Poder legislativo

Habían pedido velas para el pastel, como en los tiempos previos al Coronavirus, cuando el festejado o festejada podía medir la fuerza de su soplido. El momento para que uno de los bromistas se colocara estratégicamente atrás del cumpleañero y en la primera oportunidad empujarle la cabeza haría el merengue, en la acostumbrada “mordida”.
A nadie le importaba que con el soplido, gotas de saliva fueran al pastel y mucho menos que con la cara impactada en el merengue, quedaran rastros de sudor o hasta de un cabello. La insalubridad, lo de menos; lo importante era la celebración, las risas por el improvisado payaso o mimo con la cara blanca, rosa, azul o del color que fuera la crema.
Otros tiempos. La pregunta de hoy: ¿y para qué las velas? Nadie va a querer que las enciendan y si las encienden nadie va a querer que las apague, por el riesgo de contagio viral. La “mordida”, descartada. Cero voces clamando ¡mordida! ¡mordida! Palabra prohibida, salvo que alguien tenga la idea de echar a perder el pastel o que nadie coma.
Las velas se encendieron, empezaron a cantar las mañanitas. Vendría el soplido. El reducido grupo expectante. ¿Cómo las apagará? Pronto vino la respuesta. Levantó el brazo derecho (¿sería conservador?), extendió la palma de la mano, una especie de abanico, empezó a moverla de izquierda a derecha, cada vez con más rapidez, energía limpia, viento eólico, hasta extinguir el fuego.
Obligada creatividad por el Coronavirus, nueva forma para apagar el pastel, aunque nunca faltará el obstinado y necio, como en la política, que quiere hacer las cosas a su manera, para acabar con el fuego de un soplido, con todas sus consecuencias.
Y a propósito de la política, de las cámaras legislativas, de los diputados y senadores, ¿Cómo se van a sentar en sus curules y escaños? ¿habrá sana distancia? ¿tendrán espacio en sus salones plenarios para que aplique la sana distancia? ¿se van a saludar de mano? ¿evitarán en beso en la mejilla? ¿habrá quienes se atrevan a darse un abrazo? ¿usarán cubrebocas? ¿guantes? ¿careta? ¿pruebas médicas rápidas para detectar con oportunidad al contagiado, si es que alguno tiene esa mala fortuna? ¿tendrán gel antibacterial a la mano para limpiar sus lugares? ¿utilizarán el botón electrónico, que también puede ser contaminante o preferirían votar con el brazo levantado? ¿organizarán conferencias de prensa con un cerco plástico? ¿manejarán sus autos o utilizarán al chofer para llegar a los recintos legislativos?
La normalidad ya no será la misma a la que estaban acostumbrados. El Coronavirus tiene predilección por los de la tercera edad, aunque nadie está exento de ser contagiado.
México necesita que todos empiecen a cumplir su trabajo y a los legisladores, en particular a los de la mayoría, ya se los dijeron y pidieron desde Palacio Nacional.

La senadora Mónica Fernández Balboa tiene razón, la ley va por delante, no puede ni debe supeditarse a un acuerdo o arreglo político. Desdice del lugar donde se hacen las leyes. En el poder legislativo sobran ejemplos de lo que sucede cuando un grupo parlamentario pierde el mínimo de cinco integrantes. Deja de ser visto de esa manera y sin prerrogativas como colectivo, presupuesto.
En otras legislaturas, para conservar el beneficio, lo que han hecho grupos parlamentarios cuando uno o dos de sus compañeros se van, para recobrar la quinteta, cabildean y piden el apoyo de otras fracciones, préstamo de diputados o senadores que le faltan. Ese ha sido el camino tomado para evitar incumplir el marco legal.
Argumentar que el PRD y PES empezaron con cinco miembros y que por lo tanto podían conservar su etiqueta de grupo parlamentario, fue un exceso, con el que los coordinadores estuvieron de acuerdo. De lo contrario, hubieran protestado en su momento.
