El trágico episodio de marzo de 1994, cuando le quitaron la vida a Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas, Tijuana, dejó una lección imborrable para medios y periodistas.
Cada vez que había cobertura mediática en la frontera norte, no solo de campañas de candidatos sino sobre actividades de cualquier institución o secretaría, los comunicadores aprovechaban la cercanía del suelo norteamericano para ir a las llamadas “compras de pánico”.
Los mismos encargados de prensa de las instituciones oficiales facilitaban la fugaz visita a los Estados Unidos. Conseguían de esa manera congraciarse con los representantes de los medios. Todos contentos. Había cobertura informativa y compra de “fayuca”.
Así que no fue nada extraordinario que, en la campaña de Colosio, una vez en Tijuana, en el atardecer, cuando se daba por hecho que en el último acto del día del candidato presidencial ya no ocurriría nada relevante, grupo de informadores realizara viaje a San Diego.
Consecuencia de esa experiencia, desde entonces, ni reporteros ni fotógrafos, ni camarógrafos se desconectan de los actos asignados. La cobertura es de principio a fin.
En el contexto de lo que llaman “intercampañas”, que pudieran justificar el comportamiento de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, cada una por separado, viajó al Vaticano para visitar al Papa Francisco. Lo hicieron en sigilo, sin avisar a sus respetivas fuentes o reporteros y reporteras que están pendientes de sus actos, todos los días.
Cuando los periodistas que siguen a Xóchitl se enteraron del viaje a Roma de la familia Gálvez, la candidata había cumplido su objetivo.
Algo parecido sucedió con Claudia Sheinbaum. Ya estaba en el Vaticano cuando trascendió la información.
Cierto que se trataba de reuniones privadas y que por lo mismo no habría acceso para periodistas. Los comunicadores, sin problema, podrían haberse quedado afuera, en espera de la candidata.
Además, es muy probable que la cobertura hubiera sido muy reducida, porque no todos los medios disponen de recursos para financiar viajes internacionales de sus reporteros.
Lo que no es aceptable de quienes buscan la máxima difusión dentro de su aspiración a gobernar México, es este tipo de acciones sigilosas en el tránsito hacia la cita con un personaje mundial.
El que tengan a periodistas cerca de sus actos, aunque no lo vean así ni sea la finalidad, se convierte también en un cinturón de seguridad y se cumple con el compromiso de transparencia e información.
La presencia de los periodistas es fundamental. Lo saben Maximiliano Cortázar Lara, quien tiene amplia experiencia como comunicador oficial panista. Igual César Yáñez, quien se acaba de incorporar al equipo de Claudia. César fue vocero de Andrés Manuel López Obrador en sus etapas de candidato y jefe de gobierno en la Ciudad de México.
Seguro que a más de un compañero le reclamaron en su redacción que no se haya enterado con oportunidad de ese viaje. En lo sucesivo tendrán que poner en todo lo alto sus antenas, estar alertas para que no los vuelvan a sorprender con viajes o reuniones inesperadas.
En esta ocasión las reuniones de las candidatas con el Papa las difundieron las propias candidatas y sus equipos, cobertura restringida que nunca será lo mejor para el periodismo libre.
Ojalá no se repita en las campañas que arrancan el 1 de marzo.

¿Por qué deben votar los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero? ¿Pueden hacer diferencia en el resultado de la elección presidencial?
No hay que perder de vista que hay más de 12 millones de connacionales en el exterior.
De ese total, en números redondos, millón y medio ya tiene credencial de elector del INE.
Por supuesto que ningún partido, candidata o candidato, desdeñaría millón y medio de votantes.
No olvidar que, en 2006, cuando se cerró la votación entre el primero y segundo lugar en la elección presidencial, la diferencia fue menor al uno punto porcentual, 244 mil votos.
Para cualquiera de los contendientes hubiera sido ideal haber sumado a la población de electores que vive en el extranjero.
No ha sido sencillo atraerlos, la participación hasta ahora ha sido limitada. Para este año se espera superar la cifra de 160 mil votantes.
Pareciera que a los mexicanos residentes en el extranjero no les interesa participar, aun cuando las autoridades electorales del país se han esmerado en facilitar su votación, porque lo pueden hacer de manera presencial en los consulados, vía postal o por internet.
