misma tuvo que rectificar, ante recursos interpuestos por los abogados defensores Héctor Rojas y Esteban Flores.
No hay que olvidar que el servidor público de ese nivel gana más que el presidente de la República, por lo que su actuación tendría que distinguirse por su pulcritud y absoluta imparcialidad, sobre todo porque se trata de impartir de justicia y todos quieren que imparta justicia.
Por si fuera poco, probablemente no lo sabía, su proceder se suma a la ola de acciones para perseguir y agredir al periodista que escribe esta columna; así que lo que haya hecho o haga, va a dejar huella que tarde o temprano podría ser revisada., por las consecuencias que tiene una situación injusta, con repercusiones para el afectado y su familia.
Si la juzgadora circula acuerdo irregular o ilegal, no solo impacta en el afectado, sino en su entorno, en la economía, en la salud. Los defensores particulares no son filántropos ni altruistas, cobran por sus acciones, porque de eso viven los abogados en cualquier parte del mundo. La salud tampoco se salva, por la tensión emocional que provoca lo inesperado e injusto.
Sería ingenuo pensar que fue casualidad que el acuerdo y las notificaciones se dieran en vacaciones de diciembre, cuando es posible sorprender a quienes no están alertas, por el descanso decembrino que también incluye a quienes laboran en el sistema de justicia.
La decisión de la magistrada Rodríguez Escobar de dar por terminado el proceso penal, cuando todavía está pendiente la instancia de la Corte, la desactivaron los abogados con cuatro recursos: Recurso de Revocación, Juicio de Amparo, Queja y Recurso de Revisión dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El juicio de amparo, lo desechó la misma magistrada. Como juez y parte, no iba a contradecir sus determinaciones.
Actuó y reactivó la protección legal del periodista, para que siguiera su defensa sin riesgo de perder su libertad, al ser enterada de que el Recurso de Revisión ya estaba en camino de la Corte. No se atrevió a ignorar o brincar al máximo tribunal de nuestro país, lo que hubiera sido el acabose.
El proceso contra el periodista está plagado de violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la Constitución. Las contradicciones de la parte acusadora son escandalosas. No hay elementos para condenar a nadie, salvo que la autoridad decida magnificar supuestos delitos.
Ninguna condena penal puede ser válida si no se respetan las garantías y los derechos del acusado.
Llama la atención que sea la propia magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar la que resolviera en contra del periodista, a pesar de lo endeble de las supuestas “pruebas”.
Seguramente desconoce que México está convertido en uno de los países más peligrosos para quienes laboran en medios de comunicación.
De la mayor gravedad que ahora se utilice el sistema judicial para perseguir y agredir al periodista, por ajuste de cuentas o venganza.
Por eso, ante el interés que ha despertado el asunto y su trascendencia, la necesidad de que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“¡El asunto está en buenas manos!”, fue el comentario del maestro de historia Enrique Cervantes Mayén, dedicado toda su vida profesional al magisterio. Larga la lista de quienes han sido sus alumnos, con los que procura mantener comunicación para saber de su destino.
Profesor conocedor de la realidad del país, de los vaivenes sociales, de las instituciones que le son útiles a la comunidad, de los altibajos que viven los individuos y sus familias, de las justicias e injusticias, de la inseguridad que sufren mexicanos y de las batallas políticas.
Cuando habla de “buenas manos” se refiere a los once integrantes, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Alto Tribunal que deberá decidir si admite el Recurso de Revisión interpuesto por el periodista que escribe esta columna.
Confía en los ministros y ministras por su amplia trayectoria en materia de justicia, por su experiencia. Sobre todo, porque como cuerpo colegiado, considera imposible que alguien lo sorprenda y se aproveche de su buena fe.
Está seguro de que las ministras y los ministros harán la valoración justa, imparcial y conforme a Derecho.