Llegaron a un arreglo y todos calladitos. Las minorías, la oposición, se miraron en ese espejo, no descartaron vivir una situación similar (el mundo da vueltas) o se convencieron de que concedían un favor que después podrían cobrar. La mayoría en el Senado, Morena, creyó que tendría amarrado el voto de los beneficiados, en particular del PRD, porque en el caso del PES, sus integrantes saben a quien le deben estar en esa Cámara.
El acuerdo o arreglo se quebró porque el PRD no ha jalado con Morena en el momento más crítico del grupo en el poder. Ha preferido formar bloque con la oposición.
La mayoría concluyó que ya no le servía darle vida como grupo al PRD. Para no dejar huella de que la medida era una represalia, le aplicó la misma receta a sus aliados de Encuentro Social.
Para la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senadora Mónica Fernández Balboa, fue sencillo desconocerlos como grupo, aplicó la ley. Como ella dijo, “ningún acuerdo ni arreglo puede estar por encima de los ordenamientos legales”
Argumentar que se pierde pluralidad, resulta exagerado, porque quienes dejan de pertenecer a un grupo, pueden quedarse con la camiseta puesta, la de opositores y votar en ese sentido.
La lógica y la ley dicen que el anuncio de la senadora es irreversible, aunque en política, ya lo hemos visto, hay quienes son capaces de vender su alma al diablo con tal de recuperar privilegios.

Como a muchos, a diputados y senadores se les ha acumulado el trabajo, por la emergencia provocada por la pandemia. La videoconferencia o comunicación virtual no ha sido suficiente para ponerse al día, pero tendrán que perfeccionarla, para hacerla más ágil, efectiva y poder legislar en circunstancias adversas como las que vive el mundo.
El recurso de las nuevas tecnologías debe volverse práctico, para que el trabajo no se paralice ni aumente el rezago. Hay pendientes que no se pueden posponer, porque tienen tiempos fatales.
Hay que sacarle provecho al uso de la comunicación virtual, es el futuro; adecuar el reglamento de operación legislativa, no rehuirle a la modernidad.
Si ya hay empresas que empiezan a considerar como opción el trabajo en casa, los legisladores no se pueden quedar atrás; para casos de emergencia o por cualquier otro motivo extraordinario, en principio.
El tiempo no se detiene. Es cierto que hay un “reloj legislativo”, que se ha podido ajustar para salvar plazos fatales, términos legales, pero no funciona en todos los casos, salvo que se quieran correr riesgos de operación en instituciones claves para el país y su democracia.
Por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene pendiente elegir cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Se retrasó el procedimiento por el Coronavirus, entendible y justificable. Ingrediente extra es que 12 aspirantes eliminados se inconformaron con la fase tres de evaluación (examen escrito de conocimientos electorales), entre ellos Jorge Alcocer, titular de asesores en la Secretaría de Gobernación.
Faltan entrevistas a 60 seleccionados (30 hombres y 30 mujeres), integración de cuatro quintetas y votación del pleno de diputados (dos terceras partes de los asistentes).
El Consejo General del INE ha venido funcionando con siete consejeros y hay quien cree que así puede seguir y que hasta podría considerarse comprimir este órgano electoral. El argumento es muy frágil, porque hay tiempos y una ley que se debe cumplir.
Elecciones en el 2021 y el llamado año electoral, por ley, empieza el próximo septiembre, para armar la organización de la contienda. Entonces, apenas alcanzaría para cumplir con lo que marca la legislación, no para cambiar reglas del juego.
Antes de septiembre, el INE tiene que atender diversas tareas, que de no hacerlo, producirían un efecto domino, que terminarían por desajustar otras funciones.
Definir si hay o no organizaciones que hayan hecho lo indicado por ley para obtener su registro como partido y competir en las elecciones del próximo año.
También organizar las elecciones locales de Hidalgo (alcaldes) y Coahuila (diputados), que se pospusieron por la misma emergencia. Se realizarían a finales de julio o en las primeras semanas de agosto.
Por ley, antes de octubre, tendría que culminar el proceso de elección de 46 consejeros de Organismos Públicos Locales (Oples) en 18 estados. Y para poder elegirlos, se requiere el voto de al menos ocho consejeros del Consejo General del INE (en este momento hay siete).
