Ministro Juan Luis González Alcántara Carranca no ha sido ético como juzgador, hoy defiende sus intereses particulares, es juez y parte, exige derecho de audiencia, ser escuchado y advierte que México está a punto de perder su poder judicial, todo porque la reforma aprobada no le conviene; por eso estira las leyes a su favor y trata de justificar la intervención de la Corte en un asunto en el que ya no tiene competencia, por la promulgación de la llamada supremacía constitucional.
La reforma judicial ya está en la Constitución y usted ha interpretado la ley máxima para elaborar su proyecto de resolución que atiende las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos políticos, utilizando artículos afines a sus propósitos mezquinos.
Pierde de vista el alcance del artículo 39 de la Constitución que deja en claro que la soberanía reside en el pueblo, por encima de cualquier poder.
Lo que menos parece importarle es nuestro país, lo que hace golpea su estructura de gobierno y pone a México al borde de una crisis constitucional que no tendría precedente, el choque entre poderes, la descomposición del poder judicial al que dice defender.
Hasta ahora se ha dado cuenta que el poder judicial no es perfecto, hasta ahora ha descubierto que hay manzanas podridas y actuaciones que deben de corregirse para hacer efectiva la impartición de justicia. Ha admitido que hace falta la reforma, no como se ha realizado porque en su opinión da al traste con la formación académica de juzgadores, con años de experiencia.
Por muchos años ha ignorado el deterioro del poder judicial, lo ha visto a distancia desde su purismo y perfección. Tampoco se ha quitado la venda de los ojos para ver y admitir sus propios errores.
¿Cuándo ha reconocido que se equivocó? ¿Cuándo ha corregido sus errores y ofrecido una disculpa al pueblo?
Usted no es infalible como desearía, es humano y no está exento de los desaciertos, que seguramente han acabado con familias, con la vida y el patrimonio de gente que no tiene más recurso que la verdad para defenderse.
¿Se acuerda que destruyó la vida de un periodista? Emitió un proyecto de resolución que ignoró dos resoluciones de inocencia irrevocable y la calificación de que el asunto había causado ejecutoria. Rechazó el recurso de revisión 246/2023 y dejó firme una sentencia injusta.
Llegó al extremo de considerar la tortura contra el periodista como cosa juzgada y no encontró elementos para analizar a fondo el caso, simplemente le pareció que no había violaciones constitucionales, como si la tortura no lo fuera o las mismas atrocidades de tribunales y juzgados (violaciones al debido proceso) que se pasaron por el arco del triunfo la ley para juzgar por consigna.
¿Está enterado que el periodista está amenazado de muerte por quienes están esperando que vuelva a poner un pie en prisión para quitarle la vida?
No ha sido ético ministro González Alcántara Carrancá y ahora, porque va contra su estatus, desconoce el clamor del pueblo por un nuevo poder judicial, le niega su derecho a elegir con el voto directo a juzgadores.
Su compañero Luis María Aguilar Morales, que en este mes concluye su periodo, también tiene su historia. En el caso del periodista aludido, perdonó la violación constitucional cometida por el juez (actualmente magistrado) Eduardo Torres Carrillo. Justificó que en el 2012 dicho juez violara el artículo 19 de la Constitución al no resolver la situación jurídica del detenido en 72 horas.
En vez de ser sancionado el juez, fue ascendido a magistrado.
Ministro Aguilar:
¿Se enteró que el periodista fue llevado al penal de máxima seguridad de El Altiplano como si fuera uno de los más peligrosos delincuentes?
¿Supo que fue torturado, justo en el lapso que prolongó el juez al que usted perdonó?
El ministro que presidía la Corte y la judicatura en 2015 disculpó (Queja 1145/2015-I) al juez la violación del artículo 19 de la Constitución porque el juzgador se encontraba en la Ciudad de México y el detenido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, como si no existieran medios de comunicación para avisarle a otro juez radicado en el estado de México que cumpliera con oportunidad el procedimiento.
Torres Carrillo mandó el aviso o exhorto al Edomex con retraso y violó la ley suprema, sin recibir ninguna sanción. Eso se llama impunidad del autor y complicidad de quienes lo toleraron.
Ministros Alcántara y Aguilar:
¿Se atreverán en la plenaria de la Corte a ir en contra de lo que ya establece la Constitución para tratar de echar abajo la reforma judicial?
Enhorabuena que uno termina su ciclo en este noviembre y el otro ya renunció para irse en agosto de 2025.

 

Por muchos motivos y desde hace muchos años, no hay confianza en autoridades que se dedican a investigar presuntos delitos e “impartir” justicia.
Los de arriba, los que disponen de recursos o son poderosos, cuando advierten que está en riesgo su libertad, toman medidas de inmediato, generalmente deciden irse del país, porque si existe consigna de que deben de ser confinados, con o sin razón, difícilmente encontrarán en México abogado que los proteja.
En cambio, los de abajo, los pobres, son mayoría en las prisiones, ellos no pueden pagar un defensor y los defensores de oficio gratuitos no se dan abasto para ayudarlos.
Los de abajo mucho menos podrían considerar abandonar el territorio nacional para poner a salvo sus derechos, no tienen dinero.
Apenas hace unos días le preguntaban al senador panista Ricardo Anaya porqué decidió autoexiliarse con toda su familia en el sexenio anterior. Su respuesta fue: “no soy ingenuo”. En otras palabras, temía y sabía que existía la intención de aprehenderlo, por el supuesto cobro de comisiones como legislador.
Prefirió irse a vivir a los Estados Unidos y no correr el riesgo de ser detenido.
Regresó una vez que cambiaron las condiciones políticas y quedaron superadas las intenciones de confinarlo.
Ricardo no es el único que ha preferido irse del país. También hizo lo mismo Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Con la ventaja de que es mexicano y tiene la nacionalidad norteamericana.
Otras y otros han actuado igual.
Quienes han jugado al valiente y creído que la imparcialidad caracteriza las resoluciones judiciales, pagan o pagaron consecuencias.
Rosario Robles, quien fue jefa de gobierno en la Ciudad de México y secretaria de Desarrollo Social, alardeó que no tenía miedo y regresó de sus vacaciones en Europa para acudir ante la instancia que reclamaba su presencia, aclarar imputaciones e irse a su casa. No fue así. El juez ordenó su encarcelamiento preventivo. Recuperó su libertad años después, aunque pareciera que sus conflictos legales todavía no han terminado.
Tomás Zerón, quien ha sido acusado de estar involucrado en el caso Ayotzinapa, de presunta tortura y otros delitos, se fue a Israel, país con el que no existe tratado de extradición y que hasta la fecha ha desatendido peticiones de autoridades mexicanas que buscan juzgarlo.
Algunos que también temen les cobren cuentas pendientes y que no lograron ningún tipo de fuero en las pasadas elecciones, sin hacer ruido, han optado por el ostracismo, en vez de exponerse ante un poder judicial donde hay juzgadores que actúan en connivencia con potentados.
Para el ciudadano común la situación es diferente, en particular para quienes tienen un estatus medio o bajo. Los que viven en la medianía venden hasta su alma para pagar a sus defensores y evitar el encarcelamiento en tanto no se les acabe el dinero o su patrimonio.
Lo peor es para los pobres. No importa que sean inocentes. Si caen en manos de los llamados juzgadores por consigna o de los que ponen en venta sus resoluciones, están condenados al encierro. Los pobres tienen sin cuidado a los juzgadores, solo representan un número para la estadística.
Ese es el contraste entre ricos y pobres en materia de justicia.
Para los primeros queda la opción de echar mano de sus recursos para conservar la libertad. Para los segundos la opción en la cárcel.
La nueva reforma judicial, que deberá de ir más allá de la elección de juzgadores, tendrá que garantizar que la impartición de justicia sea pareja para los justiciables.
No hay duda que la población con más carencias es la que clama justicia y es la que le dio el voto al partido en el poder y a sus aliados para que hagan la parte que les corresponde.
Más vale que así sea, porque si se pasa por alto el sentido social que requiere la reforma judicial y vuelve a desdeñarse a los pobres, estos pobres, en las elecciones intermedias, con su voto, podrían rehacer la representación de fuerzas en las cámaras legislativas, donde es indispensable la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales.

La verdad, hasta antes de enfrentar la infamia que no tiene nombre y está a punto de llevarme al confinamiento, tenía un concepto inmaculado del poder judicial en nuestro país.
Estaba convencido de que cumplía con la impartición de justicia, al menos que era la generalidad.
Tenía buena opinión de los juzgadores, que actuaban con honestidad y apego a la ley, con absoluta imparcialidad.
Escuchaba hablar de “jueces de consigna” y creía era una exageración, que no correspondía a la realidad.
Los hechos, el viacrucis que he sufrido más de 12 años, demostraron que estaba totalmente equivocado.
Terminé por darles la razón a quienes se la pasan diciendo que el poder judicial está podrido.
Supuse que, con la verdad de mi lado, la razón jurídica, con dos resoluciones de inocencia, un acuerdo del propio poder judicial que decía que los fallos a mi favor eran irrevocables y que el caso había causado ejecutoria o que ya era cosa juzgada, todo había terminado.
Incluso, a pesar de que revirtieron el proceso en mi contra, confiaba en que tarde o temprano encontraría la autoridad que reconocería la inocencia, porque cualquiera que revise con imparcialidad el expediente irremediablemente llegara a la conclusión de que no soy responsable de nada.
Nunca sucedió, ya había consigna de que tenía que ser condenado, aunque fuera inocente.
Ingenuamente consideré que bastaba con las pruebas a mi favor para lograr el reconocimiento del poder judicial.
Topé con juzgadores que procedieron como cómplices de personajes de la política, ligados a Felipe Calderón. Cobraron venganza, porque me atreví a escribir en 2007, cuando ya estaba en la silla presidencial, que el año anterior no había ganado la elección de manera limpia.
Estiraron la ley en mi contra.
El poder judicial está acostumbrado a salirse con la suya y en mi caso no tuvo ningún problema para lograrlo.
Todavía como última opción pensé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería distinta.
No. También está echada a perder. En estos tiempos está convertida en juez y parte y no le importa. Abiertamente hay ocho ministros que se han pronunciado en contra de la reforma judicial y al mismo tiempo analizan lo que procede en términos de ley con el fin de frenarla.
El descaro total.
El poder judicial se cree perfecto, más poderoso que cualquiera. Hace lo que quiere con la aplicación de la Constitución y las leyes; las estiran a su antojo.
Se siente más poderoso que los otros poderes, por encima de los poderes ejecutivo y legislativo.
Eso explica la multiplicidad de suspensiones o amparos para tratar de echar abajo la reforma judicial, que tanta falta hace, para limpiar a dicho poder de malos y corruptos servidores.
No le ha importado llegar al extremo de amenazar a la misma presidenta de la República, que apenas en junio pasado obtuvo el voto de casi 36 millones de mexicanos y mexicanas, con aplicarle sanciones en caso de que no de marcha atrás a la reforma.
Ha perdido el piso. Su actitud confirma que tiene ganada su renovación, la depuración inmediata.
El poder judicial está acostumbrado a ganar y en ese sentido seguramente se pronunciaría en los próximos días, sin reparar que puede significar la gota que derrame el vaso.
Hasta ahora lo que han hecho los poderes ejecutivo y legislativo ha sido no acatar las aberraciones del poder judicial.
Si la Corte se atreve a declarar inconstitucional la reforma judicial que ya es constitucional porque fue aprobada por las cámaras legislativas federales, por la mayoría de los congresos locales y promulgada por el ejecutivo, estará provocando la extinción del actual poder judicial.

Intocables era un término que se quedaba corto, hay juzgadores que se sentían puros y hasta dioses.
¿Cuándo dejaron de serlo? ¿Cuándo dejaron de levitar? ¿Cuándo perdieron su aureola? ¿Cuándo pisaron tierra y empezaron a preocuparse del mundo real que los rodea?
Ni los propios medios de comunicación se atrevían a tocarlos con el pétalo de una rosa, no se fueran a molestar y desatar su furia. Solo hay que revisar la hemeroteca para comprobarlo, salvo que alguno perdiera la bendición presidencial o cayera en un escándalo inocultable. Se le daba la opción del retiro, sin llegar al confinamiento, aunque lo mereciera.
Con la Cuarta transformación no fue la primera vez que el gobierno había intentado obligarlos a tener un ingreso menor al presidencial.
Sucedió en la segunda etapa del panismo en el poder. El senado fue punta de lanza, cuando la bancada priísta, sin ser mayoría, coordinada por Manlio Fabio Beltrones, trabajó la idea generada desde la residencia oficial de Los Pinos, seguido por el grupo de legisladores panistas.
Se avanzó a tal punto que los dioses se vieron obligados a bajar del olimpo, los ministros fueron a la misma sede del senado, a plantear en privado, a los coordinadores parlamentarios, sobre todo a Manlio, que era imposible reducirles el ingreso.
Ni una sola palabra salió de la reunión, cero filtraciones. Así como llegaron, se retiraron los togados, sin hacer ninguna declaración.
Ganaron la batalla, dejaron de incomodarlos con el tema.
En 2018 se reavivó. Los juzgadores empezaron a prepararse para la batalla. Trascendió el acuerdo de pagar un despacho internacional, por si llegara a ser necesario ir a instancias fuera del país a defender su posición y para que no los acusaran de ser juez y parte, en caso de que el asunto se ventilara en primer lugar en tribunales nacionales.
A sus cuestionados ingresos se empujó desde el gobierno en turno que era necesario reformar al poder judicial.
Lo que hizo Arturo Zaldívar resultó insuficiente para limpiarlo.
En el Senado se desperdició el consenso alcanzado para separar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal. Para que estos dos órganos no fueran presididos por la misma persona, porque implicaba ser juez y parte, entre el órgano encargado de impartir justicia y el responsable de vigilar el desempeño de los juzgadores.
Sin embargo, creció en la sociedad y en el gobierno el ánimo de realizar una reforma judicial de mayor calado, al ver que vicios, nepotismo, privilegios e injusticias persistían.
Para conseguirlo el grupo en el poder tenía que ganar por amplió margen las elecciones de 2024.
La oposición descartaba ese escenario, incluso creía que podía regresar al poder, al menos es lo que cacareaba mediáticamente.
En el peor escenario, consideraba que perdería la presidencia y mantendría el equilibrio de fuerzas en el poder legislativo.
También era el escenario que vislumbraban en el poder judicial para conservar el suntuoso estatus.
El 2 de junio, el día de las elecciones, dejaron de ser dioses, pisaron tierra al enterarse en voz de Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE, que Morena y sus aliados, no solo habían ganado la presidencia sino también por abrumadora mayoría las cámaras. Dio cifras que anticipaban que el grupo en el poder alcanzaría la mayoría calificada para reformar la Constitución.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca creyó que era la causa de la reforma judicial.
Incluso lo planteó como una venganza del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin ningún rubor y seguro de sus palabras lo expuso en estos términos en el recinto legislativo de San Lázaro, el día que se inauguraron los diálogos nacionales.
¿Y qué había hecho González Alcántara Carrancá para que el gobierno de la 4T quisiera vengarse?
A lo mejor le remordía la conciencia, quizás porque no estaba convencido de que hubiera hecho lo correcto.
El ministro puso freno a la reforma legislativa de 2022 impulsada por Morena y sus aliados que ponía a la Guardia Nacional bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional. Elaboró un proyecto que echó por tierra esta medida con el argumento de que la Constitución le daba un carácter civil a la guardia, no militar.
A pesar de lo aprobado por la Suprema Corte de Justicia, en los hechos, en la práctica la guardia siguió con administración militar y elementos formados en la disciplina del Ejército.
Alcántara Carrancá, por lo expresado en los diálogos nacionales, se sentía culpable de haberse cruzado en el camino de dicha acción gubernamental y por eso veía como venganza la reforma judicial.
No tuvo que ir muy lejos por la respuesta y aclaración, Gerardo Fernández Noroña, quien entonces se desempeñaba como diputado federal, precisó que la reforma judicial era y es un mandato popular.
El ministro se quedó callado ante la explicación y afirmación del legislador.
La actuación de Juan Luis González Alcántara Carranca ha pecado de soberbia, caracterizada por el viejo estilo de juzgadores que se sienten puros, perfectos, semidioses, inalcanzables, intocables.
Cuando vio que la reforma judicial avanzaba, sobre todo después del resultado de la elección del 2 de junio pasado, empezó a exigir su derecho de audiencia. Los diputados se los respetaron, en contraste con la conducta del propio ministro que no tiene tiempo para escuchar a quienes están involucrados en casos que le toca resolver.
El colmo de su desempeño es que en la reciente revisión que hizo del recurso 246/2023 validó el criterio de “cosa juzgada” emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado con respecto a la tortura que sufrió el periodista e ignoró las resoluciones de inocencia “irrevocables”, que habían “causado ejecutoria” a favor del mismo comunicador.
Le valió que se juzgara al periodista dos veces por el mismo delito.
A pesar de su rechazo, la reforma judicial ya es una realidad, entró en vigor una vez aprobada por el legislativo y promulgada por el Ejecutivo.
El ministro Alcántara Carrancá sigue en el ojo del huracán porque deberá elaborar el proyecto sobre si los juzgadores, jueces y magistrados, tienen derecho a impugnar la reforma judicial.
Además, por las opiniones públicas que ha emitido, cae en conflicto de interés, toda vez que es sabido que está en contra de la reforma, por lo que sería difícil que resuelva con imparcialidad.
Con la nueva reforma, lo que haga o deje de hacer el ministro, podría acarrearle consecuencias más adelante, una vez creado el tribunal disciplinario. De existir alguna queja, sería evaluado su desempeño y hasta sancionado, si fuera el caso.

Dentro de la reforma judicial en la que trabaja el poder legislativo sobran razones por las que se ha considerado necesario mejorar el sistema de justicia en México. Hay consenso en ese sentido.
Hay ejemplos imperdonables que ponen en entredicho la impartición de justicia, por errores, negligencia o abuso.
Cuando la autoridad judicial determina que la inocencia de una persona es irrevocable y que por lo tanto el caso ha causado ejecutoria o es cosa juzgada, se da por hecho que todo acabó.
El poder judicial no le puede ni debe decir a nadie que las resoluciones de inocencia son irrevocables y al día siguiente ignorarlas, porque entonces habría que preguntarle a la autoridad que entiende por irrevocable.
Irrevocable, según el diccionario de la Real Academia Española, significa que la resolución es definitiva, ya no se puede anular.
Es una grave violación a los derechos humanos que la misma autoridad desconozca el alcance del término irrevocable.
Con qué cara le puede decir al enjuiciado que lo de irrevocable y cosa juzgada eran de mentiritas.
Durante los diálogos sobre la reforma judicial que organizaron la Cámara de Diputados y otras instituciones como la UNAM y el propio poder judicial, los juzgadores pidieron pruebas que expliquen y justifiquen la reforma.
Uno: es un mandato popular, expresado en urnas en las pasadas elecciones del 2 de junio.
Dos: no es casual que se diga y se repita que hay inocentes en prisión.
Tres: hasta el embajador estadounidense Ken Salazar quien, como extranjero, pecó al opinar de asuntos que solo competen a mexicanos, habló de corrupción del poder judicial.
Cuatro: jueces, magistrados y ministros son humanos y pueden equivocarse, no son perfectos.
Hay un acuerdo fechado el 15 de diciembre de 2016 (causa penal 103/2012-II) donde el poder judicial declara irrevocables dos resoluciones de inocencia a favor del acusado y por lo tanto “cosa juzgada”:
“En consecuencia, con sustento en la última parte, párrafo primero del artículo 102 de la legislación procesal aplicable, se declara que dicho fallo es irrevocable y por ende, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar”.
A pesar del acuerdo, el proceso fue reabierto por malos juzgadores y revertido en contra del afectado.
Un caso de este tipo en materia penal solo puede reabrirse cuando se presentan nuevas pruebas; nunca se presentaron.
Por si algo faltara en este asunto que puede verse como una vergüenza para el poder judicial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no entró al fondo al resolver recurso de revisión (246/2023), aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que dejó firme la sentencia contra una persona que ya había sido declarada inocente, de manera irrevocable.
En otras palabras, se juzgó a la persona dos veces por el mismo delito, hasta conseguir condenarlo.
Todavía se puede enmendar el error, porque existe la figura de “reconocimiento de inocencia”, que también tocaría atender a dicha primera sala de la Corte.
Si los ministros y ministras González Alcántara, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz no quieren pasar a la historia como los juzgadores que toleraron se juzgara dos veces por el mismo delito, todavía están a tiempo de rectificar, en aras de que prevalezca la justicia.
Es de sabios corregir.

Quienes no están de acuerdo con la iniciativa sobre la reforma judicial, desde su presentación cuestionaron la capacidad de votar de los mexicanos, pusieron en duda que puedan distinguir entre un mal juzgador y otro que cumple con su responsabilidad.
No es posible que los conozca, ha sido su repetida afirmación.
De entrada, pasan por alto que se haría una selección de aspirantes, de acuerdo con sus perfiles, antes de llegar a la votación.
En el proceso de elección participarían candidatos y candidatas calificadas, con experiencia y grados académicos.
¿Todos y todas serían conocidos para el pueblo?
Muchos sí, el pueblo los ha padecido, no es casual que se diga que hay mucha gente inocente en prisiones.
¿Y a qué se debe?
A juzgadores que carecen de ética, que responden a consignas, venganzas y condenan con parcialidad, sin importarles que sus malas resoluciones destrocen patrimonios, familias y reputaciones.
No es el caso de todos, se entiende y acepta que hay juzgadores que cumplen su misión, nada más que no ha sido suficiente, por eso el reclamo de la sociedad por renovar al poder judicial.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no tuvo que esperar mucho después de subestimar el voto del pueblo, pronto recibió respuesta del diputado Gerardo Fernández Noroña.
Ahora resulta que el pueblo sabe elegir a los poderes ejecutivo y legislativo, pero no al judicial, argumentó Noroña.
El propio ministro tuvo que reconocer que su valoración no era acertada y optó por ajustarla.
Claro que el pueblo ha sabido elegir a integrantes de los distintos poderes, en particular del legislativo y ejecutivo. En el caso de los miembros del poder judicial, ha sido distinto, por los procedimientos elitistas establecidos para el nombramiento de juzgadores.
Ejemplos de actos indebidos de juzgadores:
-Juez Eduardo Torres Carrillo: en 2012 violó el artículo 19 de la Constitución al no resolver en 72 horas la situación jurídica de un detenido. Al prolongarse el tiempo, en este lapso el afectado fue torturado. El juez no fue ni amonestado, en su lugar lo ascendieron a magistrado.
-Ministro Luis María Aguilar: justificó y exoneró al juez de haber violado el artículo 19 de la Constitución.
-Magistrados Lilia Mónica López Benítez y Jorge Fermín Rivera: reabrieron un proceso que ya había causado ejecutoria, existía resolución de inocencia irrevocable en favor del procesado. La magistrada fue incorporada al Consejo de la Judicatura Federal y el magistrado se jubiló.
-Magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar: resolvió dar por terminado un proceso penal y ordenar la reclusión del sentenciado cuando ya estaba en trámite recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La magistrada tuvo que rectificar, sin que para nada fuera llamada a cuentas por el Consejo de la Judicatura.
-Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá: a pesar de que por meses le solicitaron el derecho de audiencia, nunca lo concedió y presentó proyecto de resolución para desechar recurso de revisión y dejar firme sentencia en contra del afectado.
Son nombres de juzgadores que cuando llegue el proceso de votación deberán de ser analizados, por si resulta que no son los únicos actos en los que actuaron de manera indebida.
Todos y todas las aspirantes a juzgadoras estarán bajo el escrutinio del pueblo.

“Extraña” la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fue el calificativo que utilizó el senador Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Para nada fue irrespetuoso, no habló de corrupción, ni de consignas, ni de parciales ni de injustos.Tampoco de incompetencia.
Calificativo diplomático, medido y prudente al referirse a la forma en que integrantes de esa primera sala resolvieron el recurso de revisión 246/2023, interpuesto por periodista.
De alguna manera no daba crédito a que el comunicador tenga una resolución en contra, a pesar de su demostrada inocencia.
Incluso, antes de que ministros y ministras resolvieran por 4-1 votos este caso, el senador, que ha sido defensor de los derechos humanos en la Ciudad de México y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana e Derechos Humanos, les advirtió públicamente que estaban en riesgo de revictimizar un inocente.
Tal parece que los ministros y ministras ni vieron y mucho menos escucharon al senador Álvarez Icaza.
Juan Luis González Alcántara Carranca, Jorge Maro Pardo Rebolledo, Loretta Ortiz y Margarita Ríos Farjat, como integrantes de la primera sala, pasarían a la historia por haber pisoteado una resolución de inocencia IRREVOCABLE.
No deben olvidar que, con la reforma judicial, dicha primera sala va a desaparecer y de paso ellos y ellas se van a quedar sin trabajo.
Pésima huella para su final en el máximo tribunal, aunque nunca es tarde para rectificar.
El término “extraña o extraño” tiene varios significados, según el diccionario de la Real Academia Española.
“Raro, singular, insólito, excepcional, desusado, sorprendente, misterioso, difícil”, son sinónimos con los que define dicha palabra.
Y que conste, el senador no es un declarado enemigo de la Corte. No se ha sumado a la demanda de que desaparezcan los fideicomisos de la institución. Tampoco es partidario de que se elijan de manera popular a los juzgadores. Ha sido enfático en defender la independencia del poder judicial.
Si fuera un acérrimo crítico de la Corte, se entendería que no lo tomaran en cuenta o ignoraran.
Además, se podrá o no estar de acuerdo con el senador por sus posiciones políticas, pero en materia de derechos humanos, toda su vida se ha esmerado por defenderlos, a nivel nacional e internacional.
Jamás hubiera defendido al periodista si en su investigación descubriera el menor indicio que era culpable.
Álvarez Icaza por ningún periodista ni por nadie pondría en riesgo el prestigio que se ha ganado como defensor de los derechos humanos.
Está sorprendido de la resolución de la primera sala de la Corte porque afecta y revictimiza a un inocente.
Por eso, con un lenguaje moderado, la calificó de “extraña”.
Convencido de la inocencia del periodista, el senador está dispuesto a seguir en la lucha hasta que se alcance la justicia.
Seguramente los integrantes de la primera sala de la Corte jamás se enteraron de que este asunto ya era cosa juzgada, había causado ejecutoria.
Cierto que en materia penal se puede reabrir el proceso, siempre y cuando haya nuevas pruebas. Aquí no las hubo.
Por si fuera poco, el poder judicial utilizó una “declaración de oídas” para condenar al periodista.
Es una historia, como muchas otras parecidas que deben existir, que justifican que se lleve a cabo una reforma a fondo en el poder judicial, empezando por una nueva elección de juzgadores.
Sería injusto generalizar; como en todo gremio, debe haber buenos y malos.
Lo indiscutible es el clamor del pueblo para limpiar al poder judicial de servidores públicos que para nada se han significado por impartir justicia.

Dentro de la propuesta de la reforma judicial hay un punto que tiene ganado el consenso, prácticamente de todas las corrientes políticas.
Están de acuerdo con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que vendrá a sustituir lo que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que ha incumplido su principal objetivo.
Ha sido juez y parte a la hora de evaluar el trabajo de quienes se supone están dedicados a la impartición de justicia.
No existe alguna sanción emblemática de parte de dicho órgano. Nada que se le parezca.
Cuando en el poder legislativo se tocó por primera vez el tema de separar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, la mayoría de las voces coincidieron en que era necesario.
Inexplicablemente se dejó pendiente el punto, quizás con la idea de que el propio poder judicial se auto depurara, empezará a limpiar vicios que le han dejado descrédito.
La autocrítica no es lo suyo, como si los juzgadores fueran criaturas puras o vivieran en una nube, distanciados del pueblo. Seres perfectos que no se equivocan y mucho menos incurren en irregularidades.
¿Recuerdan que el CJF haya aplicado alguna sanción ejemplar? ¿Algún correctivo que haya llevado a muchos juzgadores a la reflexión para evitar en lo sucesivo cometer faltas?
¿Cuándo se ha sancionado a un ministro o ministra de la Corte? ¿Será que son sobrehumanos y no cometen errores?
¿Quién vigila lo que hace la Corte?
¿Si se equivocan, corrigen?
Las preguntas se quedan sin respuestas.
En sus participaciones en los Diálogos Nacionales, por ahí deberían empezar, nadie mejor que ellos y ellas saben de lo que adolece la institución, nada más que prefieren ocuparse en repeler lo que dan por hecho terminaría con sus prestaciones suntuosas y controvertibles.
Tener acceso a un ministro o ministra, en la mayoría de los casos, no es derecho de mortales comunes. Es una ofensa que pregonen que están abiertos a escuchar y mantengan la puerta cerrada.
Situación y trato diferente para potentados que también acuden a la Corte por justicia o para que se les proteja, cuando sus intereses económicos se ven afectados en materia fiscal o en otros procesos en los que se llegan a ver involucrados, por conflictos laborales o patrimoniales.
¿Qué tal cuando el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca se niega a escuchar a gente que puede verse afectada por sus proyectos de resolución, al fin que nadie lo va a reprender?
¿Y qué sucede cuando se equivocan y emiten resolución por encima de una sentencia de inocencia irrevocable y que ha causado ejecutoria?
También quedó para historia el episodio que hizo público Alejandro Armenta Mier cuando se desempeñaba como presidente de la mesa directiva del Senado y recibió mensajes vía WhatsApp de la ministra presidenta Norma Piña. El legislador los consideró intimidatorios y amenazantes.
En un principio era difícil dar por hecho que los mensajes fueran de ella. Pesaba más la versión de que habían hackeado su teléfono. Terminó por reconocer que sí eran suyos, aunque no con la intención señalada por el senador,
Definitivamente no era el método más sano para la comunicación entre representantes de dos poderes distintos.
Por eso y más, hay consenso en crear el tribunal de disciplina.

