En el poder legislativo están llegando al callejón de las trompadas, por las difamaciones, injurias y calumnias que se intercambian sus integrantes, cada vez con más ácido y todas dichas al amparo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué dice el artículo 61? “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Así que pueden decir misa si quieren. Están protegidos y protegidas de posibles delitos de honor; plenamente garantizada la libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. La verdad, no es nada nuevo que levanten la voz y se insulten. Hay una larga lista de ejemplos y prácticamente nadie ha sido denunciado por hacerlo o acusado ante autoridad judicial. En el Senado, en la actual legislatura, la morenista María Guadalupe Chavira soltó una frase que ahí quedará para la historia: “La impunidad de la lengua tiene límites”. Lo hizo como parte de su breve exposición desde su escaño en la que solicitó a la presidencia de la mesa directiva gestionar que la Fiscalía General de la República la llame para aclarar y responder a imputaciones de la senadora panista Lilly Téllez en el sentido de que sus adversarios pertenecen o son cómplices del crimen organizado. ¿Y puede hacer algo el presidente de la mesa directiva para impedirlas o acallarlas? Nada porque su obligación es que se cumpla la ley y le corresponde velar por el respeto al fuero constitucional de los legisladores. Se desconoce si la senadora Téllez formalizaría su denuncia. Lo más probable es que no lo haga, porque lo más seguro es que no tenga pruebas. Solo buscaría dañar la imagen de la mayoría legislativa. Tampoco lo va a conseguir, porque ya lleva meses, años con los insultos y la gente sigue votando por Morena. Además, debemos recordar que esta legisladora llegó al Senado desde 2018 con la camiseta guinda y esto también lo sabe el pueblo, así que le resta autoridad y credibilidad, aunque ahora vista de azul. Les decíamos que hay más ejemplos de ese tipo de conductas. En el diario de los debates están los nombres de Irma Serrano, Layda Sansores, Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, entre otros. En el caso de los varones la efervescencia ha llegado a empujones y jaloneos, como los recientes derivados de las ofensas de la oposición al senador Miguel Ángel Yunes Márquez por votar igual que la mayoría; y en la anterior legislatura Gustavo Madero rodó por los suelos cuando intentó impedir que rindiera protesta la nueva titular de la CNDH Rosario Piedra. Han subido de tono los insultos, no son nada menor los calificativos de narcos y traidores que se endilgan unos y otros. Están llegando al “callejón de las trompadas”, como en su tiempo llamaron escolares de Aguascalientes a la calle donde acudían al salir de la escuela para dirimir a golpes sus diferencias. Hay roces que podrían ir más allá, no nada más entre legisladores, también entre legisladoras. Con tal de escandalizar a todo volumen en el salón de sesiones la senadora Téllez llegó al extremo de utilizar un megáfono y la senadora Lucía Trasvina la sorprendió y le quitó de las manos el aparato. Quizás hay quienes no lo tienen claro, lo valioso que es el respeto. Cualquier desbordamiento o desmadre dañaría la imagen del poder legislativo
El nepotismo no ha sido problema de un solo partido, todos saben que han caído en esa tentación para favorecer a un familiar o al amigo. Hay casos del pasado y del presente. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han estado involucrados, en menor o mayor grado. ¿A poco no se acuerdan cuando el presidente José López Portillo incorporó al gabinete a su hijo José Ramón y salió a decir a los medios de comunicación que era el orgullo de su nepotismo? Mediáticamente la decisión fue aceptada, nadie emprendió una campaña para desacreditarla. Tampoco nadie criticó que haya nombrado a su hermana Margarita López Portillo en la dirección general de Radio Televisión y Cinematografía (RTC). Y cuando nombró a Rosa Luz Alegría como titular de la Secretaría de Turismo, para nadie era un secreto el especial afecto que tenía el presidente por ella. En años más recientes, también se toleró que el gobernador de Coahuila Humberto Moreira heredara el cargo a su hermano Rubén Moreira, que ahora les incomoda que se les recuerde. “Ya quedó en el pasado” ha dicho Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. El PAN tampoco ha estado ajeno a este pecado. Al ex dirigente Marko Cortés que le gusta presumir su transparencia (dio a conocer los acuerdos en lo oscurito que hizo con el PRI en Coahuiila), cuando estuvo al frente del blanquiazul consiguió que su hermano David Alejandro fuera primero candidato a diputado local en Michoacán y después candidato a diputado federal. Vicente Fox llegó a considerar la posibilidad que su pareja Marta Sahagún compitiera por la presidencia. Felipe Calderón ayudó a su hermana Luisa María para que se convirtiera en candidata al gobierno de Michoacán. Perdió la elección. En Zacatecas los hermanos Monreal han sabido conservar el poder y ya está en fila Saúl para ser el tercero de la dinastía en llegar a la gubernatura. Félix Salgado Macedonio está