Pendientes insoslayables con tiempo de caducidad.

En México es sabido, no público, que hay empresarios muy poderosos, con mucho dinero, que se cuidan para no ser espiados. Tienen una especie de búnker impenetrable para micrófonos de cable e inalámbricos, donde la señal de teléfono no sale ni entra. En ese espacio no se reúnen todos los días, solo cuando realmente van a tratar un asunto de estrategia fundamental para su negocio.
¿A quién le puede interesar espiar a un empresario?
Puede ser a cualquiera de sus competidores, a funcionarios de gobierno, a oficinas dedicadas a la seguridad.
Por supuesto que para tener un búnker, hay que invertirle una buena lana. Son contados los que pueden hacerlo. Seguro que es redituable, no tienen que preocuparse de que gente ajena o adversarios se enteren de sus planes empresariales u opiniones sobre lo que sucede en México.
En ese sentido, el espionaje los tiene sin cuidado.
No sucede lo mismo en la política, a más de un servidor público le han grabado una conversación y hay pláticas que se han hecho públicas.
A Luis Donaldo Colosio Murrieta lo espiaron y él pudo comprobarlo. El día que solicitó a su equipo que revisaran su oficina en la Secretaría de Desarrollo Social, encontraron un micrófono. Colosio no hizo escándalo ni presentó alguna denuncia. También sus colaboradores guardaron discreción. Sospecharon de todos, nunca tuvieron la certeza de quién o quiénes lo espiaban. Podría haber sido alguno de los que competían por la candidatura presidencial o gente del mismo gobierno, que quería estar enterada de cada uno de sus dichos privados.
Desde ese momento, Colosio ordenó acciones preventivas antes de ocupar alguna oficina. Personal especializado inspeccionaba minuciosamente, cada uno de los rincones, del sitio donde trabajaría. Nunca más volvieron a encontrar micrófonos ni nada que se le pareciera.
En la actualidad existe la versión de que los sistemas de espionaje son más sofisticados, por el avance de las tecnologías y la digitalización. Al menos en las películas se ve que pueden espiar desde un satélite, al que quieran. También existen los drones para ese mismo propósito.
Hace más de dos décadas, recuerdo que un senador me pidió que nunca le hablara por teléfono. Las conversaciones siempre fueron en persona y en lugares que consideraba seguros. A la distancia, por lo que ahora trasciende, está claro que era justificado su temor.
En la actual legislatura, en el Senado, los panistas descubrieron micrófonos en su sala de juntas. Los morenistas están convencidos de que se trata de un montaje. Veremos que encuentra la Fiscalía General de la República.
Por lo pronto, van a tener más trabajo los expertos que se dedican a detectar si un determinado lugar está siendo espiado.

La próxima elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ha desatado una batalla porque muchos dan por hecho que los cuatro van a estar identificados con Morena.
De acuerdo con la convocatoria, al menos dos van a ser mujeres, es el piso mínimo, pero pudiera darse la sorpresa de que sean cuatro. El diputado Porfirio Muñoz Ledo ya lo planteó en el pleno de la Cámara de Diputados, está a favor de que las cuatro sean mujeres.
Hay que esperar a ver quiénes se inscriben para participar en este proceso. Lo que es un hecho es que Morena cuenta con los aliados o votos suficientes para imponer la cuarteta que más le convenga.
Es lo más probable que ocurra, el partido en el poder no va a desperdiciar la oportunidad de seleccionar perfiles que sean más afines con su proyecto. No es nada nuevo ni nadie debe sorprenderse si así sucede. Lo mismo se hacía cuando el PRI o en PAN estaban en el poder.
Sin embargo, el hecho de que los consejeros tengan la etiqueta de uno o dos o tres partidos, no significa que puedan influir en el resultado de las elecciones federales. El ganador de una elección, no lo determinan los consejeros. El es voto de los ciudadanos, de los que acuden a las urnas.