¿Por qué deben votar los mexicanos y mexicanas que residen en el extranjero en la próxima elección presidencial?
¿Por qué les conviene votar?
De acuerdo con el consejero electoral Arturo Castillo, los que viven fuera del país, tienen familia en México.
Entonces quien resulte electo o electa gobernará para sus familias, por lo que deberían de procurar elegir a quien consideren mejor opción.
Además, hay mexicanos que viven en el extranjero y tienen negocios en el territorio nacional. Por este motivo es conveniente conocer o estar interesados en los planes económicos que ofrecen los competidores.
Y en relación con su entorno, también tomar en cuenta que el gobierno tiene que ver con el funcionamiento de los servicios en consulados y embajadas.
¿Harían diferencia en el resultado de la elección presidencial?
Los mexicanos residentes en el extranjero pueden votar en la elección presidencial y en la elección de senadores.
También lo podrían hacer en sus estados y distritos electorales, aunque en estos casos dependería de la normatividad local.
Por lo que se refiere a la elección presidencial, ya vimos que en 2006 se cerró la competencia entre el primero y segundo lugar, a menos de un punto.
En este 2024, prácticamente todas las encuestas dan amplia ventaja de dos dígitos a Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, en el caso del Senado, la situación es distinta. El voto de los mexicanos que residen en el extranjero podría marcar diferencia. Estarían ante la disyuntiva de contribuir a que el actual partido en el poder obtenga la mayoría calificada que requiere para llevar adelante diversas propuestas que modificarían la Constitución o de bloquearle el paso a esa aspiración y garantizar el papel de contrapeso a la oposición.
De cerrarse el resultado de la elección de congresistas, uno, dos o tres legisladores podrían ser la diferencia a favor de los objetivos de alguna de las partes.
Son elementos o razones que evidencian la importancia del voto de los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero.
A fin de empaparse del tema, cualquiera puede consultar la dirección en internet www.votoextranjero.mx . Están a tiempo para inscribirse y votar en junio próximo por la opción más conveniente.

Por unanimidad, el Consejo General del INE destituyó a la consejera presidenta del instituto electoral de Campeche Lirio Guadalupe Suárez Améndola.
Se comprobó que realizó actividades que no estaban dentro de sus atribuciones, en particular designar un encargado del Órgano Interno de Control del propio instituto, cuando por ley es competencia del Congreso Local.
Sin discusión, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, consejeras y consejeros aprobaron el proyecto de resolución de 82 páginas que precisa las infracciones a la ley cometidas por Lirio Guadalupe y las declaraciones de ella para justificar su actuación indebida.
Ahora el INE llevará a cabo en lo inmediato la designación de una presidenta o presidente transitorio. Se mantendrá en el cargo en tanto se realiza el proceso de elección del nuevo o nueva titular del Instituto Estatal Electoral del estado de Campeche.
Lirio Guadalupe también había sido acusada de tráfico de influencias.
Es el primer caso de este nivel y características que se registra en el año electoral 2023-2024.

https://arturozarate.com/32-ine2/855-piden-destituir-a-presidenta-del-ine-en-campeche.html

Justo en el contexto de la sanción que determinó el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) contra el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, por violencia política de género, presentó su renuncia Diego Enrique Ramírez García, titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de dicho organismo, con fecha del 1 de enero de 2024.
La Unidad Técnica Jurídica, a cargo de Ramírez García, propuso la aplicación de medidas cautelares contra el gobernador y el líder panista; fue puesta a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEG, integrada por dos consejeras y un consejero, que aprobó la sanción.
Se ordenó al gobernador y al dirigente que en lo sucesivo se abstuvieran de cualquier tipo de declaración sobre la precandidatura de Alma Alcaraz Hernández, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Resulta que Sinhue y Marko Cortés expresaron que Morena había “tirado la toalla” al nominar a Alma en vez de postular a Ricardo Shefield, ex procurador Federal del Consumidor, quien se venía promoviendo para competir por la gubernatura desde hace seis años.
La expresión “tirar la toalla” fue considerada por el IEEG como “violencia política de género”.
