La resolución de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que echó abajo el nombramiento de tres consejeros en el instituto electoral (OPLE) de Guanajuato metió en aprietos al INE.
De entrada, la resolución deja colgados de la brocha a Eduardo Joaquín del Arco Borja, Martín García Flores y Gustavo Hernández Martínez quienes habían tomado posesión como consejeros desde el 1 de octubre, o sea, ya habían cobrado su primer mes.
Con lo que no contaban es que el tribunal tirara el acuerdo del INE por no cubrir a cabalidad y de manera cualitativa la paridad de género en el nombramiento de consejeros en Guanajuato.
El Consejo General del instituto omitió incluir al menos a una mujer en estos tres nombramientos.
Lo que sucedió, de acuerdo a la información recabada por este espacio, es que se procuró conciliar intereses de partidos, no solo en el caso de Guanajuato sino en el del Estado de México, para cumplir con la paridad, ya no en cada entidad, sino de manera transversal.
Estos dos casos se complicaron por la falta de consenso en los nombramientos respectivos.
Para que Morena (gobierna Edomex) y el PAN (gobierna Guanajuato) quedaran conformes, la salida que se encontró en cuanto a la paridad de género es que en Guanajuato se eligieran tres hombres y tres mujeres en el estado de México (Erika Armenta, Sayonara Flores y Flor Angeli Vieyra).
Sin embargo, este arreglo se ha caído con la resolución del tribunal que tiró el acuerdo del INE para Guanajuato.
¿Qué dice la resolución del tribunal electoral?
-Se revoca, en lo que es materia de impugnación, el acuerdo INE/CG2243/2024 del Consejo General del INE.
-Se ordena a la autoridad responsable emitir una nueva determinación -en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del presente fallo-, en la que pondere los perfiles de las mujeres que fueron propuestas en el dictamen de la Comisión de Vinculación para que, al menos designe a una mujer en uno de los tres espacios participantes para la renovación de la integración de las consejerías electorales del OPLE de Guanajuato.
Ahora el INE deberá decidir a quién de los tres hombres que ya había nombrado le quita el cargo.
Incluso, como su acuerdo fue revocado en su totalidad, podría resolver quitar a los tres varones, para entonces proceder elegir a dos hombres y una mujer.
Los consejeros del INE tienen plazo de diez días hábiles para cumplir con la resolución del tribunal.
Se metieron en aprietos al consentir lo que llaman paridad transversal, al nombrar a tres hombres en el OPLE de Guanajuato y tres mujeres en el OPLE del Estado de México.
Por fortuna para el instituto, la objeción que se prentó sobre el caso del Edomex, que tampoco aceptaba la tercia nombrada, no tuvo éxito en el tribunal.

A la oposición en México, después de lo que sucedió en las elecciones de junio de 2024 y las derrotas posteriores en el poder legislativo y en el poder judicial, no le queda otra que renovarse.
No puede ni debe seguir igual con los mismos partidos desgastados y anacrónicos, ya no funcionan el PAN y el PRI como para considerar que en seis años uno de ellos o aliados van a recuperar el poder. Al paso que va, ni siquiera lograría equilibrar las fuerzas en el poder legislativo en la elección intermedia de 2027. Y en el poder judicial, es un hecho que habrá nueva baraja, nuevos juzgadores a partir de agosto del próximo año.
La oposición de hoy, de mantenerse con las mismas figuras y prácticas, está en peligro de extinción. La sociedad ya no la traga, consciente de que desperdició la oportunidad de darle a México nueva cara, más limpia, menos corrupta y con mejores niveles de vida.
Hay urgencia de crear nuevos partidos, uno o dos partidos políticos, opción fresca que incorpore a nuevas generaciones, combinarlas o mezclarlas con gente que ha sido pertinaz y congruente en la defensa de valores, de la democracia y de la justicia en todos los sentidos.
¿Quiénes? ¿Existen esos personajes? ¿Estarían decididos a fundar nuevos partidos y ofrecerle algo distinto a millones de mexicanos? ¿Tendrían la fuerza para ganar la alternancia?