formado para llegar al gobierno de Guerrero, donde ahora despacha su hija Evelyn. En San Luis Potosí la senadora ecologista Ruth González Silva, por su alta popularidad, estaría perfilada para relevar a su esposo gobernador Ricardo Gallardo. Son algunos ejemplos en los poderes Ejecutivo y Legislativo, que involucran a los principales partidos. El poder judicial tampoco se salva, ahí el problema del nepotismo se agudizó a tal punto que fue una de las razones que el pueblo encontró para pedir al constituyente que procediera a la renovación. La actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consciente de esta realidad, apuntaló la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para que el pueblo elija a sus juzgadores y propuso reforma constitucional para cerrarle el paso al nepotismo electoral, a partir del 2027, justo cuando Saúl aspiraría a suceder a su hermano David Monreal, Félix a su hija Evelyn Salgado y Ruth a su cónyuge. Diputados y senadores decidieron modificar el año, aunque no todos quedaron complacidos con el ajuste, poner la entrada en vigor hasta el 2030. Con lo que no contaban los interesados en el tema, en el caso particular de Morena, es que su dirigente nacional Luisa María Alcalde anunciara que para los guindas la medida aplicará desde las elecciones en Durango y Veracruz, programadas en este año. Ganar la batalla contra el nepotismo no va a ser sencillo en ninguna de las fuerzas políticas. ¿Qué hará el partido si resulta que el familiar del gobernante en turno tiene amplia ventaja en las encuestas y garantiza el triunfo? ¿Se pondrá de candidato o candidata a quien corra el riesgo de perder el proceso? También puede ser que quien tenga el control político y no es nominado, termine por convertirse en el poder tras el trono. Por lo expuesto, la reforma legislativa no pone punto final al nepotismo, la realidad puede llegar a tener más peso.
Ha sido diputada del PAN, trabajó para Televisa y es originaria de Coahuila, estado eminentemente priísta. Con estas tres características cualquiera diría que Dora Alicia Martínez Valero hablaría pestes de la reforma judicial y de la elección de juzgadores el próximo 1 de junio. Todo lo contrario. Dora Alicia Martínez Valero, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), domina cuatro idiomas, es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se define como abogada independiente. Ha trabajado en la iniciativa privada y en el sector público. Como coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, también como asesora del poder legislativo. En la televisión comercial se desempeñó como directora general de asuntos electorales. La maestra Martínez Valero accedió a ser entrevistada por este espacio y aquí algunas de sus respuestas, que la pintan con un pensamiento que nadie imaginaría por su origen y posiciones ocupadas. -¿Está dispuesta a ganar menos que la presidenta Claudia Sheinbaum? -Estoy dispuesta a ganar menos que la presidenta de México porque eso es lo que dice la ley, es lo que dice la Constitución. Si aspiro a ser ministra de la Corte, lo primero que tengo que hacer es respetar la Constitución. No estoy en esto por un interés económico. Estoy para trabajar con todas mis capacidades, con toda mi creatividad al servicio de la justicia. Mi motor nunca ha sido lo económico. -¿Usted ha sido diputada del PAN y ha trabajado para Televisa, esto no le genera un conflicto de interés? -Fui diputada federal de 2006 a 2009. Hoy tenemos una ministra en funciones que también fue diputada. La verdad ya no estoy vinculada a ese partido. Renuncié a la militancia partidista. Soy abogada independiente. Efectivamente, también fui directora de asuntos electorales del grupo Televisa. Cargo que dejé en 2023. La razón fue cumplir con mi aspiración de ser abogada independiente, no servir solo a una persona sino tener muchos clientes. -¿Qué piensa cuando escucha que el poder judicial está podrido? -El más grave error del poder judicial fue haberse quedado en sus oficinas. Y la justicia, particularmente la justicia social, no está en las oficinas de nadie, está en la calle. Hay que voltear a ver a las personas que piden justicia, hay que voltear a ver a las víctimas. -¿El principal error de la Corte? -Es ese precisamente, una Corte lejana, una Corte cerrada. Una Corte sin espacios para escuchar a las víctimas o para escuchar a quienes reclamaban justicia. Y quienes aspiraban a ser jueces, primero tenían que haber trabajado en el Alto Tribunal. -¿Comparte el comentario de que los juzgadores se sienten dioses? -Me parece que no solo los juzgadores. Creo que ese es un gran error del servicio público. Me parece que es un tema de cómo se asume la función de servir. -¿Le gusta que el pueblo elija a los juzgadores? -La reforma tiene algunas complicaciones técnicas que debieran mejorarse. En principio me parece un proceso inédito. Es lo que tenemos hoy y hay que aprovecharlo, que la ciudadanía sepa que tiene la posibilidad de elegir a quienes imparten justicia y exigirles que combatan la impunidad. -También aspira a presidir la Corte? -No, yo aspiro a ser ministra y a servir a favor de la justicia.
Al senador Miguel Ángel Yunes Márquez le han llovido piedras de todo tamaño a raíz, primero, de que dio el voto decisivo para alcanzar la mayoría calificada y aprobar la reforma judicial. En segundo lugar, por su afiliación al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) donde hay figuras que no lo quieren. Personajes que por lo visto tienen la piel muy sensible y no toleran ofensas que muchas veces se dicen al calor de la batalla política, sobre todo cuando está de por medio algún cargo público. Ya se ha dicho hasta el cansancio que para estar en la política hay que tener la piel muy gruesa, pero una cosa es lo que se pregona y otra la realidad. A la mera hora nadie aguanta nada y en la primera oportunidad buscan la forma de cobrarse la cuenta. En cierta ocasión, en una entrevista, le preguntaron a Manlio Fabio Beltrones, veterano de la política que ha ocupado cargos públicos casi en todos los niveles, salvo el presidencial, si ya no le molestaba la crítica. La respuesta fue inmediata. Confirmó que a los políticos no les gusta que los toquen ni con el pétalo de una rosa y si los tocan, quienes lo hacen que se atengan a las consecuencias. Yunes ya tiene una lista larga de sus detractores. Tendrá que acostumbrarse porque no se ve que el oleaje ofensivo vaya a terminar pronto. Los que le han tirado toda clase de piedras como si estuvieran libres de pecado. Seguramente muchos no son católicos, aunque sí deben ser estudiosos y conocer el pasaje bíblico de Jesús cuando se topó con una mujer que era perseguida y apedreada por una multitud, acusada de adulterio. Jesús le dijo a la multitud: “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Una a una las personas que la acusaban se retiraron del lugar. Jesús y la mujer se quedaron solos. Preguntó si alguien la condenaba. Ella respondió que no. Entonces dijo que él tampoco la condenaba y por lo tanto se podía ir, con la recomendación de no volver a pecar. No es tan simple el caso del senador Yunes Márquez, las palabras dejan heridas que a veces resulta difícil cerrar y hay acciones incorrectas o ilícitas que no se olvidan, que claman castigo. Sin embargo, ¿estarán libres de pecado todos y todas que no lo quieren vistiendo la camiseta guinda? La decisión final sobre el futuro partidista del político veracruzano la tomará la comisión de honestidad de Morena. Difícil porque una de las principales inconformes con la afiliación de Yunes es la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle. Tendrán que poner sobre la báscula pros y contras, sin perder de vista que los momentos que vive el país reclaman unidad, por encima de diferencias y enojos viscerales. Son reales las acciones que ha emprendido y pretende llevar a cabo el vecino del norte. El caso de Yunes no es el único que ha despertado inquietudes en Morena. También está el del senador Alejandro Murat; su afiliación no ha sido del agrado del gobernador oaxaqueño Salomón Jara. Hay un tercer caso que también tiene sus características especiales. El del senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y al que el gobierno de Chihuahua no lo quiere dejar en paz. Corral, si bien forma parte de la bancada Morena, dejó en claro que su compromiso es con el proyecto de la 4T y así lo planteó desde que decidió sumarse al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Ha precisado que ya no tiene interés en una vida partidista, con la experiencia del PAN fue suficiente. Para Luisa María Alcalde, al interior de Morena, el caso Yunes, por el ruido mediático generado, sería el más inquietante en lo que va de su dirigencia.