Lo que le sorprende al profesor Enrique Cervantes Mayén, siempre partidario de las causas justas, es que el periodista tenga dos resoluciones de inocencia a su favor y todavía siga enredado o atorado en un proceso plagado de graves contradicciones, violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solidario por vocación, disponible para apoyar a quienes enfrentan adversidades, le ha tocado defender a compañeros y compañeras que también se han dedicado al magisterio, en conflictos de distinta índole.
Conoce el expediente del periodista, sabe que ya suma dos resoluciones de inocencia.
Por eso pregunta:
-¿Y cuántas resoluciones de inocencia necesitas para que reconozcan tu inocencia?
-Lo que se es que el caso requiere ser revisado por la Corte, por eso la insistencia respetuosa, para que lo haga, para que prevalezca la justicia, la verdad, la imparcialidad, no consignas ni venganzas.
Castigar un inocente, coincidimos con Cervantes Mayén, en nada ayuda a la causa de las mujeres, porque desacredita su lucha y exhibe excesos. Cierto que las estadísticas son dramáticas y hay demasiadas agresiones, nada más que la autoridad debe asegurarse de sancionar a verdaderos culpables.
Puede haber excepciones y el maestro no tiene la menor duda de que esta es una de ellas, de que se han fabricado historias por razones e intereses que nada tienen que ver con la justicia.
Con sentido común juzga que ningún juez o jueza se hubiera atrevido a declarar inocente al periodista si hubiera encontrado elementos para condenarlo. De haber actuado con parcialidad, lo habrían “linchado” y exigido su inmediata destitución, lo que nunca sucedió.
La contraparte, aun cuando fue notificada de manera personal, no apeló lo resuelto por los jueces.
El proceso se revirtió con un amparo interpuesto fuera de tiempo, en contra de lo que establece el principio de definitividad.
“Si hay error jurídico, va a ser corregido porque así lo señala la ley”, comentario del maestro, convencido del desempeño imparcial de ministras y ministros.
“Estás en buenas manos”, repitió.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México ha rectificado y reactivado la suspensión para que el periodista que esto escribe pueda seguir su defensa en libertad y tenga garantizada su presunción de inocencia.
Durante las vacaciones del pasado diciembre, dicho tribunal apresuró el proceso y emitió un acuerdo que los abogados Héctor Rojas y Esteban Flores consideraron ilegal porque cerró el expediente y determinó que procedía la aplicación de la sentencia, sin tomar en cuenta que todavía está pendiente el Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como juez y parte, el mismo tribunal desechó amparo que combatía su irregular acuerdo.
Ahora, ha resuelto renovar la protección para el periodista, en el entendido de que no se puede saltar al máximo tribunal; y ha dado vista al juzgado primero de distrito de procesos penales para que emita el acuerdo correspondiente y lo haga del conocimiento de las diversas autoridades.
El expediente del proceso penal que empezó en 2012 ha registrado graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, hasta llegar al error jurídico que de ser corregido le permitiría al periodista, quien ha sido declarado dos veces inocente, dejar atrás la pesadilla de la injusticia.
Ya se interpuso el Recurso de Revisión y va en camino hacia la Corte.
“Consecuentemente, se ordena remitir el original de este expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo cuaderno de antecedentes que se forme, así como el escrito por el que se interpuso Recurso de Revisión”, dice oficio firmado por el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías.
La defensa también presentó argumentación adicional en tiempo y forma, con la finalidad de subrayar todas y cada una de las graves violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y la Constitución.
Correspondería a la presidencia de la Corte, a cargo de la ministra Norma Piña Hernández, determinar si el máximo tribunal admite o no el recurso. De ser aceptado, se nombraría ministro o ministra ponente para entrar al fondo del caso y elaborar propuesta de resolución que se pondría a consideración, para su análisis y votación, de los integrantes de la primera sala que preside el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La historia con antigüedad de10 años, tiene su origen en la acusación que se cayó por graves contradicciones y mentiras sobre supuesto acoso y abuso sexual. Hubo dos resoluciones de inocencia de distintos juzgadores. De haber actuado con parcialidad o tratado de favorecer al periodista, los hubieran exhibido y hasta pedido su destitución como ha sucedido en otros casos.