Experiencia y capacidad la tienen, el punto es que no sean conformes ni extiendan sólo la mano para ver que les toca del reparto del pastel político
Hoy el poder lo tienen Morena y sus aliados y, todos los días trabajan para conservarlo por larga temporada.
Así que para la oposición el reto es mayúsculo.
En enero de 2025 se estará abriendo el periodo de inscripción para las organizaciones interesadas en obtener el registro como partido.
¿Quiénes pueden formar nuevos partidos?
En el poder judicial hay empleados que han levantado la mano con ese propósito. Podrían intentarlo por su cuenta o sumarse a expresiones civiles que tienen a personajes como Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza a la cabeza. Guadalupe es veterano activista y experredista. Emilio se distingue como combativo y permanente defensor de los derechos humanos. Sería interesante amalgama de la sociedad civil.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas milita en Movimiento Ciudadano propiedad de Dante Delgado, que se ha conformado con mediana presencia. Donaldo, con sus apellidos, activismo, experiencia y juventud tendría la fuerza para crear una mejor alternativa, que le sirva de plataforma para pensar en serio en competir por la presidencia en 2030. En 1996 se creó la agrupación política nacional con el nombre de su mamá Diana Laura; perdió su registro en 2009.
Lorenzo Córdova Vianello es otro personaje que podría ayudar a la formación de un partido político. Conoce el camino, su inteligencia política es reconocida, fue consejero presidente del INE y tiene imagen favorable en amplios sectores de la población.
Dependerá de ellos fundar nuevas alternativas, distanciadas de los desgastados partidos de oposición como el PRI y el PAN, que día a día pierden seguidores, no se diga el PRD. Movimiento Ciudadano ya tatuó su medianía.
Está claro que la sociedad quiere algo diferente y es de esperarse que lo entiendan quienes pueden ofrecerlo, de lo contrario, den por hecho que Morena tendrá larga vida en el poder.

Seis de once consejeros electorales que integran el Consejo General del INE quieren que el INE interponga controversia constitucional en contra de modificaciones que el poder legislativo hizo a la ley electoral y que le otorgan nuevas atribuciones a la presidenta del instituto y a la Junta General Ejecutiva del propio organismo.
Con ese propósito, los consejeros Jaime Rivera, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Dania Ravel, Claudia Zavala y Martín Faz formalizarán su petición mañana en la sesión del instituto.
Elaboraron un documento de 40 páginas para argumentar porqué el INE debe interponer la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que concluya el presente año.
Con el voto de los seis, que hacen mayoría, conseguirían que el organismo haga el trámite correspondiente.
Los consejeros no están de acuerdo con que las cámaras de diputados y senadores hayan modificado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para otorgarle a la presidenta del instituto la facultad de designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto.
Tampoco aceptan que la Junta General Ejecutiva apruebe los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del instituto y de coordinación de las Junta Locales y Distritales Ejecutivas, relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para el funcionamiento ordinario del instituto.
Desde que llegó Guadalupe Taddei a la presidencia del INE a los consejeros se les ha complicado lograr el consenso para el nombramiento de los funcionarios del instituto propuestos por la misma presidenta.
Con la reforma hecha por el legislativo, Taddei podría realizar los nombramientos sin ponerlos a consideración de sus compañeros.
Según los consejeros inconformes, esas nuevas atribuciones de la consejera violentan la autonomía constitucional del INE, así como los principios de certeza, imparcialidad, independencia y profesionalismo que deben regir al instituto, como lo marca la Ley Suprema.
Recuerdan que al instituto corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del INE.
Aun cuando la controversia constitucional no afectaría de manera directa a la reforma judicial, podría impactar en el trabajo que tendría que llevar a cabo el organismo para organizar la elección de juzgadores en 2025.
De acuerdo con el documento de los consejeros, la Secretaría Ejecutiva del Instituto deberá tener listo el proyecto de controversia constitucional a más tardar el 8 de noviembre y se fijaría de plazo hasta el 14 de noviembre para que el texto sea enriquecido por los consejeros.
Posteriormente se presentaría a la Corte con la atenta recomendación de que sea resuelta en breve.

El procedimiento para elegir consejeros de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en los 32 estados del país, nunca ha sido una tarea sencilla para el Instituto Nacional Electoral (INE).