Se supone que en México nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito e imposible cuando el asunto ya ha sido declarado como “cosa juzgada” por la propia autoridad judicial.
Este de un caso que debe de ser conocido en el mundo. Un testimonio de la degradación a que ha llegado el poder judicial en México y de ahí el clamor del pueblo por la reforma judicial.
Vamos por partes.
El diccionario de la Real Academia Española define “irrevocable” como algo que “no se puede revocar o anular. Cita como sinónimos “inapelable, definitivo, inexorable, decidido y resuelto”.
Sería incorrecto generalizar y dar por hecho que por un solo caso que puede probarse, todo está echado a perder en el sistema de justicia.
El colmo, la desgracia, es que en esta historia está involucrada, involuntaria o voluntariamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el pasado 26 de junio del año en curso rechazó el amparo directo en revisión 246/2023 y dejó firme sentencia condenatoria contra periodista mexicano.
Con fecha del 15 de diciembre de 2016 el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, emitió un acuerdo que en su párrafo esencial y concluyente sobre la causa penal 103/2012-II dice:

“En consecuencia, con sustento en la última parte párrafo primero del artículo 102 de la legislación procesal aplicable, se declara que dicho fallo es irrevocable y por ende, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar”.
¿Cuál es ese fallo?
Dos declaraciones de inocencia a favor del periodista.
La primera emitida por el citado juzgado primero.
La segunda, la resolución del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, que confirma la sentencia absolutoria.
El acuerdo resume así:
“Seguidamente de una lectura del fallo citado en primer término, se desprende que la autoridad de alzada resolvió:

ÚNICO. Se deja firme la sentencia absolutoria de 13 de septiembre de 2016 dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en los autos de la causa penal 103/2012 que absolvió a…..(no citamos el nombre en acatamiento a la ley de protección de datos personales), del delito de hostigamiento sexual , previsto y sancionado en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal y abuso sexual, previsto y sancionado en el artículo 260 del Código Penal Federal, con la agravante prevista en el numeral 266 Bi, fracción III de dicho ordenamiento legal, por lo motivos expresados en el último considerando de esta sentencia”.
¡Inocente!
¿Y qué pasó después?
El proceso penal fue reabierto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México.
De manera irregular el magistrado Jorge Fermín Rivera (se jubiló dos semanas después de su resolutivo) lo reabrió y el proceso se revirtió en contra del periodista.
El afectado se defendió a base de amparos y después de 11 años el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Primera Sala de la Corte aprobó por mayoría el proyecto de resolución elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que rechazó el recurso de revisión del periodista.
Todo hace suponer que los ministros Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Loretta Ortiz y Margarita Ríos Farjat no entraron al fondo del asunto.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra de lo aprobado por sus compañeros.

En el contexto de los resultados de las encuestas, con cifras contundentes para que el pueblo elija a ministros, magistrados y jueces e igual, con esa misma fuerza, para crear un órgano independiente del poder judicial que vigile el desempeño de los juzgadores, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programado para el miércoles 26 de junio resolver el recurso de revisión 246/2023.
Un caso de transcendencia nacional que de manera inusual ha llevado al senador Emilio Álvarez Icaza a plantear en dos ocasiones el tema en el salón plenario del Senado.
Álvarez Icaza es secretario de la Comisión de Derechos Humanos y es evidente que jamás actuaría con ese énfasis si no tuviera la plena convicción de que se ha cometido una grave injusticia, por eso no ha dudado en alertar a ministros y ministras de dicha sala del riesgo de caer en la revictimización.
Con la experiencia de haber sido Ombudsman en la Ciudad de México y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que investigó antes de fijar posición y defender al periodista que ha logrado dos resoluciones de inocencia de distintas autoridades.
Sabe que indebidamente se reabrió el proceso penal y se revirtió en contra del periodista, al que ve como víctima. Por eso su llamado a integrantes de la Primera Sala para que no lo vayan a revictimizar.
Es un caso que lleva ya más de once años. Ha llegado a la Corte porque en el camino encontró juzgadores que se apartaron de la imparcialidad y la ética. No hubo quien los frenara, sancionara y corrigiera sus fallas. Lo que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que se supone tiene esa misión, ha sido insuficiente, por su papel de juez y parte.
La Primera Sala de la Corte está a tiempo de hacer justicia, atajar la revictimización y reconocer la inocencia del periodista.
Sería excesivo, por este solo caso, generalizar y decir que todo está echado a perder en el poder judicial.
Hay juzgadores valiosos, intachables y honestos.
Las encuestas elaboradas por De las Heras, Enkoll y la Comisión de Encuestas de Morena no vieron un poder podrido.
A la pregunta si todos los ministros, magistrados y jueces son corruptos, 20%, 17% y 17% fueron los porcentajes de las respuestas.
En una segunda pregunta, si la mayoría son corruptos, las cifras aumentaron a 38%, 44% y 40%.
Un año atrás, en 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía detectó que la percepción de corrupción en el poder judicial era de 83.1%
Es innegable que existe corrupción, los juzgadores son de carne y hueso, pueden equivocarse e incurrir en irregularidades que deterioren la salud y el patrimonio de familias.
Por eso, es de considerarse la creación de un órgano independiente del poder judicial, como se ha propuesto, para vigilar y sancionar el trabajo de juzgadores, desde jueces hasta ministros.
Lo que ahora se hace para supervisarlos, no funciona.
Con altos porcentajes en las encuestas de Morena y de las dos empresas privadas, el pueblo también estuvo de acuerdo en la necesidad de la reforma judicial y en el voto ciudadano para elegir a ministros, magistrados y jueces.
Ahora viene el parlamento abierto.
Enhorabuena que los juzgadores hayan decidido levantar la mano para participar, debatir e intercambiar opiniones en los foros organizados por el poder legislativo.
Hay consenso en que la institución debe perfeccionarse.
Así lo quiere el pueblo.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria es especialista en la defensa de los derechos humanos. Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano.
Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
Su trayectoria, ampliamente conocida. En la actualidad el mexicano que más se distingue en esta lucha, cuidadoso de su trabajo, con cientos de casos investigados en su historial, así que impensable que a estas alturas y con esa experiencia pudiera ser sorprendido.
Por supuesto que para nada de un día para otro decidió que llevaría el caso de este periodista al pleno del Senado.
Nunca antes habíamos cruzado palabra. Hugo Morales, su asesor de prensa, se encargó de avisarle del interés de contactarlo. Cuando se concretó la cita, escuchó las adversidades y pesadumbres del periodista. Recibió documentación del expediente, que revisaría con posterioridad.
En ningún momento anticipó juicio alguno, nada más escuchó y tomó nota del relato. Semanas después requirió más información documental. Transcurrió más de un mes sin que hubiera respuesta.
Quedaba claro que no solo analizaría el expediente, sino que haría sus propias indagaciones, como seguramente lo hizo cuando se desempeñó como Ombudsman en la CDMX, en diferentes casos, temas diversos y con distinto grado de complicación, unos más delicados que otros. Misión que no ha dejado de realizar como legislador.
Para nadie es secreto que cualquiera que vea afectados sus derechos humanos, encontrará la puerta abierta de la oficina del senador.
Dos meses después, concluyó que atendería el caso del periodista. Ofreció dos caminos, organizar conferencia de prensa o tratar el asunto en la sesión plenaria del Senado.
Optamos por la segunda opción, aunque el senador temió que el periodista pudiera ser revictimizado, quizás pensando en que alguien pudiera cuestionar sus palabras en el pleno.
Nadie objetó lo dicho por el senador Álvarez Icaza, la historia del comunicador víctima de la infamia, la injusticia, de malos juzgadores que reabrieron su caso después de dos resoluciones de inocencia y cuando ya estaba cerrado, torturado y amenazado de muerte por quienes lo torturaron, como consta en la Recomendación 27/2013 de la CNDH.
El Órgano Interno del Control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se desempeñaba como vocero, nunca encontró nada que tuviera que ver con acoso ni hostigamiento sexual.
Desde el pleno senatorial, la voz del senador del Grupo Plural, su llamado para que el asunto fuera revisado por la Suprema Corte de Justicia de Nación, ante la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y la trascendencia nacional de un proceso que ya suma más de 11 años.
Estas son las consideraciones que explican porqué Emilio Álvarez Icaza determinó intervenir, en aras de que se haga justicia y se desatienda a quienes creen que se puede utilizar al poder judicial para venganzas y agresiones contra el periodista y su familia.
Semanas después del llamado senatorial la ministra Norma Piña firmaría el acuerdo que admitía el Recurso de Revisión interpuesto por el periodista, turnado para su estudio y resolución a la Primera Sala de la Corte.

Para el ser humano en general una de las reacciones más complicadas es admitir que ha errado.
Nadie quiere aceptar error, reconocerlo ante el prójimo, así es en todos los ámbitos de la sociedad, en cualquier ejercicio profesional; comportamiento de todas las edades, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, en la tercera edad. No es una actitud exclusiva de un país.
México, por supuesto, no puede ni es la excepción. ¿Cuándo han visto a un político o política que diga haber cometido un error? ¿Un gobernante? Menos. Los deportistas tampoco presumen desaciertos. ¿Recuerdan alguna vez que Ana Guevara, sobre todo en su etapa de funcionaria, haya aceptado que la regó? ¿Los medios de comunicación? Muy ocasionalmente lo hacen y sin entrar en detalles, porque suponen que pierden credibilidad y rating.
Hay de errores a errores, algunos cuestan mucho dinero y los paga el pueblo. Otros destruyen patrimonios, familias y hasta vidas humanas. Quienes con honestidad, sinceridad y transparencia repararan la equivocación, se cuentan con los dedos, son los menos.
En el sistema de justicia es dolorosísimo. ¿Cuántos inocentes hay en prisiones porque los juzgadores no hicieron lo correcto o procedieron de manera indebida? Es una desgracia cuando después de 20, 30 años o más, autoridades se ven obligadas a liberar a la persona que tenían recluida porque se comprobó, tarde, su inocencia. Ni disculpa le dan.
Lo peor es que a pesar de saber que existe el error, lo quieran encubrir, tapar; es difícil por la multiplicidad de medios. Hace tres o cuatro décadas, lo que no se decía en la radio, aparecía en la televisión o leía en los periódicos, quedaba oculto, en la oscuridad.
Hoy es distinto. Es la ventaja de las redes sociales que no callan nada, de los teléfonos celulares que graban todo. Transparencia plena. Puede ser que algún servidor público o algunos servidores públicos consigan imponer su voluntad, nada más que la huella que dejan tarde o temprano terminará por aplastarlos o mínimo exhibirlos.
Es el caso del magistrado, Jorge Fermín Rivera, ya jubilado, quien semanas antes de irse al retiro, todavía como presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, reabrió un proceso que ya estaba cerrado.
No le importó que el afectado, periodista, tuviera dos resoluciones de inocencia y tampoco que su acción contraviniera criterios que su propio tribunal había aprobado por unanimidad.
Cometió un error jurídico que no pudo tapar. Ha sido descubierto. El error no puede ni debe cobijarse, porque lo primero que debe prevalecer es la justicia. Está a la vista y es imposible ignorarlo. Desestimarlo sería monstruoso. Tarde o temprano triunfaría la verdad.
Es de la mayor relevancia decir que ninguno de los dos juzgadores que exoneraron al periodista fueron cuestionados. Nadie los acusó de ser parciales o de favorecer al comunicador.
La contraparte prefirió buscar un juzgador a modo o que pudiera sorprender. Lo encontró. Jorge Fermín Rivera, quien en estos tiempos disfruta de los beneficios de su jubilación.
Seguramente lo que menos le inquieta o preocupa es el daño que le ocasionó al periodista y su familia.
El asunto está siendo revisado por ministros y ministras de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

La oposición quería evitar que Ernestina Godoy fuera ratificada por el Congreso de la Ciudad de México como fiscal y lo consiguió. Cerró filas para impedir que alguno o algunos de sus cuadros cambiaran de bando y votaran a favor. Dos diputadas priístas desentonaron y la dirigencia de su partido no dudó en sancionarlas, abrirles proceso de expulsión.
Por más cabildeos y presiones, no fue posible para la mayoría Morena lograr los votos necesarios para la ratificación.
Resultado previsible por el número de diputados del bloque opositor. No iba a ceder ante la proximidad de elecciones y por la percepción que tiene del trabajo judicial de Ernestina.
Godoy finalmente tuvo que irse de la fiscalía General de Justicia, a pesar del apoyo del gobierno de la CDMX y de personajes del partido en el poder.
Nada más que la historia no termina ahí, porque siguen las investigaciones que emprendió Ernestina Godoy contra lo que llaman “Cartel Inmobiliario” y presuntas acciones relacionadas con la trata, en las que estarían involucrados varios líderes opositores.
Se quedó en la fiscalía el mismo equipo que tenía como jefa a Ernestina. Al frente, en calidad de encargado, Ulises Lara, quien se venía desempeñando como vocero y coordinador de asesores.
Es muy probable que algunas investigaciones ya estén terminadas o a punto de concluirse, así que nada más habría que esperar a que Ulises tome los hilos de los pendientes para que empiecen a ejecutarse medidas contra presuntos infractores políticos.
La oposición lo sabe. Por eso desde el primer momento que se enteró de quien se quedaría en lugar de la saliente, arremetió contra Ulises Lara. Encontró que apenas acaba de tramitar título y cédula profesional, requisitos que exige la ley para ese puesto, para el titular, no para quien solo despacharía como encargado.
Empezó a escarbar en su pasado con la finalidad de evidenciar cualquier irregularidad en la que hubiera estado involucrado, probada o no. Lo que fuera con tal de dañar su reputación y tirarlo.
No parece que vayan a prosperar las acusaciones, porque además de que Ulises Lara solo está de encargado, en tanto se elige a otro u otra para fiscal, tiene trayectoria laboral y académica.
Licenciado en sociología por la UNAM; maestro en Gobierno y Asuntos Políticos por la UNAM y en Dirección y Gestión Pública Municipal por la Universidad Carlos III de España.
Si bien, de acuerdo con su currículum vitae no cuenta con la licenciatura en Derecho, tiene el grado de doctor en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México.
En el servicio público ha realizado diversas tareas. Se ha desempeñado como diputado federal, director general de gobierno en la Ciudad de México, director de planeación en el Comité de Planeación para el Desarrollo y director ejecutivo de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda.
Por lo tanto, si los opositores pensaban que al sacar a Ernestina Godoy de la fiscalía se acabarían sus preocupaciones con la justicia, el ascenso de Ulises no los dejaría dormir tranquilos. El encargado conoce el área donde se encuentra y procedería a desahogar los casos pendientes, sin esperar a que el Congreso local elija al nuevo fiscal.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández ha cumplido el primero de los cuatro años que le corresponden como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No es fácil la misión que tiene asignada. Ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo condescienden con ella por su condición de género. Tampoco la ministra lo ha planteado y mucho menos pedido.
Queda claro que la Corte no va a renunciar a ser contrapeso entre los poderes y la Cuarta Transformación va a insistir en darle otro rostro al poder judicial.
Ya en 1995 hubo un giro de 180 grados, cuando Ernesto Zedillo recompuso el tribunal. Jubiló a 26 ministros y redujo a 11 el número de sus integrantes, con el argumento de que no respondía al clamor de justicia de la sociedad.
El mismo argumento se utiliza ahora.
Hace 28 años nadie levantó la voz, nadie se quejó ni se opuso a la decisión presidencial, que al final poco o nada consiguió para que la justicia prevaleciera en México. Lo que logró fue que ninguno de los juzgadores debiera el nombramiento a los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Quizás, de haber tenido un ministro afín, el hermano del segundo nunca hubiera pisado la cárcel.
En enero de 1994 se registró la rebelión de los zapatistas en Chiapas. En marzo de ese año mataron a Luis Donaldo Colosio. Hechos de rebeldía y sangre que generaron clima de temor en la gente. Favoreció al candidato oficial Zedillo quien obtuvo en las elecciones no solo la presidencia sino también el control del poder legislativo. Por eso pudo reformar la Constitución y renovar a la Corte.
Hoy los tiempos y las circunstancias son distintas. El gobierno en turno no tiene el control del poder legislativo ni existe la certeza de que lo alcance la ganadora de las elecciones en 2024, aun cuando las encuestas le den ventaja de 20, 30 y hasta 50 puntos porcentuales.
Lo que todavía no ha cambiado como se quisiera es el grado de impartición de justicia; persiste la deuda con la sociedad.
Por eso, en la hipótesis poco probable de que el grupo en el poder arrase en las elecciones como lo hizo en 2018, quienes votarían a su favor el año entrante estarían de acuerdo con la operación de gran calado en la reforma judicial.
En defensa del poder judicial, hay consenso en que siga de contrapeso, necesario para la democracia. Para ello es clave honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a la Constitución, como ha dicho la ministra presidenta Piña Hernández.
Entiende que esa es la función que deben desempeñar, la premisa que da sentido a la vida profesional de los juzgadores.
De acuerdo con sus palabras, el poder judicial no busca aplausos, sino hacer lo que le toca, lo correcto, lo fundamental, lo que le mandata la ley, impartir justicia con independencia e imparcialidad, justicia pronta y expedita, para todas las personas, sin excepciones ni distingos.
Indudablemente, la sociedad es el mejor termómetro para medir su actuación. Saldría a la calle a defenderlo, si fuera necesario, lo que hasta la fecha no ha realizado, aunque tampoco ha salido para exigir su trasformación.
Si hay justicia tangible, que se sienta, en correspondencia la sociedad se convertiría en el principal antídoto contra cualquier plan que pretenda someter al poder judicial. Hacer justicia es imprescindible.

El escándalo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llegó a la sesión de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al informe anual del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del tribunal electoral, solo asistió su compañera Janine Otálora, quien se sentó sóla en la sillería destinada para magistrados y magistradas, ubicada frente a integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
La inasistencia de los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña obedeció a la solidaridad de los dos primeros con el tercero, ante acciones que pretenden obligarlo a renunciar a la sala superior del TEPFJ, con la finalidad de recomponer la integración de dicha sala, a la que le corresponderá calificar la elección presidencial de 2024.
El 31 de Octubre pasado terminaron su periodo los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas, por lo que la sala se quedó con cinco magistrados. El Senado no ha elegido a la magistrada y magistrado que ocuparían las vacantes.
De acuerdo con la columna del periodista Mario Maldonado, que este día se publicó en El Universal, trascendió que fue presentada denuncia por extorsión en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la magistrada Yhalí Cruz Valle, quien aspira a la sala especializada del propio tribunal.
Según la versión recogida por el columnista, hay audios y pruebas para desestimar acusaciones que Yhalí Cruz hizo contra el magistrado De la Mata, por acoso laboral y sexual.
Yhalí forma parte del equipo del magistrado presidente Reyes Mondragón.
Por estos motivos la ausencia de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes en el informe anual de Reyes Mondragón ante el pleno de ministros y ministras en la SCJN.
Soto y Fuentes se solidarizaron con su compañero Felipe de la Mata, presunta víctima de extorsión.

En el supuesto de que los senadores no se pongan de acuerdo para nombrar a una magistrada y a un magistrado como integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ley orgánica prevé la solución.
El propio tribunal tendría que seleccionar e incorporar a la sala superior, para garantizar la paridad de género, a la magistrada y magistrado con más antigüedad de las salas regionales.
Así que nadie se alarme o entre en pánico porque no haya consenso en el Senado o no se alcance la mayoría calificada a la hora de votar en el salón plenario, las dos terceras partes de los asistentes.
Los decanos y decanas del tribunal electoral están identificados, están a la mano nombres de magistrados y magistradas de las distintas salas regionales y especializada que pueden ocupar las dos vacantes:
Omar Delgado Chávez (sala Guadalajara), Elena Ponce Aguilar (sala Monterrey), José Antonio Troncoso Ávila (sala Xalapa), Luis Enrique Rivero Carrera (sala Ciudad de México), Fabián Trinidad Jiménez (sala Toluca) y Mónica Lozano Ayala (sala especializada).
Como lo establece la Constitución, corresponderá a dicha sala calificar la elección presidencial de 2024 y declarar presidente electo al candidato o candidata que haya obtenido más votos.
Para hacerlo, deberá de sesionar con al menos seis de sus siete integrantes.
El 31 de octubre próximo concluyen su periodo los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, por lo que se quedaría con cinco, le faltaría uno para cumplir con lo que señala el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La Comisión de Justicia del Senado, que preside Olga Sánchez Cordero, ya aprobó, por unanimidad la idoneidad de las dos ternas, una de mujeres y otra de varones, que les envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En otras palabras, las tres aspirantes y los tres aspirantes (Gabriela Villafuerte Coello, Marcela Elena Fernández Domínguez, Claudia Valle Aguilasocho, Rubén Jesús Lara Patrón, Francisco Javier Sandoval e Ismael Armando Maitret Hernández) cumplen con los requisitos y la formación académica que exige la norma. Los seis con amplia experiencia en materia jurídica electoral.
No elegir a dos de ellos, por decir lo menos, es una falta de respeto.
Si fuera le excepción, se entendería y aceptaría. La desgracia del Senado es que ya suma más de 70 nombramientos sin resolver, por la falta de consenso, por la desconfianza y por el temor de que los nombrados actúen a favor de la oposición o del partido en el poder.
Los y las aspirantes a la sala superior del TEPJF crecieron profesionalmente en el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte integró las dos ternas, con los que consideró más capaces.
Sigue el turno de la Junta de Coordinación Política del Senado que preside Eduardo Ramírez Aguilar y en la que están representados los distintos grupos parlamentarios. Tendrán que ponerse de acuerdo para que el proceso de elección de magistrado y magistrada no vaya a rebotar en el pleno de la cámara como ha sucedido en otras ocasiones.
Ante el pleito que prevalece entre poderes, todo indica que el tribunal echará mano de los decanos y decanas para ocupar las dos vacantes de la sala superior del tribunal electoral.

En el “Congreso Internacional 2023: Los Retos de la Judicatura”, realizado en la Facultad de Derecho de la UNAM, la ministra Margarita Ríos Farjat explicó que la paridad de género todavía no se da en México como se quisiera, por la complejidad que a veces se manifiesta en la legislación electoral a nivel local.
Por eso destacó la importancia de que, en materia electoral, se legisle con base en los principios de progresividad y paridad de género, para garantizar que las mujeres no pierdan oportunidades de participación política efectiva.
Apoyada en una exposición gráfica sobre lo que ha sucedido en el caso de Nuevo León (Acción de Inconstitucionalidad 50/2022 que se resolvió el 16 de enero de este año), manifestó su preocupación por el alto grado de especialización de las leyes electorales que aleja a la sociedad de su entendimiento.
La ministra Margarita Ríos Farjat alertó que se han presentado reformas regresivas que obstaculizan la participación política de las mujeres e impiden que las cuotas de género tengan eficacia en su ejecución.
Recordó que, en 2022, legisladoras de Nuevo León reclamaron ante el Alto Tribunal que las reformas a la ley electoral y a la Constitución Política de esa entidad eran regresivas porque no permitían una participación efectiva de las mujeres, ya que abrían la puerta para que los partidos políticos cumplieran con repartir equitativamente las candidaturas entre hombres y mujeres, pero las relegaran a ellas a contender en municipios donde sus posibilidades de ganar eran menores.
Antes de esas reformas, precisó, estaban vigentes una serie de lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que, a partir del establecimiento de bloques de competitividad, aseguraban que los partidos distribuyeran sus candidaturas equitativamente entre hombres y mujeres en todos los municipios, tanto en los que tenían más probabilidades de ganar, como en los que no eran tan competitivos.
La ministra consideró que en la reforma de 2022 hubo una regresión en el avance de la participación electoral de las mujeres porque las mujeres políticas de esta entidad, anteriormente, conocieron y participaron en un mejor entorno político. Pudieron ejercer y desplegar con mayor amplitud sus derechos políticos.
Con la citada reforma, esa esfera fue restringida. Se puede hablar de una gran narrativa de ampliación de la participación política de las mujeres, pero la realidad normativa puede ir por otro lado. Ya existía una normatividad electoral o administrativa, se conocía un mejor escenario, dijo.
La ministra explicó que, al realizar el análisis de estas reformas en el Pleno de la Corte, no se alcanzó la mayoría calificada para invalidar la reforma de 2022 que limitaba la participación efectiva de las mujeres, por lo que llamó a evitar la regresividad y a hacer más claras y entendibles las leyes electorales.
“El tema de género todavía es muy complicado, es una lucha. Se puede hablar de la participación de las mujeres, pero la realidad normativa va por otro lado. Todavía hay mucho por hacer", puntualizó la ministra Margarita Ríos Farjat.

La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de interponer recurso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le mete suspenso y más especulación al caso de Mario Aburto, quien ya se frotaba las manos ante la posibilidad de recuperar su libertad en marzo próximo, cuando se cumplen 30 años de estar tras las rejas.
Bajo la sombra de la especulación se puede decir lo que se quiera, que Aburto se quedará en la cárcel hasta que cumpla 45 años o que saldrá en marzo porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal concluyó que el asesino confeso tenía que haber sido juzgado por las leyes de Baja California donde se cometió el crimen y no por el Código Penal Federal.
Nadie puede dar por hecho nada sobre el futuro de Aburto, digan lo que digan los especuladores.
-Que va a salir con el propósito de ser factor en el proceso electoral de 2024, al lanzar acusaciones en contra de personajes de la política del pasado.
-Que se irá a vivir con su familia, sin abrir la boca sobre el caso Colosio, que lo va a perseguir el resto de su vida.
-Que terminará su carrera de abogado y se concentrará en su propia defensa jurídica.
-Que se dedicará a viajar por Europa.
-Que tiene planes para residir en el Medio Oriente.
-Que pronto se va a casar e irá de luna de miel a Islandia, que tiene la sociedad más feliz de la tierra.
-Que la Corte va a rechazar el recurso de revisión y por lo tanto Aburto sale en marzo.
-Que la Corte aceptará el recurso de revisión y en consecuencia, mientras se resuelve, Aburto seguirá en prisión.
Lo que sea se puede decir.
Jesús González Schmal, su abogado, con larga carrera política en diferentes partidos (empezó en el PAN) está convencido de que puede conseguir que declaren inocente a Mario Aburto, con el argumento de que fue torturado y por la falta de pruebas fehacientes.
Según el defensor, no existe imagen donde se vea a Mario disparando contra Colosio. La que hay nada más, de acuerdo con su abogado, es la imagen de una mano que dispara una pistola.
A ver si no resulta que fue un ser de otro planeta el que jaló el gatillo o que de plano Colosio se disparó.
Todo es posible en la especulación.
Cuatro fiscales investigaron el caso Colosio, asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994.
Las dudas persisten, sobre todo en cuanto a si Aburto actuó solo, como finalmente aseguró la autoridad judicial o si hubo autor o autores intelectuales.
Hay quienes no han dejado de pensar que fue producto de un complot. Versión que defendió Miguel Montes García (QEPD), primer fiscal.
Incluso esa teoría, al anticiparla producto de sus investigaciones periodísticas, hizo ganar a la compañera Dora Elena Cortés Juárez el Premio Nacional de Periodismo 1994.
Sean 30 o 45 años de reclusión, para la autoridad judicial, para los juzgadores, Aburto es culpable.
Jesús González Schmal podrá seguir diciendo que hay elementos para que se declarare inocente a Mario y el propio sentenciado repetir lo que le aconseja su abogado.
Lo cierto es que está encerrado y nadie es adivino para saber el final de este caso que conmocionó a México.
El trompo de la especulación gira sin parar.

El conflicto de Los Chimalapas es una historia ideal para llevarla al cine, tiene los ingredientes de vida para hacerlo. Por fin, después de más de 50 años de rencillas, prevalecen el acuerdo y la ley.
La historia sobre el deslinde territorial tiene de todo, hasta la inapropiada utilización de la herramienta de “Google maps” que se corrigió a tiempo al descubrir que uno de los límites era ubicado en el mar. El desatino no pasó de la sorpresa de protagonistas y negociadores.
Se cuidan los puntos finos y en ese trabajo, con la representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha intervenido la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Se da por hecho que el último capítulo quede cerrado en las primeras semanas de enero, en los términos que resolvió el Alto Tribunal, de acuerdo con el proyecto que en su momento redactó José Fernando Franco González, ahora ministro en retiro.
Para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, el congreso local de Oaxaca modificó la constitución del estado y el gobernador Salomón Jara fue autorizado para la suscripción de convenios amistosos sobre los límites territoriales entre los estados de Oaxaca y Chiapas.
El antecesor Alejandro Murat pretendió ser la autoridad que cerrara esta historia. No le alcanzó su periodo, así que como autoridad estatal ya no podrá ver el final del caso de Los Chimalapas.
Se han escrito diversidad de versiones sobre lo que dio origen al problema. La que prevalece es que el gobierno federal que encabezo Gustavo Díaz Ordaz autorizó desde el escritorio la creación de ejidos chiapanecos en territorio oaxaqueño. Provocó el largo diferendo, más de 5 décadas. En el camino quedaron pleitos y pérdidas físicas.
Por este litigio el gobierno de Oaxaca interpuso controversia constitucional en la SCJN, para precisar los límites entre los dos estados citados y la posesión de 160 mil hectáreas de selva.
Los últimos pasos dados por autoridades y partes involucradas han tenido que ver con la extinción de ejidos, la delimitación física entre Oaxaca y Chiapas y el pago de daños ambientales por explotación ilegal forestal.
El conflicto no solo propició enfrentamientos violentos entre comuneros y ejidatarios, también abrió espacio para la incursión de la delincuencia, “talamontes” y narcotraficantes. La tala ilegal dañó miles de hectáreas de bosques y selvas de la zona de Los Chimalapas.
La historia está ya en su epílogo, en la revisión de últimos pendientes con supervisión de autoridades ejecutivas y judiciales; el infaltable escrutinio de los pobladores, cuidadores naturales de su selva.
En enero del próximo año se pondría punto final a la etapa de conciliación, para que puedan vivir en paz habitantes de Santa María y San Miguel Chimalapa, zona reconocida como uno de los principales pulmones de oxígeno con que cuenta nuestro país.
Tiene sobrados elementos la historia para llegar a la mesa de un productor o director de cine de Hollywood, hacerla película y de paso recompensar por derechos de autor a los indígenas zoques que han sufrido el conflicto por la incertidumbre jurídica, en el corazón del Istmo de Tehuantepec.
En la industria cinematográfica mexicana la idea fascina, lo único que los detiene es la falta de recursos.

Muchas veces, con razón o sin ella, se acusa a Morena de no abrir a la pluralidad los foros que organiza en la Cámara de Diputados o de no tomar en cuenta la opinión de los participantes.
Hasta ahora lleva cuatro conversatorios en materia judicial, con el concurso de juzgadores, abogados y académicos, que con toda libertad han dicho lo que piensan sobre la propuesta para que ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por el voto popular.
Voces a favor y en contra, ambas con la debida argumentación. El consenso es que el procedimiento de elección no puede ni debe seguir igual. Hace falta ajustarlo, perfeccionarlo.
Mejorar la impartición de justicia. Hacer lo que sea necesario para lograrlo, garantizar honestidad e imparcialidad.
La tarea no es sencilla ni se hará de la noche a la mañana. No están dadas las condiciones y existen fuerzas encontradas sobre la integración de la Corte. El cómo es la diferencia entre legisladores, juzgadores y estudiosos.
Además, está en puerta la competencia por la presidencia de la República y en eso se van a enfocar partidos, políticos y políticas, en las próximas semanas y meses, hasta llegar a junio de 2024.
De cualquier manera, el tema no irá a la congeladora, existe el anuncio de que el poder Ejecutivo presentaría propuesta para analizar, discutir y votarla en la próxima legislatura.
Su progreso dependerá del resultado de las próximas elecciones. No será suficiente, como se vislumbra, con que Morena vuelva a ganar la presidencia. Requiere tener el control parlamentario, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Es lo que se denomina Plan C, conseguir el próximo año más de 30 millones de votos, que se ve complicado, no imposible.
Necesita un candidato o candidata presidencial popular como lo fue Andrés Manuel López Obrador en 2018, cuando arrasó a sus adversarios. Su popularidad hizo que la gente votara por la camiseta guinda, hasta por candidatos a diputados y senadores, desconocidos para electores de estados y distritos.
La situación ahora es diferente. Como no hay otro fenómeno como López Obrador en la competencia política que atraiga masas, para que tenga éxito el Plan C, quienes buscan repetir como legisladores u ocupar por primera vez una curul o un escaño, deberán ganar por su cuenta el apoyo de votantes. Demostrar que de verdad son la mejor alternativa.
Por lo que sucede en el sistema de justicia, sería injusto solo ver como culpable al poder judicial, porque no se inventó solo, hubo un poder legislativo que le dio esa estructura, las reglas para operar y el dinero para pagar sueldos a juzgadores.
Los altos ingresos fueron establecidos y aprobados por diputados y senadores de gobiernos priístas, aceptados por panistas, con el argumento de que, al remunerar de esa manera a jueces, magistrados y ministros, estarían a salvo su independencia e imparcialidad.
Tampoco está todo echado a perder, hay juristas respetables, que dignifican a la institución judicial.
Lo ideal, porque el clamor del pueblo no debe seguir esperando, sería rescatar lo bueno y deshacerse de lo que ya no funciona, lo más pronto posible, sin esperar a resultados electorales.