Incluido el consejero presidente, no suman más de 11 votos. En definitiva, no es en el Consejo General del INE, antes IFE, donde se decide quién gana y quién pierde la elección.
Si así fuera, el PRI nunca hubiera perdido la presidencia y el PAN hubiera conservado más tiempo el poder.
En otras palabras, aun cuando los 11 consejeros pueden estar identificados con Morena o cualquier otro partido, de ninguna manera significaría el fin de la pluralidad. Por supuesto que no estaría garantizada la permanencia de Morena en el poder. La camiseta que traigan puesta los consejeros no es lo sustancial en el resultado de una elección. La última palabra la tiene el voto de la sociedad.
No hay para qué desgarrarse las vestiduras por la elección de cuatro consejeros. Además, Morena sabe que no es lo más conveniente para sus aspiraciones repetir prácticas del pasado, que tanto ha criticado.
Morena tiene el poder en este momento y si quiere conservarlo no es con cuatro, seis u once consejeros afines.
Lo que cuentan son los hechos, las acciones de gobierno que deben beneficiar a la población.
Es lo que hace que la sociedad vote por uno u otro candidato. Más vale a Morena, y a todos los partidos, tenerlo siempre presente.

Si es el Poder Ejecutivo quien finalmente presenta las nueve iniciativas en materia de reforma judicial, corresponderá firmarlas al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la responsabilidad política recaería sobre todos los que defienden la llamada Cuarta Transformación.
El presidente las puede firmar, pero en los hechos hay otros autores, su equipo jurídico.
Sería interesante saber si ya estaban firmadas las que iban a presentar el 15 de enero en el Senado.
Si ya estaban firmadas, estuvieron a punto de embarcar al mandatario, por los excesos detectados en la propuesta, relacionados con la presunción de inocencia y el arraigo ampliado hasta para delitos electorales, entre otras observaciones.
La experiencia de Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, fue determinante para evitar un grave error. Apenas tuvo los documentos en sus manos, los mandó revisar. Cuando el fiscal Alejandro Gertz, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el consejero Julio Scherer llegaron al edificio de Reforma e Insurgentes, el zacatecano los esperaba con sus alertas.
Julio tampoco estaba convencido de la propuesta que presentaría el fiscal.
Una hora antes de la conferencia, concluyeron que Monreal tenía razón y se pospuso la presentación. El fiscal general de la República se concretó solo a realizar un esbozo de lo que viene.
Seguro que en ese freno de última hora mucho tuvo que ver el senador Germán Martínez Cázares. No es ningún secreto su especialidad como abogado, egresado de la Universidad La Salle. Tiene la escuela de grandes juristas del PAN. Germán militó en Acción Nacional, partido que siempre se ha caracterizado por sus abogados de primer nivel.
La actitud asumida por Monreal al advertir fallas en lo planteado, es normal, en el entendido de que senador pertenece a la Cuarta Transformación y como tal tiene el deber de cuidar y defender lo que haga el grupo gobernante. Es lo que hizo y se dejó para después la presentación de la reforma judicial, para corregirla.
Ahora, después del fallido anuncio, miles de ojos, dentro y fuera de Morena, estarán atentos a las nueve iniciativas, porque nadie quiere pasos hacia atrás en la impartición de justicia.
Ricardo Monreal se ha significado por ser político que tiene como prioridad el consenso. Sabe que ninguno de los involucrados pueda quedar fuera del análisis y la consulta.
Más vale que los legisladores se tomen su tiempo para depurar y mejorar las propuestas.
El tema es tan delicado y trascendente que en ningún modo cabe el dicho de que las nueve iniciativas se aprobarían sin quitarles una coma.

La dirigente nacional del Morena, Yeidckol Polevnsky, no ha encontrado la fórmula de darle paz, orden y dirección a su partido. Sus principales batallas, desde que ganaron la elección presidencial, han sido internamente. Los pleitos se han multiplicado, sobre todo por los apetitos de poder de quienes aspirar a encabezarlo. Por esa ambición sin medida, han llegado a desoír la sugerencia de su principal líder para que la competencia se resuelva a través de la encuesta.
