El debate presidencial entre mujeres, las principales competidoras, será el más visto en la historia de México.
Hay que darlo por hecho, porque una de ellas se convertirá en la primera mujer que ocupará la silla presidencial.
Por curiosidad, morbo o simplemente para conocer más a las aspirantes y estar mejor informado a la hora de votar, el debate acaparará la atención de millones de mexicanos y mexicanas.
¿Se comportarán igual que los varones? ¿ofrecerán propuestas concretas? ¿responderán a la expectativa de la gente? ¿habrá violencia política de género? ¿brillará la inteligencia?
Muchas y más preguntas se hará la sociedad. Esperará respuestas precisas y claras, no rollos y mucho menos falsas promesas.
Hasta ahora, en la historia de los debates presidenciales en nuestro país, sólo uno estuvo a punto de influir de manera determinante en el comportamiento del electorado. El más visto de todos los que se han realizado, 34 millones de televidentes. Quizá porque fue el primero.
Debate de 1994. Hubo pleno consenso de que lo ganó, por mucho, Diego Fernández de Cevallos. Las encuestas lo confirmaron. Explicable por tratarse de consagrado tribuno frente a oradores de menor rango como el oficialista Ernesto Zedillo y el opositor Cuauhtémoc Cárdenas.
Lo inexplicable fue que Diego, después de ese arrollador triunfo, desapareció por semanas de la escena política, lo que permitió a Zedillo posicionarse, recuperarse de lo sucedido en el debate y ganar la elección.
En ese año sólo hubo un debate, también uno en 2000, dos en 2006, dos en 2012 y tres en la pasada elección.
La audiencia fue de 11 millones a 13 millones de televidentes en 2018.
¿Romperán récord las candidatas en 2024? ¿Superarán los 34 millones de televidentes de 1994?
Debido a las redes sociales, sumadas a los medios tradicionales, serían muchos más los que estén interesados en los debates, en plural porque el Instituto Nacional Electoral (INE) planea de nuevo que sean tres.
Por la enorme expectación que despierta la elección presidencial entre mujeres, por el récord que se espera y el prestigio democrático que aporta, más de una institución ha levantado la mano para abrir sus instalaciones, gratis, y ser escenario de alguno de los debates.
Una de ellas es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), que cada vez que se aproximan elecciones de este nivel, procura organizar votaciones internas con sus estudiantes.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Debates, ha dicho que las instalaciones del INE van en primer lugar.
Se analizan varios escenarios. Dependerá de la adaptación y las características de cada uno.
Probablemente el punto complicado de partidos y autoridades electorales sea ponerse de acuerdo sobre qué periodistas o comunicadores moderarán los debates; garantizar capacidad e imparcialidad.
El reto principal será lograr darle agilidad a los debates, que no sean acartonados ni rígidos como otras veces.
Las candidatas estarán ante la oportunidad de quitarle lo aburrido que a veces llegan a ser estos eventos.
Por lo pronto, la novedad de que sean mujeres las principales contendientes, daría mayor audiencia, como nunca antes se había visto.

En el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) el sorteo o insaculación fue la mejor fórmula que encontró la Cámara de Diputados para superar la falta de consenso entre los distintos grupos parlamentarios a la hora de nombrar consejeros y consejeras. La opción última en caso de persistir diferencias y no alcanzar la llamada mayoría calificada.
Funcionó a los diputados. Como ninguna fracción legislativa, por si sola, suma las dos terceras partes de los asistentes, que es el número que se requiere para aprobar los nombramientos, el sorteo se convirtió en la alternativa para cumplir con lo que ordena la ley en la materia.
Por eso el Consejo General del INE está completo. De otra manera, los diputados estarían estancados, en busca del acuerdo, que cada vez se ha vuelto más complicado lograrlo. Nadie quiere ceder. La desconfianza es total porque ven a los aspirantes con perfiles parciales, con simpatías hacia uno de los bandos políticos, aunque no sea acierto.
Sucede porque por muchos años es lo que ha caracterizado a los nombramientos, el reparto de cuotas, sobre todo entre los principales partidos. Es lo que se ha visto y confirmado en la actuación de los nombrados. Hay momentos en que han respondido a intereses parciales.
Por eso es que algunos consejeros del INE, cuando terminan su periodo, van a dar a las bancadas parlamentarias o a la misma administración pública, a partir de que la ley se los permite. Confirman que era real su simpatía por determinado color. Lo saben los partidos, por eso la desconfianza y por eso funciona el sorteo en el proceso de elección.
La experiencia de los diputados con el organismo electoral debería de ser recogida por el Senado. Modificar la normatividad para que también tengan la opción de insacular nombramientos. En ningún sentido es aceptable que haya instituciones cojas, incompletas, como es el caso del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Internacionales (INAI). Se llegó al extremo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizara que puede funcionar con cuatro comisionados, porque los senadores no logran el consenso para nombrar a los tres que le faltan.
No es el único caso. El Senado tiene muchos más nombramientos pendientes, más de 70, particularmente de magistrados locales y federales (electorales y administrativos), que no consiguen la mayoría calificada.
De nada sirve que los y las aspirantes cumplan con los requisitos, que tengan amplia experiencia y probados conocimientos para el cargo, si al final se quedan en la antesala.
Así ocurrió con 18 aspirantes a magistrados anticorrupción en el sexenio anterior, propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto. Nunca alcanzaron la mayoría calificada. Cinco de ellos creyeron que podían forzar con amparos a los senadores, los otros 15 prefirieron declinar.
En la actual legislatura el Senado tiene pendiente el nombramiento de una magistrada de sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuesta por la Corte. No hay garantía de que pronto vaya a salir.
Lo mismo sucede con las dos ternas, una de hombres y otras de mujeres, para la sala superior del tribunal electoral.
Urge el sorteo o insaculación para los nombramientos que corresponde hacer al Senado.

Porfirio Muñoz Ledo buscó ser gobernador de Guanajuato sin haber nacido en dicho estado, alegó derechos de sangre, por las raíces de su familia paterna en León y Apaseo el Grande.
Lo intentó sin éxito en 1991; no era popular ni conocido entre los guanajuatenses, porque su trayectoria se desarrolló en otros lugares, en la Ciudad de México, de donde era originario; en la política a nivel nacional y en los terrenos diplomáticos a nivel internacional.
Quería seguir la huella de sus antepasados Octaviano y Manuel Muñoz Ledo que lograron gobernar Guanajuato.
Su sueño nunca se cumplió.
Cuando lo homenajearon en Apaseo el Grande, en 2021, se encontró con Libia Denisse García Muñoz Ledo, quien entonces se desempeñaba como secretaria de gobierno.
Ninguno de los dos supo si los unían lazos familiares, aunque quedaron de averiguarlo.
Sean o no familiares, el hecho es que de nuevo el apellido Muñoz Ledo se encamina hacia el palacio de gobierno de Guanajuato.
Libia Denisse, actual secretaria de Desarrollo Social, es la virtual candidata de Acción Nacional.
El PAN se aproxima a cumplir 33 años de gobernar Guanajuato y no se ve como lo puedan derrotar en 2024.
García Muñoz Ledo apenas ronda los 40 años de edad, es abogada y maestra en derecho constitucional. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y en su partido.
Su principal adversario, Ricardo Sheffield Padilla, ex procurador Federal del Consumidor, competiría con la camiseta guinda.
Todo indica que Libia mantendrá vivo el espíritu de Muñoz Ledo y será la primera mujer en gobernar Guanajuato.