Le corresponde por ley a los consejeros del INE llevar a cabo esa elección y para las próximas semanas tienen pendiente seleccionar consejeros y consejeras para una veintena de entidades donde hay vacantes.
No se trata de una renovación completa de cada OPLE (7 integrantes) sino solo de llenar las vacantes.
Por ejemplo, al organismo de Chiapas lo que le falta es una consejera presidenta. Está decidido que sea mujer.
Y hay vacantes de consejeros y consejeras en Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
De hecho, ya se entró a la fase final para la elección de estos consejeros y consejeras, ya quedaron atrás exámenes de conocimientos generales, psicológicos, dominio de la legislación electoral y ensayo.
Lo que falta son entrevistas con los aspirantes finalistas que realizarán los consejeros del INE en las próximas semanas, para después decidir quienes aprobaron para ocupar los cargos vacantes.
Los OPLES organizan las elecciones locales en los estados, de ahí la relevancia de su función.
Por diversas circunstancias que se han presentado en la operación de dichos organismos, el INE se ha visto obligado a perfeccionar el procedimiento de elección. La valoración psicológica ha adquirido mayor importancia, para medir la estabilidad emocional de cada uno de los aspirantes.
Se ha detectado que problemas emocionales llegan a complicar la armonía que debe de caracterizar el funcionamiento de una institución y impactan en el trabajo de equipo.
Situación reciente fue la que se vivió en el OPLE de Campeche, en donde al INE no le quedó más opción que destituir a Lirio Guadalupe Suárez Améndola, por excederse en atribuciones al nombrar funcionarios que corresponde designar al poder legislativo de su estado.
También hay focos rojos en el OPLE de Oaxaca, donde se han denunciado irregularidades en el desempeño de la presidenta Elizabeth Sánchez González, quien ya había sido destituida por una autoridad administrativa que no tiene competencia para tomar acciones de ese tipo. Elizabeth regresó a su puesto por órdenes del tribunal electoral.
En el OPLE de Colima, el INE tuvo que destituir a la consejera presidenta María Elena Ruiz Visforcri porque asumió las funciones del área jurídica de su organismo en vez de nombrar al funcionario respectivo.
Otro caso preocupante para el INE es el OPLE de Coahuila; hay quejas del personal sobre excesos del presidente Rodrigo Paredes Lozano. Lo critican porque consideran que ha perdido piso y desconoce el trabajo que realizan empleados de mayor antigüedad.
Según reportes recibidos en el instituto, una constante en el comportamiento de estos casos ha sido el carácter de los funcionarios que los hace conflictivos y pelearse con el personal.
Esa es la razón de que ahora en la valoración de los aspirantes a consejeros en una veintena de OPLES se tomen en cuenta aspectos psicológicos.

A estas alturas Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional, está más curtido que cualquiera de los que ahora impugnan los documentos básicos del tricolor.
Ha exhibido en muchos episodios su capacidad de resistencia. ¿Qué no estaban a punto de hacerle juicio político y fincarle responsabilidad penal por enriquecimiento explicable o inexplicable? ¿Qué no fue el que dijo que a los periodistas hay que matarlos de hambre y más de un comunicador no se dio por enterado? ¿Y los videos y audios que reveló la gobernadora de Campeche Layda Sansores en contra del famoso "Alito"? ¿Y las notas principales que le ha dedicado el diario Reforma sobre su riqueza?
Moreno Cárdenas sigue tan campante, sin dejar de replicar o defenderse.
No solo eso, el dirigente del PRI tiene armada una estructura partidista a su imagen y semejanza.
Ahora el tema son los documentos básicos y la decisión de Moreno Cárdenas para hacer efectiva su reelección.
¿Qué no afirmaba la disidencia encabezada por ex dirigentes nacionales de dicho partido que Alito concluiría su periodo y tenía que irse antes de las elecciones del presente año?
Alejandro Moreno prolongó su mandato, se inscribió en el primer lugar de la lista de plurinominales para llegar al Senado (tampoco nadie protestó porque se diera esa posición privilegiada y se asegurara el escaño para no perder el fuero cuando deje de ser diputado) y tiene todo listo para mantenerse en la presidencia del Revolucionario Institucional.