Está a la vista la rivalidad que existe entre los distintos grupos que aspiran a controlar su organización. Yeidckol se ha convertido en juez y parte desde su posición de secretaría general. Como formalmente también quiere la presidencia, compite con los demás candidatos, con su compañera Bertha Luján, el diputado Mario Delgado y Alejandro Rojas, suplente del senador Ricardo Monreal.
La posición del partido es clave para quienes trabajan y hacen planes con miras al 2024. Es lo que está en el fondo. No es ningún secreto que Monreal tiene proyecto en ese sentido. También Marcelo Ebrard. Juegan sus cartas, el canciller cuenta con el diputado Delgado. Yeidckol se mantiene en la secretaría general porque tiene a su favor la simpatía presidencial, pero se le puede agotar el beneplácito si no endereza pronto al partido. Bertha es consejera nacional de Morena y su hija Luisa María Alcalde es la Secretaria del Trabajo, forma parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que las dos mujeres candidatas estarían más en el ánimo del tabasqueño.
Sin embargo, el refuego no para entre los grupos y esta vez está en medio la senadora sonorense Lilly Téllez. La llamada Comisión Nacional de Justicia y Honestidad de Morena trató de quitarle un voto a Monreal, sacarla de la bancada con el argumento de que sus expresiones son contrarias a las fijadas por el partido, en el aborto, por ejemplo.
Lo que consiguió la comisión fue fortalecer los lazos políticos de Lilly con el coordinador de su grupo en el Senado. Además, exhibirse como un ente opuesto a la libertad de expresión.
De ese tamaño es el pleito interno, se ignoran hasta preceptos constitucionales con tal de afectar o fastidiar al de enfrente.
Como era de esperarse, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación le ha dado la razón a la senadora sonorense.
No consiguieron aislar a Lilly Tellez, hicieron crecer su imagen política, por lo que, si quisiera, podría competir por su estado, por la gubernatura, aunque ella ya se descartó.
Sin embargo, su voto a favor de alguno de los contendientes por Sonora, podría marcar diferencia y darle el triunfo.

Como están las cosas en México, el Senado debe tener el mayor cuidado en la selección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), asegurarse que de verdad tenga el perfil para hacer cumplir la ley, que no dude cuando tenga que intervenir ante presiones e intereses que nunca faltan; siempre a favor de los justo y conforme a Derecho.
Ha llegado el tiempo de acomodar piezas, de hacer precisiones, para que no se repitan errores que lastiman, personas y familias; evitar a quienes solo buscan sacar provecho personal al puesto.
Por eso es importante recordar experiencias, citar hechos que puedan ayudar a tomar la mejor decisión a integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Alta.
No más Ombudsman indecisos como Raúl Plascencia que dudaba sobre lo que debería hacer en el caso de los jóvenes del Tecnológico de Monterrey, si ceder a presiones para ignorar la magnitud de lo sucedido o proceder con estricto apego a la ley.
Estaba en esa disyuntiva, temía el desgaste de su imagen en los medios, porque no quería ver afectada su aspiración para reelegirse. Su objetivo era conservar el cargo un periodo más.
Se le dijo que lo correcto era aplicar la ley y, en el trágico episodio del Tecnológico, lo hizo.
Afanosamente buscó la reelección, no lo consiguió.
Inconcebible que un defensor de los derechos humanos pierda de vista su principal objetivo: defender los derechos humanos. Peor que le de un manejo político a su actuación y emita resoluciones que crea van a fortalecer sus aspiraciones, sin importar el daño que esto pueda ocasionar.
Ahora, en la lista de aspirantes a la presidencia de la CNDH se encuentra Luis García López Guerrero, quien fuera primer visitador, brazo derecho y protegido de Raúl Plascencia.
Luis fue ambiguo en un episodio, supongo que por instrucciones de su jefe, para “cuidar” la reelección.
El titular de la comisión estaba fuera del país. Por protocolo, entonces García tenía el papel principal.
Utilizó su autoridad para presionar y obligar a un subordinado para que se disculpara, en términos generales, por algo que nunca cometió. El empleado jamás aceptó nada. En vez de procurar la verdad, Luis García López Guerrero se acomodó a los intereses de quien quería reelegirse, actuó con ambigüedad y el conflicto creció. Por eso, de ser necesario, el afectado reta a Luis a la prueba del polígrafo.
Alguien que pretende ser Ombudsman no puede ni debe tener en su pasado comportamientos parciales o dudosos, que han lastimado vidas, al proceder como “defensor” de los derechos humanos.
Por eso la importancia de que los senadores revisen a fondo expedientes de quienes aspiran a presidir la CNDH.

El tiempo avanza y hasta la fecha todavía no cuaja la propuesta para reformar la ley electoral. El diputado promotor de la reforma y militante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna ,empezó con mucho empuje en la organización de foros para escuchar a involucrados en el tema, a magistrados, consejeros federales y locales, académicos, expertos, a todo el que tenga algo que aportar, pero todavía no hay nada concreto en el actual periodo ordinario legislativo.
Además, las ideas originales han perdido fuerza, porque se han topado con la realidad. Por ejemplo, la intención de acabar con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Consejeros locales de los distintos estados han podido probar que se justifica su existencia.
También ha venido desvaneciéndose la pretensión de restarle al financiamiento de los partidos políticos. Ni siquiera se ha cumplido la supuesta disposición de algunos de ellos para regresar de manera voluntaria al erario parte de sus recursos. Ofrecimiento incumplido.
Queda la impresión de que la mayoría legislativa lanzó las propuestas sin realizar una mínima valoración del funcionamiento de la estructura electoral. Animada solo por el hecho de su aplastante triunfo en las elecciones del 2018.
La propia realidad se ha encargado de ubicar a los involucrados. Evidente que partir otra vez de cero en materia electoral, no era ni es lo correcto. Hay que aprovechar lo avanzado, lo que funciona, la experiencia y capacidades del personal que trabaja en los órganos electorales.
A estas alturas, ya no se ve esa gran reforma anunciada en un primer momento. En todo caso, una modificación selectiva, tiros de precisión, ajustes para perfeccionar el aparato y ponerlo en sintonía con la austeridad.
La prisa se esfumó. No hay indicios de que la reforma vaya a ser aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones. Menos, cuando el líder de la mayoría, Mario Delgado, ocupa parte de su tiempo a competir por la dirigencia de su partido, donde hay demasiados roces internos.
La reforma electoral no tiene clasificación prioritaria. Es un tema que ya no se ha tocado en Palacio Nacional.
Por lo pronto, hay que dar por hecho que los OPLE van a seguir y no hay nada seguro sobre reducir el financiamiento de los partidos o disminuir el número de integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Quizás, por esa pérdida de gas de las propuestas morenas, en la sede nacional del INE ya no están tan nerviosos como cuando se dieron a conocer a través de los medios.
Ha vuelto a ponerse sobre la mesa morena el argumento: “si en 2018 se ganó por amplió margen con estructura y normatividad electoral vigentes, entonces para qué cambiarlas”.

En países democráticos, las mayorías son las que mandan, las que deciden lo que debe hacerse, las que deben valorar lo que más conviene, actuar con apego a la razón y a la ley.
Las minorías tienen que entender que ya no cuentan con los votos para imponer criterios y mucho menos pueden esperar que sus argumentos sean retomados al pie de la letra por la mayoría.
Acabo de ver dos actitudes en la Cámara de Diputados que exhiben tanto a la minoría como a la mayoría, a la hora de presentar el dictamen de la Comisión de Educación sobre las leyes secundarias.
La lectura la hizo la presidenta de la comisión Adela Piña Bernal. Hubo voces opositoras que se atrevieron a decir que el documento no representaba la voluntad de la comisión.
El dictamen, por supuesto que era la voluntad de la comisión, porque el voto de la mayoría en la comisión, así lo había decidido. El voto de la minoría no puede alcanzar esa representación, es imposible. Quizás la actitud, al menos de las diputadas que interrumpieron desde sus lugares la lectura del dictamen, se debía a que estaban acostumbradas a los tiempos en los que sus partidos eran gobierno y mayoría legislativa, ya no lo son. Querían que su palabra fuera atendida como cuando tenían el poder.