No hubo ninguna protesta en ese sentido y aun cuando la notificación se hizo de manera personal para las partes involucradas, nadie apeló en el tiempo establecido para ello.
El caso fue reabierto por amparo presentado fuera de tiempo y admitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que pone en evidencia el error jurídico que debe ser corregido para que prevalezca la sentencia de inocencia, conforme a Derecho.
A fin de dar cumplimiento cabal al principio de definitividad, tres meses antes de la apertura del expediente, el propio séptimo tribunal había resuelto por unanimidad, que no aceptaría inconformidades fuera del plazo establecido.
Sin embargo, admitió indebidamente juicio de amparo y, se cometió el error jurídico, que no prescribe y debe de ser atendido.
Ahora, el turno es de la SCJN, para decidir si acepta o no Recurso de Revisión presentado por el periodista.

El expediente del proceso penal que empezó en 2012 contra el periodista que esto escribe, que ha registrado innumerables inconsistencias hasta llegar al error jurídico que le permitiría, de ser corregido, a quien ha sido declarado dos veces inocente, dejar atrás la pesadilla de la injusticia, va en camino hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Correspondería a la presidencia de la Corte, a cargo de la ministra Norma Piña Hernández, determinar si el máximo tribunal admite o no el llamado Recurso de Revisión. De ser aceptado, se nombraría ministro o ministra ponente para entrar al fondo del caso y elaborar propuesta de resolución que se pondría a consideración, para su análisis y votación, de los integrantes de la primera sala que preside el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El trámite que se le ha dado al expediente, para que vaya a la SCJN, confirma que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en la Ciudad de México se excedió al dar por concluido el proceso, levantar la suspensión que protegía al periodista para llevar su asunto hasta la Corte, en libertad y con respeto a la presunción de inocencia.
¿Qué fue lo que hizo dicho tribunal de apelación?
Se anticipó o pasó por alto a la Suprema Corte, instancia superior a cualquier otra en México. Por su inexplicable apresuramiento que llegó al extremo de emitir acuerdos y hacer notificaciones en el periodo vacacional de diciembre, está a la vista la ilegalidad del acto.
Por si fuera poco, el mismo tribunal colegiado de apelación, en el papel de juez y parte, rechazó juicio de amparo interpuesto por el afectado. Era impensable otro resultado porque la autoridad responsable no se iba a corregir y menos aceptar haberse equivocado.
Los abogados Héctor Rojas y Esteban Flores presentaron queja en instancia superior con la finalidad de que se subsane el acuerdo irregular emitido por dicho tribunal y se reactive protección para el periodista, en espera de lo que determine la Corte que tiene la última palabra.
“Consecuentemente, se ordena remitir el original de este expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo cuaderno de antecedentes que se forme, así como el escrito por el que se interpuso recurso de revisión”, dice oficio firmado por el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías.
La historia tiene su origen hace 10 años, con acusación que se cayó por graves contradicciones y mentiras sobre supuesto acoso y abuso sexual. Hubo dos resoluciones de inocencia de distintos juzgadores. De haber actuado con parcialidad o tratado de favorecer al periodista, que entonces se desempeñaba como vocero de la CNDH, los hubieran exhibido y hasta pedido su destitución como ha sucedido en otros casos.
No hubo ninguna protesta en ese sentido y aun cuando la notificación se hizo de manera personal para las partes involucradas, nadie apeló en el tiempo establecido para ello.
El caso fue reabierto por amparo presentado fuera de tiempo y admitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que pone en evidencia el error jurídico que debe ser corregido para que prevalezca la sentencia de inocencia, conforme a Derecho.
Ahora, el turno es de la SCJN, para decidir si acepta o no Recurso de Revisión presentado por el periodista.

Pareciera que se utiliza al sistema judicial para perseguir y agredirme, porque no se puede entender de otra forma el hecho de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, de manera ilegal, haya levantado la suspensión que era la protección para poder llevar el proceso hasta la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en libertad y respetando la presunción de inocencia
No solo ordenó quitar la suspensión sino también proceder a la ejecución de sentencia. Interpuse amparo contra esta medida excesiva y resulta que el mismo tribunal resolvió negarme el amparo. Por supuesto que lo rechazó.
Esto no es otra cosa que la actuación del colegiado como juez y parte. Obvio que no iba a reconocer que se excedió, por el contrario, justificaría sus dudosas resoluciones.
La historia de este caso ya tiene más de 10 años, empezó en 2012 cuando me desempeñaba como vocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fabricaron la mentira. Supuestos acoso y abuso sexual, que no estaban considerados como graves delitos. Fui detenido, me pasearon durante todo el día y, por la noche me llevaron al penal de máxima seguridad, El Altiplano, donde estuvo Joaquín El Chapo Guzmán.
Custodios sabían de mi nombre y desde primer momento empezaron a torturarme por mi trabajo en la CNDH, con aparato que no pude identificar. La tortura está plenamente probada. Como recuperé la libertad a los cinco días, bajo fianza, porque los supuestos delitos no eran graves, antes de salir de prisión me amenazaron con matarme si abría la boca y que lo diera por hecho si regresaba al reclusorio.
Salí rabiando del lugar, decidido a probar en primer lugar mi inocencia. Lo logré. Dos resoluciones de inocencia, dentro del marco de perspectiva de género, con lo que quedaba cerrado el caso. La contraparte nunca apeló a pesar de que fue notificada de manera personal y tampoco reprobó a los juzgadores que me declararon inocente. Fuera de tiempo se presentó juicio de amparo y el asunto fue reabierto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, luego revertido con resolución en contra.
La contraparte cayó en evidentes contradicciones, ejemplos:
1.-En escrito firmado relató que me prestó pulsera de plástico y que la rompí al querer abrirla. Admite que ofrecí reponérsela. Después cambió su versión al decir que se rompió producto de forcejeo.
2.-En declaraciones, en la primera aseguró que le rocé la pierna. En la segunda, que la toqué en el muslo cerca el glúteo. En la tercera, que la toqué directamente en el glúteo. Todo falso.
En el caso hay violaciones graves a los derechos humanos y al debido proceso. El primer juez no definió mi situación jurídica en los términos del artículo 19 de la Constitución, así consta en recomendación de la CNDH que obra en el expediente.
La tortura es un delito que no prescribe.
Se reabrió el caso sin respetar el principio de definitividad.
Nunca existieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las imputaciones.
Y hay una sentencia de cinco años tres meses, que también contraviene la Constitución, por el parámetro utilizado para establecer la pena.
Soy periodista y ejerzo la profesión desde hace 45 años. Padre de familia. El 95 por ciento de los integrantes de mi familia son mujeres. Mis textos y mi conducta confirman que soy respetuoso de las mujeres, porque es lo que siempre he exigido para mis hermanas, primas, sobrinas, amigas y cualquier otra mujer.
México tiene por primera vez a Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ministra:
Ruego a usted que el más alto tribunal atraiga mi caso, ante el cúmulo de irregularidades. Tiene usted larga y respetada trayectoria. No se vale que se utilice al sistema judicial para perseguir y agredir a un periodista.
¿Por qué tiene que cargar el poder judicial con esa infamia, atizada por tercera persona que se la ha pasado diciendo que me meterá a la cárcel, con una seguridad (se lo ha dicho a compañeros periodistas) que deja la impresión de que tiene a su servicio jueces y magistrados?
Mi familia está conmocionada, con el quebranto patrimonial, con el dolor, el llanto y la impotencia que significa la terrible injusticia.
Están a punto de acabar como mi familia, por una mentira.

ARTURO ZARATE VITE,

PERIODISTA

 

Sin esperar a que causara estado o quedara firme la resolución de amparo, Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México emitió un acuerdo que deja sin protección al inculpado.
Levantó una medida de suspensión establecida para protección del acusado, para que no pueda ser detenido, en tanto no se agoten todas las instancias que le concede la ley, como presentar el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta situación se ha presentado justamente en periodo vacacional y cuando la Suprema Corte, desde hace varias semanas se ocupó de la organización del proceso de renovación de la presidencia.
De acuerdo con el abogado defensor Héctor Rojas Cárdenas, lo que hizo el tribunal es indebido porque abre la posibilidad de que el acusado pueda ser detenido de manera injusta, en contra de lo que establecen los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las notificaciones le llegaron en periodo vacacional. A pesar de ello, comentó, de inmediato se interpuso el recurso de revocación ante el mismo tribunal colegiado de apelación y en otra instancia colegiada un amparo que proteja a su defendido de acciones injustas.
El propio abogado habló de que este caso tiene múltiples inconsistencias, que tarde o temprano deberán de aclararse y corregirse, para que no se vaya cometer la atrocidad de encerrar a un inocente.
Solo explicó lo que llama “error jurídico”, que se cometió después de que su defendido había logrado dos resoluciones de inocencia. La contraparte no presentó ninguna apelación, aun cuando había sido notificada directamente. Sin embargo, el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal admitió en fecha posterior un amparo con lo que reabrió el caso, en contra del criterio que tres meses antes dicho tribunal había aprobado por unanimidad para respetar el principio de definitividad.
La historia no es nueva, ya lleva más de diez años. Cada día que pasa suma irregularidades.
El afectado es periodista y defensor de los derechos humanos. Por un supuesto delito que no era considerado grave fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde estuvo Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
Fue torturado y existe resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ordena sea indemnizado.
Se incumplió el plazo constitucional de las 72 horas para resolver su situación jurídica, como consta en la Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la CNDH.
El pasado 1 de diciembre, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer circuito resolvió no entrar al fondo para analizar el “error jurídico” que existe en el proceso y tampoco lo hizo en el caso de la tortura.
La defensa confía en la Corte y espera que el caso pueda ser revisado en el máximo tribunal.
Sin duda, la historia exhibe debilidades del sistema judicial y va a sentar precedente en México.

El documental dirigido por Roberto Hernández, abogado y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), producido por Layda Negrete y transmitido por Netflix “Duda Razonable” no es la única historia de este tipo que exhibe debilidades del sistema penal.
Para donde quiera que mire, Roberto podría encontrar guiones para muchos otros documentales o dudas razonables; persisten abusos y atropellos que lastiman a la sociedad y al mismo poder judicial. Todavía hay instancias donde imperan intereses opacos.
Limpiar el sistema judicial no es una tarea de una persona, así que no se podría responsabilizar al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de todos los males.
Ni siquiera con una varita mágica hubiera conseguido sanarlo el ministro Zaldívar que en este mes termina su periodo. Hay podredumbre que está enraizada en la columna del antiguo método procesal.
Enhorabuena por Roberto y Layda que con su trabajo (también hicieron Presunto Culpable) sacuden el sistema a tal punto que los casos que exponen, alcanzan la justicia.
“Tenemos un sistema penal que sirve más bien para poco y que genera más problemas de los que resuelve”, escribió el jurista Miguel Carbonell en su artículo del pasado 13 de diciembre en El Universal.
Hay un caso de injusticia que tiene violaciones graves a los derechos humanos para ser valorado por realizadores de documentales, que puede ser útil en su esfuerzo por contribuir a vencer vicios y debilidades del sistema.
1.- Los hechos ocurrieron entre el sexenio que terminaba de Felipe Calderón y el de Enrique Peña que iniciaba.
2.-Periodista y defensor de los derechos humanos fue detenido por la mañana por agentes ministeriales por delito no grave y le informaron que lo llevarían al reclusorio norte de la Ciudad de México.
3.-Una vez que llegaron al lugar, los agentes le dijeron que siempre no lo internarían en dicho reclusorio, que tenían que ir a sus oficinas de Azcapotzalco para recibir instrucciones.
4.-La orden fue dirigirse al penal de máxima seguridad El Altiplano (Almoloya), a pesar de que el supuesto delito no era grave.
5.-Fue torturado.
6.-Se incumplió el plazo constitucional de las 72 horas para resolver su situación jurídica, como consta en la Recomendación 27/2013 de la CNDH.
7.-Previo pago de fianza, recuperó su libertad al quinto día. Decidió que primero demostraría su inocencia.
8.-Obtuvo dos resoluciones de inocencia.
9.-Fuera del tiempo procesal, fue aceptado recurso de apelación que dio vuelco al caso, con sentencia en su contra.
10.-Su amparo 95/2022 interpuesto en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la CDMX fue rechazado. Resuelto en tres semanas, (récord) sin entrar al fondo al tema de la tortura (hay orden de autoridad para que sea indemnizado) ni al error jurídico (que no prescribe), incluidos en el amparo. La reunión colegiada se realizó con la participación de dos secretarios de acuerdo con funciones de magistrados y duró apenas tres minutos.
Son 10 puntos (se podrían agregar muchos más) de un caso que ha llevado a la defensa a tomar la decisión de interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Caso con indicios evidentes de que se trata de otra historia de Duda Razonable.
Aviso a tiempo para evitar otra agresión a periodista.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) es una de las instituciones más reconocidas y respetadas, lo que de ninguna manera quiere decir que sea perfecta, hay fallas, no tan escandalosas como sucede en otras instancias responsables de impartir justicia.
Hay quienes dirían que es el tribunal menos malo o mejor. Tiene ganado su prestigio entre litigantes y académicos.
Sus presidentes no se han significado por el protagonismo; han procurado la discreción y dedicarse al trabajo.
No es una institución que atraiga a la mayoría de los medios, quizás por la temática árida de sus asuntos, fiscales, administrativos, tributarios, comercio exterior, entre otros; lo que para nada le restaría importancia.
Tampoco llaman la atención los procesos internos de relevo en la presidencia de la sala superior, que en la actualidad ocupa el magistrado Rafael Anzures Uribe. Termina en diciembre.
Debido a la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados para modificar la Ley Orgánica del TFJA, quizás en el interior del tribunal haya más inquietud por el próximo relevo. Lo mismo entre abogados, académicos y expertos en la materia; entre los interesados e involucrados. Al resto parece que le da igual, no pasa nada.
No es menor el cambio propuesto por el Ejecutivo y todo indica que es irreversible, porque basta la mayoría simple legislativa para sacarlo adelante. Aplicaría de inmediato, a partir de la elección que harán los magistrados de su nuevo presidente o presidenta de la sala superior.
Por las características de la propuesta, pareciera perfilarse Natalia Téllez Torres Orozco para presidenta.
Resulta que la sala superior tiene tres secciones. Con la actual legislación solo la primera y segunda participarían en la elección del presidente. Con la reforma, también la tercera y en la tercera sección está la magistrada Torres Orozco, quien, en abril de 2021, llegó a la sala superior con el voto calificado del Senado.
Además, con la reforma, por única ocasión, la magistrada tendría preferencia a la postulación, conforme a los criterios de antigüedad y equidad de género.
Con la reforma, para llegar a la presidencia de la sala superior del tribunal, sería suficiente contar como mínimo con tres años de experiencia en cualquiera de las siguientes materias: fiscal, administrativa, responsabilidades administrativas o jurisdiccional.
En esas condiciones, si la iniciativa del Ejecutivo es aprobada, como se espera, estarían dadas las condiciones para el ascenso de la magistrada a la presidencia del TFJA.
Cierto que en la Cámara de Diputados las comisiones dictaminadoras están presididas por panistas, nada más que la mayoría en ambas y en el pleno la tiene Morena.
Al margen de la reforma, la magistrada Natalia Téllez cuenta con grados académicos y experiencia para desempeñarse en dicho cargo. Sería la quinta presidenta en la historia del tribunal administrativo.
Natalia es maestra en Derecho de Amparo por la UNAM y cuenta con estudios de Master en la Universidad de Génova, Italia.
En el ámbito profesional ha trabajado en la Procuraduría Fiscal de la Federación y con amplia trayectoria en el poder judicial como proyectista, actuaria y secretaria de acuerdos en distintos tribunales colegiados.
Como académica, ha sido profesora en la Escuela Libre de Derecho y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
El tema de la sucesión ha diversificado opiniones entre magistrados, magistradas, abogados y académicos. El consenso es que quien gane la elección deberá mantener y cuidar el prestigio del tribunal.
Por lo pronto, en la Cámara de Diputados están de acuerdo en atender el reclamo de que se escuchen distintas voces en parlamento abierto, antes de que se dictamine la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del TFJA.

Hasta ahora ninguna mujer ha presidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tampoco una mujer ha sido electa por la Cámara de Diputados como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
En las dos instituciones, quienes actualmente las encabezan, Arturo Zaldívar en la Corte y Lorenzo Córdova en el organismo electoral, se han significado por procurar abrir espacios a mujeres, como juzgadoras y organizadoras de elecciones en nuestro país.
Ha sido su respuesta a la paridad de género, principio constitucional que toca todos los cargos públicos, en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y organismos autónomos.
Reforma a 9 artículos de la Constitución aprobada en 2019 dio impulso a la participación y representación igualitaria de la mujer en la democracia mexicana.
Todavía no en todos los casos hay mitad y mitad, 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.
No queda claro si esa paridad alcanza para que haya alternancia de género en la presidencia de las instituciones. Ni Zaldívar ni Lorenzo han hablado de que su próximo relevo debe ser mujer.
El hecho es que los varones han mantenido acaparada la presidencia de la Corte y del INE.
Llama la atención, en el caso del instituto electoral, que en lo que sería su estructura intermedia, la que organiza los comicios en los estados, los llamados OPLES, la cúpula del INE se ha esmerado por lograr que la mitad sea presidida por mujeres y la otra mitad por hombres.
Con ese propósito hay convocatorias que solo están dirigidas a mujeres, para seleccionar a las que presidirán organismos públicos locales, aunque el proceso se tenga que repetir tres veces como sucedió con el instituto electoral del estado de México, porque no encontraban a la idónea.
También se ha hecho algo similar para que cada vez haya más juezas en el poder judicial.
Si debe darse la alternancia de género en las presidencias de las instituciones es un punto fino que no está desarrollado ni existe una norma que así lo establezca. No ha sido tema del constituyente, no se ha considerado ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
Independientemente de que no hay legislación en ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya lleva dos presidentas.
La doctora, magistrada y consejera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Lilia Mónica López Benítez, entrevistada por el autor de esta columna, explica y precisa que la paridad de género no obliga a que sea mujer la próxima presidenta de la SCJN, porque hablar de paridad solo implica la conformación de los órganos en un 50 por ciento de mujeres y un 50 % de hombres.
Sin embargo, Mónica López Benítez está convencida de que las mujeres cuentan con la capacitación para presidir la Corte y cualquier otra institución. Por eso su afirmación de que las ministras Yamín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Alhf, Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Leticia Piña Hernández, tienen el talento para aspirar a la presidencia de la SCJN.
La Corte deberá elegir nuevo presidente o presidenta, para un periodo de cuatro años, en enero de 2023.
Dos meses después, en abril, Lorenzo concluye su periodo de nueve años como presidente del INE.
Queda claro que no existe nada que obligue a que sean mujeres quienes releven a Zaldívar y Córdova. Para que haya cambio de género, puede influir el hecho de que la presidencia de ambas instituciones, solo han estado en manos de varones.
Al final, lo que más le conviene al país, es que se elija al o a la más capaz, sin importar género.

Cualquiera de las cuatro ministras -Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Alhf, Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Leticia Piña Hernández- tiene cualidades para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo la magistrada Lilia Mónica López Benítez, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Aun cuando se le preguntó por las cualidades de cada una, optó por reservarse la respuesta para no correr el riego de omitir alguno de los destacados méritos de la juzgadoras.
Sin embargo, entrevistada en exclusiva por este diario, la magistrada-consejera dejó en claro que la paridad de género no obligaría a que sea mujer la próxima presidenta de la Corte, porque la paridad solo implica conformación de los órganos institucionales en el mismo porcentaje.
La Corte deberá elegir nuevo presidente o presidenta, para un periodo de cuatro años, en enero del 2023.
Mónica López Benítez también habló de feminismo, juzgar con perspectiva de género y los avances de la mujer en todos los ámbitos.
Con grado académico de Doctora y 30 años de servicio en el poder judicial expresó que, en estos tiempos, “las mujeres aspiramos a presidir cualquier tipo de órgano, no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
La entrevista, que a continuación transcribimos, fue realizada en su oficina del CJF, órgano responsable de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación.
-¿Cómo define en estos tiempos el feminismo?
-Yo pensaría que el feminismo es una forma de vida, por supuesto que es un movimiento que busca la igualdad entre los géneros. Creo que es una manera en que las mujeres estamos tratando de reivindicar nuestros derechos y de avanzar en posicionarnos no solamente en nuestra vida personal sino sobre todo en la vida en sociedad y profesional.
-¿Cuál ha sido la aportación del feminismo a la sociedad?
-Tenemos muchísimas aportaciones, de entrada la posibilidad de que las mujeres podamos ir a las aulas, sabemos perfectamente que estuvo vedado para nosotros esa posibilidad, pero hoy tenemos muchas carreras universitarias; el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos, la posibilidad de votar y ser votadas; en fin, creo que tenemos muchísimos aportes y todavía vamos por más.
-¿Está de acuerdo con el ministro Arturo Zaldívar de que juzgar con perspectiva de género no implica inclinar la balanza?
-Por supuesto que estoy de acuerdo. Juzgar con perspectiva de género implica equilibrar la balanza. ¿Y cómo se hace esto? A través de una herramienta metodológica, que es justamente juzgar con perspectiva de género, herramienta que nos permite analizar los asuntos de una manera diferente. ¿Cuándo tenemos qué hacerlo? Cuando advertimos que una persona o grupo de personas se encuentran en una situación de desventaja. El objetivo de la metodología es tratar de paliar esa desventaja, para emitir sentencias más justas, evidenciando los contextos de violencia, los contextos en que se desenvuelven las personas que por alguna razón se ubican en esa situación que ya he destacado, de desventaja. Entonces, es importante también que se conozca que juzgar con perspectiva de género no implica beneficiar a las mujeres por el hecho de ser mujeres.
-¿Cuál es la conexión entre feminismo y paridad de género?
-Obviamente está muy relacionado, el feminismo, como decía, busca la igualdad entre los géneros, busca la reivindicación de nuestros derechos y va de la mano con la posibilidad de que todas las mujeres tengamos una posición en la vida pública. Más del 50 por ciento, a nivel mundial, somos mujeres, y por tanto, en esta misma medida estamos buscando tener acceso a los cargos públicos y de representación.
-¿Magistrada la paridad de género obliga a que sea mujer la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
- A ver. La paridad de género no obliga. ¿Por qué razón? Porque hablar de paridad implica la conformación de los órganos en un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de los hombres. Pero todo indica, que conforme vamos avanzando como sociedad, las mujeres aspiramos a presidir cualquier tipo de órgano, no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
-¿Cualquiera de las cuatro ministras tiene perfil para ser presidenta de la Corte?
-Por algo están en la Suprema Corte.

Perfil de la magistrada-consejera Lilia Mónica López Benítez:

-Profesora por la Escuela Nacional de Maestros
-Licenciada en Derecho por la UNAM
-Maestra y Doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
-Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana
-Jueza de Distrito
-Magistrada de Circuito
-Presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras 2017-2019
-Presidenta del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal 2010-2012
-Consejera del Consejo de la Judicatura Federal.