Sin embargo, el criterio utilizado por el instituto resultaría excesivo a la luz de la jurisprudencia 21/2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que especifica las condiciones que deben existir para que se pueda clasificar un hecho como violencia política de género.
En este caso, el IEEG se estaría extralimitando porque las expresiones del gobernador y líder panista no estuvieron dirigidas a Alma por ser mujer, sino a su partido que sacó de la competencia interna a Shefield, quien, por su activismo, se suponía era el principal aspirante de la oposición en Guanajuato.
Además, la medida aplicada por el instituto ha sido criticada por diversos especialistas en materia electoral y medios de comunicación, porque consideran atenta contra la libertad de expresión, ya que el IEEG pidió eliminar las expresiones del gobernador y dirigente de espacios digitales.
García Ramírez presentó su renuncia antes de que concluyera el 2023, con efectos a partir de 1 de enero.

Al partido Movimiento Ciudadano (MC) no le queda mejor opción que Dante Delgado para competir en la elección presidencial de 2024.
De sus cartas iniciales, solo sobrevive la que tiene su rostro. Las otras quedaron en el camino, por descartarse o porque les cerraron el paso. Luis Donaldo Colosio prefirió esperar la competencia de 2030. Enrique Alfaro decidió que lo mejor era permanecer en Jalisco a terminar su sexenio. Marcelo Ebrard se quedó como el perro de las dos tortas. Y Samuel García apenas si probó la precandidatura, presuroso regresó al gobierno de Nuevo León al ver que le podían tender una trampa sus adversarios, acusarlo de manejo irregular de recursos públicos para fines promocionales, como él lo hizo con su antecesor Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.
El sueño de que tendría candidato maravilla se esfumó.
Patricia Mercado, quien ya fue alguna vez candidata presidencial, se descartó en la primera oportunidad. Lo mismo hizo la ex gobernadora Amalia García. La senadora Indira Kempis se atrevió a inscribirse como aspirante y la eliminaron desde la cúpula naranja.
Tampoco tendría posibilidades el diputado Jorge Álvarez Máynez, citado como opción de última hora. No es conocido, no sobresale en ninguna encuesta, ni en las que paga su partido.
Ante ese escenario, Dante Delgado solo tiene en mano la carta con su propia imagen. La va a utilizar. No hay duda que es la figura más preponderante de su partido, como fundador y líder.
Ha sido diputado, senador y gobernador. También embajador de México en Italia y procurador agrario, entre otros cargos públicos. Ningún otro tiene un perfil parecido en MC.
Presume que su movimiento gobierna Jalisco y Nuevo León, dos de los tres estados más importantes del país, así como sus respectivas capitales.
Cree Dante que su fuerza política es autosuficiente, que no necesita de ninguna alianza para competir. Por eso el desaire a la triada PRI-PAN-PRD, con la que no quiere ir ni a la esquina, al considerar que más vale solo que mal acompañado.
De nada sirvieron los ruegos de grupo opositor y tampoco surtieron efecto las críticas de que sirve a los intereses del partido en el poder, para restarle votos a la derecha, en los próximos comicios.
Es un hecho y está a la vista que su partido no tiene estructura nacional. Eso explica que se haya ausentado de las elecciones recientes en el estado de Coahuila, como si no existiera.
Si bien Dante es la figura dentro de MC, afuera no es lo popular que quisiera ni tiene carisma para atraer masas. Nadie le niega su capacidad para fundar un partido y conservarlo con financiamiento público. Ha sido astuto para aprovechar cuadros de otras organizaciones.
Sin embargo, Movimiento Ciudadano no ha dejado de ser partido pequeño y no hay señales de que vaya a crecer, mucho menos al punto de competirle a quienes abanderan a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.
A lo más que podría aspirar sería a conservar el registro con alguna presencia en las cámaras de Diputados y Senadores, siempre y cuando no se equivoque o diga algo que la gente repruebe.
Por lo pronto, no se hagan bolas, es Dante.

Ni a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, originaria de Baja California Sur, ni a la consejera Guadalupe Taddei Zavala, originaria de Sonora, se les debe identificar, porque sería injusto, con alguno de los partidos políticos. No están alineadas con ninguno que tenga largo historial y tampoco con los de reciente creación.