EL expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el cúmulo de graves violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo del proceso penal. Tiene el número 246/2023.
Si todos los juzgadores que han intervenido en este caso hubieran actuado con honestidad, conforme a Derecho e imparcialidad, hace varios años que estuviera cerrado.
Sigue abierto a pesar de que el imputado obtuvo dos resoluciones de inocencia de distintas autoridades y la contraparte, notificada personalmente, nunca apeló en el plazo establecido por la ley.
Fuera de tiempo, sin respetar el principio de definitividad, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, reabrió el proceso.
El tribunal incurrió en error jurídico que no prescribe; lo cometió por encima de sus propios criterios establecidos por unanimidad. Perdió la línea recta que debe caracterizar su desempeño. De ser corregido, quedará firme la resolución de inocencia.
Hay consenso de la sociedad de luchar en defensa de las mujeres. Lo que no se vale es utilizar esta bandera para lastimar inocentes.
Tampoco la mentira puede ser admitida como directriz para impartir justicia con perspectiva de género.
Mucho menos utilizar el sistema de justicia para perseguir y agredir al periodista acusado.
El caso amerita revisión exhaustiva, porque entre las agravantes están la tortura y la violación al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juzgador no resolvió la situación jurídica del detenido en las 72 horas que marca la ley.
Además, fue internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, como si fuera uno de los delincuentes más peligrosos de nuestro país, por un supuesto delito que no cometió.
La Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 27/2013 revela detalles de los atropellos que deberán de considerarse para que prevalezca la justicia.
El Órgano Interno de Control de la misma CNDH investigó imputación contra quien hace más de 10 años se desempeñaba como vocero de dicha comisión nacional. Nunca encontró nada que pudiera tipificarse como delito, mucho menos hostigamiento o abuso sexual.
Hay juzgadores que han ignorado graves contradicciones de la parte acusadora, como si respondieran a la consigna de encerrar al periodista, por lo que sea y como sea.
En diciembre pasado lo intentó la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Colegiado de Apelación en Materia Penal. Dio por concluido el proceso y ordenó ejecutar sentencia.
La cautela del juez Alfredo Silva Juárez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, evitó atrocidad mayúscula; no procedió con la celeridad que seguramente esperaba la magistrada. Se tomó el tiempo que le daba la ley y, en ese lapso, Guadalupe Rodríguez Escobar se vio obligada a rectificar.
Pretendió brincarse, sin éxito, al máximo tribunal.
Los excesos a lo largo del proceso ahora se han traducido en trabajo extra para la Suprema Corte.
La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández firmó el acuerdo que admitió el Recurso de Revisión.
Se turnó el caso al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien elaborará proyecto de dictamen que en su oportunidad evaluarán y votarán integrantes de la primera sala de la SCJN.

La prudencia del juez Alfredo Silva Juárez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, evitó una atrocidad mayúscula en el caso de este columnista, perseguido y agredido desde el sistema de justicia.
Recibió la instrucción de proceder contra el periodista, toda vez que se había levantado la suspensión que lo protegía para llevar a cabo su defensa en libertad.
Para la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, el proceso estaba concluido y por lo tanto procedía la ejecución de sentencia, aun a sabiendas de que todavía existía como última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Resolvió cerrar el caso en diciembre pasado, en periodo vacacional, cuando juzgadores y abogados disminuyen actividades, salvo las urgentes y apremiantes.
Las notificaciones a las partes involucradas se realizaron de inmediato.
De no estar alerta los defensores, el periodista estaría encerrado, en espera de aclaraciones, correcciones y justicia.
Para hacer frente al despropósito del colegiado de apelación, los abogados Héctor Rojas y Esteban Flores interpusieron cuatro recursos: revocación a lo resuelto por la magistrada, amparo, queja y Recurso de Revisión dirigido al máximo tribunal de nuestro país.
La magistrada Rodríguez Escobar, como juez y parte, desechó el juicio de amparo. Imposible que prosperara el amparo contra lo que ella misma había resuelto.
El desahogo del recurso de revocación contra el cierre del proceso tomaría su tiempo. La magistrada no se apresuraría a revisar lo que cuestionaba su propia decisión.
Lo que no pudo impedir es que el Recurso de Revisión llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces actuó con celeridad para cubrir lo hecho de manera ilegal. Reactivó la suspensión y protección para el periodista.
La queja contra la magistrada se desvaneció al corregirse el error.
En un primer momento, el juez Alfredo Silva Juárez procedió a dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal colegiado de apelación, sin apresuramiento, respetando los tiempos legales.
No actuó con la rapidez que quizás quería la magistrada, para que el caso acabara como parecía planeado, con el periodista encerrado y complicando su defensa.
Probablemente el juez se percató que algo andaba mal. Si bien los juzgadores están obligados a obedecer instancias superiores, no se trata de que se avienten de cabeza al precipicio, porque se volverían cómplices y validarían una acción irregular.
El juez fue prudente y, en el lapso que la ley le daba para hacer su trabajo, recibió nuevo oficio del tribunal colegiado, en el que se le pedía cancelara el trámite iniciado.
Quedaba claro que el periodista estaba en todo su derecho de acudir a la Corte.
La magistrada rectificó, consciente de que sus decisiones no pueden brincarse al máximo tribunal, aunque su acción ilegal, había dañado al periodista y a su familia.
El Recurso de Revisión fue admitido en la Corte a través de acuerdo firmado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Se turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución, que en su oportunidad será evaluado y votado por todos los integrantes de la primera sala del máximo tribunal: Alfredo, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carranca y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Medios de comunicación, organizaciones civiles, comunicadores, defensores de los derechos humanos y legisladores se han sumado al reclamo de justicia del periodista, al advertir graves violaciones a los derechos humanos en el proceso penal, en el que ya ha obtenido dos resoluciones de inocencia.
Corresponderá a la Corte hacer análisis detallado del asunto.

En algunas ocasiones, por diversos motivos, llegan a darse pleitos entre distintos poderes, medición de fuerzas para ver quien tiene la razón. Cada uno defiende argumentos y no están dispuestos a ceder. Los dos dan por hecho que la ley está de su lado.
Son situaciones complejas y delicadas, riesgosas, porque la desobediencia de la ley o del mandato de alguna autoridad pudiera llegar a tener graves consecuencias para la estabilidad económica, social y política de nuestro país.
Hasta ahora, el daño pareciera menor, sin repercusiones alarmistas, aunque no deja de ser preocupante por lo que pudiera suceder el día de mañana, donde cada quien haya lo que se le pegue la gana.
Es un pleito que por fortuna ya se encauzó por la vía del diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Las dos partes han coincidido que la medición de fuerzas no los lleva a feliz puerto.
Se trata de la historia protagonizada por la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
¿A quién le importa si un diputado del Partido Movimiento Ciudadano se incorpora o no a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión?
Solo a los interesados, a MC que exigió su derecho a formar parte de ese órgano que trabaja cuando descansan o entran en receso las cámaras de Diputados y de Senadores.
A nadie más le importa.
Los afectados llevaron el caso a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consiguieron que la autoridad judicial reconociera su derecho y ordenara a la Cámara que uno de los diputados de MC se integrara a la Comisión Permanente.
Hasta la fecha no ha sucedido y es muy probable que no ocurra en los dos recesos que todavía le faltan a la actual legislatura.
No se ha concretado porque para los diputados el tribunal se metió en asuntos de la vida interna legislativa que no le corresponden. De poco o nada han servido los resolutivos de magistrados y magistradas que ordenaron incorporar a la Permanente al representante de MC.
Algo similar ocurrió con el proceso legislativo para elegir a la consejera presidenta y tres consejeros electorales del INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enmendó en dos ocasiones la convocatoria aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados.
La primera la tiró y obligó a los diputados a elaborar una nueva. En la segunda les ordenó que solo mujeres participaran en la quinteta para elegir presidente del instituto electoral.
En ambos casos los diputados y diputadas se quejaron de intromisión. A regañadientes tuvieron que hacer lo ordenado por el poder judicial. Para bajarle tensión al tema, magistrados y magistradas aceptaron reunirse con legisladores en el recinto de San Lázaro.
Si bien en este caso pudieron conciliar intereses, queda la incertidumbre sobre el alcance de próximas resoluciones en las que los diputados pudieran optar por no cumplirlas, como ya sucedió en el episodio del representante de Movimiento Ciudadano que no consiguió entrar a la Permanente. Y en el procedimiento para elegir consejeros, el asunto estuvo cerca de reventar, de que la cámara ignorara al tribunal, lo que no hubiera sido bueno para ninguno de ellos ni para el país.
Hoy parecería exagerado pero que no se pierda de vista que a dicho tribunal le toca calificar la elección presidencial en 2024. No vaya a ser el diablo y los perdedores desconozcan el veredicto.
Estamos a tiempo de que los distintos poderes pongan por delante la aplicación de la ley, les guste o no.

El tema no es cómo se elige a jueces y magistrados, ahí no está el problema. Pueden ser elegidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el poder legislativo o por el voto de la sociedad. Al final daría lo mismo, porque la forma en que fueran elegidos no es lo que garantizaría su imparcialidad.
Ricardo Monreal quiere que no sea la misma persona la que ocupe la presidencia de la Corte y la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, con el argumento de que la impartición de justicia no debe estar ligada a lo administrativo donde se maneja lo presupuestario.
Por sus efectos, porque le pegan a la gente, hay dos puntos que también deben considerarse: el papel de juez y parte de la Judicatura que explican magros resultados de la vigilancia sobre resoluciones de juzgadores y el hecho indiscutible de que humanamente es imposible que quien presida la Corte pueda cumplir al cien en la presidencia de la judicatura. Son tantos los casos que no puede revisar como quisiera todos los documentos que le dan a firmar.
Senadores y diputados, antes de legislar, deberían ocuparse más en investigar lo que sucede en el poder judicial y tomar nota de lo que de verdad hace falta para que prevalezca la justicia en nuestro país.
Meterse más en los recovecos de la impartición de justicia, escuchar a gente que sufre abusos, a los abogados, investigadores, académicos y a los juzgadores que se empeñan en la actuación imparcial.
Buscar la forma de que la judicatura deje de ser juez y parte, para que las fallas se corrijan.
Hay quienes no les gusta que el presidente Andrés Manuel Andrés Obrador utilice conferencias mañaneras para quejarse y exhibir flaquezas del poder judicial. Muchos y muchas litigantes prefieren ponerse una venda en los ojos y callar para no ganarse la animadversión de juzgadores. Existen medios que son extremadamente cautos en estos asuntos.
López Obrador solo dice lo que todo mundo sabe ante una mayoría que prefiere guardar silencio, por precaución o miedo.
En 2015 el juez Francisco Migoni Goslinga, director general de la presidencia de la Judicatura, las tres veces que fue consultado sobre el artículo 19 de la Constitución federal, sostuvo que nada podía justificar su incumplimiento. “No existe ninguna excusa para que no se cumpla”, repetía. Estaba en lo correcto, la obligación del juzgador a resolver la situación jurídica del detenido en las 72 horas que establece dicho precepto.
Eduardo Torres Carrillo, entonces juez del Juzgado Primero de Procesos Penales, violó el artículo, como lo describe la Recomendación 27/2013 de la CNDH. Hubo queja en la Judicatura y, en vez de ser sancionado, fue ascendido a magistrado y enviado a Tamaulipas.
Cuando el juez Migoni se enteró, lamentó que no lo hubieran alertado con oportunidad de esta situación. El afectado le explicó que prefirió reservarse porque el oficio que justificaba la actuación del juez estaba firmado por el ministro Luis María Aguilar quien presidía la Corte y la Judicatura. Al escuchar eso, Migoni ajustó su opinión y avaló lo firmado por su jefe.
Puntos neurálgicos que a veces no ven autoridades del poder judicial y son desconocidos para legisladores.

Urge que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise el caso del periodista Arturo Zárate Vite, porque ha sido falsamente acusado y ya suma más de 10 años de persecución, sufrimiento, tortura y humillaciones para él y su familia, dijo el muralista Ariosto Otero al participar en la concentración de periodistas, académicos y defensoras de los derechos humanos frente a las puertas del edificio del máximo tribunal.

Es cierto que hay que defender a las mujeres y castigar a los agresores, lo que no se vale es utilizar esta bandera legítima para fabricar culpables y lastimar inocentes, señaló por su parte la periodista y escritora Pilar Jiménez Trejo, quien también participó en dicho acto.
Decenas de manifestantes, mujeres y hombres, acudieron a las puertas de la Suprema Corte con pancartas en las que se pedía justicia para el periodista y un proceso imparcial.
Entregaron a la Corte escrito para expresar su solidaridad con Zárate Vite y el clamor respetuoso con la finalidad de que ministras y ministros admitan su recurso de revisión para que el caso sea estudiado a fondo.
Por varios minutos y para cerrar el evento, los manifestantes gritaron ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
Jiménez Trejo recordó que el periodista ha obtenido dos resoluciones de inocencia y una de ellas emitida por una juez mujer.
El muralista Ariosto Otero defendió la integridad del periodista, como profesional y humano.
A la justicia la representan con imagen vendada, pero debe tener los ojos abiertos a la hora de impartir justicia, añadió.
Ambos, Pilar y Ariosto, coincidieron en que el proceso está plagado de vicios que deben subsanarse por la Corte.
En su turno, el periodista Arturo Zárate Vite subrayó que es necesario evitar que se utilice el sistema judicial como arma de represión, para perseguir y agredir a periodistas.
Consideró que la intervención del máximo tribunal en este caso “enriquecería la imagen institucional que tiene la Suprema Corte ante la sociedad para garantizar imparcialidad e impedir excesos en las resoluciones judiciales”.

Cuando se habla de la reforma al Poder Judicial Federal se tocan grandes temas, como la necesidad de separar al Consejo de la Judicatura Federal de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de darle autonomía a la Defensoría de Oficio, para que no sea juez y parte como sucede ahora.
También el nombramiento de jueces y magistrados, los cambios de adscripción o de sede de los juzgadores, medidas disciplinarias, sanciones, destituciones y manejo de fideicomisos.
De nuevo está en la mesa el propósito de reformar el poder judicial, tanto en lo constitucional como en leyes secundarias. Modernizar y hacer justas dinámicas anquilosadas que llevan a excesos en perjuicio de inocentes.
La parte que se mantiene en las sombras, abajo de la Corte, es la que le pega de manera directa a la gente.
Es donde la mayoría de los afectados no tiene forma de hacerse escuchar y no entran en las prioridades mediáticas; cargan con la injusticia y el atropellamiento de sus derechos, la impotencia ante juzgadores que pareciera poseen poderes ilimitados.
Hay testimonios de que en 2012 el juez Eduardo Torres Carrillo transgredió el artículo 19 de Constitución, por no definir la situación jurídica de un detenido en las 72 horas que establece la ley. Incluso existe la recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que describe lo sucedido con todo detalle. El afectado presentó la queja correspondiente y resulta que el juzgador no solo fue liberado de cualquier responsabilidad por el Consejo de la Judicatura Federal, sino cambiado de adscripción y ascendido a magistrado.
En diciembre pasado (2022), la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, integrante del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito en la Ciudad de México, firmó y emitió acuerdo ilegal para dar por cerrado proceso penal, cuando todavía estaba pendiente el Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella misma se encargó de rectificar al ver que no era posible brincarse al máximo tribunal. No hay información de que el Consejo de la Judicatura le haya llamado la atención, mucho menos sancionado.
Hay otra situación que se repite y raya en la simulación. Cuando por algún motivo o conflicto de interés, en tribunal colegiado, el magistrado o magistrada tiene que excusarse de participar en determinado proceso. Lo suple el secretario o secretaria de acuerdos, subordinado o subordinada del mismo magistrado o magistrada. Por consiguiente, el secretario o secretaria no hará nada distinto a lo que ya hizo o le ordena su jefe o jefa.
Así ocurrió en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la CDMX que preside el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías. Dos secretarios en el lugar de magistradas. Se llegó al extremo de no tomar en cuenta resolución en materia de tortura de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tampoco quiso ir al fondo sobre la observación de que había cometido error jurídico, al reabrir fuera de tiempo caso que ya estaba cerrado. Como juez y parte prefirió desestimar el argumento de la defensa.
Es injusticia en penumbras, producto de juzgadores que se sienten infalibles, que ganan más que el presidente de México y que son incapaces de admitir que se equivocan.
Hay consciencia del problema. El poder legislativo ha planteado la necesidad de reformar y sería ideal que se sumara el mismo poder judicial que debe de conocer tanto sus fortalezas como debilidades.

Cuando un abogado o abogados llegan a considerar que la autoridad ha caído en excesos y en la emisión de acuerdos ilegales, se vuelve punto crítico la impartición de justicia.
Situaciones que muchas veces pasan desapercibidas para la opinión pública porque suceden en terrenos del sistema judicial que solo acaparan la atención de los involucrados.
Es el caso de la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, quien emitió acuerdo ilegal que ella misma tuvo que rectificar, ante recursos interpuestos por los abogados defensores Héctor Rojas y Esteban Flores.
No hay que olvidar que el servidor público de ese nivel gana más que el presidente de la República, por lo que su actuación tendría que distinguirse por su pulcritud y absoluta imparcialidad, sobre todo porque se trata de impartir de justicia y todos quieren que imparta justicia.
Por si fuera poco, probablemente no lo sabía, su proceder se suma a la ola de acciones para perseguir y agredir al periodista que escribe esta columna; así que lo que haya hecho o haga, va a dejar huella que tarde o temprano podría ser revisada., por las consecuencias que tiene una situación injusta, con repercusiones para el afectado y su familia.
Si la juzgadora circula acuerdo irregular o ilegal, no solo impacta en el afectado, sino en su entorno, en la economía, en la salud. Los defensores particulares no son filántropos ni altruistas, cobran por sus acciones, porque de eso viven los abogados en cualquier parte del mundo. La salud tampoco se salva, por la tensión emocional que provoca lo inesperado e injusto.
Sería ingenuo pensar que fue casualidad que el acuerdo y las notificaciones se dieran en vacaciones de diciembre, cuando es posible sorprender a quienes no están alertas, por el descanso decembrino que también incluye a quienes laboran en el sistema de justicia.
La decisión de la magistrada Rodríguez Escobar de dar por terminado el proceso penal, cuando todavía está pendiente la instancia de la Corte, la desactivaron los abogados con cuatro recursos: Recurso de Revocación, Juicio de Amparo, Queja y Recurso de Revisión dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El juicio de amparo, lo desechó la misma magistrada. Como juez y parte, no iba a contradecir sus determinaciones.
Actuó y reactivó la protección legal del periodista, para que siguiera su defensa sin riesgo de perder su libertad, al ser enterada de que el Recurso de Revisión ya estaba en camino de la Corte. No se atrevió a ignorar o brincar al máximo tribunal de nuestro país, lo que hubiera sido el acabose.
El proceso contra el periodista está plagado de violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la Constitución. Las contradicciones de la parte acusadora son escandalosas. No hay elementos para condenar a nadie, salvo que la autoridad decida magnificar supuestos delitos.
Ninguna condena penal puede ser válida si no se respetan las garantías y los derechos del acusado.
Llama la atención que sea la propia magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar la que resolviera en contra del periodista, a pesar de lo endeble de las supuestas “pruebas”.
Seguramente desconoce que México está convertido en uno de los países más peligrosos para quienes laboran en medios de comunicación.
De la mayor gravedad que ahora se utilice el sistema judicial para perseguir y agredir al periodista, por ajuste de cuentas o venganza.
Por eso, ante el interés que ha despertado el asunto y su trascendencia, la necesidad de que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“¡El asunto está en buenas manos!”, fue el comentario del maestro de historia Enrique Cervantes Mayén, dedicado toda su vida profesional al magisterio. Larga la lista de quienes han sido sus alumnos, con los que procura mantener comunicación para saber de su destino.
Profesor conocedor de la realidad del país, de los vaivenes sociales, de las instituciones que le son útiles a la comunidad, de los altibajos que viven los individuos y sus familias, de las justicias e injusticias, de la inseguridad que sufren mexicanos y de las batallas políticas.
Cuando habla de “buenas manos” se refiere a los once integrantes, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Alto Tribunal que deberá decidir si admite el Recurso de Revisión interpuesto por el periodista que escribe esta columna.
Confía en los ministros y ministras por su amplia trayectoria en materia de justicia, por su experiencia. Sobre todo, porque como cuerpo colegiado, considera imposible que alguien lo sorprenda y se aproveche de su buena fe.
Está seguro de que las ministras y los ministros harán la valoración justa, imparcial y conforme a Derecho.
Lo que le sorprende al profesor Enrique Cervantes Mayén, siempre partidario de las causas justas, es que el periodista tenga dos resoluciones de inocencia a su favor y todavía siga enredado o atorado en un proceso plagado de graves contradicciones, violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solidario por vocación, disponible para apoyar a quienes enfrentan adversidades, le ha tocado defender a compañeros y compañeras que también se han dedicado al magisterio, en conflictos de distinta índole.
Conoce el expediente del periodista, sabe que ya suma dos resoluciones de inocencia.
Por eso pregunta:
-¿Y cuántas resoluciones de inocencia necesitas para que reconozcan tu inocencia?
-Lo que se es que el caso requiere ser revisado por la Corte, por eso la insistencia respetuosa, para que lo haga, para que prevalezca la justicia, la verdad, la imparcialidad, no consignas ni venganzas.
Castigar un inocente, coincidimos con Cervantes Mayén, en nada ayuda a la causa de las mujeres, porque desacredita su lucha y exhibe excesos. Cierto que las estadísticas son dramáticas y hay demasiadas agresiones, nada más que la autoridad debe asegurarse de sancionar a verdaderos culpables.
Puede haber excepciones y el maestro no tiene la menor duda de que esta es una de ellas, de que se han fabricado historias por razones e intereses que nada tienen que ver con la justicia.
Con sentido común juzga que ningún juez o jueza se hubiera atrevido a declarar inocente al periodista si hubiera encontrado elementos para condenarlo. De haber actuado con parcialidad, lo habrían “linchado” y exigido su inmediata destitución, lo que nunca sucedió.
La contraparte, aun cuando fue notificada de manera personal, no apeló lo resuelto por los jueces.
El proceso se revirtió con un amparo interpuesto fuera de tiempo, en contra de lo que establece el principio de definitividad.
“Si hay error jurídico, va a ser corregido porque así lo señala la ley”, comentario del maestro, convencido del desempeño imparcial de ministras y ministros.
“Estás en buenas manos”, repitió.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México ha rectificado y reactivado la suspensión para que el periodista que esto escribe pueda seguir su defensa en libertad y tenga garantizada su presunción de inocencia.
Durante las vacaciones del pasado diciembre, dicho tribunal apresuró el proceso y emitió un acuerdo que los abogados Héctor Rojas y Esteban Flores consideraron ilegal porque cerró el expediente y determinó que procedía la aplicación de la sentencia, sin tomar en cuenta que todavía está pendiente el Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como juez y parte, el mismo tribunal desechó amparo que combatía su irregular acuerdo.
Ahora, ha resuelto renovar la protección para el periodista, en el entendido de que no se puede saltar al máximo tribunal; y ha dado vista al juzgado primero de distrito de procesos penales para que emita el acuerdo correspondiente y lo haga del conocimiento de las diversas autoridades.
El expediente del proceso penal que empezó en 2012 ha registrado graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, hasta llegar al error jurídico que de ser corregido le permitiría al periodista, quien ha sido declarado dos veces inocente, dejar atrás la pesadilla de la injusticia.
Ya se interpuso el Recurso de Revisión y va en camino hacia la Corte.
“Consecuentemente, se ordena remitir el original de este expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo cuaderno de antecedentes que se forme, así como el escrito por el que se interpuso Recurso de Revisión”, dice oficio firmado por el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías.
La defensa también presentó argumentación adicional en tiempo y forma, con la finalidad de subrayar todas y cada una de las graves violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y la Constitución.
Correspondería a la presidencia de la Corte, a cargo de la ministra Norma Piña Hernández, determinar si el máximo tribunal admite o no el recurso. De ser aceptado, se nombraría ministro o ministra ponente para entrar al fondo del caso y elaborar propuesta de resolución que se pondría a consideración, para su análisis y votación, de los integrantes de la primera sala que preside el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La historia con antigüedad de10 años, tiene su origen en la acusación que se cayó por graves contradicciones y mentiras sobre supuesto acoso y abuso sexual. Hubo dos resoluciones de inocencia de distintos juzgadores. De haber actuado con parcialidad o tratado de favorecer al periodista, los hubieran exhibido y hasta pedido su destitución como ha sucedido en otros casos.
No hubo ninguna protesta en ese sentido y aun cuando la notificación se hizo de manera personal para las partes involucradas, nadie apeló en el tiempo establecido para ello.
El caso fue reabierto por amparo presentado fuera de tiempo y admitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que pone en evidencia el error jurídico que debe ser corregido para que prevalezca la sentencia de inocencia, conforme a Derecho.
A fin de dar cumplimiento cabal al principio de definitividad, tres meses antes de la apertura del expediente, el propio séptimo tribunal había resuelto por unanimidad, que no aceptaría inconformidades fuera del plazo establecido.
Sin embargo, admitió indebidamente juicio de amparo y, se cometió el error jurídico, que no prescribe y debe de ser atendido.
Ahora, el turno es de la SCJN, para decidir si acepta o no Recurso de Revisión presentado por el periodista.

El expediente del proceso penal que empezó en 2012 contra el periodista que esto escribe, que ha registrado innumerables inconsistencias hasta llegar al error jurídico que le permitiría, de ser corregido, a quien ha sido declarado dos veces inocente, dejar atrás la pesadilla de la injusticia, va en camino hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Correspondería a la presidencia de la Corte, a cargo de la ministra Norma Piña Hernández, determinar si el máximo tribunal admite o no el llamado Recurso de Revisión. De ser aceptado, se nombraría ministro o ministra ponente para entrar al fondo del caso y elaborar propuesta de resolución que se pondría a consideración, para su análisis y votación, de los integrantes de la primera sala que preside el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El trámite que se le ha dado al expediente, para que vaya a la SCJN, confirma que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en la Ciudad de México se excedió al dar por concluido el proceso, levantar la suspensión que protegía al periodista para llevar su asunto hasta la Corte, en libertad y con respeto a la presunción de inocencia.
¿Qué fue lo que hizo dicho tribunal de apelación?
Se anticipó o pasó por alto a la Suprema Corte, instancia superior a cualquier otra en México. Por su inexplicable apresuramiento que llegó al extremo de emitir acuerdos y hacer notificaciones en el periodo vacacional de diciembre, está a la vista la ilegalidad del acto.
Por si fuera poco, el mismo tribunal colegiado de apelación, en el papel de juez y parte, rechazó juicio de amparo interpuesto por el afectado. Era impensable otro resultado porque la autoridad responsable no se iba a corregir y menos aceptar haberse equivocado.
Los abogados Héctor Rojas y Esteban Flores presentaron queja en instancia superior con la finalidad de que se subsane el acuerdo irregular emitido por dicho tribunal y se reactive protección para el periodista, en espera de lo que determine la Corte que tiene la última palabra.
“Consecuentemente, se ordena remitir el original de este expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo cuaderno de antecedentes que se forme, así como el escrito por el que se interpuso recurso de revisión”, dice oficio firmado por el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías.
La historia tiene su origen hace 10 años, con acusación que se cayó por graves contradicciones y mentiras sobre supuesto acoso y abuso sexual. Hubo dos resoluciones de inocencia de distintos juzgadores. De haber actuado con parcialidad o tratado de favorecer al periodista, que entonces se desempeñaba como vocero de la CNDH, los hubieran exhibido y hasta pedido su destitución como ha sucedido en otros casos.
No hubo ninguna protesta en ese sentido y aun cuando la notificación se hizo de manera personal para las partes involucradas, nadie apeló en el tiempo establecido para ello.
El caso fue reabierto por amparo presentado fuera de tiempo y admitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que pone en evidencia el error jurídico que debe ser corregido para que prevalezca la sentencia de inocencia, conforme a Derecho.
Ahora, el turno es de la SCJN, para decidir si acepta o no Recurso de Revisión presentado por el periodista.

