A la oposición en México, después de lo que sucedió en las elecciones de junio de 2024 y las derrotas posteriores en el poder legislativo y en el poder judicial, no le queda otra que renovarse. No puede ni debe seguir igual con los mismos partidos desgastados y anacrónicos, ya no funcionan el PAN y el PRI como para considerar que en seis años uno de ellos o aliados van a recuperar el poder. Al paso que va, ni siquiera lograría equilibrar las fuerzas en el poder legislativo en la elección intermedia de 2027. Y en el poder judicial, es un hecho que habrá nueva baraja, nuevos juzgadores a partir de agosto del próximo año. La oposición de hoy, de mantenerse con las mismas figuras y prácticas, está en peligro de extinción. La sociedad ya no la traga, consciente de que desperdició la oportunidad de darle a México nueva cara, más limpia, menos corrupta y con mejores niveles de vida. Hay urgencia de crear nuevos partidos, uno o dos partidos políticos, opción fresca que incorpore a nuevas generaciones, combinarlas o mezclarlas con gente que ha sido pertinaz y congruente en la defensa de valores, de la democracia y de la justicia en todos los sentidos. ¿Quiénes? ¿Existen esos personajes? ¿Estarían decididos a fundar nuevos partidos y ofrecerle algo distinto a millones de mexicanos? ¿Tendrían la fuerza para ganar la alternancia? Experiencia y capacidad la tienen, el punto es que no sean conformes ni extiendan sólo la mano para ver que les toca del reparto del pastel político Hoy el poder lo tienen Morena y sus aliados y, todos los días trabajan para conservarlo por larga temporada. Así que para la oposición el reto es mayúsculo. En enero de 2025 se estará abriendo el periodo de inscripción para las organizaciones interesadas en obtener el registro como partido. ¿Quiénes pueden formar nuevos partidos? En el poder judicial hay empleados que han levantado la mano con ese propósito. Podrían intentarlo por su cuenta o sumarse a expresiones civiles que tienen a personajes como Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza a la cabeza. Guadalupe es veterano activista y experredista. Emilio se distingue como combativo y permanente defensor de los derechos humanos. Sería interesante amalgama de la sociedad civil. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas milita en Movimiento Ciudadano propiedad de Dante Delgado, que se ha conformado con mediana presencia. Donaldo, con sus apellidos, activismo, experiencia y juventud tendría la fuerza para crear una mejor alternativa, que le sirva de plataforma para pensar en serio en competir por la presidencia en 2030. En 1996 se creó la agrupación política nacional con el nombre de su mamá Diana Laura; perdió su registro en 2009. Lorenzo Córdova Vianello es otro personaje que podría ayudar a la formación de un partido político. Conoce el camino, su inteligencia política es reconocida, fue consejero presidente del INE y tiene imagen favorable en amplios sectores de la población. Dependerá de ellos fundar nuevas alternativas, distanciadas de los desgastados partidos de oposición como el PRI y el PAN, que día a día pierden seguidores, no se diga el PRD. Movimiento Ciudadano ya tatuó su medianía. Está claro que la sociedad quiere algo diferente y es de esperarse que lo entiendan quienes pueden ofrecerlo, de lo contrario, den por hecho que Morena tendrá larga vida en el poder.
