Es indiscutible que el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez fue determinante para que se aprobara la reforma judicial.
Por supuesto que no fue gratis, en la política, en México y en cualquier parte del mundo, la negociación es moneda de cambio y este caso no fue la excepción. ¿Qué salió muy caro su voto? Fue la forma como se alcanzó la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma constitucional.
La importancia de la reforma tampoco está a discusión, estamos próximos a la renovación del poder judicial, que tanta falta hace para acabar con sus vicios, con el nepotismo y la corrupción. De ahí que el voto de Yunes valía a cambio de librarlo de las averiguaciones que tenía en contra.
No hay que olvidar que Yunes había llegado al Senado con la camiseta de Acción Nacional y en los momentos de la discusión de la reforma, el PRIAN había cerrado filas. Se percibía más factible que alguien del tricolor cediera y se sumara a la mayoría parlamentaria. Sin embargo, el malicioso de Alejandro Moreno prácticamente secuestró a sus compañeros para que nadie se fuera a pasar del otro lado. Incluso, tuvo a la mano los suplentes para de inmediato relevar al compañero que le diera la espalda. Marko Cortés, quien en ese momento todavía dirigía a los azules, daba por hecho que ninguno lo traicionaría y no tomó ninguna medida extraordinaria para evitar la traición.
Cuando descubrió que Yunes había negociado por su cuenta, ya era demasiado tarde. Y Miguel Ángel aguantó todos los calificativos del panismo y de mucha gente de la derecha. Se lo querían comer vivo. Con el descrédito sobre sus hombros, siguió adelante.
Votó a favor de la reforma y eludió los tribunales de su estado, aunque no el desagrado de veracruzanos encabezados por Rocío Nahle. Entendieron que no había de otra para aprobar la que quizás sea la reforma legislativa más importante del sexenio, porque representa la renovación de uno de los tres poderes de la Unión, indispensable y respuesta al mandato que dio el pueblo en las elecciones presidenciales.
Yunes Márquez supuso que también podía aspirar a la camiseta guinda, sobre todo al ver la aversión de la bancada azul; para nada querían tenerlo cerca y menos en sus filas.
El grupo parlamentario de Morena en el Senado lo cobijó y el coordinador de los morenistas Adán Augusto López Hernández le dio el visto bueno para ir por la afiliación guinda.
Nada más que en Veracruz brincaron de inmediato y formalizaron su molestia e inconformidad ante las instancias del partido, que finalmente tuvieron que rechazar su inscripción.
De cualquier manera, va a seguir en la bancada de Morena. Desde el primer día que se hizo pública la afiliación, la senadora Andrea Chávez Treviño (asediada justa o injustamente en las redes sociales), al responder a pregunta directa de la reportera de la Jornada Andrea Becerril de qué pasaría si no era aceptado en el partido, respondió de inmediato sin titubear, segura, firme, que se quedaría en el grupo parlamentario.
No es el primer legislador que forma parte de una bancada y no es militante del partido que le abrió el espacio. Los hay en todos los grupos, en calidad de independientes.
Así que Miguel Ángel Yunes Márquez puede estar tranquilo, sus compañeros senadores y senadoras no lo van a desamparar y va a mantenerse como presidente de la Comisión de Hacienda, una de las más importantes comisiones del poder legislativo.

Adriana Juárez Soteno es un caso suigéneris porque aun cuando obtuvo el nombramiento de jueza otorgado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya no pudo ejercerlo.
Se quedó en el limbo, atrapada por las circunstancias. Por fin había alcanzado su aspiración de ser jueza, en su carrera de 17 años dentro del poder judicial, nada más que el nombramiento le llegó justo a cuatro días de que entrara en vigor la nueva reforma aprobada por el constituyente.
La nueva reforma establece que para ser juez o jueza, magistrada o magistrado, ministra o ministro tiene que ser electa por el pueblo, por lo tanto, no podía ocupar el cargo por el método tradicional y el consejo de la judicatura no la asignó a ningún juzgado.
No culpa a nadie de lo sucedido, es cuidadosa al juzgar a la ministra Norma Piña, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No la responsabiliza de haberla dejado a la mitad del camino, a pesar de que era sabido que una vez que entrara en vigor la nueva reforma, el nombramiento se iba a quedar en pausa, sin posibilidad de reactivarse o hacerse efectivo.
Valga la comparación, como al niño que le regalan un dulce sin que sea posible quitarle la envoltura.
Adriana Juárez Soteno se convirtió en jueza sin ser jueza en la realidad, en los hechos, en el ejercicio.
El nombramiento en el papel le funcionará para su historial y para colgarlo en la pared como diploma, como prueba de que lo consiguió a través de un concurso de oposición.
Entrevistada para este espacio es cautelosa y no le echa la culpa a nadie de su singular experiencia.
A la que todavía es presidenta de la Corte le reconoce que llegó ahí por méritos, resultado de una carrera intachable. De su actual desempeño prefiere no opinar, ni en contra ni a favor, opta por ocuparse de su propio y nuevo reto, ganar la elección del 1 de junio, ya no para ser ratificada como jueza, sino para ser magistrada.
Si bien no pudo ejercer oficialmente su nombramiento de jueza, platica también que la tarea judicial como secretaria de acuerdos le ha permitido conocer el trabajo de impartir justicia.
Así fue cuando en los términos que señala la ley, estuvo como secretaria en funciones de juzgadora, debido a que el titular del juzgado de procesos penales donde laboraba lo enviaron a un centro de justicia oral.
Según sus palabras, le tocó resolver asuntos de relevancia social y hasta de trascendencia para el país. Una experiencia que agradece a la vida y que ahora la tiene como candidata a magistrada.
Para Juárez Soteno uno de los principales defectos del juzgador ha sido su desconexión con la gente, desentenderse del contexto social y emitir veredictos basado solo en el papel, en el expediente, sin escuchar con la amplitud requerida a las partes.
Incluso atribuye a este defecto parte de los equívocos y mala imagen que tiene el poder judicial.
Ahora está convencida de que el nuevo marco legal y la elección que hará el pueblo de juzgadores, ayudará a impulsar la democratización del poder judicial, combatir la corrupción y fortalecer la justicia social.
En un principio, admite, como integrante del poder judicial, estaba confundida con la reforma. Hoy ha entendido la importancia de adaptarse al cambio, la relevancia de que sea el pueblo quien elija a los juzgadores en beneficio de la justicia social que tanta falta le hace al país.

Por primera vez, porque así lo establece la nueva reforma judicial, en marcha las campañas de tres mil 442 juristas, lo que nunca antes se había hecho para competir por un lugar en el poder judicial.
Durante 60 días, del 30 de marzo al 28 de mayo, candidatas y candidatos a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, seguirán reglas establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para darse a conocer y tratar de obtener el mayor número de votos.
Actividad nueva para ellos y ellas, con topes de campaña y promoción restringida en medios.
Los ciudadanos y ciudadanas que irían a votar el 1 de junio, tampoco la tienen fácil, porque deberán de hacer un esfuerzo extra para conocer la trayectoria de competidoras y competidores, a fin de emitir un voto razonado y escoger a los y las mejores.
Ya hay medios que se están ocupando en exhibir debilidades y fortalezas de los aspirantes, el perfil de cada uno, grados académicos y trabajos realizados.
En camino la renovación de un poder judicial que nunca fue capaz, por su cuenta, de sanear y corregir defectos. Poco o nada hizo por cerrarle el paso a la corrupción y nepotismo, toleró el favoritismo y la parcialidad en resoluciones. No se ha significado por su independencia, ha sido obsequioso con poderosos e influyentes, con los que tienen dinero.
Hay que admitir que no todas las manzanas están podridas, sin duda tiene gente muy valiosa que ha cumplido y cumple con su responsabilidad, con apego a la ley.
Empleados con vocación de servicio, con ética. Estrictos con sus deberes y lo que marca la ley. Testigos de lo que han hecho sus jefes, bueno o malo, a favor o en contra de la justicia.
Se supone que todas y todos han estado y están vigilados por el Consejo de la Judicatura Federal ahora en proceso de extinción para ser sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial. El CJF se caracterizó más por la simulación, juez y parte porque quien ha presidido este órgano también ha presidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para nadie es un secreto en el andamiaje judicial la importancia de secretarios y secretarias de acuerdos, que, sin estar al frente de juzgados o tribunales, ejercen la ética que debería caracterizar a sus jefes.
Por ejemplo:
La secretaria de acuerdos María del Pilar Argueta González, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en funciones de jueza (lo permite la ley ante la ausencia del titular), con el cuidado debido, después de dos resoluciones de inocencia y el tiempo cumplido para recibir apelaciones, dio por concluida la causa penal 103/2012-II.
Con fecha del 15 de diciembre de 2016 emitió el siguiente acuerdo:
“En consecuencia, con sustento en la última parte, párrafo primero del artículo 102 de la legislación procesal aplicable, se declara que dicho fallo es irrevocable y por ende, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar”.
Previamente, con fecha del 28 de septiembre de 2016, dio cuenta de las notificaciones y el plazo concedido para impugnar las resoluciones a favor de quien había sido declarado inocente.
Con lo que no contaba la secretaria de acuerdos y el afectado en el proceso penal es que el magistrado Jorge Fermín Rivera torcería la ley, sin respetar el principio de definitividad, para reabrirlo a cambio de beneficios para su pensión. A la semana siguiente, se jubiló y nadie se ocupó en revisar su actuación.
De cualquier manera, es indiscutible que el desempeño de la jurista Pilar Argueta confirma que no todo está podrido en el poder judicial.
Seguro, como ella, otros y otras trabajan y cumplen con discreción.