Pareciera que se utiliza al sistema judicial para perseguir y agredirme, porque no se puede entender de otra forma el hecho de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, de manera ilegal, haya levantado la suspensión que era la protección para poder llevar el proceso hasta la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en libertad y respetando la presunción de inocencia
No solo ordenó quitar la suspensión sino también proceder a la ejecución de sentencia. Interpuse amparo contra esta medida excesiva y resulta que el mismo tribunal resolvió negarme el amparo. Por supuesto que lo rechazó.
Esto no es otra cosa que la actuación del colegiado como juez y parte. Obvio que no iba a reconocer que se excedió, por el contrario, justificaría sus dudosas resoluciones.
La historia de este caso ya tiene más de 10 años, empezó en 2012 cuando me desempeñaba como vocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fabricaron la mentira. Supuestos acoso y abuso sexual, que no estaban considerados como graves delitos. Fui detenido, me pasearon durante todo el día y, por la noche me llevaron al penal de máxima seguridad, El Altiplano, donde estuvo Joaquín El Chapo Guzmán.
Custodios sabían de mi nombre y desde primer momento empezaron a torturarme por mi trabajo en la CNDH, con aparato que no pude identificar. La tortura está plenamente probada. Como recuperé la libertad a los cinco días, bajo fianza, porque los supuestos delitos no eran graves, antes de salir de prisión me amenazaron con matarme si abría la boca y que lo diera por hecho si regresaba al reclusorio.
Salí rabiando del lugar, decidido a probar en primer lugar mi inocencia. Lo logré. Dos resoluciones de inocencia, dentro del marco de perspectiva de género, con lo que quedaba cerrado el caso. La contraparte nunca apeló a pesar de que fue notificada de manera personal y tampoco reprobó a los juzgadores que me declararon inocente. Fuera de tiempo se presentó juicio de amparo y el asunto fue reabierto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, luego revertido con resolución en contra.
La contraparte cayó en evidentes contradicciones, ejemplos:
1.-En escrito firmado relató que me prestó pulsera de plástico y que la rompí al querer abrirla. Admite que ofrecí reponérsela. Después cambió su versión al decir que se rompió producto de forcejeo.
2.-En declaraciones, en la primera aseguró que le rocé la pierna. En la segunda, que la toqué en el muslo cerca el glúteo. En la tercera, que la toqué directamente en el glúteo. Todo falso.
En el caso hay violaciones graves a los derechos humanos y al debido proceso. El primer juez no definió mi situación jurídica en los términos del artículo 19 de la Constitución, así consta en recomendación de la CNDH que obra en el expediente.
La tortura es un delito que no prescribe.
Se reabrió el caso sin respetar el principio de definitividad.
Nunca existieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las imputaciones.
Y hay una sentencia de cinco años tres meses, que también contraviene la Constitución, por el parámetro utilizado para establecer la pena.
Soy periodista y ejerzo la profesión desde hace 45 años. Padre de familia. El 95 por ciento de los integrantes de mi familia son mujeres. Mis textos y mi conducta confirman que soy respetuoso de las mujeres, porque es lo que siempre he exigido para mis hermanas, primas, sobrinas, amigas y cualquier otra mujer.
México tiene por primera vez a Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ministra:
Ruego a usted que el más alto tribunal atraiga mi caso, ante el cúmulo de irregularidades. Tiene usted larga y respetada trayectoria. No se vale que se utilice al sistema judicial para perseguir y agredir a un periodista.
¿Por qué tiene que cargar el poder judicial con esa infamia, atizada por tercera persona que se la ha pasado diciendo que me meterá a la cárcel, con una seguridad (se lo ha dicho a compañeros periodistas) que deja la impresión de que tiene a su servicio jueces y magistrados?
Mi familia está conmocionada, con el quebranto patrimonial, con el dolor, el llanto y la impotencia que significa la terrible injusticia.
Están a punto de acabar como mi familia, por una mentira.

ARTURO ZARATE VITE,

PERIODISTA

 

Sin esperar a que causara estado o quedara firme la resolución de amparo, Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México emitió un acuerdo que deja sin protección al inculpado.
Levantó una medida de suspensión establecida para protección del acusado, para que no pueda ser detenido, en tanto no se agoten todas las instancias que le concede la ley, como presentar el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta situación se ha presentado justamente en periodo vacacional y cuando la Suprema Corte, desde hace varias semanas se ocupó de la organización del proceso de renovación de la presidencia.
De acuerdo con el abogado defensor Héctor Rojas Cárdenas, lo que hizo el tribunal es indebido porque abre la posibilidad de que el acusado pueda ser detenido de manera injusta, en contra de lo que establecen los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las notificaciones le llegaron en periodo vacacional. A pesar de ello, comentó, de inmediato se interpuso el recurso de revocación ante el mismo tribunal colegiado de apelación y en otra instancia colegiada un amparo que proteja a su defendido de acciones injustas.
El propio abogado habló de que este caso tiene múltiples inconsistencias, que tarde o temprano deberán de aclararse y corregirse, para que no se vaya cometer la atrocidad de encerrar a un inocente.
Solo explicó lo que llama “error jurídico”, que se cometió después de que su defendido había logrado dos resoluciones de inocencia. La contraparte no presentó ninguna apelación, aun cuando había sido notificada directamente. Sin embargo, el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal admitió en fecha posterior un amparo con lo que reabrió el caso, en contra del criterio que tres meses antes dicho tribunal había aprobado por unanimidad para respetar el principio de definitividad.
La historia no es nueva, ya lleva más de diez años. Cada día que pasa suma irregularidades.
El afectado es periodista y defensor de los derechos humanos. Por un supuesto delito que no era considerado grave fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde estuvo Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
Fue torturado y existe resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ordena sea indemnizado.
Se incumplió el plazo constitucional de las 72 horas para resolver su situación jurídica, como consta en la Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la CNDH.
El pasado 1 de diciembre, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer circuito resolvió no entrar al fondo para analizar el “error jurídico” que existe en el proceso y tampoco lo hizo en el caso de la tortura.
La defensa confía en la Corte y espera que el caso pueda ser revisado en el máximo tribunal.
Sin duda, la historia exhibe debilidades del sistema judicial y va a sentar precedente en México.

El documental dirigido por Roberto Hernández, abogado y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), producido por Layda Negrete y transmitido por Netflix “Duda Razonable” no es la única historia de este tipo que exhibe debilidades del sistema penal.
Para donde quiera que mire, Roberto podría encontrar guiones para muchos otros documentales o dudas razonables; persisten abusos y atropellos que lastiman a la sociedad y al mismo poder judicial. Todavía hay instancias donde imperan intereses opacos.
Limpiar el sistema judicial no es una tarea de una persona, así que no se podría responsabilizar al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de todos los males.
Ni siquiera con una varita mágica hubiera conseguido sanarlo el ministro Zaldívar que en este mes termina su periodo. Hay podredumbre que está enraizada en la columna del antiguo método procesal.
Enhorabuena por Roberto y Layda que con su trabajo (también hicieron Presunto Culpable) sacuden el sistema a tal punto que los casos que exponen, alcanzan la justicia.
“Tenemos un sistema penal que sirve más bien para poco y que genera más problemas de los que resuelve”, escribió el jurista Miguel Carbonell en su artículo del pasado 13 de diciembre en El Universal.
Hay un caso de injusticia que tiene violaciones graves a los derechos humanos para ser valorado por realizadores de documentales, que puede ser útil en su esfuerzo por contribuir a vencer vicios y debilidades del sistema.
1.- Los hechos ocurrieron entre el sexenio que terminaba de Felipe Calderón y el de Enrique Peña que iniciaba.
2.-Periodista y defensor de los derechos humanos fue detenido por la mañana por agentes ministeriales por delito no grave y le informaron que lo llevarían al reclusorio norte de la Ciudad de México.
3.-Una vez que llegaron al lugar, los agentes le dijeron que siempre no lo internarían en dicho reclusorio, que tenían que ir a sus oficinas de Azcapotzalco para recibir instrucciones.
4.-La orden fue dirigirse al penal de máxima seguridad El Altiplano (Almoloya), a pesar de que el supuesto delito no era grave.
5.-Fue torturado.
6.-Se incumplió el plazo constitucional de las 72 horas para resolver su situación jurídica, como consta en la Recomendación 27/2013 de la CNDH.
7.-Previo pago de fianza, recuperó su libertad al quinto día. Decidió que primero demostraría su inocencia.
8.-Obtuvo dos resoluciones de inocencia.
9.-Fuera del tiempo procesal, fue aceptado recurso de apelación que dio vuelco al caso, con sentencia en su contra.
10.-Su amparo 95/2022 interpuesto en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la CDMX fue rechazado. Resuelto en tres semanas, (récord) sin entrar al fondo al tema de la tortura (hay orden de autoridad para que sea indemnizado) ni al error jurídico (que no prescribe), incluidos en el amparo. La reunión colegiada se realizó con la participación de dos secretarios de acuerdo con funciones de magistrados y duró apenas tres minutos.
Son 10 puntos (se podrían agregar muchos más) de un caso que ha llevado a la defensa a tomar la decisión de interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Caso con indicios evidentes de que se trata de otra historia de Duda Razonable.
Aviso a tiempo para evitar otra agresión a periodista.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) es una de las instituciones más reconocidas y respetadas, lo que de ninguna manera quiere decir que sea perfecta, hay fallas, no tan escandalosas como sucede en otras instancias responsables de impartir justicia.
Hay quienes dirían que es el tribunal menos malo o mejor. Tiene ganado su prestigio entre litigantes y académicos.
Sus presidentes no se han significado por el protagonismo; han procurado la discreción y dedicarse al trabajo.
No es una institución que atraiga a la mayoría de los medios, quizás por la temática árida de sus asuntos, fiscales, administrativos, tributarios, comercio exterior, entre otros; lo que para nada le restaría importancia.
Tampoco llaman la atención los procesos internos de relevo en la presidencia de la sala superior, que en la actualidad ocupa el magistrado Rafael Anzures Uribe. Termina en diciembre.
Debido a la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados para modificar la Ley Orgánica del TFJA, quizás en el interior del tribunal haya más inquietud por el próximo relevo. Lo mismo entre abogados, académicos y expertos en la materia; entre los interesados e involucrados. Al resto parece que le da igual, no pasa nada.
No es menor el cambio propuesto por el Ejecutivo y todo indica que es irreversible, porque basta la mayoría simple legislativa para sacarlo adelante. Aplicaría de inmediato, a partir de la elección que harán los magistrados de su nuevo presidente o presidenta de la sala superior.
Por las características de la propuesta, pareciera perfilarse Natalia Téllez Torres Orozco para presidenta.
Resulta que la sala superior tiene tres secciones. Con la actual legislación solo la primera y segunda participarían en la elección del presidente. Con la reforma, también la tercera y en la tercera sección está la magistrada Torres Orozco, quien, en abril de 2021, llegó a la sala superior con el voto calificado del Senado.
Además, con la reforma, por única ocasión, la magistrada tendría preferencia a la postulación, conforme a los criterios de antigüedad y equidad de género.
Con la reforma, para llegar a la presidencia de la sala superior del tribunal, sería suficiente contar como mínimo con tres años de experiencia en cualquiera de las siguientes materias: fiscal, administrativa, responsabilidades administrativas o jurisdiccional.
En esas condiciones, si la iniciativa del Ejecutivo es aprobada, como se espera, estarían dadas las condiciones para el ascenso de la magistrada a la presidencia del TFJA.
Cierto que en la Cámara de Diputados las comisiones dictaminadoras están presididas por panistas, nada más que la mayoría en ambas y en el pleno la tiene Morena.
Al margen de la reforma, la magistrada Natalia Téllez cuenta con grados académicos y experiencia para desempeñarse en dicho cargo. Sería la quinta presidenta en la historia del tribunal administrativo.
Natalia es maestra en Derecho de Amparo por la UNAM y cuenta con estudios de Master en la Universidad de Génova, Italia.
En el ámbito profesional ha trabajado en la Procuraduría Fiscal de la Federación y con amplia trayectoria en el poder judicial como proyectista, actuaria y secretaria de acuerdos en distintos tribunales colegiados.
Como académica, ha sido profesora en la Escuela Libre de Derecho y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
El tema de la sucesión ha diversificado opiniones entre magistrados, magistradas, abogados y académicos. El consenso es que quien gane la elección deberá mantener y cuidar el prestigio del tribunal.
Por lo pronto, en la Cámara de Diputados están de acuerdo en atender el reclamo de que se escuchen distintas voces en parlamento abierto, antes de que se dictamine la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del TFJA.

Hasta ahora ninguna mujer ha presidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tampoco una mujer ha sido electa por la Cámara de Diputados como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
En las dos instituciones, quienes actualmente las encabezan, Arturo Zaldívar en la Corte y Lorenzo Córdova en el organismo electoral, se han significado por procurar abrir espacios a mujeres, como juzgadoras y organizadoras de elecciones en nuestro país.
Ha sido su respuesta a la paridad de género, principio constitucional que toca todos los cargos públicos, en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y organismos autónomos.
Reforma a 9 artículos de la Constitución aprobada en 2019 dio impulso a la participación y representación igualitaria de la mujer en la democracia mexicana.
Todavía no en todos los casos hay mitad y mitad, 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.
No queda claro si esa paridad alcanza para que haya alternancia de género en la presidencia de las instituciones. Ni Zaldívar ni Lorenzo han hablado de que su próximo relevo debe ser mujer.
El hecho es que los varones han mantenido acaparada la presidencia de la Corte y del INE.
Llama la atención, en el caso del instituto electoral, que en lo que sería su estructura intermedia, la que organiza los comicios en los estados, los llamados OPLES, la cúpula del INE se ha esmerado por lograr que la mitad sea presidida por mujeres y la otra mitad por hombres.
Con ese propósito hay convocatorias que solo están dirigidas a mujeres, para seleccionar a las que presidirán organismos públicos locales, aunque el proceso se tenga que repetir tres veces como sucedió con el instituto electoral del estado de México, porque no encontraban a la idónea.
También se ha hecho algo similar para que cada vez haya más juezas en el poder judicial.
Si debe darse la alternancia de género en las presidencias de las instituciones es un punto fino que no está desarrollado ni existe una norma que así lo establezca. No ha sido tema del constituyente, no se ha considerado ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
Independientemente de que no hay legislación en ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya lleva dos presidentas.
La doctora, magistrada y consejera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Lilia Mónica López Benítez, entrevistada por el autor de esta columna, explica y precisa que la paridad de género no obliga a que sea mujer la próxima presidenta de la SCJN, porque hablar de paridad solo implica la conformación de los órganos en un 50 por ciento de mujeres y un 50 % de hombres.
Sin embargo, Mónica López Benítez está convencida de que las mujeres cuentan con la capacitación para presidir la Corte y cualquier otra institución. Por eso su afirmación de que las ministras Yamín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Alhf, Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Leticia Piña Hernández, tienen el talento para aspirar a la presidencia de la SCJN.
La Corte deberá elegir nuevo presidente o presidenta, para un periodo de cuatro años, en enero de 2023.
Dos meses después, en abril, Lorenzo concluye su periodo de nueve años como presidente del INE.
Queda claro que no existe nada que obligue a que sean mujeres quienes releven a Zaldívar y Córdova. Para que haya cambio de género, puede influir el hecho de que la presidencia de ambas instituciones, solo han estado en manos de varones.
Al final, lo que más le conviene al país, es que se elija al o a la más capaz, sin importar género.

Cualquiera de las cuatro ministras -Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Alhf, Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Leticia Piña Hernández- tiene cualidades para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo la magistrada Lilia Mónica López Benítez, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Aun cuando se le preguntó por las cualidades de cada una, optó por reservarse la respuesta para no correr el riego de omitir alguno de los destacados méritos de la juzgadoras.
Sin embargo, entrevistada en exclusiva por este diario, la magistrada-consejera dejó en claro que la paridad de género no obligaría a que sea mujer la próxima presidenta de la Corte, porque la paridad solo implica conformación de los órganos institucionales en el mismo porcentaje.
La Corte deberá elegir nuevo presidente o presidenta, para un periodo de cuatro años, en enero del 2023.
Mónica López Benítez también habló de feminismo, juzgar con perspectiva de género y los avances de la mujer en todos los ámbitos.
Con grado académico de Doctora y 30 años de servicio en el poder judicial expresó que, en estos tiempos, “las mujeres aspiramos a presidir cualquier tipo de órgano, no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
La entrevista, que a continuación transcribimos, fue realizada en su oficina del CJF, órgano responsable de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación.
-¿Cómo define en estos tiempos el feminismo?
-Yo pensaría que el feminismo es una forma de vida, por supuesto que es un movimiento que busca la igualdad entre los géneros. Creo que es una manera en que las mujeres estamos tratando de reivindicar nuestros derechos y de avanzar en posicionarnos no solamente en nuestra vida personal sino sobre todo en la vida en sociedad y profesional.
-¿Cuál ha sido la aportación del feminismo a la sociedad?
-Tenemos muchísimas aportaciones, de entrada la posibilidad de que las mujeres podamos ir a las aulas, sabemos perfectamente que estuvo vedado para nosotros esa posibilidad, pero hoy tenemos muchas carreras universitarias; el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos, la posibilidad de votar y ser votadas; en fin, creo que tenemos muchísimos aportes y todavía vamos por más.
-¿Está de acuerdo con el ministro Arturo Zaldívar de que juzgar con perspectiva de género no implica inclinar la balanza?
-Por supuesto que estoy de acuerdo. Juzgar con perspectiva de género implica equilibrar la balanza. ¿Y cómo se hace esto? A través de una herramienta metodológica, que es justamente juzgar con perspectiva de género, herramienta que nos permite analizar los asuntos de una manera diferente. ¿Cuándo tenemos qué hacerlo? Cuando advertimos que una persona o grupo de personas se encuentran en una situación de desventaja. El objetivo de la metodología es tratar de paliar esa desventaja, para emitir sentencias más justas, evidenciando los contextos de violencia, los contextos en que se desenvuelven las personas que por alguna razón se ubican en esa situación que ya he destacado, de desventaja. Entonces, es importante también que se conozca que juzgar con perspectiva de género no implica beneficiar a las mujeres por el hecho de ser mujeres.
-¿Cuál es la conexión entre feminismo y paridad de género?
-Obviamente está muy relacionado, el feminismo, como decía, busca la igualdad entre los géneros, busca la reivindicación de nuestros derechos y va de la mano con la posibilidad de que todas las mujeres tengamos una posición en la vida pública. Más del 50 por ciento, a nivel mundial, somos mujeres, y por tanto, en esta misma medida estamos buscando tener acceso a los cargos públicos y de representación.
-¿Magistrada la paridad de género obliga a que sea mujer la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
- A ver. La paridad de género no obliga. ¿Por qué razón? Porque hablar de paridad implica la conformación de los órganos en un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de los hombres. Pero todo indica, que conforme vamos avanzando como sociedad, las mujeres aspiramos a presidir cualquier tipo de órgano, no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
-¿Cualquiera de las cuatro ministras tiene perfil para ser presidenta de la Corte?
-Por algo están en la Suprema Corte.

Perfil de la magistrada-consejera Lilia Mónica López Benítez:

-Profesora por la Escuela Nacional de Maestros
-Licenciada en Derecho por la UNAM
-Maestra y Doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
-Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana
-Jueza de Distrito
-Magistrada de Circuito
-Presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras 2017-2019
-Presidenta del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal 2010-2012
-Consejera del Consejo de la Judicatura Federal.

En distintos foros e instancias, cuando se critica la corrupción en el poder judicial, las imputaciones van hacia juzgadores, jueces, ministerios públicos, fiscales, magistrados y ministros. A veces se cae en generalizaciones, como si todos actuaran igual, sin considerar que existen servidores que se caracterizan por su honestidad, por cumplir con la ley.
Hay quienes se distinguen por su desempeño ético, por proceder conforme a Derecho, capaces de resistir presiones, consignas, chantajes; imparciales, conscientes de la trascendencia de sus actos, sabedores de las consecuencias del error jurídico o desviación.
Por eso no es correcto generalizar, ver solo un lado de la moneda, como por costumbre se hace en la cotidianidad de las ciudades con agentes de tránsito, que es la autoridad con la que se topa la sociedad todos los días. Se señala de inmediato a los uniformados por concretar arreglos indebidos con infractores, que no respetan la normatividad de la vía pública., cuando la obligación de respetar el reglamento de tránsito corresponde a las dos partes.
Es el caso de lo que sucede en el ámbito judicial, nada más se observa a los impartidores de justicia y se les acusa de abusos, injusticias y de que haya gente inocente encerrada, sin libertad, por algo que nunca hizo. Se pierde de vista a litigantes o abogados que ambicionan el lucro a cualquier precio, sin escrúpulo alguno y mucho menos ética., decididos por dinero a engañar o sorprender la buena fe de la autoridad.
Seguro hay muchas historias para contar, en México y en el mundo, que también tienen que ver con la descomposición social, con el deterioro de la imagen del poder judicial.
Emiliano Robles Gómez Mont, egresado de la Escuela Libre de Derecho y primo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, acusada de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal, persiste en su interés de convertirse en millonario a costa de una infamia.
Como litigante y de manera gratuita, desde hace 10 años ha contribuido al armado jurídico de proceso penal que hasta la fecha no ha concluido y está radicado en el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México.
Decidió no cobrar por sus servicios con la idea de que una vez que “gane” el juicio, hacerse millonario con la parte de indemnización que le entregarían supuestas víctimas en este caso, sin saber que el acusado está muy lejos de ser adinerado o millonario.
Contrario a la ética que abandera la escuela de la que es egresado, Robles Gómez Mont, ha tratado de presionar a la autoridad judicial, con el argumento de que forma parte de familia influyente; avienta por delante su segundo apellido.
A pesar de que el acusado obtuvo ya dos sentencias de inocencia y la declaración del asunto concluido, fuera del plazo legal se aceptó apelación que reabrió y revirtió el proceso, lo que hace considerar que fue sorprendida la autoridad.
Como consta a la ex diputada federal, Teresa Gómez Mont, su sobrino Emiliano Robles Gómez Mont presume que se encontró una veta para enriquecerse, a base de armar historias producto de la mentira, sin importarle el daño que causa a su profesión e impartición de justicia.

En aras de contribuir a que prevalezca la verdad e impere la justicia, son bienvenidas las consideraciones hechas por el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acerca de la crítica y el debate sobre resoluciones de juzgadores.
Descalificaciones, adjetivos, especulaciones y la diatriba no favorecen el esclarecimiento de asuntos cuando lo que se requiere es que vayan por delante razonamiento, juicio y sensatez.
Cierto que en ocasiones la parte afectada cae en la desesperación al advertir actuaciones contrarias a la impartición de justicia e incurre en explicables estridencias que llegan llamar la atención de autoridades superiores, como sucedió con el caso de la familia Cuevas-Morán.
Llegó a tal punto de ruido mediático que tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia, para revisar lo sucedido e impartir justicia, ordenar por unanimidad la libertad inmediata de Alejandra Cuevas y anular la orden a aprehensión contra Laura Morán, acusadas de homicidio sin pruebas determinantes.
Sin embargo, no hay que perder de vista que los juzgadores son humanos y que por lo mismo pudieran llegar a equivocarse. Nadie es perfecto, la justicia no es ciencia exacta, no es suma de dos más dos, hay ley, interpretaciones y revisiones.
Antes equívocos, lo conveniente es señalarlos para contribuir a que se corrijan; procurar que floten verdad y justicia, en términos respetuosos, como lo sugiere el presidente de la Corte.
Evitar sospechas de que se actúa por consigna, presiones o por dinero, que en nada favorecen a la imagen del poder judicial y mucho menos a la del juzgador involucrado en el caso.
El mejor camino siempre será la estricta aplicación de la ley, sin inclinar por anticipado la balanza.
Dentro de este contexto, la alerta sobre resolución emitida por la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Tribunal Primero Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México.
El Séptimo Tribunal Colegiado, de oficio, sin queja de por medio, ordenó al unitario emitir nueva resolución (Toca Penal 21/2018) para que motivara o fundara penalizaciones aplicadas y, lo que hizo, a la vista de cualquier analista y experto en leyes, fue prácticamente repetir lo que ya había hecho.
Volvió a la conceptualización genérica, sin entrar a la sustancia y mucho menos fortalecer o reforzar argumentos, quizás porque no encontró o de plano en el expediente no existen elementos para enriquecer el sustento jurídico.
Ha decidido medir con el mismo rasero todas las conductas, sin tomar en cuenta criterios que derivan de las leyes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El tema se ha complicado porque en el historial de este asunto no hay pruebas, ni las más mínimas para proceder a la condena.
Además, es un proceso que hasta ahora ha omitido el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que “solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable….en caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado”.
Por lo pronto, corresponderá al sétimo tribunal colegiado revisar la actuación del tribunal unitario, para garantizar que prevalezcan justicia e imparcialidad, no la injusticia ni la parcialidad.

En el mes de julio que está a punto de terminar ocurrieron tres hechos significativos en la lucha contra la delincuencia. Intervinieron elementos de distintas corporaciones, del Ejército, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Marina en conjunto con la Fiscalía General de la República.
Al margen de estadísticas, críticas por los resultados de la estrategia y acciones oficiales, al menos en esta tercia de hechos, inteligencia y fuerza se combinaron en los resultados.
Suficiente con describirlos, no hay que imaginar, ni mentir ni inventar nada, tampoco especular.
Los videos que se tomaron sobre lo sucedido en Altar, Sonora, el pasado 2 de julio. donde elementos del Ejército mexicano capturaron a Francisco T. “El Duranguillo”, lo dicen todo, lo que se ve y escucha.
A pesar de estar en desventaja numérica, los soldados y su oficial al mando, nunca cedieron a las presiones de 60 sicarios que los rodearon, con armas de alto poder en mano. Tampoco aceptaron ofrecimientos monetarios, chantajes a cambio de que soltaran al jefe de la plaza, “El Duranguillo”, cabeza de la facción del Cártel de Sinaloa en dicha región norteña,
“¡Aquí nos morimos todos!” fue el grito del oficial militar ante las pretensiones de los malandros.
Los delincuentes, al enterarse que llegarían refuerzos militares, optaron por retirarse y abandonar a su jefe.
En la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se reconoció a los militares con la medalla “Cruz de Malta”, por la relevancia de lo que hicieron, por su valentía y honestidad.
Semana y media después, el 12 de julio, personal de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX) llevó a cabo operativo en Topilejo, alcaldía de Tlalpan, en tramo de la carretera México-Cuernavaca, que permitió detener a 14 personas, 10 de ellas vinculadas al Cártel de Sinaloa. Hubo disparos y heridos. El propio jefe de la policía, Omar García Harfuch, desde un helicóptero, coordinó la estrategia de su equipo. Aseguraron 10 armas largas, una Barret calibre .50, ametralladoras, 12 granadas, chalecos y 74 cargadores.
El 15 de julio, tres días después, fuerzas especiales de la Secretaría de la Marina, apoyados por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), capturaron a Caro Quintero.
Uno de los delincuentes más buscados y por el que la agencia de los Estados Unidos dedicada a combatir el tráfico de drogas, la DEA, ofrecía 20 millones de dólares por su detención.
Es tanto el interés del país vecino que promueve la extradición, para enjuiciarlo por diversos delitos, aunque primero tendría que responder por las acusaciones que le hacen autoridades mexicanas.
Lo muy lamentable en este caso es que se haya desplomado un helicóptero (Black Hawk) y perdido la vida 14 marinos, percance que todavía está pendiente de ser aclarado.
Los tres episodios, con distintas corporaciones, revelan y confirman que el sistema de seguridad en nuestro país no está pasmado. Estas tres acciones son de la mayor relevancia, pero seguro que hay otras que también se suman a desactivar la delincuencia.
La tarea no es sencilla, el problema es complejo y de alta peligrosidad. Los soldados, marinos y policías se juegan la vida, por lo que es de justicia que la sociedad les reconozca cuando logran esa clase de resultados.

Con la detención del presunto homicida, no acaba la impartición de justicia en el caso del joven Hugo Carbajal (15 años), víctima de un elemento de seguridad en fiesta organizada en terrenos del municipio mexiquense Jilotzingo.
De no ser por el activismo de la madre Maureen Amaro Fernández, quien se atrevió acompañada de vecinos y jóvenes a bloquear la circulación vehicular en el Periférico, en su tramo norte, durante 14 horas para presionar a las autoridades policiales, lo más probable es que el responsable seguiría libre.
La amalgama de familiares, amigos y medios en demanda de una acción rápida de la autoridad, permitió la pronta integración del expediente, la elaboración de la orden de aprehensión y la localización del domicilio del presunto.
Acorralado por el bombardeo mediático, sobre todo, Mauricio N. (38 años), optó por entregarse. Ahora deberá enfrentar proceso penal, aclarar y dar su versión de los hechos, los motivos por los que empezó la riña.
El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. Es lo que dice la ley y es lo que todo mundo espera con ansias se cumpla, justicia pronta, expedita e imparcial, no nada más en este caso.
Seguro que doña Maureen Amaro Fernández, va a estar pendiente del desarrollo del proceso y no dudará en atraer de nuevo los reflectores de observar que no se actúa de acuerdo a lo que indica la ley.
“Las y los jueces penales solo pueden condenar a una persona a partir de los medios de prueba en efecto desahogados en juicio y no con base en sus creencias, opiniones u otros elementos ajenos al proceso….Por lo tanto, si de las pruebas desahogadas se desprende racionalmente una duda sobre la inocencia del acusado, las y los jueces están obligados a absolver a la persona inculpada, aunque personalmente crean o tengan la íntima convicción de que ésta es culpable” (párrafo tomado de la página 319 del libro “10 años de Derechos” del ministro presidente Arturo Zaldívar).
Es claro el argumento del ministro Zaldívar, los y las jueces deberán declarar inocente al acusado si existe duda razonable, si son endebles las imputaciones, pruebas y dichos en su contra. Bajo estas consideraciones, ningún pretexto justifica dilatar o retrasar la absolución, como en ocasiones sucede en México y en otras partes de nuestro planeta.
Sucedió en el caso Cuevas-Morán, Alejandra mujer de 69 años de edad, inocente, estuvo en prisión año y medio; y con orden de aprehensión, Laura, de 94 años, ambas acusadas de homicidio. En su defensa, la familia recurrió a todas las instancias legales y acciones mediáticas a su alcance.
¿Por qué esperar a que se cierre el periférico o se arrodillen públicamente ante el ministro presidente para que la autoridad haga su trabajo?

Lo que acaba de resolver la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que medios electrónicos, radio y televisión, distingan lo que es información de lo que es opinión, sin problema lo hacen los impresos.
En universidades y escuelas de periodismo existe la materia de géneros periodísticos, para reconocer lo que es nota informativa (noticia), crónica, artículo de opinión, columna, reportaje, entrevista y el editorial.
Los propios diarios y revistas se encargan de identificar a sus lectores el género periodístico. También lo hacen muchos portales digitales.
El editorial es la posición de la empresa o del dueño sobre determinada noticia publicada en el mismo medio.
De los artículos de opinión se hacen responsables cada uno de los escritores. Sucede lo mismo con columnas donde regularmente el autor complementa el texto con su opinión.
Lo paradójico es que, entre los lectores, hay quienes leen sin preocuparse por saber si se trata del editorial, artículo de opinión, columna, crónica, noticia o reportaje. Para ellos es simplemente “lo que dice el periódico”.
No se debe perder de vista que, en la ubicación de notas y encabezados, sobre todo de primera plana, va el criterio e importancia que quiere darle el editor o dueño a lo publicado.
En radio y televisión, hace 20 ó 30 años, daban la noticia solo informativa, sin mezclarla con calificativos o la opinión del emisor. La empresa exigía a conductores de programas de noticias que no se salieran del guion, nada de comentarios extras y mucho menos por cada nota.
Para dar opiniones, en programas de noticias de la televisión incluían a personajes como Roberto Blanco Moheno, Agustín Barrios Gómez y hasta el comediante llamado “Tacho”, entre otros, afines a la política de la empresa. Después, Jacobo Zabludovsky hacía esa tarea, con un tono y actitud que marcaban diferencia de las noticias.
También hay criterio editorial en titulares, al seleccionar la noticia principal, en el tiempo que le dedican a una nota y en el video que deciden utilizar.
En radio, en el pasado, los programas de noticias incluían un comentario que era la opinión de la empresa, independiente de la nota informativa. En la actualidad, prácticamente todas las notas se comentan.
La sociedad lo sabe, de ahí que no habría necesidad de hacer la separación de noticias y comentarios. No hay que subestimar a la gente y creer que le hace falta que le digan cuando es opinión y cuando es información.
Testimonio de ello es que sigue a determinados conductores y rechaza a otros con los que no está de acuerdo. Lo demuestra al cambiar de estación o apagar su aparato receptor.
Lo que parece pasan de largo programadores, productores y autoridades son los juicios sumarios que hacen algunos; difaman sin prueba alguna. Esto sí es grave. Debería analizarse y corregirse.
El tema reavivado por la Corte significaría dar pasos hacia atrás, regresar a formatos superados en medios electrónicos.
Hay que recordar que uno de los primeros en manejar la nota y comentarla, con gran éxito, fue José Gutiérrez Vivó en Radio Red. Carmen Arístegui ha sido otra de las promotoras.
De cualquier manera, lo resuelto por el Alto Tribunal deberá de atenderse, sin poner en riesgo la libertad de expresión.