Y si así lo quiere y le conviene, será el coordinador de la bancada de su partido en el Senado.
¿A poco creen que le va a dejar la coordinación a uno de los disidentes?
En materia de documentos básicos, la base legal para que Moreno Cárdenas se salga con la suya, quienes se han inconformado y han llevado el caso ante las autoridades electorales, pronto demostraron que no están acostumbrados a ir contra corriente. Fueron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando primero tienen que pasar por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Están en este momento en el INE, en los alegatos de oídas, con la esperanza de que prosperen sus quejas.
¿Cuántos son los priístas que no quieren a Moreno Cádenas?
Hasta ahora solo ex dirigentes nacionales han dado la cara. Ex dirigentes que no tienen base o militancia que los siga. Dentro del partido, la corriente mayoritaria está con su líder.
Seguramente Alito se aseguró que los cambios a los documentos básicos de su partido se ajusten a las leyes electorales y, en el supuesto de que el INE le diga que tiene que hacer alguna corrección, la hará con el apoyo de los cuadros que lo admiran y veneran.
Alejandro Moreno rebasó a sus maestros, de los que aprendió a tomar decisiones y conseguir acuerdos por abajo y por arriba de la mesa. Se rodeó de cuadros jóvenes y leales, a los que tiene cautivados. Los veteranos que militan en el tricolor se conforman con el manto protector del impetuoso dirigente; saben que no les queda otra y no quieren correr ningún riesgo.
Cuenta con el apoyo de Don Augusto Gómez Villanueva (94 años), el veterano más veterano, actual diputado y con una trayectoria que confirma que en el PRI siempre ha estado con el ganador.
Por lo pronto, Alito tiene boleto para seis años de senador y su liderazgo partidista todavía no tiene fecha de caducidad.

El proceso electoral en San Miguel de Allende, Guanajuato, se ha tensado como nunca en su historia.
Se robaron cuatro paquetes y la diferencia entre el primero y segundo lugar es de alrededor de mil votos.
Cada paquete sustraído es de 750 boletas.
El robo de los paquetes ocurrió en una de las comunidades de San Miguel el domingo en la noche. La información no ha trascendido de manera oficial, se conoce porque en redes sociales se difunde el video y se observa el momento en que una docena de personas corre y se lleva los paquetes, para después alejarse del lugar en dos camionetas.
Lo que hará mañana el Consejo Municipal Electoral, en primer lugar, será abrir 128 paquetes. Si se confirma que la diferencia es menor al 1 %, procedería a recontar todos los votos.
De acuerdo con los resultados preliminares, los primeros en conocerse y que no son definitivos, el candidato del PRI Mauricio Trejo Pureco habría obtenido 24 mil 671 votos y su adversario Osvaldo García, de Morena, 23 mil 617, lo que marca una diferencia de mil 54 votos.
Mauricio Trejo busca la reelección. Hace tres años, con diferencia aproximada de tres mil votos, venció al candidato del PAN. Ahora la competencia de Mauricio es con el abanderado morenista.
Ante lo cerrado del proceso y la posibilidad de que inconformes pretendan alterar el trabajo de las autoridades electorales locales, se ha pedido ya el reforzamiento de la seguridad, tanto estatal como federal. Habría un dispositivo especial de elementos de la Guardia Nacional.
En cuanto al robo de paquetes, aun cuando oficialmente no se ha dicho nada, lo trascendido es que se hizo la denuncia ante las autoridades judiciales competentes.
San Miguel de Allende es una de las joyas turísticas no solo de Guanajuato, sino de todo el país, con alto reconocimiento y aprecio en el mundo por su arquitectura barroca española.

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió procedente la medida cautelar dictada contra María Lilly del Carmen Téllez García (Lilly Téllez) para que dejara de participar en el programa de radio “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, ante la posible vulneración al principio de equidad.
La ponencia o proyecto de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón recibió el voto favorable de sus compañeros Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Janine Otálora Malassis.
Se dio la razón a la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) al dictar dicha medida y se desechó la apelación interpuesta por la candidata a senadora en el estado de Sonora.
Dejó en claro que la Comisión de Quejas del INE valoró correctamente la participación de Lilly Téllez en dicho programa, en su papel de colaboradora y a la vez candidata a una senaduría.
También consideró congruente su actuación porque si bien en un principio había justificado la intervención de la candidata en un programa, observó que se volvió reiterada la conducta de la aspirante y en ese contexto, ante el riesgo de vulnerar el principio de equidad y las reglas de acceso a la radio, ordenó aplicar la medida cautelar.
“Esta Sala Superior confirma el Acuerdo ACQyD-INE-216/2024, mediante el cual la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró la procedencia de una medida cautelar para que María Lilly del Carmen Téllez García suspenda sus intervenciones en el programa de radio Ciro Gómez Leyva por la mañana mientras se desarrolla la campaña y el periodo de reflexión del proceso electoral federal 2023-2024 en curso”, dice la resolución de la Sala Superior del tribunal electoral.
Como es sabido, la queja contra Lilly Téllez fue presentada por los candidatos del PT al Senado, Célida Teresa López Cárdenas y Froylán Gámez Gamboa, quienes también compiten en Sonora.
Téllez acató la medida cautelar y dejó de participar en el programa en el que colaboraba cada lunes.
Sin embargo, acudió al tribunal para impugnar la medida ordenada por la Comisión de Quejas del INE.
La Sala Superior del TEPJF ratificó la medida cautelar.

Por primera vez en la historia de México, el arbitraje de la elección presidencial correrá a cargo de mujeres, con Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) y Mónica Soto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Guadalupe, como lo han hecho los presidentes del instituto en cada proceso, saldrá la noche del 2 de junio a dar a conocer las tendencias del conteo rápido, supervisado por científicos.
Una tarea nada sencilla, que exige serenidad y seguridad como lo hizo José Woldenberg en el 2000 cuando anunció que la ventaja la tenía Vicente Fox, primer candidato de oposición en ganar la presidencia.
En contraste, en 2006, Luis Carlos Ugalde pagó con su cargo el no haber dado certidumbre a millones de mexicanos la noche de la elección. Por lo cerrado del proceso, no dio la tendencia y como nunca antes se prolongó el veredicto final sobre la competencia.
La sociedad espera claridad y certeza en 2024, saber quién ha conseguido el mayor número de votos. Irse a dormir con el nombre del ganador, haya sido o no su candidato o candidata favorita.
Será una noche histórica, sin precedente, porque por primera vez, una mujer, la titular del INE, dará el nombre de otra mujer, la que ocupará la silla presidencial. Es inminente ver a una mujer con la banda presidencial, lo que nunca se había visto antes en México.
A estas alturas, nadie duda de que una mujer gobernará nuestro país. El varón que compite está muy lejos de la victoria.
Taddei está al frente de la institución que tiene la responsabilidad de la organización de las elecciones y del conteo de votos, con el apoyo de ciudadanos y ciudadanas, funcionarios de casilla.
Quizás, su principal reto, en esta ocasión, sea sortear en algunas zonas los riesgos de inseguridad y violencia. Tiene de su lado a la sociedad que quiere y exige que el proceso se desarrolle en paz y que su voto, solo su voto, determine el ganador o ganadora de la elección.
Para eso, como ha sucedido en anteriores procesos, contará con el apoyo de las fuerzas militares y policiales, para vigilar y garantizar que prevalezca el imperio de la ley.
La magistrada presidenta Mónica Soto también hará historia, porque será la primera vez que una mujer presida la Sala Superior en la etapa de calificación de la elección y declaración de presidenta electa.
Cierto que en otros momentos mujeres han estado al frente de dicha sala, nada más que nadie había llegado a un proceso presidencial. Es la responsabilidad que ahora tiene Mónica.
No es menor su responsabilidad. De acuerdo con la ley, el tribunal tiene la atribución de recontar votos, si es necesario ante dudas y reclamos de quienes pudieran no estar conformes con el resultado.
El tribunal puede anular la elección y obligar a que se repita, en caso de graves irregularidades que impacten en las cifras finales. Nunca ha sido anulada una elección presidencial. En 2006 la autoridad estuvo cerca de hacerlo y así lo hizo constar en su resolución, por las intromisiones del presidente Fox en la contienda.