La responsabilidad que ahora tienen se la deben a su propio esfuerzo, al dominio de la materia electoral, especializadas en el tema y con experiencia de 30 años en instituciones electorales.
Mónica Aralí Soto Fregoso llegó a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2016, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Senado, cuando el grupo parlamentario mayoritario era del Partido Revolucionario Institucional.
Nada tuvo que ver Morena en su ingreso a la sala superior del tribunal, que por ley le tocará calificar la elección presidencial de 2024 y declarar presidenta o presidente electo al que obtenga más votos.
Y su reciente ascensión a presidenta del mismo tribunal, cargo que empezará a ejercer a partir del nuevo año, fue por voto mayoritario de quienes integran dicha sala superior.
Se puede decir que la escalada fue inesperada, porque quien se venía desempeñando en la presidencia, Reyes Rodríguez Mondragón, pintaba para mantenerse en el cargo en el siguiente proceso electoral. No sucedió por diferencias entre integrantes de la sala superior, que por el momento funciona con cinco magistrados. Está pendiente que el senado, desde noviembre pasado, elija a quienes ocuparán dos vacantes que existen porque en octubre concluyeron su periodo Indalfer Infante y José Luis Vargas.
Las diferencias afloraron con la inasistencia de tres magistrados al informe anual de Rodríguez Mondragón en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una forma de protesta y solidaridad de los ausentes con su compañero Felipe de la Mata Pizaña, quien promovió denuncia penal al advertir que pretendían chantajearlo con la acusación de acoso y abuso sexual, para obligarlo a renunciar. La acusación atribuida precisamente a una colaboradora de Rodríguez Mondragón.
Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura Federal, responsable de vigilar el comportamiento de juzgadores, no ha dicho absolutamente nada, ni siquiera si investiga. Quizás por eso el magistrado De la Mata optó por recurrir a la Fiscalía General de la República.
Asunto delicado que provocó reacomodo en la sala superior y el ascenso de Mónica Soto.
En el Instituto Nacional Electoral (INE), GuadalupeTaddei Zavala, tampoco llegó a la presidencia del Consejo General porque así lo quiso Morena o alguno de los otros partidos.
La supuesta candidata del partido guinda era Bertha Alcalde Luján, quien se quedó en el camino al no lograr el consenso necesario; no quedó más remedio que tomar la decisión por sorteo. El nombre afortunado fue el Guadalupe Taddei Zavala.
No ha sido fácil para la sonorense llevar las riendas del instituto, porque pronto se dio cuenta que hay consejeros y consejeras que creen que los puestos de dirección se deben de repartir entre ellos y ellas como si fueran parte de un pastel, en atención a la regla no escrita aplicada en el pasado y en función de las comisiones que les corresponde presidir.
Por esa situación que puede ser explicable, porque al final cada uno de los consejeros y consejeras buscaría contar con su equipo dentro del instituto, como asesores o funcionarios, para asegurar confianza y eficiencia, se ha complicado el entendimiento entre miembros del Consejo General.
Lo que hace falta es garantizar la organización de las elecciones y que no pierdan de vista que la conducción del capitán o capitana es clave para que el barco, en el que van todos y todas, no se vaya a pique.

Por invadir funciones que corresponden en exclusiva al poder legislativo de Campeche, proponen sea removida del cargo Lirio Guadalupe Suárez Améndola, consejera presidenta del Instituto Electoral de dicho estado.
La falta ha sido considerada “grave” después de las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con el proyecto de resolución (66 páginas) que este viernes se pondría a consideración del pleno del Consejo General del INE en sesión ordinaria, Suárez Améndola violó la ley.
Infringió el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que prohíbe a la consejera presidenta “realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes”.
La consejera presidenta, por escrito, admitió que designó encargado de despacho del Órgano Interno de Control, invadiendo la competencia del Congreso Local, que por ley tiene esa atribución.
Según Lirio Guadalupe Suárez Améndola, lo hizo al ver que los diputados locales no hacían el nombramiento respectivo.