El asunto no está relacionado con ningún político ni partido. Tampoco están de por medio millones de pesos ni grandes extensiones de terreno, lo que está en trámite o sucesión testamentaria es una propiedad de 200 metros cuadrados en colonia popular, que se inunda en temporada de lluvias.
Caso menor que no implica pleito, porque no hay dos partes, solo una, el drama de familia común del estado de Veracruz. Hasta ahora, después de cuatro años, no ha conseguido la adjudicación del patrimonio.
Como sucede en muchos hogares, el padre no hizo testamento, quizás porque solo era dueño de la pequeña casa donde vivía. A fin de regularizarla, los hermanos acordaron que uno de ellos fuera el beneficiario. Por su desconocimiento jurídico, buscaron abogado, elegido prácticamente al azar, que los ayudara a realizar el trámite.
El abogado planteó que el procedimiento era complejo para desahogarlo, cotizó en 30 mil pesos el servicio y ofreció que en menos de un año lo resolvería. La familia recurrió a sus ahorros para poder pagarle.
Pasó más de un año y nada.
Según el “defensor” el asunto no avanzaba porque la juez Liliana Robles García, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Séptimo Distrito Judicial con sede en Poza Rica, Veracruz (expediente 534/2018), requería credencial del fallecido.
La credencial fue entregada. Creyó la familia que, cumplidos todos los requisitos, pronto saldría la adjudicación. No. Lo que sucedió fue que el abogado pidió más dinero.
La familia contrató a otro defensor, con menos pretensiones económicas, con mucho más sentido social, que distingue entre personajes poderosos y población desfavorecida.
Ahora el juzgado Décimo de primera instancia entró a la etapa de indagar en el Archivo General de Notarías de la entidad veracruzana si existe algún testamento sobre dicha propiedad.
Es evidente que el caso es menor, solo de la mayor importancia para los interesados. No hay nadie que impugne la sucesión testamentaria como para justificar que el trámite lleve ya cuatro años y no se agote.
Lejos está la familia de vivir en la opulencia. Su propiedad, de solo 200 metros cuadrados, ubicada en zona popular. Para nada es residencial, no es fraccionamiento de mansiones, sino de hogares modestos.
Su objetivo es regularizarla, para que los pagos de servicios municipales ya no se hagan a nombre de un fallecido y para que el beneficiario tenga la certeza jurídica de que no le pueden quitar lo que es suyo.
La Constitución en su artículo 17 establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, en todo el país. Si para atender un caso como el citado, de carácter civil y familiar, en el que todos los actores involucrados están de acuerdo, la autoridad se toma más de cuatro años, cualquier cosa se puede esperar en otros ámbitos.
Claro que se podrá alegar que la lentitud obedece a la pandemia, nada más que el tortuguismo llegó mucho antes que el Covid.
Es ejemplo de como anda la administración de la justicia en la vida real, en el nivel que se tiene contacto con el pueblo, con los de abajo que apenas poseen lo básico, para donde no parecen mirar los que están arriba en la estructura del poder judicial, en este caso, del estado de Veracruz.

El tema del equipaje en los aviones comerciales se ha vuelto conflictivo, porque las líneas aéreas están cobrando hasta por la maleta de mano que se permite llevar en cabina.
A la vista de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) las compañías han establecido sus propias reglas.
No toman en cuenta lo que indica la fracción IX del artículo 47 bis de la Ley de Aviación Civil ni la jurisprudencia que ya existe en la materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hay compañías que se han amparado para poder seguir con el cobro de maletas y no les importa que sus recursos jurídicos sean desestimados. Otras de plano ni se toman la molestia de protegerse en instancias legales.
¿Qué dice la fracción IX del artículo 47 bis de la Ley de Aviación Civil?
“Para vuelos nacionales e internacionales, el pasajero podrá transportar como mínimo y sin cargo alguno, veinticinco kilogramos de equipaje cuando los vuelos se realicen en aeronaves con capacidad para veinte pasajeros o más, y quince kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad, siempre que acate las indicaciones del concesionario o permisionario en cuanto al número de piezas y restricciones de volumen. El exceso de equipaje debe ser transportado de acuerdo con la capacidad disponible de la aeronave y el concesionario o permisionario, en este caso, tiene derecho a solicitar al pasajero un pago adicional”.
En otro de sus párrafos señala:
“Además, el pasajero podrá llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano. Las dimensiones de cada pieza de equipaje de mano serán de hasta 55 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto, y el peso de ambas no deberá exceder los diez kilogramos, siempre y cuando por su naturaleza o dimensiones no disminuyan la seguridad y la comodidad de los pasajeros”.
La jurisprudencia de la Corte (27/2019) también deja en claro el derecho de los pasajeros, a propósito del alcance que tiene el artículo 47 bis de la ley de aviación:
“…al prever el derecho de los pasajeros de llevar consigo dos tipos de equipajes sin cargo alguno: el documentado y el de mano o en cabina, respeta el derecho a la seguridad jurídica, toda vez que el legislador distinguió con claridad la regulación que debe observarse para operar el transporte de equipaje en el servicio de transporte aéreo, según se trate de vuelos nacionales o internacionales, pues mientras para los vuelos nacionales dispuso que los pasajeros pueden documentar sin costo hasta 15 o 25 kilogramos de equipaje según la capacidad de la aeronave, y de llevar en cabina también gratuitamente hasta dos piezas cuyo peso sumado no exceda 10 kilogramos, debiendo tener, cada una, una dimensión maxima de hasta 55 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto, para los vuelos internacionales dispuso que el equipaje estará sujeto, en principio, a lo dispuesto por los tratados internacionales, sin que ello implique que ante la falta de regulacion internacional específicamente aplicable, pueda desatenderse lo previsto por la legislación nacional”.
En este contexto, para regularizar el tema de las maletas en aviones y garantizar el derecho de pasajeros, SCT y Profeco disponen de lo que manda la ley.

Sin entrar a fondo en la argumentación, solo en base a una operación simple de matemáticas, una suma, el asunto obliga a revisión exhaustiva de los que están encargados de vigilar que la impartición de justicia sea conforme a Derecho e imparcial.
14 magistrados federales en materia administrativa han resuelto, por unanimidad, que se le indemnice por tortura.
Juzgado Primero de Procesos Penales y el Quinto Tribunal lo declararon inocente de las imputaciones que tenía en su contra.
Sin embargo, una magistrada y una secretaria de acuerdos en funciones de magistrada, del 7o. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, lo encontraron responsable, a pesar de que no se cumplen circunstancias de modo, tiempo y lugar y de haber llegado al extremo de considerar como “abuso sexual” beso en la mejilla.
Se trata de un episodio que va a sentar precedente y que espera que se haga justicia en su etapa final, porque la verdad, tarde o temprano, sale a flote y echa abajo mentiras.
En número, en simple suma, hay 16 magistrados que lo ven como víctima, tanto de tortura como de una infamia.
Tres magistrados de Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y 11 integrantes de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa han decidido que se debe indemnizar tanto al torturado como a su familia.
Hay fotografías, testimonios, Protocolo de Estambul (estudio reconocido internacionalmente para medir dolor físico y psicológico), Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la aceptación de la autoridad responsable de la tortura, la extinta Comisión Nacional de Seguridad, que todavía en el sexenio anterior dependía de la Secretaría de Gobernación (Segob).
No hay la más mínima duda de que la tortura existió y por eso la unanimidad de los magistrados al conocer el caso, para que el Estado repare el daño moral y físico causado a la víctima.
El numeral 74 de la Recomendación de la CNDH precisa “que de la información y las constancias recabadas, se advirtió que hubo un exceso del término de las 72 horas para que las autoridades judiciales resolvieran la situación jurídica de V1, por lo cual, se dará vista respectiva ante el Consejo de la Judicatura Federal a fin de que en el ámbito de su competencia, determine lo procedente”.
O sea, la tortura se cometió en el contexto de la violación del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala la obligatoriedad del cumplimiento de las 72 horas para que se defina la situación jurídica del acusado.
La historia numérica se complementa con la actuación del Juzgado Primero de Procesos Penales de la Ciudad de México y del Quinto Tribunal Unitario. Uno declaró inocente al inculpado y el otro confirmó la inocencia. Los titulares de estas instancias, de haberse equivocado o favorecido al acusado, hubieran sido exhibidos y quizás hasta cesados, como ha sucedido en algunos episodios relacionados con acoso o abuso sexual.
Sin embargo, el episodio no terminó en esta etapa, porque extrañamente, con juzgadores del 7º. Tribunal Colegiado, que pareciera fueron sorprendidos, se trastocó el proceso (179/2019 y 95/2020).
A la luz del compromiso de las autoridades judiciales de combatir la corrupción, la parte afectada lo único que quiere es que se haga con lupa una revisión, conforme a Derecho.
Hay 16 juzgadores que lo ven como víctima y solo 2 disienten.

El magistrado Miguel Ángel Aguilar López estuvo a punto de sentar precedente en el mundo, se atrevió a calificar el beso en la mejilla como abuso sexual.
Su actuación quedó registrada en el expediente 179/2019 del 1er. Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito en la Ciudad de México y fue enmendada por 7º. Tribunal Colegiado.
Beso en la mejilla es una expresión de afecto y amistad que se practica en muchos países en el mundo, incluso, en algunos, como en España y Francia, llegan a darse hasta dos, uno del lado izquierdo y el otro en el lado derecho. En Holanda o Países Bajos suman hasta tres, izquierda, derecha e izquierda.
En su origen, el intercambio de ósculos sucedía en personas de distinto sexo. En la actualidad a nadie sorprende que sea también entre mujeres o entre hombres, como en Italia, Argentina, Uruguay y muchos otros países.
Hay regiones del planeta donde no existe esta forma de saludo (India) o está prohibido (Irán). En medio oriente, Tailandia y Japón tienen otro tipo de saludos, reverenciales, la inclinación del cuerpo en señal de respeto. En China, en los setentas y ochentas, era ilegal.
Canadá, Estados Unidos y América Latina, en general, el beso en la mejilla es una de las formas de saludo más aceptadas. Nadie lo ve ofensivo, ni como acoso ni hostigamiento, mucho menos como abuso sexual. Simplemente se valora como una manifestación de amistad.
La situación ha cambiado en el mundo, porque ahora un simple beso en la mejilla pudiera ser riesgoso, contagioso de la mortal pandemia, del Covid-19 y sus diferentes cepas. Nadie quiere exponer su salud, por lo que dicho saludo entraría en receso, en tanto persista la pandemia.
En su lugar se chocan puños, codos o de plano solo de voz con el “¿cómo estás?”, “¿cómo te va?”, “gusto de verte”, entre otras expresiones. La sana distancia, necesario cumplimiento del protocolo sanitario, igual el frecuente lavado de manos y el cubrebocas.
Hace 10 años o más, ni quien imaginara un escenario con esas características, con temores y obligados cuidados. El beso en la mejilla era lo usual en los encuentros de familiares, amigos y conocidos, por eso sorprendió que el magistrado Aguilar López lo considerara como abuso sexual. Si era capaz de esta valoración, la parte afectada podría esperar lo peor.
Una de las fundadoras del feminismo en México y respetada analista, Marta Lamas, escuchó al magistrado decir que había llegado a la conclusión de que las acusaciones que revisaba tenían fondo político (inventadas), pero no hizo nada por corregir e impartir justicia.
El magistrado fue cambiado de sede, enviado a San Luis Potosí y en su lugar quedó su compañero José Alfonso Montalvo Martínez.
Lo del beso en la mejilla fue eliminado por el 7º. Tribunal Colegiado, pero éste dejó sin cambios otras imputaciones que no cumplen con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, admitió declaraciones con retraso de siete meses que contrastan con las que se emitieron al principio y basado solo en dichos revirtió dos resoluciones de inocencia.
Son tantas las inconsistencias y un episodio de tortura en este asunto de falaz origen, que enciende luces rojas. De no enderezarse, consumaría grave injusticia e iría en sentido opuesto a los afanes de combatir la corrupción en el poder judicial.

Ha sido un proceso de ingredientes injustos, de huellas imborrables que van desde la tortura, violaciones a los derechos humanos hasta omisiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La historia de casi 10 años, merece ser observada por expertos y valorada por las más altas autoridades del Poder Judicial.
Inconcebible que no se haya actuado ni impartido justicia ante la violación del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por incumplimiento de las 72 horas para definir situación jurídica, con consecuencias graves en materia de derechos humanos porque en ese lapso la persona detenida fue torturada, delito imprescriptible y plenamente probado, admitido por la autoridad responsable.
También existen elementos para considerar que el acceso a la justicia se ha puesto en entredicho al ignorar el incumplimiento de circunstancias de modo, tiempo y lugar en la acusación; aceptar declaraciones siete meses después, que contrastan y contradicen las iniciales; y pasar por alto el criterio de la duda razonable.
Y ahora, justo cuando la SCJN se esmera en ser escrupulosa en su definición si es o no constitucional ampliar dos años el periodo de su actual presidente, se agrega un episodio más a esa historia que revela descuido o consigna en el desarrollo del proceso (DP 179/2019 y DP/95/2020).
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito CDMX ordenó (21 de agosto de 2020) resolver asunto al Primero Tribunal Unitario, cuando todavía la parte afectada no había agotado su derecho, como lo ejerció, para interponer recurso de revisión ante la Corte.
Ninguno de los dos tribunales esperó a que se vencieran los10 días a que tenía derecho el quejoso para impugnar el mandato del Colegiado.
Tanto el Colegiado como el Unitario guardaron silencio ante lo sucedido, sin hacer ninguna observación sobre el adelanto de la sentencia, sin considerar que a la Corte llegaría recurso de revisión. Lo que tenía que revisar la Corte, ya estaba resuelto por el Colegiado y el Unitario.
Si alguien es riguroso, y es su obligación, para exigir el cumplimiento de tiempos procesales, es el poder judicial. No se podría justificar la flexibilidad en sentido contrario.
Hay que recordar lo señalado por el artículo primero de la Constitución: “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspender, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
De igual manera, no perder de vista el contenido de la fracción XLIII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que dice que “el Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género, de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará porque los órganos a su cargo así lo hagan”.
En el proceso citado, el quejoso ha obtenido dos resoluciones a favor de su inocencia, pero pareciera que no importan cuando el objetivo es castigar, al precio que sea y ninguneando la imparcialidad.
Lo peor de todo es que el origen del asunto es un infundio.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar, no son potestativas de ninguna autoridad, es una obligación cumplirlas porque de otra manera sería imposible el acceso a la justicia y el respeto absoluto a los derechos humanos. Ignorar las tres o algunas de ellas, contraviene el articulado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; deja en estado de indefensión a la persona que tiene que demostrar su inocencia.
Por desgracia, contra lo que establecen leyes y tratados internacionales, en México hay casos donde el acusado tiene que demostrar su inocencia, en vez de que la parte acusadora pruebe sus dichos. Estamos ya en el siglo XXI y todavía se repiten viejos vicios.
No es casual el empeño de quienes ahora están al frente del Poder Judicial Federal por hacer efectiva la reforma judicial, limpiar la casa de acciones incorrectas, combatir la corrupción, porque es injusto que por consigna o por error, se atropellen derechos.
Los juzgadores no son dioses ni perfectos, no son infalibles. Nadie en nuestro planeta está exento de equivocarse. Y si se equivocan, lo justo es que vengan las correcciones. No pueden ni deben hablar de que es cosa juzgada cuando toda obra humana es perfectible y mucho menos cuando se quieren validar delitos inventados.
Peor cuando se cree que se tiene la última palabra y todavía hay instancias que no se han agotado.
Como se dice en el béisbol, el juego no termina en tanto no caiga el último out. Mientras no se consume el out 27, todo puede suceder, cambiar el marcador y dar la voltereta. En el futbol, los cronistas recuerdan que el último minuto también tiene 60 segundos.
Sucede en cualquier deporte, en tanto el árbitro no toque su silbato para decretar que el juego ha terminado, porque se ha cumplido el tiempo establecido en el reglamento, es indebido y anticipado dar por hecho lo que todavía podría cambiar significativamente.
Además, durante el juego el árbitro se puede equivocar y su error puede tener consecuencias. Por muchos años todo se dejó a lo que alcanzara a ver el árbitro y, en más de una ocasión, a lo largo de la historia deportiva, ha sido víctima del engaño por el deportista antiético que lo sorprende y se tira al suelo como si le hubieran cometido una grave falta.
Por fortuna, ya en muchos deportes, existe la opción de ver la repetición de la jugada en video. Recurso de la tecnología que ha contribuido a mejorar la actuación del árbitro.
Y una vez que “cuadro por cuadro”, en cámara lenta, el árbitro se da cuenta que se ha equivocado, corrige.
En la impartición de justicia por supuesto que hay errores, de otra manera no se hablaría de gente inocente encerrada. Mal de aquel juzgador que se crea Dios y por lo tanto infalible.
En el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, integrado por los magistrados Miguel Ángel Sánchez Frías, Lilia Mónica López Benítez y Gloria Angélica Juárez García (secretaria de acuerdos en funciones de magistrada), revisan el caso 95/2020 que marcará precedente, para bien o para mal.
No se han cumplido circunstancias de modo, tiempo y lugar en las imputaciones hechas al acusado. Tampoco hay certidumbre en la aplicación del principio de definitividad, por lo que el asunto podría llegar a la Corte, para que analice la actuación del árbitro, “cuadro por cuadro”, como sucede en el deporte.

Cuando la compañera Katia D´Artigues preguntó de manera directa al entonces ombudsman Raúl Plascencia, en su programa de televisión en TV Azteca, por qué no se había sancionado con severidad al coordinador de Comunicación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusado de supuesto abuso sexual, respondió que se le inhabilitó por tres meses y rescindió su contrato laboral.
Mintió. El coordinador no fue despedido, presentó su renuncia para defenderse de falsas imputaciones en las instancias legales. Y la sanción mínima de tres meses la aplicó Plascencia para quedar bien con la parte acusadora y esperar su apoyo cuando llegara el momento de buscar la reelección como presidente de la comisión.
Sabía que el comunicador era inocente, había recibido en ese sentido reporte del Órgano Interno de Control (OIC). Sin embargo, no actuó en consecuencia, su conducta no fue honesta ni vertical. Prefirió proceder contra el empleado y sacarlo de su equipo. El mismo personal del OIC se atrevió a comentar que recibió presiones del ombudsman, para que hubiera castigo, aunque fuera leve, con tal de que el “jefe” apareciera como justiciero.
El coordinador de comunicación no era su amigo. Había llegado a la institución por méritos y recomendación. Plascencia creyó que deshaciéndose de él, ganaba por partida doble, eliminaba a quien no era colaborador servil y sumaba puntos para su aspiración reeleccionista.
La pregunta de Katia había sido correcta. ¿Por qué no un castigo ejemplar ante la supuesta gravedad de la falta?
Raúl Plascencia no habría dudado ningún segundo en aplicar la máxima sanción si se hubiera demostrado que el comunicador era responsable. Hubiera sido ideal para sus propósitos ser drástico, implacable, pero no podía, porque nunca hubo elementos para ello.
Cualquiera que revise el documento del OIC encontrará la debilidad de las imputaciones, las contradicciones y falacias. Vivió días de angustia personal de dicho órgano, porque sabían que la impugnación lo habría echado abajo. Por eso los ruegos al acusado para que no lo hiciera, para que se cuidara la imagen de la institución.
El coordinador de comunicación estuvo de acuerdo en poner por delante a la CNDH, seguro de su inocencia y de que tarde o temprano se haría justicia y el asunto sería borrado.
Con lo que no contaba era con que el propio “defensor” de los derechos humanos traicionaría los principios de la comisión. No le importó renunciar a la verdad, a la justicia. En su desmedida ambición por reelegirse, fue capaz de hacerle daño a gente inocente.
Luis García, quien se desempeñaba como Primer Visitador, el personaje más cercano al titular, siguió la línea de Plascencia. Aun cuando sabía la verdad y pudo haber atajado el infundio, actuó con ambigüedad. Se inscribió para competir por la presidencia de la CNDH y en el Senado, cuestionado sobe el tema, responsabilizó de todo lo sucedido a su “amigo” Raúl.
El coordinador de comunicación logró probar su inocencia, obtuvo dos resoluciones a su favor. Cuando daba por hecho que todo había concluido, gente (terceros) que “vive” del chantaje, de la mentira, sorprendió a juzgadores. Se pasó por alto principio de definitividad, omitieron circunstancias de modo, tiempo y lugar y, hasta se ignoró episodio de tortura, plenamente probada.
Ahora el asunto está bajo estudio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México y Primero Tribunal Unitario.

La hipótesis del asesino solitario fue la que finalmente cerró la investigación del caso Luis Donaldo Colosio. Es a la conclusión que llego Luis Raúl González Pérez, tercer fiscal de este episodio, en contraste con la teoría de complot de su antecesor Pablo Chapa. El primer fiscal, Miguel Montes, manejó dos versiones, pero al final se quedó con la de que Mario Aburto había sido el único autor material e intelectual.
Concluido el trabajo de Luis Raúl, hasta ahora nadie ha intentado reabrir la investigación. Surgieron voces discordantes, sin mayor impacto. El papá de Luis Donaldo, Luis Colosio Fernández, nunca quedó conforme, aunque bajó el tono a sus protestas a partir de que el partido en el poder lo hizo senador.
Para la sociedad, quedó la duda y el consenso de que Luis Donaldo Colosio fue víctima de más de una persona. Documentales y libros reforzaron la idea de que Aburto no actuó solo.
Luis Raúl González Pérez se fue a trabajar a la academia, se convirtió en abogado general de la Universidad Nacional y desde ahí dio el salto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no sin antes ser acusado por Enrique Carpizo Aguilar de plagiarle un trabajo para titularse como Doctor en Derecho. En su etapa como ombudsman únicamente se ostentó como licenciado y con este grado era citado en documentos oficiales.
Existe la versión de que siendo titular de la comisión se involucró en un proceso judicial para influir en la actuación del magistrado Jorge Fermín Rivera (era presidente del 7º. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México), a cambio de ayudarlo en su jubilación.
La parte afectada, en lugar público, le reclamó su intromisión. Luis Raúl no sabía ni qué decir, se puso nervioso y su rostro se descompuso. “Has dañado a nuestra familia”, le dijeron. Funcionario de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue testigo de la escena. El ombudsman, titubeante comentó que no había intervenido.
Después, a través del oficio CNDH/CGSRAJ/3667/2017, de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, se rechazó que se hubiera involucrado porque no es función del titular de la comisión intervenir “ni formal ni mucho menos informalmente en procesos judiciales”.
En las siguientes semanas el magistrado Fermín Rivera se jubiló. Antes de irse al retiro, emitió resolución que echó abajo fallo absolutorio y desestimó principio de definitividad, atendiendo recurso de amparo, que como dicen los abogados, “era un machote”, sin argumentación sólida.
La parte afectada presume que González Pérez desconocía el expediente y que fue sorprendido por alguno de los colaboradores para hacerlo participar de esa manera. Entiende que el personaje no tendría tiempo para revisar expediente de más de 10 mil fojas.
Como sería la palabra de uno contra la de otro, se vuelve recomendable revisar las últimas actuaciones del magistrado Fermín Rivera, para evitar que se vaya a consumar injusticia mayúscula, exactamente ahora que la Corte, con nueva reforma judicial, está decidida a terminar con vicios, desatinos y acciones incorrectas.

La necesidad de renovar el Poder Judicial es indiscutible, es clamor de la sociedad, al margen de lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ampliación de dos años del periodo de su presidente Arturo Zaldívar, aprobada por diputados y senadores.
Es lo que no se debe perder de vista, la sociedad quiere auténtica impartición de justicia, no más inocentes encerrados, no más vicios, irregularidades y conductas incorrectas.
Arreglar lo que se tiene que arreglar. Aplicación de la ley sin distingos, sin responder a consignas.
La imparcialidad, fundamental para la actuación de cualquier juzgador y decisivo para la vida de quien es juzgado.
En aras de mejorar la impartición de justicia, hay casos que merecen análisis de instituciones defensoras de los derechos humanos, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), la Escuela Libre de Derecho, Colegios, Barras y Asociaciones de abogados, la Universidad Panamericana, investigadores independientes, juristas, diputados y senadores.
Uno de ellos es el de la magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, quien en su historial aparecen los nombres del expresidente Luis Echeverría y la maestra Elba Esther Gordillo.
Primer acto: como titular del 5º. Tribunal Unitario de Materia Penal del Primer Circuito, la magistrada echó abajo o dejó sin efectos jurídicos, condena de nueve años nueve meses, al considerar diversidad de inconsistencias y dudas sobre el veredicto.
Segundo acto: Juez de primera instancia, resuelve exonerar o declarar inocente al imputado.
Tercer acto: La magistrada Herlinda Velasco, ratifica y deja firme la sentencia absolutoria del juez.
Hasta aquí, no debe quedar duda de que la magistrada, con toda su experiencia jurídica, estudió el expediente y resolvió en consecuencia.
Cuarto acto: a solicitud del 7º. Tribunal Colegiado en Materia Penal, la magistrada Velasco vuelve a intervenir en el caso y emite nueva sentencia, en la que da un giro de 365 grados. Contrario a lo que ella había determinado en dos ocasiones, condena al imputado a nueve años. Quizás la magistrada tendría que haberse excusado de ver por tercera ocasión el mismo asunto, máxime que ella había emitido fallos favorables al imputado.
Quinto acto: la magistrada es incorporada como integrante al mismo 7º. Tribunal Colegiado, y ante un nuevo amparo, entonces sí decide presentar solicitud de excusa, que le es aprobada.
Sexto acto: en su lugar es nombrada la secretaria de Acuerdos Gloria Angélica Juárez García, quien trabaja en dicho 7º. Tribunal Colegiado y tiene entre sus jefes a la magistrada Velasco, lo que podría poner en duda la garantía de imparcialidad que establece la ley.
En este episodio habría elementos, como dice el Doctor en Derecho, Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que el Consejo de la Judicatura Federal revise el procedimiento.
Nadie está exento de equivocarse y no por mala fe, sino porque somos humanos.
El acceso a la justicia, como lo establece el artículo 17 constitucional, es el principal derecho humano. Y como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, urge la reforma al Poder Judicial para combatir la corrupción.

Lo que se ha visto con las precandidaturas es apenas un anticipo del trabajo que viene para los tribunales. La elección más grande de los últimos tiempos en México, más de 20 mil cargos, entre ellos 15 gubernaturas y 500 diputaciones federales, no concluirá el seis de junio.
Por el tamaño de la elección y por la forma que se están peleando cada posición, hasta caer en escenarios extremos, es evidente que la disputa se volverá jurídica en muchos casos.
La sala superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación verán multiplicados los recursos que interpondrán partidos y candidatos. Por ley, al TEPJF le toca dar la última palabra cuando los resultados son impugnados. No es tarea ni cómoda ni sencilla, menos ahora, por lo que está en juego.
Sería ideal que nadie objetara el veredicto de la sociedad en las urnas y que en la noche del seis de junio los competidores se fueran a casa a dormir tranquilos, ganadores y perdedores. Sin embargo, nadie va a querer aceptar la derrota. Reconocer el triunfo del adversario no ha sido la característica de los procesos electorales mexicanos, salvo cuando la diferencia en las cifras entre vencedores y vencidos es muy amplia, como sucedió hace tres años.
En el 2018, en la contienda por la presidencia de la República, nadie se atrevió a poner en duda el resultado y mucho menos a quejarse. La oposición fue minimizada. La sociedad se encargó de cobrarle sus errores. Hizo efectivo el hartazgo.
Por el momento lo que hay es una estrategia de las partes para desacreditarse, para exhibir sus debilidades y fallas. Es lo que se ve en los miles de spots de cada uno.
No han faltado videos reveladores que han puesto al descubierto contradicciones de participantes. Como siempre se ha dicho, si quieres saber todo lo que has hecho, bueno, malo o regular, inscríbete para competir por un cargo público, el que sea.
En el mes previo a las elecciones, cobrarán fuerza críticas y ataques. Hay sobrados indicios de que el proceso electoral va en ese camino. Aventarse lodo por todos los medios.
Como lo han hecho en otras ocasiones, en la noche de las elecciones, nadie se adelantará a decir que los resultados le fueron desfavorables; por el contrario, los partidos asegurarán que van adelante en las cifras. Una vez que la autoridad cuente y recuente los votos, si confirman la derrota, quedará el recurso de los tribunales para quejarse de que no hubo juego limpio.
A los magistrados de los tribunales electorales les esperan largos e intensos días de trabajo.
Solo en el escenario de votación masiva y amplia ventaja del ganador, el número de quejas sería mucho menor a lo esperado; de no ser así, abundarán las impugnaciones y las batallas por ganar en la mesa jurídica lo que no se logró en las urnas.
Tiempo extra para magistrados electorales y sus equipos de abogados.

