Controversia Constitucional del INE contra ley electoral

Seis de once consejeros electorales que integran el Consejo General del INE quieren que el INE interponga controversia constitucional en contra de modificaciones que el poder legislativo hizo a la ley electoral y que le otorgan nuevas atribuciones a la presidenta del instituto y a la Junta General Ejecutiva del propio organismo.
Con ese propósito, los consejeros Jaime Rivera, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Dania Ravel, Claudia Zavala y Martín Faz formalizarán su petición mañana en la sesión del instituto.
Elaboraron un documento de 40 páginas para argumentar porqué el INE debe interponer la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que concluya el presente año.
Con el voto de los seis, que hacen mayoría, conseguirían que el organismo haga el trámite correspondiente.
Los consejeros no están de acuerdo con que las cámaras de diputados y senadores hayan modificado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para otorgarle a la presidenta del instituto la facultad de designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto.
Tampoco aceptan que la Junta General Ejecutiva apruebe los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del instituto y de coordinación de las Junta Locales y Distritales Ejecutivas, relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para el funcionamiento ordinario del instituto.
Desde que llegó Guadalupe Taddei a la presidencia del INE a los consejeros se les ha complicado lograr el consenso para el nombramiento de los funcionarios del instituto propuestos por la misma presidenta.
Con la reforma hecha por el legislativo, Taddei podría realizar los nombramientos sin ponerlos a consideración de sus compañeros.
Según los consejeros inconformes, esas nuevas atribuciones de la consejera violentan la autonomía constitucional del INE, así como los principios de certeza, imparcialidad, independencia y profesionalismo que deben regir al instituto, como lo marca la Ley Suprema.
Recuerdan que al instituto corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del INE.
Aun cuando la controversia constitucional no afectaría de manera directa a la reforma judicial, podría impactar en el trabajo que tendría que llevar a cabo el organismo para organizar la elección de juzgadores en 2025.
De acuerdo con el documento de los consejeros, la Secretaría Ejecutiva del Instituto deberá tener listo el proyecto de controversia constitucional a más tardar el 8 de noviembre y se fijaría de plazo hasta el 14 de noviembre para que el texto sea enriquecido por los consejeros.
Posteriormente se presentaría a la Corte con la atenta recomendación de que sea resuelta en breve.