Para que su remoción se haga efectiva, ocho consejeros del INE deberán de aprobar el proyecto de resolución y establecer las medidas inmediatas para nombrar presidente provisional, en tanto se elige al definitivo.
La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche también fue acusada de conflicto de interés al contratar a personas impedidas de prestar sus servicios en el organismo campechano.
Ella se ha quejado de violencia política de género y ha presentado denuncias de corrupción en tribunal electoral.

El debate presidencial entre mujeres, las principales competidoras, será el más visto en la historia de México.
Hay que darlo por hecho, porque una de ellas se convertirá en la primera mujer que ocupará la silla presidencial.
Por curiosidad, morbo o simplemente para conocer más a las aspirantes y estar mejor informado a la hora de votar, el debate acaparará la atención de millones de mexicanos y mexicanas.
¿Se comportarán igual que los varones? ¿ofrecerán propuestas concretas? ¿responderán a la expectativa de la gente? ¿habrá violencia política de género? ¿brillará la inteligencia?
Muchas y más preguntas se hará la sociedad. Esperará respuestas precisas y claras, no rollos y mucho menos falsas promesas.
Hasta ahora, en la historia de los debates presidenciales en nuestro país, sólo uno estuvo a punto de influir de manera determinante en el comportamiento del electorado. El más visto de todos los que se han realizado, 34 millones de televidentes. Quizá porque fue el primero.
Debate de 1994. Hubo pleno consenso de que lo ganó, por mucho, Diego Fernández de Cevallos. Las encuestas lo confirmaron. Explicable por tratarse de consagrado tribuno frente a oradores de menor rango como el oficialista Ernesto Zedillo y el opositor Cuauhtémoc Cárdenas.
Lo inexplicable fue que Diego, después de ese arrollador triunfo, desapareció por semanas de la escena política, lo que permitió a Zedillo posicionarse, recuperarse de lo sucedido en el debate y ganar la elección.
En ese año sólo hubo un debate, también uno en 2000, dos en 2006, dos en 2012 y tres en la pasada elección.
La audiencia fue de 11 millones a 13 millones de televidentes en 2018.
¿Romperán récord las candidatas en 2024? ¿Superarán los 34 millones de televidentes de 1994?
Debido a las redes sociales, sumadas a los medios tradicionales, serían muchos más los que estén interesados en los debates, en plural porque el Instituto Nacional Electoral (INE) planea de nuevo que sean tres.
Por la enorme expectación que despierta la elección presidencial entre mujeres, por el récord que se espera y el prestigio democrático que aporta, más de una institución ha levantado la mano para abrir sus instalaciones, gratis, y ser escenario de alguno de los debates.
Una de ellas es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), que cada vez que se aproximan elecciones de este nivel, procura organizar votaciones internas con sus estudiantes.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Debates, ha dicho que las instalaciones del INE van en primer lugar.
Se analizan varios escenarios. Dependerá de la adaptación y las características de cada uno.
Probablemente el punto complicado de partidos y autoridades electorales sea ponerse de acuerdo sobre qué periodistas o comunicadores moderarán los debates; garantizar capacidad e imparcialidad.
El reto principal será lograr darle agilidad a los debates, que no sean acartonados ni rígidos como otras veces.
Las candidatas estarán ante la oportunidad de quitarle lo aburrido que a veces llegan a ser estos eventos.
Por lo pronto, la novedad de que sean mujeres las principales contendientes, daría mayor audiencia, como nunca antes se había visto.

Sería ideal que los partidos, en vez de precampañas, se pusieran de acuerdo y dispusieran de una parte de su financiamiento (10 mil 444 millones de pesos les toca en 2024) para entregarlo al rescate y reconstrucción del puerto de Acapulco, sin hacer proselitismo, solo en calidad de solidarios.
Devolverlo a la Secretaría de Hacienda para que lo etiquete y lo haga llegar a las zonas afectadas.
Las precampañas fueron programadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para arrancar el 20 de noviembre de 2023 y terminar el 18 de enero de 2024. Es responsabilidad de los partidos hacerlas, no son obligatorias y tampoco van a quitarles el registro si las cancelan en Acapulco, en este caso por justificadas causas de fuerza mayor.