Ministro Juan Luis González Alcántara Carranca no ha sido ético como juzgador, hoy defiende sus intereses particulares, es juez y parte, exige derecho de audiencia, ser escuchado y advierte que México está a punto de perder su poder judicial, todo porque la reforma aprobada no le conviene; por eso estira las leyes a su favor y trata de justificar la intervención de la Corte en un asunto en el que ya no tiene competencia, por la promulgación de la llamada supremacía constitucional. La reforma judicial ya está en la Constitución y usted ha interpretado la ley máxima para elaborar su proyecto de resolución que atiende las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos políticos, utilizando artículos afines a sus propósitos mezquinos. Pierde de vista el alcance del artículo 39 de la Constitución que deja en claro que la soberanía reside en el pueblo, por encima de cualquier poder. Lo que menos parece importarle es nuestro país, lo que hace golpea su estructura de gobierno y pone a México al borde de una crisis constitucional que no tendría precedente, el choque entre poderes, la descomposición del poder judicial al que dice defender. Hasta ahora se ha dado cuenta que el poder judicial no es perfecto, hasta ahora ha descubierto que hay manzanas podridas y actuaciones que deben de corregirse para hacer efectiva la impartición de justicia. Ha admitido que hace falta la reforma, no como se ha realizado porque en su opinión da al traste con la formación académica de juzgadores, con años de experiencia. Por muchos años ha ignorado el deterioro del poder judicial, lo ha visto a distancia desde su purismo y perfección. Tampoco se ha quitado la venda de los ojos para ver y admitir sus propios errores. ¿Cuándo ha reconocido que se equivocó? ¿Cuándo ha corregido sus errores y ofrecido una disculpa al pueblo? Usted no es infalible como desearía, es humano y no está exento de los desaciertos, que seguramente han acabado con familias, con la vida y el patrimonio de gente que no tiene más recurso que la verdad para defenderse. ¿Se acuerda que destruyó la vida de un periodista? Emitió un proyecto de resolución que ignoró dos resoluciones de inocencia irrevocable y la calificación de que el asunto había causado ejecutoria. Rechazó el recurso de revisión 246/2023 y dejó firme una sentencia injusta. Llegó al extremo de considerar la tortura contra el periodista como cosa juzgada y no encontró elementos para analizar a fondo el caso, simplemente le pareció que no había violaciones constitucionales, como si la tortura no lo fuera o las mismas atrocidades de tribunales y juzgados (violaciones al debido proceso) que se pasaron por el arco del triunfo la ley para juzgar por consigna. ¿Está enterado que el periodista está amenazado de muerte por quienes están esperando que vuelva a poner un pie en prisión para quitarle la vida? No ha sido ético ministro González Alcántara Carrancá y ahora, porque va contra su estatus, desconoce el clamor del pueblo por un nuevo poder judicial, le niega su derecho a elegir con el voto directo a juzgadores. Su compañero Luis María Aguilar Morales, que en este mes concluye su periodo, también tiene su historia. En el caso del periodista aludido, perdonó la violación constitucional cometida por el juez (actualmente magistrado) Eduardo Torres Carrillo. Justificó que en el 2012 dicho juez violara el artículo 19 de la Constitución al no resolver la situación jurídica del detenido en 72 horas. En vez de ser sancionado el juez, fue ascendido a magistrado. Ministro Aguilar: ¿Se enteró que el periodista fue llevado al penal de máxima seguridad de El Altiplano como si fuera uno de los más peligrosos delincuentes? ¿Supo que fue torturado, justo en el lapso que prolongó el juez al que usted perdonó? El ministro que presidía la Corte y la judicatura en 2015 disculpó (Queja 1145/2015-I) al juez la violación del artículo 19 de la Constitución porque el juzgador se encontraba en la Ciudad de México y el detenido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, como si no existieran medios de comunicación para avisarle a otro juez radicado en el estado de México que cumpliera con oportunidad el procedimiento. Torres Carrillo mandó el aviso o exhorto al Edomex con retraso y violó la ley suprema, sin recibir ninguna sanción. Eso se llama impunidad del autor y complicidad de quienes lo toleraron. Ministros Alcántara y Aguilar: ¿Se atreverán en la plenaria de la Corte a ir en contra de lo que ya establece la Constitución para tratar de echar abajo la reforma judicial? Enhorabuena que uno termina su ciclo en este noviembre y el otro ya renunció para irse en agosto de 2025.
Seis de once consejeros electorales que integran el Consejo General del INE quieren que el INE interponga controversia constitucional en contra de modificaciones que el poder legislativo hizo a la ley electoral y que le otorgan nuevas atribuciones a la presidenta del instituto y a la Junta General Ejecutiva del propio organismo. Con ese propósito, los consejeros Jaime Rivera, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Dania Ravel, Claudia Zavala y Martín Faz formalizarán su petición mañana en la sesión del instituto. Elaboraron un documento de 40 páginas para argumentar porqué el INE debe interponer la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que concluya el presente año. Con el voto de los seis, que hacen mayoría, conseguirían que el organismo haga el trámite correspondiente. Los consejeros no están de acuerdo con que las cámaras de diputados y senadores hayan modificado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para otorgarle a la presidenta del instituto la facultad de designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto. Tampoco aceptan que la Junta General Ejecutiva apruebe los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del instituto y de coordinación de las Junta Locales y Distritales Ejecutivas, relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para el funcionamiento ordinario del instituto. Desde que llegó Guadalupe Taddei a la presidencia del INE a los consejeros se les ha complicado lograr el consenso para el nombramiento de los funcionarios del instituto propuestos por la misma presidenta. Con la reforma hecha por el legislativo, Taddei podría realizar los nombramientos sin ponerlos a consideración de sus compañeros. Según los consejeros inconformes, esas nuevas atribuciones de la consejera violentan la autonomía constitucional del INE, así como los principios de certeza, imparcialidad, independencia y profesionalismo que deben regir al instituto, como lo marca la Ley Suprema. Recuerdan que al instituto corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del INE. Aun cuando la controversia constitucional no afectaría de manera directa a la reforma judicial, podría impactar en el trabajo que tendría que llevar a cabo el organismo para organizar la elección de juzgadores en 2025. De acuerdo con el documento de los consejeros, la Secretaría Ejecutiva del Instituto deberá tener listo el proyecto de controversia constitucional a más tardar el 8 de noviembre y se fijaría de plazo hasta el 14 de noviembre para que el texto sea enriquecido por los consejeros. Posteriormente se presentaría a la Corte con la atenta recomendación de que sea resuelta en breve.