De no haber elementos para ello y declarar válida la elección, Mónica Soto haría la declaratoria de presidenta electa a la candidata que haya obtenido el mayor número de votos.
Esa es la relevancia de la participación de las mujeres en el arbitraje electoral, de Guadalupe y Mónica.

El árbitro debe conocerse días antes de la elección, para evitar suspicacias.
La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación señala en su artículo 167 que para hacer la declaración de validez y de presidente o presidenta electa, o para declarar la nulidad de la elección, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe sesionar al menos con seis de sus integrantes.
En este momento no tiene seis magistrados, solo cinco y dos vacantes. Le falta uno como indica la ley para poder calificar la elección presidencial del 2 de junio.
Hasta ahora el Senado no ha cumplido con elegir los dos magistrados faltantes (un varón y una mujer).
Y no lo hará.
En primer lugar, porque no hay acuerdo entre los grupos parlamentarios para alcanzar votación con mayoría calificada, como exige la norma.
Las propuestas de las dos ternas fueron hechas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En comisiones senatoriales, por unanimidad, los perfiles fueron considerados idóneos.
Por desacuerdos, los senadores no han llevado las ternas a su sesión plenaria para votarlas.
Ya acabó el periodo ordinario de sesiones del Senado y no prosperó la elección.
¿Entonces?
Aunque la magistrada Mónica Soto, presidenta del TEPJF, llamó al Senado a que haga la elección del magistrado y magistrada, ella misma debe saber que esto no va a suceder.
¿Por qué?
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión tendría que convocar a periodo extraordinario del Senado y no hay acuerdo entre los grupos parlamentarios para convocarlo.
Si lo hubiera, sería ocioso convocarlo, porque ninguna de las ternas alcanzaría la mayoría calificada.
El cuerpo arbitral de la elección presidencial debe de estar completo antes del día de los comicios.
Como en la final de futbol. ¿Se imaginan que no se conozcan por anticipado los árbitros y que el mero día los dueños, jugadores y aficionados descubran que alguno es afín a uno de los equipos?
No tiene precedente lo que sucede. En el pasado el Senado no tenía inconveniente para hacer nombramientos.
Hoy es distinto.
Se trata de un hecho inédito que nadie imaginó que se podía presentar; el constituyente lo no previó. Estrictamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no dice lo que procede cuando el Senado incumple y no elige a los magistrados, como en este caso.
La ley faculta a la sala superior del tribunal para que elija al que falta cuando por diversos motivos el magistrado en funciones se ve obligado a dejar el cargo. La propia sala superior puede seleccionar de entre los decanos o más antiguos de sus salas regionales al que ocuparía la plaza, para que concluya el periodo de quien se fue anticipadamente.
No es el caso.
¿Qué hará la sala superior del tribunal electoral?
¿Interpretar de la ley y apoyarse en el tercer párrafo del artículo 167 de la ley orgánica, aunque no se refiera exactamente al incumplimiento del Senado para hacer los nombramientos?
Están encendidos los focos rojos.
Si la elección o designación de magistrados se realiza después de las elecciones del 2 de junio, podría servir de pretexto para que alguno de los competidores cuestione y ponga en duda la imparcialidad del árbitro, para que exija hasta la anulación de todo el proceso.

La campaña en contra de candidato o candidata llega a tal extremo, ocupa todos los espacios y horas, que cualquiera pensaría que está acabado, destruido en la percepción de la sociedad.
Es tal el bombardeo de mensajes, en todos los tonos y formas, negativos, para desacreditarlo, para ponerlo como el peor, que nunca nada bueno ha hecho por el país, autor de acciones atroces y locas, que no habría duda que se encamina a la derrota electoral.
Además, los que hablan de sus defectos y desatinos son líderes de opinión, reyes del rating, con millones de seguidores en redes sociales, los que hacen juicios sumarios porque se sienten dueños de la verdad.
Nada más que ser el número uno del rating en los programas informativos durante los procesos electorales, no es igual a credibilidad, porque de ser ahí, mediáticamente estaría resuelta la competencia política.