Es tal la magnitud del daño causado por el huracán Otis al puerto, que, es imposible que se levante en un mes.
Al puerto le urge ayuda de todos, no precampañas. Es de esperarse que los partidos lo entiendan.
Sería ofensivo, total falta de sensibilidad que alguno o algunos políticos o políticas trataran de aprovechar la situación para ganarse la simpatía de la gente, entregando despensas y materiales de construcción con su imagen. Hay diversidad de formas de ayudar a los afectados sin que tengan que incluir el sello partidista y sin pararse en la zona del desastre. El proselitismo en esas condiciones sería reprobado. En Acapulco no hay ánimo para aguantar discursos propagandísticos.
Queda claro que por la dimensión del fenómeno a nadie se puede culpar. Ningún meteorólogo ni científico previó que en cuestión de horas crecería a su máxima intensidad.
Hacer imputaciones por algo que nadie había previsto, no es lo que quieren los acapulqueños, entienden lo sucedido.
Claman por comida, agua, luz, telefonía y que la reconstrucción empiece cuanto antes.
En este contexto, se volvió vergonzosa la primera reacción política. Desproporcionada, centrada en la recriminación, a gritos, plagada de calificativos, de insultos.
Politiquería. Nada que sirviera a los damnificados, salvo propuestas para reasignar recursos en el presupuesto federal, aunque impregnadas de carroña, porque de antemano el orador u oradora sabía que en el fondo la intención era llevar agua a su molino.
El asunto ha sido denigrar al adversario, exhibir a las autoridades por no tener una varita mágica para resolver de inmediato los problemas provocados por Otis, porque solo con una varita mágica, que no existe en ninguna parte, se podría devolver a los acapulqueños la normalidad en su vida en 24 horas.
Ni siquiera la potencia vecina, los Estados Unidos, cuando sufre la afectación de un fenómeno natural, con saldo de cientos, miles de damnificados, puede atender las necesidades en cuestión de horas. Está visto que la naturaleza es mucha más poderosa que cualquier país.
Ahora, los partidos en su conjunto, están ante la oportunidad de aportar parte de su financiamiento al puerto.
Es lo menos que pueden hacer.
Las precampañas deberían cancelarlas en Acapulco, respetar el dolor, el sufrimiento. Esperar mejores tiempos para el desarrollo de la contienda, todavía hay otras etapas del proceso para la promoción partidista.
Destinar parte de lo que reciben del erario para el puerto y su gente, sería racional y plausible.

En el escenario previsible de que las alianzas partidistas Morena-Verde-PT y PRI-PAN-PRD nominen a mujeres a la presidencia de la República, veríamos en 2024 una batalla exenta de “violencia política de género”.
La guerra sucia quedaría superada, igual los denuestos, las acusaciones sin fundamento, porque quienes se han quejado de violencia política de género, tendrían cuidado de no morderse la lengua una vez que arranque en septiembre el proceso electoral 2023-2024. Sería contradictorio que hicieran lo que ahora es motivo de su queja.
Nada que demerite la calidad de participantes, nada que ponga en duda su profesionalismo y cualidades que las llevaron a las candidaturas.
El hilo de la violencia política de género se ha vuelto delgado y más delgado se haría en las campañas.
Justificada la defensa y protección de la mujer, nada más que pareciera que no se juzga a todas y todos con el mismo rasero.
Se aplicaron medidas cautelares sobre dichos atribuidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante quejas de Xóchitl Gálvez en el sentido de que en Palacio Nacional desacreditaron su ascenso político y personalidad. También el INE le ha pedido al empresario Ricardo Salinas que retire de las redes sociales mensajes ofensivos contra la dirigente morenista Citlalli Hernández.
Salinas Pliego, quien no se ha salvado de ataques verbales, considera que las y los servidores públicos deben tener mayor tolerancia a la crítica.
La gobernadora de Campeche Layda Sansores ha sido acusada de violencia política de género por mujeres. Diputada trans María Clemente García se quejó de violencia política de género en el salón plenario de la cámara.
Claudia Sheinbaum oficialmente no ha presentado queja, pero también ha sido víctima en redes sociales de calificativos que rayan en la violencia política de género, porque demeritan su trayectoria.