Por muchos motivos y desde hace muchos años, no hay confianza en autoridades que se dedican a investigar presuntos delitos e “impartir” justicia. Los de arriba, los que disponen de recursos o son poderosos, cuando advierten que está en riesgo su libertad, toman medidas de inmediato, generalmente deciden irse del país, porque si existe consigna de que deben de ser confinados, con o sin razón, difícilmente encontrarán en México abogado que los proteja. En cambio, los de abajo, los pobres, son mayoría en las prisiones, ellos no pueden pagar un defensor y los defensores de oficio gratuitos no se dan abasto para ayudarlos. Los de abajo mucho menos podrían considerar abandonar el territorio nacional para poner a salvo sus derechos, no tienen dinero. Apenas hace unos días le preguntaban al senador panista Ricardo Anaya porqué decidió autoexiliarse con toda su familia en el sexenio anterior. Su respuesta fue: “no soy ingenuo”. En otras palabras, temía y sabía que existía la intención de aprehenderlo, por el supuesto cobro de comisiones como legislador. Prefirió irse a vivir a los Estados Unidos y no correr el riesgo de ser detenido. Regresó una vez que cambiaron las condiciones políticas y quedaron superadas las intenciones de confinarlo. Ricardo no es el único que ha preferido irse del país. También hizo lo mismo Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Con la ventaja de que es mexicano y tiene la nacionalidad norteamericana. Otras y otros han actuado igual. Quienes han jugado al valiente y creído que la imparcialidad caracteriza las resoluciones judiciales, pagan o pagaron consecuencias. Rosario Robles, quien fue jefa de gobierno en la Ciudad de México y secretaria de Desarrollo Social, alardeó que no tenía miedo y regresó de sus vacaciones en Europa para acudir ante la instancia que reclamaba su presencia, aclarar imputaciones e irse a su casa. No fue así. El juez ordenó su encarcelamiento preventivo. Recuperó su libertad años después, aunque pareciera que sus conflictos legales todavía no han terminado. Tomás Zerón, quien ha sido acusado de estar involucrado en el caso Ayotzinapa, de presunta tortura y otros delitos, se fue a Israel, país con el que no existe tratado de extradición y que hasta la fecha ha desatendido peticiones de autoridades mexicanas que buscan juzgarlo. Algunos que también temen les cobren cuentas pendientes y que no lograron ningún tipo de fuero en las pasadas elecciones, sin hacer ruido, han optado por el ostracismo, en vez de exponerse ante un poder judicial donde hay juzgadores que actúan en connivencia con potentados. Para el ciudadano común la situación es diferente, en particular para quienes tienen un estatus medio o bajo. Los que viven en la medianía venden hasta su alma para pagar a sus defensores y evitar el encarcelamiento en tanto no se les acabe el dinero o su patrimonio. Lo peor es para los pobres. No importa que sean inocentes. Si caen en manos de los llamados juzgadores por consigna o de los que ponen en venta sus resoluciones, están condenados al encierro. Los pobres tienen sin cuidado a los juzgadores, solo representan un número para la estadística. Ese es el contraste entre ricos y pobres en materia de justicia. Para los primeros queda la opción de echar mano de sus recursos para conservar la libertad. Para los segundos la opción en la cárcel. La nueva reforma judicial, que deberá de ir más allá de la elección de juzgadores, tendrá que garantizar que la impartición de justicia sea pareja para los justiciables. No hay duda que la población con más carencias es la que clama justicia y es la que le dio el voto al partido en el poder y a sus aliados para que hagan la parte que les corresponde. Más vale que así sea, porque si se pasa por alto el sentido social que requiere la reforma judicial y vuelve a desdeñarse a los pobres, estos pobres, en las elecciones intermedias, con su voto, podrían rehacer la representación de fuerzas en las cámaras legislativas, donde es indispensable la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales.