Tarea de Senadores y Diputados

Poder legislativo
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Ahora que está en curso la reforma judicial, hay episodios de los que se puede aprender para contribuir a perfeccionar leyes. Lecciones de vida del México real que exhiben la impartición de justicia.
Por ejemplo, cuando en un episodio procesal interviene más de una docena de juzgadores, más que los 12 integrantes de un jurado en los Estados Unidos. En el procedimiento del país vecino los 12 se enteran al mismo tiempo del caso. En México los juzgadores que participan al final, por razones humanas y carga de trabajo, no tendrían tiempo pare revisar el contexto y menos el detalle de 10 mil fojas. Ni el proyectista que elaboraría la propuesta de resolución alcanzaría a revisar a fondo el expediente.
¿Por qué una hilera de más de 12 juzgadores para un solo caso? ¿Por qué reabrir un episodio que estaba resuelto? ¿Por qué desestimar el trabajo de los primeros juzgadores, que desahogaron pruebas, testigos y encontraron contradicciones, paso a paso? Estaba demostrado el origen falaz de la imputación.
De haber incurrido en alguna falla esos primeros juzgadores en un tema de abuso sexual, habrían enfrentado, mínimo, la solicitud de su destitución y hasta el reclamo de su encarcelamiento por presunta complicidad con la persona exonerada. Escándalo mediático contra jueces como sucede y ha sucedido cuando se observan deficiencias. Nada. No los cuestionaron, porque seguramente había consciencia de que la sentencia estaba fundada y sin desatender el criterio de género.
Para quienes conocen la materia, tienen a la vista el empecinamiento de una de las partes de ganar el juicio al precio que sea. Encontrar al juzgador que le favorezca o sorprender su buena fe para revertir la resolución inicial. Echar mano de recursos extraordinarios, extraños, opacos, presionar.
Y la parte que sabe que ha podido probar su inocencia, lo único que pide es actuación conforme a Derecho. Imparcialidad y verticalidad, valores que por ley y convicción deben caracterizar a cualquier juzgador.
Si se llegó al extremo de considerar el beso en la mejilla como abuso sexual, del juzgador se puede esperar lo que sea. Admitir acusaciones que en una reconstrucción de hechos serían de imposible realización. Aceptar no la primera, no la segunda, sino la tercera declaración, porque es la que daña, no importa que haya contradicción. No se dan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Los supuestos sucesos son en lugares públicos, tan públicos como lo sería el restaurante familiar Sanborns.
El caso está en el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito (179/2019) y a tiempo para que se proceda como siempre se debe proceder, con estricto apego a Derecho. Es un proceso que invita a organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, senadores, diputados, académicos, juzgadores, estudiosos del Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ITAM, CIDE, Escuela Libre de Derecho, Universidad Panamericana, barras y colegios de abogados y sociedad en general, a estudiarlo y darle seguimiento, porque por ningún motivo se justifica encerrar a gente por capricho o por odio.
Es el México real que no se puede ni debe ignorar a la hora de legislar. Fundamental mirar más allá del escritorio, curul o escaño. Lo requiere la reforma judicial que va a entrar en la fase del estudio de las leyes secundarias.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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