El juez Eduardo Torres Carrillo incumplió el plazo de las 72 para resolver la situación jurídica del detenido y en ese lapso la víctima fue torturada, como consta en la Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los sucesos ocurrieron en diciembre de 2012, el organismo defensor de los derechos humanos emitió su Recomendación en julio de 2013 (27/2013) y fue hasta septiembre de 2015, dos años después, cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), entonces presidido por el ministro Luis María Aguilar Morales, revisó el caso.
De acuerdo con el oficio V3/56458 de la CNDH, firmado por el titular de la Tercera Visitaduría y dirigido a la presidencia de la Judicatura, con fecha del 31 de julio de 2013, el ofendido ingresó al penal de máxima seguridad “Altiplano”, en Almoloya, estado de México, por supuestos delitos que no estaban clasificados como graves, a las 19:20 horas del 13 de diciembre y salió bajo fianza 5 días después, excedido en dos días el término para resolver lo relativo a su detención.
El CJF, una vez que el afectado insistió en que se revisara el episodio, resolvió en septiembre de 2015 que la queja administrativa (979/2015I) contra el juez Torres Carrillo se desecharía por “notoria improcedencia”, porque las pruebas presentadas eran copias simples, no certificadas como se exige al que realiza alguna imputación.
Aun cuando admitió que tenían “valor indiciario”, también argumentó que “las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan al documento realmente existente”.
En los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según la fracción XII, corresponde al CJF resolver quejas administrativas, pero también la fracción XXXVII indica que puede integrar comités de investigación, cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Recomendación de la CNDH no solo confirma que el afectado fue torturado por personal de la Comisión Nacional de Seguridad (ya extinta), también en su numeral 74 precisa que “si bien es cierto que esta institución nacional carece de facultades para analizar cuestiones jurisdiccionales, es de señalarse, que de la información y las constancias recabadas, se advirtió que hubo un exceso del término de las 72 horas para que las autoridades judiciales resolvieran la situación jurídica de V1”.
En octubre de 2015, un mes después de su primer resolutivo, la judicatura, en segundo documento (1145/2015/I) también firmado por Aguilar Morales, presidente del CJF, avaló la conducta del juez, al considerar que no violó el artículo 19 de la Constitución, porque tenía sus oficinas en la Ciudad de México y el detenido había sido llevado al penal del Estado de México, por lo que tuvo que suspender el plazo de las 72 horas para enviar un exhorto a juez ubicado en la entidad mexiquense, para que desahogara el trámite correspondiente.
En este segundo resolutivo, la Judicatura no hace referencia a la tortura que sucedió en la interrupción del plazo constitucional ni al hecho de que policías federales que ejecutaron la orden de aprehensión se tomaron nueve horas, para realizar el trayecto de 90 kilómetros (una hora por cada 10 kilómetros), de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, estado de México, hechos registrados en la Recomendación de la CNDH y en el oficio firmado por el Tercer Visitador de la comisión.
Para entonces, el juez Torres Carrillo, titular del juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales en la CDMX, ya había sido ascendido a magistrado y enviado a tribunal colegiado de Tamaulipas.

“EL PLAZO DE LAS 72 HORAS DEBE CUMPLIRSE”

El doctor Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue entrevistado sobre el alcance del artículo 19 de la Constitución.
-¿Existe alguna razón válida que permita al juzgador incumplir el plazo de las 72 horas?
-El plazo de 72 horas debe respetarse, salvo el caso que el indiciado solicite su ampliación.
-¿Es indebido que el juzgador interrumpa o suspenda el tiempo de
las 72 horas con el argumento de que el inculpado fue puesto a
disposición en un lugar fuera de su jurisdicción y que por lo mismo
tuvo que enviar un exhorto a otro juzgador para que siguiera el
trámite?
-Sí, es indebido incumplir el plazo de 72 horas, salvo el caso que el indiciado solicite su ampliación.
- Si en ningún caso se puede suspender el plazo de 72 horas, ¿qué efectos tiene para el juzgador que lo hace o incumple con el artículo 19 constitucional?
- Si se viola el plazo del artículo 19 constitucional, el juez comete un delito.
Las mismas tres preguntas se le hicieron al maestro Víctor Oléa Peláez, Primer Vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA). Coincidió en que “no existe razón válida que permita a ningún juzgador incumplir el plazo constitucional de las 72 horas”.
“Lamentablemente es una deleznable práctica de algunos jueces, sobre todo cuando se trata de imputados del orden federal, y que se encuentran en un penal federal distinto de aquel del juzgador que libró la orden de captura correspondiente. A mi modo de ver no tiene justificación válida alguna, más aún, con los avances tecnológicos actuales. Si no se cumple el plazo de las 72 horas, debe ponerse en inmediata libertad al indiciado, en los términos de los párrafos primero y cuarto del artículo 19 de la Constitución”, explicó el jurista Victor Oléa Peláez
Para el directivo de la BMA, el juzgador que incumpliese con dicho artículo, “incurriría en responsabilidad penal”.
De acuerdo con los documentos e información oficial recabada por la CNDH, el inculpado nunca solicitó la duplicación del plazo constitucional.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

Artículo 19. (párrafo primero) Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposicióm, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

(párrafo cuarto) El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Después de amarga experiencia legislativa de más de dos años que vivieron aspirantes a magistrados porque les hicieron creer que serían justicieros contra la corrupción, el Senado, con mayoría de Morena, reactivó su facultad para ratificar juzgadores administrativos.
Aprobó dos magistradas y siete magistrados para salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por amplio consenso, con 81 votos a favor, solo tres en contra y 23 abstenciones.
A diferencia de lo que sucedió de abril 2017 a julio de 2019, no se dividió la votación ni se llegó al extremo de posponerla. Prevaleció el acuerdo sobre los perfiles de los aspirantes.
En abril de 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto mandó al Senado una lista de 18 juristas. La intención era que fueran ratificados como magistrados anticorrupción.
La mayoría priísta que coordinaba en ese año Emilio Gamboa, jamás pudo culminar el proceso. En comisiones revisaron perfiles y evaluaron conocimientos. No hubo más avance. Lo aspirantes iban y venían en busca de los votos de los senadores.
Desperdicio de tiempo y falta de respeto. 13 optaron por declinar y los otros cinco agotaron recursos legales para tratar de obligar al Senado a que llevara a cabo la elección.
El último intento de los cinco fue que, por mandato de juez, la Comisión Permanente del Congreso los ratificara. Así murió la acción emprendida por el gobierno anterior de crear magistrados anticorrupción, quizás para cubrirse las espaldas.
Hubo algunos intentos por reabrir un espacio distinto. El senador Ricardo Monreal habló de sala especializada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el ministro Arturo Zaldívar, presidente del Alto Tribunal, pronto desestimó la idea. Tampoco prosperó similar propuesta en el TFJA.
En síntesis, Ejecutivo y Legislativo en el sexenio anterior, jugaron con la aspiración 18 abogados, episodio que, por respeto a participantes y normas, no debe repetirse.
Ahora, la situación fue diferente, se cumplió con la ley, aunque con algunos ajustes al protocolo, por la pandemia. Las dos magistradas y siete magistrados rindieron protesta, en un pequeño salón, no en el salón plenario, ante el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva.
Ricardo Monreal supo planchar el procedimiento, ponerse de acuerdo con los distintos grupos parlamentarios. Panistas, que seguramente no consiguieron la promoción y ratificación de sus propuestas, optaron por la abstención. No cuestionaron perfiles ni votaron en contra como grupo. La votación a favor fue significativa.
Hubo respeto para los aspirantes y se cumplió con el procedimiento legislativo. Quedó reactivado el mecanismo para este tipo de ratificaciones que corresponden al Senado.
Nuevos valores del sistema judicial administrativo, del TFJA, no hay personajes famosos, solo juristas con experiencia y perfiles idóneos.
Las magistradas son Diana Armida Muñoz y Hortensia García Salgado. Los magistrados: Javier Armando Abreu Cruz, Gerardo Alfonso Chávez Chaparro, Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, Alejandro Eucides Navarro Muñoz, Carlos Humberto Rosas Franco, Héctor Samuel Torres Ulloa y Carlos Augusto Vidal Ramírez.

Valdría la pena considerar quitarle la venda a la “dama de la justicia”. No es un símbolo exclusivo de México. Lo utilizan muchas instituciones de justicia en el mundo, aunque no todas con venda en los ojos. En la Corte de Old Bailey en Londres la estatua no la tiene. Tampoco en algunas ciudades de Japón ni en la República Checa.
Desde el siglo XV tiene esa característica, más una espada de doble filo en una de sus manos y en la otra la balanza. Inspirada en la mitología griega, en la diosa Themis. Después adoptada por los romanos. La personificación alegórica de la justicia.
La imagen dio vida a la expresión popular de que “la justicia es ciega”, en el sentido de que la actuación del poder judicial debe ser imparcial, objetivo y sin favoritismos.
Ya estamos en el siglo XXI. La dama tiene más de cinco siglos con esa venda y, en ese lapso, el mundo ha dado varios giros, nuevas normas para garantizar la impartición de justicia, mejorar el funcionamiento de tribunales y el desempeño de juzgadores. Ahora más que nunca, ante la evolución de la delincuencia, en armas y estrategias, la justicia tiene que estar con los ojos bien abiertos para que no la sorprendan.
Bien abiertos ante argucias, mentiras y trampas que pretenden evadir o engañar a la autoridad. El símbolo no puede seguir siendo el mismo, con los ojos vendados. Corresponde al juzgador estar alerta y para estar más alerta necesita de todos los sentidos, la vista es clave.
En estos tiempos, la justicia ya no debe ni puede ser ciega. La venda dejó de tener representación de imparcialidad, ahora es fundamental saber lo que se pisa, observar los detalles, ser meticuloso.
Además, hay otro aspecto que también se debe tomar en cuenta para promover un cambio en la estatua. La reivindicación femenil. Desde hace ya varios decenios la mujer se ha quitado la venda de los ojos para luchar por sus derechos, cada vez con más énfasis, aunque de ninguna manera podría tomarse de pretexto para restarle a la imparcialidad.
La dama con los ojos vendados no corresponde a la nueva realidad que vive el mundo.
Seguro que esa mujer que defiende y exige derechos, no quiere verse vendada ni mirar un símbolo de la justicia, una estatua inspirada en una diosa (mujer) griega, con esas características.
En cuanto a la espada de doble filo, que representaría la fuerza para imponer decisiones imparciales y justas; y la balanza, que significaría la igualdad con que se trata a cada una de las partes en un proceso judicial, no habría nada que objetarles, porque es la actuación que se espera de los juzgadores en cualquier país del planeta.
La venda en los ojos en la dama de la justicia, chocaría con el esfuerzo que realizan mujeres en estos tiempos para alcanzar una sociedad más igualitaria en todas las naciones.
Tener a la escultura en esas condiciones, a la dama de la justicia vendada, no sería el mejor símbolo para transmitir imparcialidad, porque hasta podría verse como una agresión a la colectividad femenil.
Dependerá de cada institución decidir si quiere la justicia con venda en los ojos o con los ojos bien abiertos.

Las personas de la tercera edad, de 60 o más años, como grupo discriminado, también tendrían derecho a tener candidaturas de los partidos para la Cámara de Diputados.
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) partieron rebanadas finas y delgadas al pastel legislativo, para abrirle o aumentarle espacios de participación política a migrantes, indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual y afromexicanos.
Faltan los de 60 o más años edad, requieren representación legislativa para abanderar sus causas, garantizar una vida digna, terminar con el abandono y mal trato, encontrar fórmulas que permitan aprovechar su experiencia y sabiduría, pensiones justas.
El colmo es que ahora a los pensionados del ISSSTE se les quiera fijar topes con la llamada unidad de medida UMA (89.62 pesos diarios) y no en salarios mínimos (141.70 pesos diarios). 37 % menos. Otra acción más en contra de su bienestar. Enhorabuena que en Palacio Nacional se hayan dado cuenta de esta injusticia y están decididos a corregirla.
De acuerdo con el INEGI, hay en México 15.4 millones de personas de la tercera edad. Personas con discapacidad, 7.1 millones. Personas que hablan lengua indígena, 7.3 millones. Migrantes o residentes en el extranjero, más de 12 millones. Afromexicanos, 1.38 millones. Diversidad sexual, la cifra es superior a los dos millones.
Veremos la reacción de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del INE, si procura a los adultos mayores o los trata con indiferencia. Justo que cuenten con representación legislativa.
La tercera edad es una etapa de la vida, que al menos en México, no ha tenido la compensación que se merece. Pareciera que los menores de 60 creen que están exentos o que pueden eludirla. La pueden evitar si para su mala fortuna fallecen por enfermedad o accidente y no llegan a esa cifra.
En el caso de las mujeres, el avance no tiene regreso, paridad de género del 50 % en todos los cargos públicos.
Mandatos del TEPJF y acuerdos del INE obligan ahora a los partidos a dar candidaturas para diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional a grupos discriminados.
Estaría amarrada su llegada a la Cámara de Diputados porque en las nominaciones de representación proporcional, por norma, los nombres se incluirían entre los diez primeros lugares de las listas.
Otro elemento es que prevalezca la paridad de género en cada uno de los grupos postulados.
Los migrantes participarían, por partido, con cinco candidaturas de representación proporcional. Indígenas, 21 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. Afroamericanos, tres de mayoría relativa y una de representación proporcional. Personas con discapacidad, seis de mayoría relativa y dos de representación proporcional. Diversidad sexual, dos de mayoría relativa y una de representación proporcional.
Nada más falta que le den su rebanada de pastel legislativo a las personas de la tercera edad.

Al “dicho”, por donde quiera que se le vea o analice, no se le debe ni puede considerar como una prueba, muchos menos factor determinante para declarar culpable a una persona en investigación judicial o juicio.
La justicia no es un asunto de fe, no se trata de creer o no en los “dichos” de una persona, sin importar de quien se trate, así sea el mortal común o la máxima autoridad de un país.
Veamos que definición tiene la Real Academia Española de “dicho”:
1. adj. Mencionado antes. Dicho individuo. Dichas tierras.
2. m. Palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal. Dicho agudo, oportuno, intempestivo, malicioso.
3. Ocurrencia chistosa y oportuna.
4. Declaración de la voluntad de los contrayentes, cuando el juez eclesiástico los examina para contraer matrimonio.
5. coloq. Expresión insultante o desvergonzada.
En ninguna parte se conecta, liga o aproxima el “dicho” a la prueba, no es prueba y por lo tanto es improcedente darle esa categoría, como en ocasiones sucede en la política, en los medios y hasta en el sistema de justicia.
Sería injusto que por un mero “dicho” se repruebe o condene a una persona. Es obligado que se tomen otros elementos de modo, tiempo y lugar, contrastar con otras versiones, con verdaderas pruebas, con hechos, para no caer en abusos o falsas imputaciones.
Un “dicho” falso puede tener graves consecuencias, deteriora, causa daño al aludido, a su familia y a su entorno. Puede ser destructivo y hasta de consecuencias fatales, hay antecedentes.
Habría que exhibir a quienes se caractericen por darle un valor probatorio al solo “dicho”, llamar a la reflexión, a la ética, para que no se engañe ni se quiera confundir a la sociedad.
Medios, comunicadores, juzgadores, tendrán que actuar de acuerdo con reglas y leyes, para no lastimar a nadie injustamente. Evitar darle categoría de prueba al “dicho”.
Sería ideal someter al detector de mentiras a quienes inventan historias y “dichos” denigrantes.
¿Por qué no darle más uso al detector de mentiras?
Ya hay demasiadas mentiras en el ambiente, asfixian la convivencia, lastiman impunemente.
En septiembre próximo arranca el año electoral, vienen las campañas políticas y seguramente acciones para desacreditar al adversario.
Las autoridades deberán de ser cautelosas, oportunas y justas para atajar actos extremos, hacer valer el Estado de Derecho. Y los medios, distinguir la información de la manipulación.
El mero “dicho” no es una prueba y mucho menos la justicia es asunto de creencias, no es asunto de fe.

Acaba de cumplirse, el 5 de junio, el onceavo aniversario del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 menores. El ministro presidente Arturo Zaldívar recordó el suceso y la investigación que llevó a cabo sobre esta tragedia.
En un tweet en el que comparte su proyecto y el voto emitido por él y los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, dice que entonces “pesó más la presión política para rechazar mi proyecto que señalaba a los responsables, que la Constitución y la Justicia”.
Cuando se discutió el asunto, Don Arturo no era el presidente de la Corte, solo uno de los 11 integrantes del pleno del tribunal, pero como ministro ponente le correspondió elaborar el citado documento.
Es un tema que ha dejado lecciones y el reclamo de justicia de los padres de los 25 niños y 24 niñas. La relevancia de la aplicación de la ley y de que la Suprema Corte de México sea verdadero contrapeso, con la fortaleza para resistir cualquier tipo de presión.
No es ningún secreto que el titular del Ejecutivo, que ganó las elecciones con 30 millones de votos, va de la mano del legislativo porque la mayoría de este poder pertenece al partido del presidente, lo que de ninguna manera significa sea una condición sine qua non o un apoyo automatizado.
Sin embargo, es entendible que los legisladores morenistas respalden a su presidente; comparten la propuesta, así que ellos no la van a obstaculizar, aunque tampoco se trata de ponerle piedras en el camino sino de hacer lo que más convenga a nuestro país. No todo puede ni debe ser como quiere un solo hombre, no es la finalidad del sistema presidencialista y menos cuando la Constitución establece la división de poderes.
El Poder Judicial, sus integrantes, hasta ahora, han resistido la embestida para reducir su ingreso o sueldo. Hay juristas dispuestos a ir a instancias internacionales para defender derechos conquistados, si es necesario. Aguantaron el vendaval mediático provocado por la renuncia de su compañero Eduardo Medina Mora, que parecía el resquicio por donde empezaría a colarse la supremacía del nuevo grupo en el poder.
La Corte impidió que el gobernador de Baja California Jaime Bonilla se saliera con la suya de ampliar su mandato de dos a cinco años. Y contrario a los deseos de esa nueva mayoría, avaló que funcionarios de Banco de México, Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal de Telecomunicaciones ganen más que el presidente.
Son testimonios de contrapeso y en ese mismo sentido va la actuación de los ministros de reciente ingreso, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.
En el México de hoy, cuando soplan nuevos vientos, inadmisible que la presión política vuelva a pesar más que la Constitución y la justicia.

El Palacio de Lecumberri, también llamado “El Palacio Negro”, por los horrores que se vivieron en la prisión, inaugurado en 1900, fue cerrado 76 años después, cuando la corrupción inundaba todas sus crujías, pasillos y rincones.
En la actualidad funciona como Archivo General de la Nación. Ahí está el acta original de la Independencia y los Sentimientos de la Nación de Morelos. La historia documentada de México.
Hay episodios de terror, pero también de amor. En el mes de febrero, el mes del amor, resulta oportuno escribir la relación de pareja que trascendió las rejas y se volvió emblemática.
Una historia de amor que llamó la atención hasta de “National Geographic”. Existe un documental que recrea la historia de los norteamericanos Dwight Worker y Bárbara Worker.
¿Por qué se volvió famosa esta historia de amor?
Primero hay que decir que Dwight estaba encerrado por tráfico de droga. El día que lo visitó un amigo, el amigo llegó acompañado de Bárbara, bella, joven y esbelta jovencita.
Fue amor a primera vista. A partir de entonces se enviaron cartas. Bárbara empezó a visitarlo por su cuenta.
Por ese amor, ella llegó al extremo de ayudar a su esposo a escapar de Lecumberri. De ella surgió la idea de la fuga.
Entre los dos planearon el escape. En cada visita, Bárbara le llevaba accesorios de mujer: aretes, lápiz para pintarse los labios, maquillaje, peluca, falsa, blusa y lentes.
Falsificaron las contraseñas o boletos que los custodios les daban a las visitas para pasar los cuatro puestos de control, antes de llegar a la entrada principal y a la calle.
Bárbara falsificó la firma de uno de los guardias.
El mismo día que se casaron en prisión, día de visitas, Dwight Worker se disfrazó de mujer y burló a los guardias. Pudo controlar su nerviosismo hasta llegar a la salida. Huyó junto con su esposa hacia los Estados Unidos.
Fue un escape amoroso que sucedió en 1975. Dwight y Bárbara vivieron juntos más de una década.
Él logró rehabilitarse, encontró trabajo en un organismo internacional defensor de los derechos humanos.
Sin duda, emblemática esta historia de amor en el Palacio Negro de Lecumberri, ahora Archivo General de la Nación.
Larga la lista de personajes que fueron recluidos en ese lugar. El comunista y luchador obrero Valentín Campa, el escritor revolucionario José Revueltas, el asesino serial Goyo Cárdenas quien estudió en prisión la carrera de abogado; Ramón Mercader, quien dio muerte a León Trotski; José de León Toral, asesino de Álvaro Obregón, el cantante Juan Gabriel, estudiantes del movimiento de 1968 como el ahora diputado Pablo Gómez, entre muchos otros.
En Lecumberri mataron por la espalda a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez.
No se pude dejar de mencionar al gran muralista David Alfaro Siqueiros, quien estuvo preso en cuatro ocasiones. La mayoría de las veces acusado de disolución social, por su activismo en contra del gobierno. En reconocimiento a su arte, hay una galería permanente con su nombre.
Se han conservado el estudio en el que pintaba y los dos biombos de tres metros de altura que hizo para obras de teatro que se escenificaron en el mismo reclusorio. Una de las obras se llamó “Licenciado no te apures, yo te voy a sacar”.
También existe la historia del panadero llamado Roberto, enredado en un crimen que nunca cometió. Fue acusado de dar muerte a una mujer y por ese motivo pasó en la cárcel 15 años.
Llegó a ser el jefe de la panadería de la cárcel y su pan era el mejor de la ciudad de México. Pocos lo sabían, pero por su calidad, era comprado por hoteles y restaurantes de primera.
El libro “El lado blanco de Lecumberri”, narra toda su historia. Al salir de prisión, trabajó para el programa de televisión “Siempre en Domingo” y se casó con la hija de una popular cantante.
Lo que te he contado, es apenas un botón de muestra de lo que fue el palacio negro, que ahora como Archivo General de la Nación, está convertido en la memoria histórica de México. La entrada al Archivo es gratis.

La cero tolerancia debe ser contra todos los delitos; en ese sentido tendrían que ir los discursos de quienes tienen la misión de impartir justicia, no aprovechar coyunturas mediáticas o tratar de adornarse o quedar bien con determinado grupo. Y el ir contra todos los delitos, sin distingos, no significa aceptar invenciones y mucho menos acusaciones contra inocentes.
Resulta cómodo seguir historias o versiones sin investigarlas; pareciera que lo que importa, para algunas autoridades, es ocupar espacios en medios y dejar la impresión de que coinciden con voces o criterios mediáticos que en ocasiones están lejos de la verdad.
Por eso el símbolo de la justicia tiene a una mujer con los ojos vendados, porque su deber es actuar con imparcialidad al resolver cualquier conflicto; no se puede ni debe guiar nada más por los dichos; tiene la obligación de considerar las pruebas, los testigos, observar si hay o no contradicciones o falsedades; valorar todos los elementos de un proceso. La justicia no puede cargarse para ningún lado. La justicia es justicia.
La balanza que trae el mismo símbolo es obvio que tiene que ver con el equilibrio, con el razonamiento; para nada representa atender la versión de solo una parte, porque entonces no hay justicia, sino consigna, atropello, abuso y violación grave de los derechos humanos.
Y la espada de ese símbolo representa la fuerza de la ley, su aplicación conforme a Derecho. Nada de que justicia y gracia para a los amigos; y a los enemigos, la ley a secas.
En materia de justicia el suelo debe ser parejo para todos y la cero tolerancia contra todos los delitos.
La impartición de justicia no debe estar sujeta a modas ni a temas del momento difundidos por medios de comunicación acostumbrados a enjuiciar y sentenciar; lo procedente para la autoridad es actuar como lo marca la ley, estrictamente.
Son la imparcialidad, el equilibrio y la firmeza prestigian al Poder Judicial y es el camino, que desde que tomó posesión como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió seguir Don Arturo Zaldívar. Va contra vicios y actos de corrupción.
¿Hay o no inocentes que pagan encerrados culpas que no les corresponden, que nunca cometieron?
La historia da la respuesta, no únicamente en México, sino en muchas otras partes del mundo.
Es atractivo lo mediático, porque da popularidad pero es efímera y no es justicia; lo que deja huella es tan simple como actuar conforme a Derecho y es justicia.

La limpia en el Poder Judicial no es tarea sencilla y por supuesto que no la tiene fácil el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo Larrea. Seguro que sabe que hay más resistencias adentro que afuera; va contra corriente, contra vicios que han dañado la imagen de la institución.
Es más compleja la limpieza en casa que cerrar filas ante cualquier intento de fuera por quitarles derechos ganados, como el ingreso y las prestaciones sociales que reciben.
La idea de bajarles el sueldo no es nueva; pretendieron hacerlo los gobiernos del PRI y PAN. Querían colocar sus percepciones por debajo de lo que gana el titular del Ejecutivo. Hubo acaloradas discusiones cuando el Senado quiso avanzar en ese sentido.
Más de una vez fueron ministros al antiguo edificio de Xicoténcatl, donde estaba la sede senatorial, antes de ser trasladada a la esquina de Insurgentes y Paseo de la Reforma.
Recuerdo que siempre fueron reuniones a puerta cerrada, de las que no trascendió ni se filtró nada. Sin embargo, era obvio cuál era el objetivo de los ministros. No querían que se tocara su ingreso y, no se tocó.
De nuevo, en la etapa de la Cuarta Transformación, desde el gobierno y el legislativo se empujó el proyecto para que acepten ganar menos que el Ejecutivo. La respuesta fue una cascada de amparos de juzgadores, magistrados y jueces. Cerraron filas y están preparados para llegar a instancias internacionales, de ser necesario.
Se han blindado hacia fuera, en el aspecto económico. En cualquier segmento de la sociedad es tema muy sensible; nadie quiere que le reduzcan lo que le llega al bolsillo y ha sido conquista laboral.
Además, en el caso de los juzgadores, se supone que es una garantía para que nadie los tiente con recursos económicos, para evitar que emitan o elaboren una resolución parcial.
Sin embargo, hay otros factores que también pueden alterar el desempeño del Poder Judicial, como las consignas políticas o las modas mediáticas, que buscan pasar por encima del Derecho.
Ahí es donde está el mal.
El ministro Zaldívar lo ha dicho en su primer informe:
“Debemos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos, por supuesto, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio, no como servicio”.
Cuando un juzgador deja de actuar conforme a Derecho, no solo desacredita su propia resolución y deteriora la imagen de la institución; lo más grave es el daño que causa a los afectados y a las familias de los afectados.
Lo único que quiere la sociedad es que actúen estrictamente conforme a Derecho.
Por eso son bienvenidas las acciones de Don Arturo para hacer efectiva la cero tolerancia a la corrupción en el Poder Judicial.

Nada nuevo que los políticos digan una cosa en público y otra muy distinta en lo privado, así que nadie se sorprenda por lo que le sucedió a la ministra en retiro y secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Tampoco es para desgarrarse las vestiduras como lo hizo un conductor de noticias que calificó de “gandalla” a quien se atrevió a grabar a la secretaria, como si lo central del episodio fuera la acción del que traía la cámara de video o teléfono. No, el punto medular está en la palabra “pervivir”. Término que utilizó doña Olga para destacar que la reforma que prolonga el mandato de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, de dos a cinco años, va a mantenerse contra viento y marea.
De acuerdo con la Real Academia Española, “pervivir” significa:
“Seguir viviendo a pesar del tiempo o de las dificultades”.
En otra palabras, esa reforma del Congreso Local de Baja California, va a conservarse a pesar de sus detractores y quizás a pesar de que se produzca una resolución en contra de la Suprema Corte de Justicia de Nación. Seguramente cuando los ministros decidan resolver este asunto, para entonces Bonilla ya habrá encontrado la forma de hacer soberana la decisión tomada por los diputados locales a su favor, con todas sus consecuencias.
Sabido es que a los juzgadores la justicia pronta y expedita los tiene sin cuidado, no les apura.
¿Se imaginan que la Corte hubiera actuado con la celeridad que ameritaba el caso y aclarado el punto antes de que Bonilla tomara posesión?
Ahora, a esperar.
Y en la espera, por lo pronto Bonilla va adelante y acompañado de la secretaria de Gobernación.
“Pervivir” es una palabra utilizada por alguien que conoce y domina las leyes, por una ministra, ahora en retiro. Ni duda cabe que conoce el alcance de lo dicho. No se puede echar para atrás, no puede salir con que no quiso decir lo que dijo y mucho menos alegar que la mal interpretaron o tergiversaron los medios.
Por eso ha optado por lamentar que la hayan grabado sin previo aviso. Sus corifeos le hacen segunda; se desviven por defenderla, nada más que lo dicho por doña Olga quedó grabado y mucha gente tiene la grabación.
¿Y ahora?
El tema se complica más porque doña Olga también es la secretaria de Gobernación, la jefa de la política interior, la que debe poner el ejemplo y anteponer la aplicación de la ley sobre cualquier interés.
Hizo bien el ministro Arturo Zaldívar en atajar lo descabellado del episodio y recordar que la Corte tiene la última palabra. Ojalá, no lo vaya a convencer el gobernador de Baja California de otra cosa.

Una tarea que no será nada fácil es la reforma del Poder Judicial, hay mucho que mejorar. En eso va a trabajar el senador Germán Martínez Cázares. Tendrá que hacerlo sin evadir el grado de dificultad que tiene el tema. Descartar la salida fácil de levantarse de la mesa cuando se tope con algún muro de intereses o alguna actitud reacia al cambio.
No cualquiera se atreve a cuestionar al Poder Judicial, aunque sus defectos puedan estar a la vista. Hasta medios de comunicación son cautelosos, porque saben que nadie está exento de pisar ese terreno, a veces con tramos pantanosos. Todos, por lo que he observado, prefieren guardar distancia.
La misma iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que nadie gane más que él, ahí se topó con pared. Ministros, magistrados y jueces mantienen ingresos superiores al titular del Ejecutivo. Más de un jurista se amparó para dejar intocados sus ingresos.
Incluso habría sido contratado un despacho internacional por si el asunto llega a instancias de ese nivel.
Es remoto que el senador Martínez Cázares insista o haga énfasis en este punto, porque en la contraparte no se ve que exista la menor intención de ceder a la propuesta de reducir el sueldo.
Sin embargo, hay otros aspectos, que tienen que ver con la impartición de justicia, que también son un reclamo sentido de la sociedad para que se mejoren. Hay mucha gente que no objetaría que los juristas sigan ganando lo que ganan, siempre y cuando su actuación sea ejemplar, apegada a Derecho.
Esta vez solo vamos a referirnos a la idea de que la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal no sean presididos por la misma persona, como sucede en la actualidad. El “cordón umbilical” de estos dos órganos del Poder Judicial tiene que cortarse, porque es humanamente imposible que una sola cabeza cargue con la responsabilidad presidencial de ambos y cuente con tiempo suficiente par revisar a detalle y a fondo todos y cada uno de los asuntos que le competen.
Corre demasiados riesgos. No se pueden alargar ni los días, ni las semanas ni los meses ni los años para analizar todos, como debe ser.
Además, hay mandatos constitucionales que no deberían ser letra muerta y lo son. Eso de que la justicia sea pronta y expedita, es uno de ellos. Ojalá lo tome en cuenta el ahora senador morenista, antes panista.
Comprensible y admisible que Martínez Cázares se siente a dialogar con la representación del Poder Judicial y la Consejería Jurídica de la Presidencia para consensuar las propuestas, en bien de la justicia y los gobernados.
Enhorabuena la disposición del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de combatir la corrupción y garantizar la impartición de justicia.

