Rectifica Tribunal Colegiado

Justicia
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El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México ha rectificado y reactivado la suspensión para que el periodista que esto escribe pueda seguir su defensa en libertad y tenga garantizada su presunción de inocencia.
Durante las vacaciones del pasado diciembre, dicho tribunal apresuró el proceso y emitió un acuerdo que los abogados Héctor Rojas y Esteban Flores consideraron ilegal porque cerró el expediente y determinó que procedía la aplicación de la sentencia, sin tomar en cuenta que todavía está pendiente el Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como juez y parte, el mismo tribunal desechó amparo que combatía su irregular acuerdo.
Ahora, ha resuelto renovar la protección para el periodista, en el entendido de que no se puede saltar al máximo tribunal; y ha dado vista al juzgado primero de distrito de procesos penales para que emita el acuerdo correspondiente y lo haga del conocimiento de las diversas autoridades.
El expediente del proceso penal que empezó en 2012 ha registrado graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, hasta llegar al error jurídico que de ser corregido le permitiría al periodista, quien ha sido declarado dos veces inocente, dejar atrás la pesadilla de la injusticia.
Ya se interpuso el Recurso de Revisión y va en camino hacia la Corte.
“Consecuentemente, se ordena remitir el original de este expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo cuaderno de antecedentes que se forme, así como el escrito por el que se interpuso Recurso de Revisión”, dice oficio firmado por el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías.
La defensa también presentó argumentación adicional en tiempo y forma, con la finalidad de subrayar todas y cada una de las graves violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y la Constitución.
Correspondería a la presidencia de la Corte, a cargo de la ministra Norma Piña Hernández, determinar si el máximo tribunal admite o no el recurso. De ser aceptado, se nombraría ministro o ministra ponente para entrar al fondo del caso y elaborar propuesta de resolución que se pondría a consideración, para su análisis y votación, de los integrantes de la primera sala que preside el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La historia con antigüedad de10 años, tiene su origen en la acusación que se cayó por graves contradicciones y mentiras sobre supuesto acoso y abuso sexual. Hubo dos resoluciones de inocencia de distintos juzgadores. De haber actuado con parcialidad o tratado de favorecer al periodista, los hubieran exhibido y hasta pedido su destitución como ha sucedido en otros casos.
No hubo ninguna protesta en ese sentido y aun cuando la notificación se hizo de manera personal para las partes involucradas, nadie apeló en el tiempo establecido para ello.
El caso fue reabierto por amparo presentado fuera de tiempo y admitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que pone en evidencia el error jurídico que debe ser corregido para que prevalezca la sentencia de inocencia, conforme a Derecho.
A fin de dar cumplimiento cabal al principio de definitividad, tres meses antes de la apertura del expediente, el propio séptimo tribunal había resuelto por unanimidad, que no aceptaría inconformidades fuera del plazo establecido.
Sin embargo, admitió indebidamente juicio de amparo y, se cometió el error jurídico, que no prescribe y debe de ser atendido.
Ahora, el turno es de la SCJN, para decidir si acepta o no Recurso de Revisión presentado por el periodista.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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