Es un fenómeno que no se ve o no se quiere observar y mucho menos reconocer. El impacto se vuelve contradictorio. La gente no se traga las mentiras, las mastica y las escupe al darse cuenta que son opiniones o palabras contaminadas de intereses perversos y monetarios, para favorecer la causa del personaje que compite o del grupo que lo apoya.
Hay ejemplos en la historia electoral mexicana de que ese tipo de campañas se vuelven contraproducentes para quienes las promueven. Especie de búmeran lanzado con mucha fuerza que retorna con la misma o más intensidad para golpear al que lo lanzó.
En el proceso electoral de 1988, no había redes sociales, solo los ahora llamados medios tradicionales. Prácticamente, la mayoría, radio, televisión y prensa escrita, ignoró a la oposición, representada entonces por el candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas.
La cobertura de sus actividades fue escasa en medios impresos, nada en electrónicos, radio y televisión. Época en la que el líder de opinión se llamaba Jacobo Zabludovsky.
Guía para millones. La expresión “lo dijo Jacobo” significaba la última palabra para la sociedad, en contra o favor de diversas situaciones o personajes. Nadie cuestionaba nada.
Entrevistó para la televisión en la que trabajaba a los hermanos (medios hermanos) del ingeniero. Todo lo que se dijo, en contra del candidato de la oposición. Fue el único momento que le dedicó la empresa televisora y para ello utilizó a su comunicador estrella.
Pues nada que el ingeniero logró millones de votos y hasta la fecha persiste la duda sobre el resultado. Fue cuando se cayó o calló el sistema. Al día siguiente de la elección lo que se destacó en medios fue la declaración de la dirigencia nacional del PRI de que su candidato había ganado. Acuerdos, protestas y avisos de la autoridad electoral (no tenía elementos para declarar ganador) se perdieron en el mar informativo o fueron ignorados en espacios mediáticos.
2006 es otro caso. A pesar de la intensidad de la campaña en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador (es un peligro para México), apenas les alcanzó a los promotores para que su abanderado obtuviera raquítica ventaja de 0.56 por ciento en los votos.
Por la dimensión de la campaña y ante una autoridad electoral (IFE) que nunca pudo o no quiso frenarla, se esperaba que el candidato del partido en el poder, arrasará en la competencia.
No ocurrió, apenas ganó.
En 2024, de nuevo reyes del rating, con todo en contra de lo que representa el gobierno que ya se va y que incluye a la candidata presidencial postulada. Otra vez el impacto ha sido contraproducente para las aspiraciones del grupo promotor. Las encuestas, casi en su totalidad, no solo le dan la ventaja sino amplia ventaja a la candidata.
¿Por qué?
Los reyes del rating han perdido credibilidad, la sociedad los conoce como conoce a los o las que compiten por la presidencia.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca no tendrá fuero como querían él y su partido Acción Nacional. La propia dirigencia panista decidió que ya no insistiría en su nominación, Tiró la toalla y prefirió postular en su lugar a César Verástegui en la lista de plurinominales para la Cámara de Diputados.
En dos ocasiones el INE le negó el registro. La primera al valorar su estatus jurídico, por las dos órdenes de aprehensión en su contra, acusado de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita.
La segunda, al acatar mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia a la que había acudido el exgobernador. Magistradas y magistrados resolvieron que no tenía derecho para competir por una diputación federal.
Por su situación jurídica, el tribunal determinó que carecía de derechos políticos y lo que hizo el INE fue sujetarse a lo ordenado por la máxima autoridad en materia electoral en nuestro país.
Juez del estado de Tamaulipas amparó al ex gobernador contra las órdenes de aprehensión y le reconoció derechos políticos. Sin embargo, no fue suficiente para que el INE le abriera la puerta a la candidatura.
El PAN y Cabeza de Vaca todavía consideraron la posibilidad de acudir de nuevo al tribunal.
Al final, la dirigencia de Marko Cortés, para cerrar el conflicto, decidió que el candidato sería César Verástegui.
De esta manera, para Cabeza de Vaca se esfumó la posibilidad de conseguir fuero.