Han sido 18 personas las que expresaron su interés por presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para el periodo 2019-2024. Habrá nuevo ombudsman toda vez que el actual Luis Raúl González anticipó públicamente su declinación, no buscará le reelección.
La etapa para inscribirse concluyó el pasado viernes. De acuerdo con la información recabada por este espacio digital, entregaron su documentación 18 aspirantes, pero todavía falta que las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado, que presiden Julio Menchaca y Kenia López Rabadán, verifiquen quiénes cumplieron con los requisitos de la convocatoria.
El jueves próximo se conocerá la lista definitiva, para posteriormente pasar a las comparecencias, a partir del 21 de octubre, ante senadores de las dos comisiones. Deberán seleccionar una terna que se pondrá a consideración del pleno de la Cámara Alta.
Antes de que concluya este mes, deberá haberse agotado el procedimiento y electo el nuevo ombudsman de México con el voto de las dos terceras partes de los senadores que asistan a la sesión correspondiente.
En la lista están los siguientes nombres:
Elizabeth Lara Rodríguez (1), quien por 10 años ha sido representante de la CNDH en Oaxaca. Se ha significado por la defensa de los migrantes y de mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Su candidatura cuenta con la simpatía del padre Alejandro Solalinde, quien meses atrás declinó la invitación para competir por ese cargo.
María del Rosario Piedra Ibarra (2), hija de Doña Rosario Ibarra de Piedra, quien en los próximos días, recibirá la medalla Belisario Domínguez. Al igual que su mamá, se ha significado como defensora de los derechos humanos.
Alfredo Rojas Díaz Durán (3), promotor de la Defensoría del Pueblo, nominado por agrupaciones sociales europeas al Premio Nobel de la Paz, hermano de Alejandro Rojas Díaz Durán, quien aspira a la presidencia del partido Morena.
Raúl Arturo Ramírez Ramírez (4), se ha desempeñado como comisionado de los derechos humanos en Sonora.
Nayeli Martínez Vázquez (5), médica de profesión, quien estuvo casada con Virgilio Andrade, ex contralor y ex director de Bansefi, al que acusó de no pagar la manutención de su hijo.
Luis García López Guerrero (6), brazo derecho y protegido de Raúl Plascencia, quien fuera presidente de la CNDH. Fue primer visitador de la comisión. Se ha desempeñado como responsable del Centro Nacional de Prevención del Delito.
Luis Modesto Ponce de León Armenta (7), Doctor en Derecho por la UNAM. Ha sido magistrado del Tribunal Unitario Agrario.
Miguel Nava Alvarado (8), abogado, especializado en la defensa de los derechos humanos.
Héctor Galindo Gochicoa (9), activista social, estuvo preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes Almoloya, sentenciado a 67 años de prisión. Dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Se consideró preso político. Recobró la libertad a través de una resolución de la Suprema Corte.
María López Urbina (10), ha sido fiscal especial y delegada de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo.
Rosalinda Durán Salinas (11), se ha desempeñado como segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Francisco Javier Jasso Méndez (12), ha sido presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia en Zapopan, Jalisco.
Daniel Balboa Verduzco (13), también ha competido para presidir la Comisión de Derechos Humanos del DF.
Manuel Alejandro Vázquez Flores (14) es egresado de la UNAM, maestro en Derecho Procesal Constitucional.
Adolfo López Badillo (15) se desempeñó durante ocho años como ombudsman en el estado de Puebla.
Ricardo Vázquez Contreras (16), Doctor en Derecho y estudios de Filosofía. Aspiró a ser fiscal especial en delitos electorales.
Jesús Víctor Cruz Cruz (17), maestro y Doctor en Derecho, egresado de la UNAM, especializado en derechos humanos.
Roberto Bonifacio Mazón García (18), ha sido empleado del Sistema de Administración Tributaria y aspiró a ser Fiscal General de la República.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, tiene el reto de devolverle al Poder Judicial la imagen de auténtico impartidor de justicia, limpiar la casa, eliminar vicios, desviaciones y acciones que lastiman a la sociedad.
Los defectos debe de conocerlos el propio ministro; es una persona respetada, estudiosa, analista, observador; convencido de que el juzgador tiene que actuar conforme a Derecho y aplicar la ley, sin distinciones, favoritismos y mucho menos modas o consignas.
Por eso el símbolo de la justicia tiene los ojos vendados, para actuar con rectitud, en base a las pruebas, a los hechos, sin caer en la tentación de inclinar la balanza hacia un lado por motivos ajenos al Derecho.
El ministro Zaldívar es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha dado clases en la misma escuela. Quienes han sido sus alumnos, desde antes de que llegara a la presidencia de la Corte, tienen buena opinión de su maestro. Se quedaron con la impresión y percepción de que es una persona honesta, que no tiene la ambición de amasar grandes fortunas como juzgador.
Seguramente sus alumnos están atentos a lo que ahora hace y deberá hacer para limpiar el Poder Judicial. Como en toda institución y gremio, hay manzanas podridas, que de no ser sacadas del canasto, pueden contaminar a las otras. La misión es complicada pero no imposible.
Nadie diría nada si México tuviera una institución de justicia impecable. Lo sabe el ministro Arturo Zaldívar y es el reto que tiene por delante, contribuir a vencer la corrupción que tanto daño hace y lastima a la sociedad.

La historia de 18 abogados aspirantes a magistrados anticorrupción llegó a su fin. Ante la burla y falta de respeto, 13 de ellos declinaron; los otros 5, siguieron el procedimiento de ley hasta que la mayoría en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los rechazó.
Es una historia que empezó en abril de 2017 y que en este espacio le he dado seguimiento. Los propuso el entonces presidente Enrique Peña Nieto, pero la decisión final, por norma, la tomarían los senadores. Nunca lo hicieron quienes integraron la anterior legislatura.
La actual composición del Senado, con mayoría Morena, desde que empezó, evidenció su escaso o nulo interés por validar el ascenso de esos 18 juristas. La senadora Olga Sánchez Cordero, antes de que fuera nombrada secretaria de Gobernación, anticipó que no estaba en los planes del poder legislativo llevar a cabo su elección.
Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, propuso crear una sala especial en la Suprema Corte de Justicia. Los ministros y su presidente Arturo Zaldívar pronto hicieron sentir su inconformidad. La idea de Monreal no ha avanzado ni hay indicios de que vaya a concretarse.
Con el propósito de destrabar el caso de los 18 abogados, también se planteó que nada más se creara una sala especial de tres magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Nada, ni una cosa ni otra.
Se reactivó la maquinaria legislativa sobre este tema porque en atención a una solicitud de amparo, Tribunal Colegiado ordenó al Senado cumplir la ley y desahogar el procedimiento de elección.
El Senado decidió dejarle la tarea a la Comisión Permanente del Congreso. Su primera comisión: de trabajo, gobernación y justicia, convocó el pasado 17 de julio a los aspirantes a magistrados para examinarlos.
Para entonces, 13 ya habían declinado, no tenían la menor duda de que esta vez no conseguirían ningún ascenso.
De los que acudieron a la cita con los legisladores, platiqué con Luis Eduardo Iturriaga Velazco. Abogado convencido de seguir hasta el último momento el procedimiento, consciente de sus capacidades y compromiso para contribuir a consolidar el sistema anticorrupción. Cumplió la parte que le correspondía como aspirante.
El miércoles 31 de julio la Comisión Permanente analizó y discutió el dictamen respectivo. Por mayoría fue desechado.
Ahora, a esperar a ver qué camino toma el grupo en el poder en su lucha contra la corrupción.
Por la burla y falta de respeto, ni una disculpa a los 18 juristas; en esta ocasión, los llevaron al baile, como al popular “Margarito”.

El tema de los salarios en la administración pública sigue sobre la mesa del debate, todavía no se agota porque hay quienes se han inconformado con la nueva disposición de que deben ganar por abajo de la cifra asignada al presidente. Es un asunto que tarde o temprano resolverá la autoridad judicial, porque es la instancia donde se han interpuesto recursos en contra de la medida.
Por supuesto que el tema es complicado. No hay más camino que actuar conforme a lo que establece la ley. Si hay puntos encontrados en la norma, como lo advierten expertos del Derecho, los juzgadores tendrán que encontrar el punto justo, analizar el punto fino.
¿Y cuál es ese punto fino?
Para empezar hay que valorar la referencias que tuvieron los poderes Ejecutivo y Legislativo para fijarlo en 108 mil pesos mensuales en el caso del presidente de la República. Revisar la argumentación. Evidentemente la cifra no puede quedar al criterio exclusivo de una persona.
Es cierto que en la nueva norma está considerado que hay actividades técnicas o muy especializadas que deben medirse de otra manera, pero no serían las únicas que merecerían trato diferente.
De acuerdo con los mismos términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ingreso de cada persona debe de corresponder al trabajo que lleve a cabo.
Sería insuficiente argumentar que a mi me alcanza con determinada cantidad y por lo tanto los demás deben de quedar bajo esa estimación. Las necesidades son distintas, no son iguales.
Lo que no debe perderse de vista es el principio de que lo justo es que se pague por lo que sabe y hace. Hay oficios, como puede ser el del plomero o electricista, que por un trabajo a domicilio de media hora o una hora, cobran 500 pesos o más. Pareciera excesivo. No lo es. Hay que considerar que no tienen trabajo todos los días, depende de la demanda. Son gente que domina su oficio. Ningún otro mortal lo haría es ese tiempo y bien hecho. Pueden fallar, no son perfectos, pero garantizan el regreso para corregir.
Un profesional que se “quemó las pestañas” para alcanzar su título o varios grados académicos, aspiraría a tener un ingreso que corresponda a sus conocimientos. Sobre todo a la actividad para la que haya sido contratado. Si se tratara de un Contador Público y lo único que haría sería contar manzanas y peras, no puede esperar ganar lo mismo que alguien que lleva la contabilidad de un empresa nacional o transnacional. Ese es el punto fino.
El ingreso debe corresponder a lo que se hace, revisar parámetros para encontrar el justo medio para los distintos empleos.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la gasolina es “mezcla de hidrocarburos volátilese inflamables, más ligeros que el gasóleo, obtenidos de la destilación del crudo del petróleo y su posterior tratamiento químico, que se usa como combustible en algunos tipos de motores”.

Volátil, según el mismo diccionario, tiene varios significados: 1. Que vuela o puede volar. 2. Dicho de una cosa: que se mueve ligeramente y anda por el aire. 3. Mudable, inconstante. 4. En los mercados financieros, inestable u oscilante. 5. Dicho de un líquido: que se transforma espontáneamente en vapor. 

E inflamable, solo un significado: quese enciende con facilidad y desprende llamas.

¿Cuándo se le perdió el miedo a la gasolina? No lo se y seguro nadie lo sabe, fue un proceso paulatino, en la medida que aumentaba el robo de combustible. Hay gente en México a la que no le ha importado el riesgo, por eso las múltiples conexiones hechizas o mal hechas en ductos.

Recuerdo que hubo una etapa del proceso de distribución de gasolinas que las pipas o camiones cisterna eran vistas como “bombas de tiempo” sobre las calles de ciudades y carreteras del país. Quizás fue una de las razones por las que se decidió desarrollar la distribución del combustible a través de ductos.

Ahora las camiones cisterna deben de estar mucho más equipados con medidas estrictas de seguridad y la obligación de que el operador o chofer sea una persona entrenada, especializada.

De cualquier manera, hay que guardarle respeto a la gasolina, es un líquido que se enciende con facilidad y desprende llamas. Por eso, ha faltado una campaña de prevención, con este y otros productos riesgosos, para hacer consciencia en las nuevas generaciones del peligro que representa manipular las gasolinas y las consecuencias de una explosión. La campaña en medios puede contribuir a desalentar el llamado huachicoleo.

Las nuevas generaciones prácticamente no le temen a nada y menos cuando nadie les habla de riesgos.

A raíz del insuficiente abasto, hay quienes han llenado y comprado bidones de gasolina para tener reserva en casa.

Un amigo hizo lo propio, reserva de 100 litros en su domicilio, cinco bidones de 20 litros cada uno. Aparentemente desvaneció su preocupación por la escasez del combustible, sin embargo, nunca se me olvidará su rostro de doble preocupación al hablar del riesgo de que a alguien se le ocurra fumar o encender un cerillo cerca del líquido inflamable.

Por eso la necesidad de la campaña de prevención, para recordar que solo gente especializada debe trabajar u operar el combustible, además de que su robo es un delito castigado por la ley.

Sentado en uno de los sillones de su casa, parecía mirar al infinito, sin punto fijo. Yo no dejaba de verlo.

90 años de edad con una lucidez envidiable. En silla de ruedas después de que en los últimos seis

[caption id="attachment_3561" align="alignright" width="266"] Saúl Uribe Ahuja[/caption]

años ha sufrido dos embolias y recientemente operado de la carótida. Hemipléjico, parálisis parcial. Progresa cada día para recuperar la fluidez en su expresión.
El drama del abogado civilista Saúl Uribe Ahuja. Enfrentado con sus hijos en un pleito legal por el patrimonio, una hacienda que fue de María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, periodista, casada con el insurgente Andrés Quitana Roo, figuras ambas en la guerra de Independencia mexicana.
Historia que te cuento en el marco del Día del Padre, celebración que a mi suegro de 87 años lo tiene sin cuidado, siempre ha dicho en su estilo coloquial que “el padre vale madre”, porque ni siquiera tiene una fecha fija para esta festividad. Por supuesto que a todos nos consta la diferencia que existe con la veneración de la madre. Nada más hay que

[caption id="attachment_3563" align="alignright" width="300"] Roberto López Moreno, Teodoro Rentería y José Luis Uribe[/caption]

observar lo que sucede cada 10 de mayo, para quien todavía tenga dudas.
En mi caso, mi padre, maestro y amigo, hace varios años que se fue al cielo divino. Hombre de una pieza. Honesto, respetuoso. Con él aprendí valores que ahora están perdidos en la sociedad. El respeto por delante. Se hacía lo que ordenaba. No recuerdo alguna discusión y mucho menos haber cuestionado su autoridad. Eran otros tiempos.
Imborrable el día que mi padre reunió a todos sus hijos y anunció la determinación de que la única herencia que recibiríamos sería la educación, nada de bienes materiales. Les daría otro destino. Concluí que estaba en su derecho, porque él los

[caption id="attachment_3564" align="alignleft" width="171"] Saúl Uribe Ahuja y María Luisa[/caption]

había adquirido, con su trabajo, con el sudor de su frente, con incontables desveladas y naturales

preocupaciones laborales. Debo decir que estaba muy lejos de ser rico, era periodista, ético. Honrado y trabajador. En ese sentido, en cuanto a la abundancia,  nada que ver con la historia del afamado abogado Don Saúl Uribe.
Sin embargo, lo que le sucede a Don Saúl, me trajo a la memoria esta parte de la historia de mi padre, porque los bienes del civilista sí están en disputa, con los hijos, a pesar de que no ha fallecido. Y Don Saúl Uribe Ahuja, me consta, está lúcido en sus nueve décadas de vida. Está resuelto a no permitir que le arrebaten lo que le pertenece. Se defiende. Doloroso, dramático que el conflicto sea con quienes tienen su propia sangre.
Caballeroso, ilustre abogado, tez blanca, ojos claros, mirada

[caption id="attachment_3565" align="alignright" width="239"] María Luisa, Saúl y Teodoro[/caption]

escrutadora, inteligente, sabio, distinguido. Atento a sus invitados, a los comentarios, a la plática. Ahí estaban Teodoro, José Luis, Andrea, Roberto, Hugo, Toño, amigos. María Luisa, también

anfitriona.
Don Saúl en el sillón de su casa. Yo no dejaba de verlo. “Hay permanencia voluntaria”, dijo con la cortesía que le caracteriza, cuando alguien bromeó sobre lo que debe durar una comida.
Perceptivo, imagen que me hizo recordar la historia de mi padre. El respeto a la autoridad paterna. Respeto que está extraviado en nuestra sociedad. En muchos ámbitos, no se diga en la política.
Ocupé en la mesa el asiento al lado de Don Saúl. Intercambiamos impresiones. Lo vi levantar la copa de vino, con una seguridad, como la que tiene para saber que ahora vive incomprensión familiar. Valió madre el Día del Padre.

General brigadier, Diplomado de Estado Mayor (DEM) con dos licenciaturas, tres maestrías y en vías de doctorarse…ni Obama.

La historia que hoy te voy a contar empieza con la invitación para asistir a una ceremonia solemne, para ser testigo del ingreso del general Eduardo León Trauwitz a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

Desde el primer momento me llamó la atención. Por un momento supuse que se trataría de un militar retirado y que en su conferencia magistral hablaría de las batallas de la vida cotidiana.

La sede de dicha organización está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a espaldas de la catedral metropolitana.

“Modelos de trascendencia, una propuesta de identidad social que fortalezca a la nación”, título de su exposición.

Despertó mi interés.

No dudé en ir.

Personal para recibir invitados. Llegaban hombres y mujeres con formalidad en el vestir. Contestaban cuestionario, sin saber que propósito tenía. Sencillo. Responder e identificar a los superhéroes de México en los últimos 25 años, los principales defectos de los mexicanos. No más de cinco preguntas.

En el salón de actos, cuatro pantallas de televisión colocadas estratégicamente. Hacían suponer que el conferencista se apoyaría en “PowerPoint”, imágenes y mensajes, datos estadísticos.

Con el uniforme verde el general, con sus insignias, la identificación de su grado militar. Prefirió, con micrófono inalámbrico, exponer en el pasillo central, en medio de las butacas, caminar, en lugar de utilizar la tribuna.

Exposición parte de su tesis doctoral.

Propuesta que en su oportunidad entregaría al próximo presidente de la República.

Más despertó mi interés.

Personaje de la milicia, estudioso. Quiere revivir y rescatar los valores de nuestra sociedad, el respeto, el honor, la dignidad. Transformar a México en un plazo de 25 años. Reforzar la educación de los niños. Levantar a nuestro país como lo han hecho naciones como Japón y Singapur.

En Japón, se les enseña a los niños que si ven algo que no es suyo, quiere decir que tiene dueño y por lo tanto no pueden tomarlo y mucho menos quedarse con el objeto. Por eso es que en Japón, en el transporte colectivo Metro, si alguien extravía u olvida su celular, es posible que lo busque y encuentre en el departamento de objetos perdidos. Singapur, era un país que estaba en una situación mucho peor que la de México. Logró abatir la delincuencia y elevar el nivel de vida de sus habitantes, es ahora una potencia.

Comentarios del general.

El cuestionario contestado en la entrada, procesado en rápida estadística, para confirmar que no tenemos verdaderos superhéroes pero sí identificamos plenamente nuestros males.

León Trauwitz, militar en activo, tiene 51 años de edad, con licenciaturas de administración militar y relaciones internacionales, con las maestrías en seguridad nacional, geo-estrategia, dirección de protocolo y organización. Títulos alcanzados en la UNAM y en universidades de España. El doctorado lo realiza en la Anáhuac de México, con una tesis enfocada al bienestar social.

El general quiere un México donde prevalezcan los valores. Quiere derrotar a la corrupción, inseguridad  e impunidad. Quiere un México mucho más justo.

Su propuesta doctoral la tendría lista para entregársela al próximo presidente.

Cuando salió de su pueblo, corazón de la mixteca, San Cristóbal Amoltepec no tenía ni mil habitantes. Hoy ronda los dos mil. Es todavía una población muy pequeña del estado de Oaxaca, modesta. Pobre, según la clasificación oficial. Entre los varones existe la aspiración de viajar a la Ciudad de México, en busca de ingreso y mejores condiciones de vida. Es costumbre construirse un cajón de bolear, como herramienta de trabajo.

Así llegó Jorge Feria Hernández, desde que era niño, a la CDMX, en compañía de su papá y para ayudarlo en la boleada. Es una historia que ya te he contado en una primera parte  ( http://arturozarate.com/?p=1266 ). Cultura del esfuerzo. Bolear y estudiar hasta convertirse en abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cierto, encontró en el camino a Emilio Rabasa (diplomático), al que le boleaba los zapatos. Lo animó y ayudó a retomar el estudio. Al principio hubo resistencia. Lo convenció de que debía seguir. Boleaba e iba a la escuela.

Hoy retomo la historia porque Jorge ha subido otro escalón en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ascendió a secretario de estudio y cuenta en la sala del tribunal con sede en Xalapa, Veracruz. Ha sido persistente, disciplinado y dedicado. No se ha despegado de Amoltepec, donde vive su familia.

Te cuento de su avance laboral porque es ejemplo valioso. Confirma que en México hay historias que deberían propagarse, ser virales, convertirse en lo que llaman “trending topic”, tendencia en las redes sociales. Dudo que suceda en este caso, porque para desgracia de las sociedades en el mundo, lo prioritario es lo negativo, lo escandaloso. Para muchos medios de comunicación, este tipo de notas tienen escaso interés, poco atractivo. ¿Será?. Prefieren hasta inventar informaciones, difundir noticias falsas, acusaciones infundadas, con tal de ganar “rating”. No se han dado cuenta o no quieren admitirlo, el costo ha sido pérdida de credibilidad. Descrédito. Publicar noticias falsas no es hacer periodismo.

Por eso doy por hecho que el caso de Jorge Feria no se hará viral, pero son de los sucesos, como dice un amigo, que te reconcilia con la vida, que hace ver que no todo está perdido, como a veces lo quieren generalizar críticos radicales, aquellos que nunca se atreven a reconocer sus errores y nada más observan las fallas en los de enfrente.

Conozco críticos que creen que solo ellos están en lo correcto. Lo que escriben o dicen siempre va con una carga negativa. Por más que los leo y escucho, no encuentro el comentario positivo. Les resulta difícil y complejo reconocer lo que se hace bien. Todo lo ven negro. El equilibrio informativo no es lo suyo.

Jorge Feria no niega su origen, no desconoce a su gente, no olvida a su pueblo. Sencillo, humano, imperfecto.

Empezó con una caja de bolear, hoy es secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un mixteco con mucho vuelo por delante.

La historia que te voy a contar tiene drama, tragedia, amor, desengaño, demandas contra instituciones públicas, actuación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata del caso del francés Paul Henri Giménez, de 42 años de edad, de 33 cuando ocurrió el avionazo en el que perdió la vida el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, porque el Lear Jet 45 en el que viajaba se desplomó al perder el equilibrio a consecuencia de la corriente de aire que dejaba una nave comercial que iba por delante.

Hay varias versiones sobre el accidente, además de la oficial. No es la intención agregar una más sobre lo que provocó la caída del avión, sino hablar del caso de Paul.  Entonces tenía tres meses de haber llegado a la Ciudad de México, especialista en informática.

Paul no iba en el avión, transitaba en automóvil en la zona de las Lomas de Chapultepec y Reforma donde ocurrió el accidente. Una bola de fuego, parte de la máquina, impactó contra su transporte. Sufrió graves quemaduras, en el 70 por ciento del cuerpo.

Sus sueños de joven de 33 años de edad se truncaron en cuestión de segundos. Fue trasladado de inmediato al hospital. Pasaron meses para su recuperación. Demandó a las secretaría de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes. A través de un juicio en el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, le dieron 30 millones de pesos por indemnización.

Partió hacia los Estados Unidos, donde vive, para seguir su tratamiento. En ese tiempo una de las enfermeras se “enamoró” de Paul. Incluso, estaban puestos para la boda.

El matrimonio no se consumó porque el francés puso la condición de que se casarían por bienes separados. Ella no aceptó.

Por lo altos costos de la atención médica, el dinero prácticamente se le acabó. Asesores legales le sugirieron que volviera a presentar nueva demanda contra las citadas secretarías. Ahora con un reclamo superior a los 100 millones de pesos. Asesorado por un despacho mexicano con oficinas precisamente en las Lomas de Chapultepec, llevó el caso a la Corte, al ver que se le otorgaría una cantidad mucho menor.

La segunda sala de la Corte ya resolvió y determinó criterios para que el Tribunal  Federal de Justicia Administrativa fije el monto de la nueva indemnización, sin considerar el tope constitucional.

Es obvio que Paúl nunca volverá a ser el mismo por muchos millones que le den, pero al menos dispondrá de recursos para comer, vestirse y pagar su rehabilitación el resto de vida.

El fastidio social se percibe prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad mexicana y la historia que te voy a contar es una muestra de un caso concreto pero que sin duda refleja lo que sucede en el país. La descomposición, el desgaste de los valores, el hartazgo.

“¡Cállense, dejen dormir!”, gritó una señora octogenaria al asomarse por la ventana de su casa, en pijama, con la mirada puesta en la construcción vecina, edificio habitacional de cinco niveles. Las siete de la mañana y en domingo. Seguro que no está permitido. Por lo menos ya no han vuelto a trabajar el séptimo día. La desmañanada ya es costumbre, desde las 5:00 horas cuando empiezan a llegar los trabajadores. Una hora después, puntual, día a día, el silbato del vendedor de café y pan.

Debo aclarar que para nada busca esta historia criticar a los trabajadores de la construcción ni mucho menos al panadero, porque es la forma que tienen para ganarse raquítico sustento. El no respetar la normatividad y el desorden no es responsabilidad de ellos.

Medidas de protección civil en la obra no se ven. No hay nada que resguarde a los peatones que utilizan la banqueta, cuando se puede, porque con frecuencia está ocupada por tabique o arena o por la mesa que utilizan los vendedores de la inmobiliaria. Hay ocasiones en que la mesa y la sombrilla, que protege del sol a sus ocupantes, está en el arroyo, en la calle.

La manta publicitaria que anuncia la venta del inmueble y que atraviesa la calle, ha permanecido. Cada vez que la quita personal de la delegación, porque no está permitida, en el mismo día la vuelven a poner empleados de la empresa. El juego de quitar y poner.

Hay días en que el volumen del radio con música popular alcanza niveles que parecen salir de una fiesta o antro. “¿Dónde estás?”, me preguntó un amigo cuando hablaba con él por teléfono. “Escucho mucho ruido. ¿Tienes fiesta?”, fue su comentario y pregunta. Apenas era mediodía.  La canción “Escándalo” con la Sonora Dinamita. Tuve que salir de la casa a solicitar que le bajaran al volumen.

La patrulla de esas de color azul marino y las siglas SSP veo que visita la construcción periódicamente. Baja el copiloto, entra a la obra, sale a los pocos minutos. Arranca la unidad. Se va como llegó, sin hacer ruido.

Antes, en ese sitio, había una casa de tres niveles en un terreno de aproximadamente 500 metros. La vendieron y fue demolida, para construir ahora el edificio de doce departamentos. Previamente, personal delegacional, en un camión de redilas, llegó para talar dos árboles que estaban en la banqueta.

El ajetreo de la maquinaria pesada afectó barda, plafón de la sala y fracturó cuarto de lavado de casa aledaña. La propietaria se conformó con el ofrecimiento de que serían reparados los daños.

La luminaria pública tiene meses encendida, mañana, tarde y noche.

De todo esto que te cuento, hasta ahora, nadie ha presentado queja alguna ante la autoridad. Supongo que obedece a que el ciudadano sabe de antemano que de poco o nada va a servir. Y que conste, esta historia sucede en una simple obra en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, administrada por militantes de Acción Nacional.

Muestra de una descomposición lamentable.

Tirar la basura en la calle, dejar las heces de la mascota en la banqueta, ignorar la luz roja del semáforo, estacionarse sobre la banqueta, obstaculizar los accesos para las personas con discapacidad, dar vuelta prohibida, exceder la velocidad y tirar la colilla de cigarro en calle  son minucias de la conducta humana que se han vuelto cotidianas.

No son exclusivas de la Ciudad de México, ocurren en otros sitios urbanos, en nuestro país y en el mundo. Hay excepciones. Actos que por su práctica han alcanzado la normalidad, lo que de ninguna manera las justifica ni las hace saludables para la convivencia, mucho menos un ejemplo.

Pareciera que no hay forma de sancionarlas, que hay que vivir con ellas, te gusten o no te gusten. Sus autores ni se inmutan ni se incomodan, ni se esconden para llevarlas a cabo.

Respeto, limpieza, educación, orden, es terminología desgastada, en proceso de extinción.

Dar gracias por un servicio o pedir permiso para que alguien se haga un lado y continuar el camino, entraron en desuso. Se escucha raro cuando alguien lo hace. Es visto como un rancio comportamiento, inoportuno y descompuesto. Anticuado y hasta molesto.

Esas faltas contra la buena conducta, que cada vez menos quieren ver como faltas, ya llegaron al punto de que ahora pareciera que el interés del individuo está por encima del interés de la mayoría, por eso se dice que se pueden violar derechos humanos si son evidenciadas o exhibidas.

Aquí es donde entra el famoso Pericospe, la transmisión al instante o la difusión de un acto en el momento que sucede vía video-teléfono. Es una herramienta que la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México ha decidido utilizar (ojalá su uso sea sin distingo) con el fin de recuperar el civismo.

Se han convencido de que las normas o reglas se volvieron obsoletas, letra muerta, por su dificultad o burocracia para aplicarlas.

 ¿Cómo se va a castigar a quien deja en la banqueta las heces de su mascota o tira la colilla de su cigarro en la calle?

¿A quién le importa que esas heces se sequen, se hagan polvo y terminen siendo respiradas por niños o ancianos o cualquier otra persona? ¿A quien le importa que las colillas de cigarros, si alguien decidiera apilarlas, alcancen la altura de una montaña? ¿A quién le importa que se multipliquen o se alimenten las ratas de cuatro patas con la basura tirada en las esquinas? ¿A quién le importa que las personas con discapacidad transiten con su silla de ruedas por la calle, porque en las banquetas están estacionados los autos?

Xóchitl Gálvez, la jefa delegacional descubrió el Periscope como una herramienta útil para combatir las faltas cívicas, nada más que pronto se topó con las comisiones de los derechos humanos y la advertencia de que se pueden violar derechos de los exhibidos.

¿Y los derechos humanos de los que respiran el estiércol? ¿Y los derechos de las personas con discapacidad? ¿Y los derechos de los que quieren vivir en una ciudad limpia? ¿Y la salud de las mayorías?

Bien harían Perla Gómez Gallardo y Luis Raúl González Pérez, presidentes de las comisiones de derechos humanos local y nacional, en revisar sus criterios, antes de que la defensa a rajatabla de los derechos humanos termine por exterminar el civismo de la sociedad.

A 20 metros de la esquina, donde el semáforo tenía la luz roja, me percaté de que había una persona con discapacidad que pedía dinero, se ayudaba con muletas para caminar. Desde ese momento empecé a observar al gobernador, quería ver lo que haría cuando se le acercara a la ventana de su camioneta.

Un gobernador que estaba a una semana de terminar su periodo, por lo mismo con un aparato de seguridad mucho más flexible, comparado con el que utilizó el día que tomó posesión de su cargo.

Manejaba, yo iba de su copiloto.

El mendigo tocó la ventanilla y al mismo tiempo le lanzó una mirada lastimosa. Alcancé a escuchar la petición de una moneda, “para un taco, para comer”. El conductor movió la cabeza de un lado a otro, de izquierda a derecha y viceversa, solo unos segundos y, continuó la conversación sobre la pobreza en México. No le dio ni un quinto, ni una sonrisa. Un rostro de engrudo endurecido que disolvió al voltear hacia su acompañante, otra vez cordial, dibujó una leve sonrisa para subrayar su gesto amigable.