Debe ser difícil para quienes ostentaban el poder, ahora tener que aguantar, porque no les gusta, que una nueva mayoría determine e imponga su voluntad. Es regla en la democracia, la mayoría manda.
Sin embargo, el simple hecho de ser mayoría no concede el derecho de ignorar protocolos y normas, como se hacía en tiempos pasados. No era lo políticamente correcto y fue uno de los desaseos de los gobernantes que terminó por hartar al pueblo y llevarlo a la alternancia que hoy hay en México. La imposición no es bien vista por el pueblo.
Por eso, si quienes ahora tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, repiten vicios que se pensaba serían superados con la nueva realidad política, van a ir deteriorando su imagen, cavando su tumba, como ocurrió con sus antecesores.
Avasallar, pisotear protocolos y reglas, desdora la democracia. No le ayuda a la nueva mayoría en la Cámara de Diputado pasar por alto el reglamento legislativo, desconocer tiempos y aprobar sus proyectos Lo hicieron con las leyes secundarias educativas y eso deja huella.
Las minorías no deben perder de vista que son minorías. Y la nueva mayoría, actuar como nueva mayoría, no como lo hacían anteriores mayorías.

Cerrar el palacio legislativo de San Lázaro se ha convertido en una práctica sencilla para profesores que pertenecen a la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Lo hacen a pesar de que tienen representación en el Congreso, al menos 19 diputados forman parte de esa organización y otro tanto son simpatizantes, para un total de 40, de acuerdo con cifras divulgadas por Iran Santiago Manuel, legislador y ex líder de la sección 22.
Un solo diputado bastaría para que defendiera sus puntos de vista e intereses en la tribuna de la Cámara, para que cabildeara con sus iguales y tratara de convencerlos de sus propuestas. Pero no es uno, sino 18 más que pertenecen a la coordinadora.
Entonces, ¿por qué o para qué se apoderan y cierran los accesos al recinto de San Lázaro?
¿Qué no lograrían más si sus compañeros diputados se ponen a trabajar e incluso hasta realizar una protesta al interior en caso de que no les hagan caso?
Con esa representación que tienen dentro del mismo poder legislativo, no tiene lógica que sigan los cierres. Hace suponer que existe otro motivo, el manejo político del movimiento magisterial, que tampoco debe ser gratuito, aparentemente contra el nuevo grupo en el poder, aunque en el fondo confunde, distrae y debilita a los que hoy son oposición.
Por eso la mayoría legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no se espanta ni se angustia con esas acciones, por eso la tolerancia a que se lleven a cabo.
Quizás también por eso la diputada morenista Tatiana Clouthier, cuestionó la falta de experiencia de la nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, quien no se vio ni serena ni firme ante el desconcierto provocado por el cierre de accesos. Era su primer sobresalto, la primera prueba. Finalmente la libró, seguro que aprendió que nada es casual y estará preparada para la siguiente.
Sin embargo, hay una parte de la población legislativa que es ignorada y que de manera recurrente sufre las consecuencias cuando los maestros o cualquier otro grupo bloquea las entradas. Son los trabajadores. Cientos de ellos tienen que aguantar no poder salir del recinto.
Me tocó ver la operación de los activistas de la CNTE en estos días septembrinos y la desesperación de trabajadores por no quedar atrapados; madres que tienen que ir por sus hijos a la escuela o a una cita médica; otros que salen a comer sus tortas o tacos, porque adentro la comida les sale más cara; muchos porque temen la prolongación del cierre, más allá del horario establecido, y visitantes que ven alterados sus planes del día.
Gente que siente vulnerada su derecho de libre tránsito, retenida de manera indebida y que a diputados parece no importarles.
Cuidan que no se toque y mucho menos reprima a manifestantes -aunque violen alguna ley- e ignoran a trabajadores atrapados.