Lo que han resuelto autoridades electorales estaría creando nuevo escenario para la competencia que se avecina.
A diferencia de lo que sucede en muchos países, donde los contendientes se dicen de todo, aquí no van a poder lanzarse ni miradas que pudieran interpretarse como violencia política de género.
Si el próximo año hay candidatas presidenciales de las dos principales alianzas, tendrían que estar a la altura de una competencia pulcra y respetuosa.
Lo mismo tendría que hacer el nominado o nominada de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, “género” es el “conjunto de seres que tiene uno o varios caracteres comunes”.
La comunidad LGBTIQ+ entraría en esta definición, por algo en la credencial para votar del INE está aprobada la incorporación de la letra “x” como identidad de personas no binarias.
“Género” incluye a todas las personas y en ese sentido, la violencia política puede darse en la diversidad. Está visto que la violencia política de género no es solo del hombre a la mujer, puede ser de mujer a mujer, de mujer a un gay y de una mujer a un varón.
Sería injusto que la balanza se cargara para un lado.
En 2024 se elegirán presidente, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes y miles de cargos municipales en todo el país; no únicamente habrá mujeres y hombres en candidaturas.
Para evitar el riesgo de la descalificación por acusaciones de violencia política de género, quienes vayan a competir, están a tiempo para especializarse en lanzar “rosas y claves”, propuestas constructivas, no denuestos ni restarle merecimientos a nadie.

En el proceso electoral de 2006 el entonces presidente de México, Vicente Fox, puso en riesgo la declaración de validez de la elección. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estuvo a punto de anularla ante el cúmulo de irregularidades, en particular por la intromisión o declaraciones del mandatario para ayudar a su candidato.
Al principio del proceso sucesorio fue evidente que Felipe Calderón no era el que quería para su relevo. En los planes tanto de Fox como de su esposa Marta Sahagún siempre estuvo en primer lugar Santiago Creel, nada más que no pudo ganar la contienda interna partidista.
Por eso, en el arranque de la campaña presidencial, pareció dejar solo a Calderón. No por mucho tiempo, porque apenas le advirtieron y se dio cuenta de que la oposición podría ganar, actuó y se sumó a la propaganda negativa contra Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con lo que establecen la Constitución y las leyes secundarias en materia electoral, a la sala superior del tribunal le corresponde, una vez revisado el proceso, hacer las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo al que haya resultado ganador.
En 2006, los magistrados valoraron dos proyectos: el que daba por buena la contienda y el que la anulaba.
Al final convinieron que a la sesión llevarían el primero, para su último análisis y votación.
Si bien la resolución fue aprobada por unanimidad, los magistrados dejaron constancia en el texto de que Vicente Fox puso en riesgo la validez del proceso electoral.
Está señalado en el documento con todas sus letras: “esta sala superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del presidente de la República, Vicente Fox, se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedaran acreditadas”.
La verdad, durante el proceso, por más que lo intentaron, las autoridades electorales nunca consiguieron frenar la hiperactividad de Fox para favorecer al candidato de su partido.
Tampoco las autoridades lograron silenciar la propaganda negativa apuntalada por el Consejo Coordinador Empresarial, en sintonía con la estrategia del Partido Acción Nacional.
La verborrea de Fox nunca se ha caracterizado por su moderación y recato, aunque en ocasiones la impetuosidad le ha funcionado, como el “hoy, hoy, hoy” para no posponer acciones de campaña cuando fue candidato presidencial o las “alimañas, víboras prietas y tepocatas”, palabras con las que describía a corruptos.
Desatinó cuando le grabaron la frase “comes y te vas” que le aplicó al comandante cubano Fidel Castro, en el contexto de la reunión de presidentes y jefes de Estado en México.
En la elección de 2012 abandonó al panismo y respaldo al candidato tricolor.
Como ex presidente, volvió a ponerse la camiseta azul y centró su discurso contra morenistas, aunque tuvo que rectificar y dar marcha atrás cuando pecó de calificativos discriminatorios.
Por su culpa, por bocón, estuvo a punto de anularse la elección de 2006, como lo afirmó la resolución del TEPJF.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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