Luz verde del semáforo y aceleró, atrás quedó el pedigüeño, quien ante la negativa, agachó la cabeza, cabizbajo y triste, en silencio, regresó a sentarse en la banqueta, sin saber que estuvo cerca del jefe estatal. No me dio la impresión de que lo hubiera reconocido. Seguro lo sumó a su lista mental de tacaños.

¿Tenía que haberle dado una limosna?

Cada quien tendrá su propia respuesta. Es obvio que no es el antídoto para superar la miseria.

El nombre del gobernador ni viene al caso, porque lo que te quiero mostrar es el cambio en la actitud de gente que se dedica a ejercer la mendicidad. Ya no hay sumisión ni resignación. La mirada tímida se ha vuelto desafiante; cada vez son más los que exigen: “dame, dame, dame”.

Hasta fijan un monto: “dame 10 pesos, dame 20 pesos”. O de plano advierten: “dame, para que no tenga que robar”. Hay rencor en sus palabras y en el modo en que las dicen. Lo mismo una mujer o un hombre con vestimenta desaliñada, que rondan los 30 o 40 años de edad.

También sobreviven los que relatan su historia, cierta o falsa, de que han sido asaltados y necesitan dinero para comprar el boleto que les permita regresar a su pueblo o que exhiben una receta, juran que su hijo está muy enfermo y no tienen para  comprarle medicinas.

Se vuelve el tema complejo porque no faltan los vivales que manipulan y adiestran a menores para pedir dinero.

Ahí está el problema en la vida cotidiana, lo que subyace después de quitar a  explotadores y timadores, es un expresión cruda de la miseria que en estos tiempos deambula con cara de enojo y sentimiento de odio. Una situación que se debe tomar en cuenta, ser atendida a fin de que el encono no se convierta a la larga en una amenaza para la tranquilidad social.

¿Se puede vivir sin el teatro?- es en esencia lo que había preguntado quien representaba a Segismundo.

La interrogante enmudeció a la asistencia, unos a otros se miraban, sin que nadie levantara la mano.

Cada segundo que pasaba acentuaba la congoja del protagonista, el silencio parecía fulminarlo, contenía la respiración.

Por fin, uno que dice ser contador de profesión, que pinta canas, pide la palabra, revela su historia, sucinta.

A los 19 años vio su primera obra de teatro y afirma que cambió su vida, aunque no entra en detalles pero que desde entonces le ha dedicado tiempo a disfrutar de este arte.

El actor suelta el aire y un “¡graaaaacias!”, sentido, que le devuelve el color a su rostro y la sonrisa.

“El insomnio de Segismundo (y el fin de la ensoñación)”, es el nombre de la obra del escritor y director Martín López Brie, una mezcla maestra de poesía, rap, protesta, sarcasmo, fantasía y realidad social, interpretada por Eduardo Castañeda y Sofía Beatriz López.

Lectura dramatizada, uno frente al otro, con su respectivo atril y propia luz, porque la del lugar no es suficiente para iluminar sus guiones. Por momentos pasean entre el público y lo hacen participar, le dan el papel de “Clarín”, la plebe, el sufrido pueblo, víctima del tirano.

La Pulquería de los Insurgentes, en su espacio adaptado para la expresión artística, es el escenario. En esta ocasión, para facilitar la interacción, se modificó la colocación de la sillería.

Al centro una larga mesa, las sillas a su alrededor, las periqueras pegadas a la pared. Una hilera de globos rojos colgados de una esquina a otra, porque también eran parte de la obra.

El público, en su mayoría, joven, mujeres y hombres, también gente adulta. Todos joviales, dispuestos a disfrutar, a reír, a reflexionar y aplaudir el trabajo de Sofía Beatriz y Eduardo.

Se podía comer y beber durante la obra, hasta contestar llamadas al celular. Lo último nadie lo hizo.

La obra empieza y subraya la falta de un teatro para quienes no comulgan con el oficialismo.

Después, la historia del reinado de Segismundo (Eduardo), el insomnio por el poder, las ilusiones de Rosaura (Sofía). Dicción impecable. La combinación de emociones y gesticulaciones, dramatizan. Hilvanan un mundo de ficción con la realidad, con una fineza que por momentos provoca risas. Rapean, Rosaura se pone la clásica gorra para cantar con ese estilo, algunos jóvenes mueven piernas o manos para seguir el ritmo.

Rosaura se encarga de tronar los globos en los que antes había escrito las ilusiones, los sueños de ella y la asistencia: un futuro mejor, un teatro…

Segismundo se embriaga con jugo de uva, sin perder los aires del poderoso.

En el fondo, en el núcleo de la obra, en sus tres actos, el reclamo de quienes exigen una realidad justa.

Esto que te voy a contar nunca antes lo has leído. Es la historia del periodista que estuvo en la prisión de máxima seguridad “El Altiplano”, en el municipio de Almoloya, estado de México, pero no de visita sino dentro, entre los grandes de los grandes del crimen organizado.

Todavía es hora que nadie ha dado una explicación satisfactoria de porqué lo llevaron a ese lugar cuando fue acusado de un infundio y de un supuesto delito que ni siquiera tiene calificación de grave. Por si fuera poco, fue torturado en ese sitio y hasta hoy hay resistencias para indemnizarlo.

Permaneció en el Altiplano cinco días.

O sea que le consta lo que pasa en ese lugar. No se le contaron, lo vivió en carne propia.

Ahí se escucha hasta el zumbido de una mosca, el aleteo de una mariposa. No hay conversaciones secretas. Recuerda el periodista que en el mismo pasillo estuvieron los generales, cada uno en lo que llaman estancia. En alguna ocasión uno de los internos les preguntó si sabían quien era responsable de que los hubieran encarcelado solo por los dichos de un testigo protegido. Todos los que estaban en esa zona se enteraron de la respuesta de los militares.

Es realmente un penal de máxima seguridad, funciona, nada se mueve sin que sea observado. Las luces nunca se apagan y las cámaras de video tienen una función permanente. La normatividad interna es rigurosa. Hay pase de lista dos veces al día, mañana y tarde. Quienes lo hacen se cercioran de que la foto que traen en su álbum corresponda a la persona que está tras las rejas.

Son tan cuidadosos que cuando en el caso del periodista se percataron de que en la foto aparecía con un rasguño en el rostro, como consecuencia de la tortura, pronto ordenaron que volviera a ser fotografiado.

Voces y sonidos recorren con facilidad los pasillos. Se escucha hasta cuando llega un nuevo interno, cuando se abre la primera puerta metálica. Se escucha el sonido de cada puerta que se abre y se cierra. Hay una hora en la que sin excepción, todos deben estar en su litera para dormir, a las 21:00 horas. Nada de movimientos extraños porque es sabido que de inmediato pueden ser investigados y reprendido el que los hace.

Por su complexión, delgada, al periodista le resultaba grande el ancho de la litera que en ese espacio era posible quedar fuera del foco de la cámara. La primera vez que lo hizo sin intención alguna, no faltó quien le advirtiera que siempre tenía que estar a la vista.

La regadera se visita para bañarse, como sucede en cualquier casa. Nadie se mete con ropa. Tampoco el baño se usa para lavarla, para eso está el lavabo y, en esas mismas estancias tiene que secarse.

Como regla para el uso del escusado o tasa de baño, se tiene que jalar la palanca apenas se produzca el primer desecho, porque de lo contrario el olor se va a recorrer pasillos y estancias.

Se escucha todo y se perciben todos los olores.

Hasta el zumbido de una mosca o el aleteo de una mariposa, que no hay en “El Altiplano”, pueden ser escuchados.

Te despierta muy temprano la respiración agitada de los que “corren” y hacen ejercicio en espacios de dos por tres metros.

Parte de la “vida” en el penal de máxima seguridad.

El periodista, que soy yo, ya acreditó su inocencia, nada más falta que se le reconozca.

-Bety ya está libre -dijo Diana Garay Viñas en la enésima presentación de su premiado documental Mi amiga Bety.

La noticia golpeó como un rayo y destensó rostros después de ver el drama de la película que describe y relata la historia de una mujer que pasó 10 años un mes en prisión.

-Fue absuelta, ganó el amparo.

-¿Platicaste con ella?

-Me habló por teléfono.

-¿Qué te comentó?

-Está adaptándose, vive en Iztapalapa con una señora que vende café y conoció en la cárcel. Me habló por su celular.

Diana no dio más detalles de esa conversación con la que ha sido su amiga desde la escuela primaria. Está convencida que su documental contribuyó a que se revisara su caso y fuera liberada.

Bety, una mujer de clase media, que estudió en instituciones privadas, única hija, fue acusada de dar muerte a su madre. Sentenciada a 30 años de cárcel, víctima de un proceso que evidenció irregularidades, basado en supuestas contradicciones en sus declaraciones y dichos de testigos de oídas.

De hija consentida y mimada, con todas sus necesidades elementales satisfechas, pasó a vivir la pesadilla como reclusa en el penal de Santa Martha Acatitla de la ciudad de México, abandonada por su familia, por su novio que desapareció el mismo día que la detuvieron. Los investigadores armaron la historia de que ella asfixió con una cuerda a su progenitora.

El drama, como está contado en el documental, te deja sin saliva la boca.

Decidí verlo porque se programó para ser exhibido en un bar, en un expendio de licores en la colonia Roma.

¿En un bar?

Sí, ahí.

Conocía la historia y no imaginaba como alguien podía beber una cerveza, un pulque u otro etílico y ver esa película.

Había por lo menos un veintena de jóvenes, en un espacio del inmueble acondicionado para ese propósito, para actividades culturales, porque también realizan presentación de libros y muestras pictóricas. Raro pero en estos tiempos todo puede ser y pasar, nada es sorpresivo.

Fueron no más de cinco muchachos los que se tomaron una cerveza durante la película. No más. La historia te atrapa desde el primer momento que no te suelta ni para ir al baño.

La boca termina seca y más por el vaso con palomitas que distribuyeron al principio del filme.

Definitivamente no era una película “palomera” como les dicen ahora a las que tienen como único fin el entretenimiento.

Mi amiga Bety, dirigida por Diana Garay, deja huella.

Carlos Martínez Rentería, coordinador de este tipo de eventos, no superó la depresión ni con la noticia de que Bety ya está libre.

-Estoy deprimido- me confesó.

Los demás cinéfilos los vi tranquilos. Respiraban y dejaban atrás la tensión. Relajaban rostros, sin llegar a la sonrisa. Tampoco los entusiasmó mucho el anuncio de que seguiría música para bailar. La verdad, salir de ese trance no es sencillo.

¿Qué estará haciendo Bety?- me pregunté.

Tal vez, por la hora, ya haya conciliado el sueño- supuse.

-Si estuviera aquí, le invitaría una cerveza –alcancé a escuchar a una mujer.

Lo seguro es que a Bety nadie le va a reponer los 10 años 1 mes que pasó tras las rejas.

María Aura con un lenguaje punzante para ridiculizar la actuación de los políticos en el mundo y Juan Velázquez con una mímica de movimientos finos para subrayar los vicios del poder que azotan a la sociedad, hacen que la obra El año de Ricardo  sea impecable sobre el escenario del Foro Shakespeare en la colonia Condesa de la ciudad de México.

Ninguna equivocación, ni de ella con su ráfaga de palabras que pronuncia con limpieza, ni de él al acomodar o quitar el mobiliario escenográfico o expresar su marcialidad.

¿Monólogo?

Aura en el papel de Ricardo es la única que habla. Velázquez quien interpreta a Catesby, el fiel asistente, carece de lengua pero es tal el acoplamiento, el discurso de uno y el silencio del otro, que te imaginas su diálogo. Su entendimiento escénico alcanza el brillo de los famosos cristales Swarovski.

Le dan vida a la historia de un empresario que se convierte en dictador, cínico y criminal, capaz de matar a su hermano y retratarse al lado de figuras mundiales del momento, políticas y religiosas.

Muestra la crudeza de la política, de lo que se hace y se omite para mantenerse en el poder.

Es obra de la española Angélica Liddell y en México está dirigida por Alonso Barrera.

Para su presentación no pudieron haber escogido mejor fecha, justo cuando la nación se percibe agitada.

Su contenido invita a la reflexión.

Cuando ha caído el telón y el director toma la palabra ante un teatro lleno, en el reestreno de El año de Ricardo, no desperdicia la oportunidad de una reflexión breve sobre la situación que se vive en el país y la necesidad de hacer algo para recomponerla.

Nada más que no dijo cómo, se quedó en invitar a reflexionar. Lo mismo que el contenido de la obra, llama a la reflexión.

María Aura, desde que abre la boca para protagonizar a Ricardo, atrapa al público y ya no lo suelta, lo lleva de la mano para mirar el ascenso del dictador, su despotismo y sus tropiezos, los abusos desmedidos y la perversidad. Se viste con la pulcritud que caracteriza a los poderosos que tienen manchadas las manos de sangre.

Juan Velázquez Blanco en los zapatos de Catesby, con una cara maquillada de blanco y guantes blancos para cubrir sus manos, con un traje que delinea su fornida figura, actúa como el asistente ideal del dictador, servil y leal. Incapaz de decir una palabra en contra de su jefe, porque no tiene lengua.

El trabajo de Aura y Velázquez es de primera, el público sale complacido del resultado de su desempeño. Ella apoyada en su experiencia en cine, teatro y televisión. ¿Quién no la recuerda en la película Y tu mamá también de Alfonso Cuarón.  Él con más de 15 años de experiencia en la actuación, egresado de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Binomio de éxito con El año de Ricardo.

Así como está México, donde a veces parece que todos están unidos para desbaratarlo, se agradece un remanso de humor y risas. Y no es que se quiera esconder la cabeza como el avestruz, pero la vida también requiere un poco de paz, armonía, alegría, aunque sea pasajera, para no ahogarse en las desgracias y malas noticias.

En cascada acontecimientos desalentadores, homicidios sin castigo, desapariciones, ejecuciones, secuestros, corrupción, impunidad, caída del precio del petróleo, devaluación del peso, inquietud en bolsas de valores, mezquindades, manifestaciones, imposiciones, mentiras, medias verdades, campañas en redes, videos ácidos. Todo con carga negativa.

Si te pido que en este momento me digas una cosa positiva del país, seguro vas a tomar tu tiempo, no es fácil ante lo que ocurre. Sin embargo, haz tu propio balance, sin dejarte influenciar de nada ni nadie, seguro que vas a concluir que hay más cosas positivas que negativas.

Para empezar, aprecia que tienes vida, es lo que se olvida valorar cada mañana y agradecerla. De otra manera, sin ella, no hay forma de protestar, reclamar y exigir justicia. Es la oportunidad de cada uno, gobernantes y gobernados, para cumplir con su responsabilidad.

En la comedia La Familia de Diez, dirigida y protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo lo que sobra es el humor, la historia de una familia numerosa que se adapta a vivir en un espacio de 60 metros cuadros cuadrados, con situaciones chuscas para entretener y hacer reír.

Temporada de una obra que también tiene el propósito de rendirle homenaje a Eduardo Manzano, “El Polivoz” (quien fuera pareja de Enrique Cuenca en “Los Polivoces”, fórmula de éxito en la televisión), merecido, porque a lo largo de su vida en lo que más se ha esmerado es en hacer reír, con un humor familiar, fino, sin caer en el insulto.

Jorge y Eduardo son maestros de la comedia, dominan el escenario, la experiencia les permite improvisar e inyectarle un gesto o una palabra a cada escena que la hace más divertida.

La verdad, los dos están de diez.

Y los demás, los que integran el elenco, no se quedan atrás. Bien por Zully Keith, Andrea Torre, Ricardo Margaleff, Daniela Luján, Mariana Botas, Moisés Iván Mora, Jéssica Segura y María Fernanda García.

La Familia de Diez es una versión de Oscar Sebastián Ortiz de Pinedo, inspirada en la obra de Alfonso Paso El casado casa quiere. En la televisión, estuvo en el canal de las estrellas con el mismo nombre.

Ahora la comedia está en el Teatro Ignacio López Tarso, en San Ángel, en el sur de la ciudad de México.

Es una opción para quien busca un remanso de alegría en un mar de fatalidades.

Fueron horas de tensión. Había un intruso detrás de la puerta, cerca de la medianoche. Era la puerta que dividía la planta baja del primer piso, como una medida de seguridad. La planta baja estaba en mantenimiento de albañilería.

Mi esposa y yo escuchamos el ruido. Nos levantamos con sigilo y temerosos. Nuestra respiración se aceleraba. Los dos hijos varones, de cinco y siete años, dormían con la inocencia que se duerme a esa edad.

 Abrir la puerta era enfrentarse a lo desconocido. Varias veces gritamos “¿Quién?...¿Quién?”. Nadie respondía. Persistía el ruido de un bulto que se recargaba.

No parecía que pretendiera forzar o derribar la puerta.

¿Qué hacer?

Trataba de conservar la calma. No contábamos con ninguna arma, de ningún tipo, para defendernos en caso de una agresión.

Teníamos la certeza de que había alguien del otro lado pero que no parecía realizar acción alguna para meterse.

Mi esposa fue por un “bat” (palo de beisbol) de nuestros hijos.

Reforzamos con improvisados puntales la puerta.

Concluimos que llamar a la patrulla no era lo más conveniente, porque en la oscuridad, suponíamos que los policías dispararían al primer movimiento y habría un hecho de sangre en casa.

Entonces, decidimos quedarnos a velar, estar de guardia toda la noche, esperar a que amaneciera y entonces llamar a la policía.

Así lo hicimos.

Apenas clareó, la llamada al número de emergencia de la policía y el aviso de que un extraño estaba en nuestro domicilio.

En minutos llegó la patrulla. Por fin abrimos la puerta cuando uno de los policía gritó que podíamos hacerlo, que no había ningún peligro.

Respiración profunda y alivio.

El intruso ya estaba en la parte trasera de la patrulla.

Nos explicó el policía que se trataba de un albañil que en la noche, borracho, al ver que la casa estaba en obra, decidió internarse es busca de un espacio para dormir.  Pedimos que lo dejaran ir, no haríamos ningún cargo en su contra. Lo importante era que todos estábamos bien.

Les platico esta historia por el caso del atleta Oscar Pistorius, quien le disparó a un supuesto delincuente encerrado en el baño y resultó que era su novia Reeva Steenkamp. Ha sido sentenciado a cinco años por homicidio culposo, aunque el fiscal están pidiendo una pena mayor porque no cree que haya sido un accidente.

-Debió hacer lo que nosotros –le comenté a mi esposa.

Ella con buen tino hizo la siguiente observación:

-Nada más que él no tiene dos piernas.

Le apuntaron con un revolver en la cabeza y le quitaron el automóvil.

En cuestión de minutos la policía logró recuperar la unidad pero nada de los delincuentes.

Sucedió en la ciudad de México, a dos cuadras del Centro Cultural Helénico, en San Ángel.

Casi media noche cuando sonó el teléfono de la casa, el pasado viernes 21 de febrero.

Crucé los dedos y respiré profundo, porque en ese horario las llamadas telefónicas no son usuales.

Era la voz de uno de mis hijos, el mayor.

-Me asaltaron, a mano armada, me robaron el auto.

-¿Estás bien?

-Sí bien, no te preocupes, ya están aquí varias patrullas.

-¿Dónde estás?

-Por la avenida Revolución

-¿Ibas sólo?.

-Con una amiga.

-¿Está ella bien?

-Sí, bien, no te preocupes. Vamos a levantar el acta, fueron dos delincuentes, nos apuntaron a la cabeza. También llamé a la aseguradora.

-Procuré mantener la calma. Te alarmas pero no te sorprendes, son los riesgos de la inseguridad en una zona metropolitana como la nuestra.

-Conversamos lo necesario para saber donde se encontraba y acudir en su auxilio.

Lo fundamental era que estaban sanos y salvos, él y su amiga.

A los 20 minutos una segunda llamada telefónica de mi hijo.

-Ya encontraron el auto, está en la calle Felipe Ángeles esquina Canarios, colonia Tolteca. Vamos para allá en una patrulla. Trae el duplicado de la llave.

Me parecía increíble, en cuestión de minutos lo habían localizado.

Los delincuentes lo dejaron en un a calle oscura y de cero tránsito nocturno. Se llevaron una computadora, un teléfono, una bufanda y cargadores de teléfonos celulares.

Según uno de los policías, mi hijo se jugó la vida, porque durante el asalto tuvo la osadía de esconder su celular; de haberlo visto uno de los delincuentes, lo más probable es que le hubieran dado un balazo.

Como conservó el teléfono, pronto habló al 060 y dio los pormenores de lo sucedido; es lo que permitió a la policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal boletinar las características de la unidad y en minutos ubicarla.

-La abandonaron aquí para que “se enfriara”, así operan, al día siguiente vienen y se la llevan para desvalijarla –comentó otro de los uniformados.

Participaron las patrullas P4331, P4306 y P4377, entre otras, de la delegación Álvaro Obregón.

El policía segundo Gabriel López Ramírez, placa 827923, de la patrulla 4331 tuvo la atención de darnos las explicaciones del caso y custodiarnos hasta la casa.

Pasó el susto, gracias a Dios mi hijo puede platicar esta indeseable experiencia.

Los delincuentes deben de estar preparando el siguiente asalto.

 

 

 

-¿A qué te dedicas? –preguntó uno de los reporteros.

-Soy agricultor.

-¿Qué siembras?

-Maíz y frijol.

Era el año de 1993 y la primera vez que Joaquín “El Chapo” Guzmán había sido detenido.

Como ahora, la noticia corrió velozmente por las redacciones de los medios de comunicación.

Entonces quien esto escribe era reportero de Imevisión (canal 13); por la premura de la información y por estar a la mano, recibí la instrucción de trasladarme con un camarógrafo al penal de Almoloya, ahora del Altiplano.

La verdad, especializado en información política, escaso conocimiento tenía del historial del delincuente. Sabía que era muy peligroso y que por ello lo habían trasladado al penal de máxima seguridad en el estado de México.

Más de veinte reporteros llegaron al lugar y todos, sin excepción, pasaron las medidas de seguridad, que incluyeron quitarse la ropa, uno por uno, revisión minuciosa. Después, a caminar por los pasillos, no se abría una puerta si la de atrás no había sido cerrada desde un centro de control con vidrios blindados y cámaras de video. Entramos a un pequeño patio y ya estaban en el centro, vestidos con ropa del reclusorio, color caqui, “El Chapo” y su novia.

Los reporteros, fotógrafos y camarógrafos formaban una “L”, sin quitarle la mirada al capo.

Acostumbrado a las conferencias de prensa en el mundo político, esperaba que alguien empezara a dar la palabra.

No tenía planeado preguntar, sabía poco de los antecedentes del delincuente.

Los demás compañeros eran de la fuente de policía y con dominio de lo que había que hacer en estos casos.

Empezaron a soltar preguntas.

Se veía tranquilo el detenido, sin perturbarse ante el interrogatorio, con respuestas propias de quien se dedica al campo, no a sembrar droga sino alimentos básicos, granos.

La novia con los labios apretados, sin proferir palabra.

Había que hablar fuerte para que se escuchara la pregunta.

-¿A qué te dedicas?

-Soy agricultor – contestó con un tono de frialdad y seguridad.

La mirada de El Chapo” sin fijarla en nadie.

Cinco preguntas directas con respuestas cortas y se acabó la conferencia de prensa.

La nota, como se dice en el medio periodístico, era la detención de Joaquín Guzmán.

Camino hacia el canal del Ajusco, pensé que de ese sitio, después de ver las medidas de seguridad, ni una mosca es posible que se escape.

“El Chapo” fue trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco, con medidas de seguridad similares al de Almoloya o Altiplano, el 22 de noviembre de 1995.

El 19 de enero de 2001, en el gobierno del panista Vicente Fox,  “se escapó” de Puente Grande, supuestamente en un carro de ropa sucia, al que se subió en la zona de lavandería, después de pasar lista. Una historia fantasiosa y de película.

Hoy está de nuevo en Almoloya y fue reaprehendido en un gobierno encabezado por un priísta.

El texto del ministro José Ramón Cossío Díaz estaba escrito de los dos lados de las hojas que llevó para participar en la presentación del libro “Reformar sin Mayorías” de  María Amparo Casar e Ignacio Marván.

Las hojas no descansaban sobre la mesa, las levantaba con sus dos manos para leerlas.

Flanqueado por testigos de lujo como la propia María Amparo y el doctor Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ambos lo observaban de cerca, constataban que el ministro escribió de los dos lados de cada una de las hojas.

En un momento Cossío pareció perder la línea, buscó en las dos caras de la hoja y pronto encontró donde se había quedado, siguió su intervención.

La última hoja sólo la leyó de un lado, porque ahí terminaba su reflexión sobre el libro de los académicos, sin embargo, se veía que esa hoja ya había sido utilizada en la parte de atrás y para no confundirse estaba marcada con una raya roja.

Por supuesto, hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tema del libro de Amparo e Ignacio, tiene la mayor relevancia, pero también de una acción que revela cultura ecológica y austeridad de un jurista como el ministro Cossío Díaz.

Sin desperdiciar papel.

Hay que recordar que el 85 % de los papeles que utilizamos proviene de bosques que no se vuelven a regenerar, que mueren y desaparecen.

Además, según estadísticas de organismos defensores de la naturaleza, en los últimos cincuenta años se ha perdido en el mundo una superficie de bosques equivalente a China y la India juntas.

Un árbol produce poco más de 300 hojas blancas de papel, por lo que no faltara quien considere que es una acción menor la del ministro, pero si cada uno de nosotros la hiciera, los bosques estarían más que agradecidos. Son los que ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad.

Bien por la cultura ecológica del ministro Cossío que, en este caso, también representa ahorro de pesos públicos.

En los más de 20 años que he ejercido el periodismo, nunca imaginé enfrentar una situación como en la que me ocupo para acreditar mi inocencia en las instancias legales. Más de 40 pruebas he ofrecido, entre ellas diversos testimonios, peritajes y la declaración de mujeres y hombres, una docena de testigos, a fin de que flote la verdad y evitar se cometa una injusticia.

Hago público mi reconocimiento y la confianza que tengo en el poder judicial, en su imparcialidad para desahogar el proceso y hacer valer mi derecho de presunción de inocencia.

Este episodio que para mi ha sido una pesadilla sólo lo puedo entender como consecuencia de una inercia de administraciones anteriores que no cuidaron la pulcritud en el ejercicio de la impartición de justicia y que lamentablemente me llevaron a permanecer cinco días en diciembre pasado en un penal de máxima seguridad, a ser víctima de tortura como se puede observar en las fotografías que acompañan este escrito y sufrir incomunicación.

Fui torturado, brutalmente agredido por personal de seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”. El Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales  Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, certificó la existencia de golpes y de inmediato dio vista al Ministerio Público para que se investigara el caso.

Cada vez que me golpeaban los agresores, recordaban y me reprochaban que hubiera trabajado en derechos humanos, en la CNDH, en donde mi familia presentó una queja.

Además, hay constancia de que fui puesto a disposición de un juez un día después de ser detenido.

La injusticia que se está cometiendo en mi contra también ha llegado al extremo de pretender cancelar mi derecho al trabajo y proveer a mi familia del sustento que nos permita alcanzar la realización humana.

Se que la voz de la autoridad es la que cuenta en estos procesos judiciales, por lo que lamento que haya quienes se hagan eco de opiniones mediáticas que no corresponden a las instancias legales, que atentan contra la presunción de inocencia e incurren en la difamación.

Está a la vista que el país ha entrado a una etapa de renovación y es lo que me hace, respetuosamente, llamar la atención del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; del ministro Jesús Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; del senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; del diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; del licenciado Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, de los medios de comunicación y organismos defensores de los derechos humanos, con la certeza de que la  mentira y la invención de presuntos delitos son inadmisibles en un Estado que pregona y busca la justicia en todos los sentidos.

La defensa, con pruebas, la seguiré haciendo, como lo he dicho, en las instancias correspondientes en las que tengo plena confianza.

Mi reconocimiento a los amigos que creen en mi porque saben de mi vida y trayectoria profesional, apegadas a Derecho.

A mi esposa y a mis hijos les digo que los amo.

Respetuosamente,

Arturo Zárate Vite

Periodista

Hasta ahora son 52 mujeres las que han recibido reconocimiento por su desempeño profesional dentro y fuera de nuestro país.

Año con año se ha venido eligiendo a quien se ha distinguido por su actividad en los ámbitos de la cultura, la ciencia, el arte y la política.

Rosario Castellanos, Dolores del Río, María Elena Medina Mora, Fela Fábregas, Julieta Fierro Gossman, Ana María Cetto, Marinela Servitje, Olga Sánchez Cordero y Yoloxóchitl Bustamante, entre otras, han sido premiadas por el Patronato Nacional de la Mujer del Año.

Ahora correspondió a la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, la primera mujer en ocupar la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría del London School of Economics.

Fundadora del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral de América.

Su carrera como servidora pública se ha significado en las instituciones electorales y en el poder judicial.

Disciplinada, estudiosa, persistente y plural. La estridencia no es lo suyo. Se concreta a la aplicación de la ley.

El ascenso profesional  la puede llevar en los próximos años a convertirse en integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo pronto, ya tiene otro premio que recibió en un acto que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto.

El  doctor Emilio Rabasa Gamboa era el protagonista de la película académica. Se había convocado a ministros y magistrados para que fueran testigos de la develación de una placa con su nombre.

Se le concedió el uso de la palabra. Agradeció las muestras de afecto y el reconocimiento que le hacía el Tecnológico de Monterrey campus ciudad de México.

A su lado estaba el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien está a punto de terminar su periodo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el último día del mes de noviembre.

Sus palabras dieron un giro de 360 grados. Elogió la trayectoria del ministro y consiguió que los asistentes aplaudieran de pie. El jurista conmovido por el momento inesperado, complacido. Su semblante duro se transformó. Lo iluminó una sonrisa. Estaba contento.

Rabasa compartió el pastel de los reflectores y recordó que fue el propio Ortiz Mayagoitia quien hace seis años inauguró la Sala de Prácticas Judiciales, que el primero fundó para la enseñanza de los juicios orales y en beneficio de los estudiantes de Derecho.

Se develó una placa con el nombre de Emilio Rabasa Gamboa, porque tuvo el tino de crear esa sala, la primera en una institución de educación superior en nuestro país.

Testificaron el acto los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos. La magistrada María del Carmen Alanis, así como los académicos Mario Álvarez Ledesma y Arnoldo Ruiz García.

Los juicios orales en materia penal son diferentes al sistema norteamericano porque en México el juez determina la inocencia o culpabilidad del procesado, no un jurado de ciudadanos, explicó Rabasa.

Ahí mismo el homenajeado presentó su libro La reforma penal de los juicios orales.

Lo que quiere Rabasa es que cada vez haya un mayor conocimiento de estos juicios, que por mandato constitucional tendrán que aplicarse en todo el país, tarde o temprano. Lo que falta es la legislación secundaria. Hasta ahora los únicos que ya terminaron de adaptar sus leyes son Estado de México, Morelos y Chihuahua.