Duda, periodista y Corte

Justicia
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El documental dirigido por Roberto Hernández, abogado y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), producido por Layda Negrete y transmitido por Netflix “Duda Razonable” no es la única historia de este tipo que exhibe debilidades del sistema penal.
Para donde quiera que mire, Roberto podría encontrar guiones para muchos otros documentales o dudas razonables; persisten abusos y atropellos que lastiman a la sociedad y al mismo poder judicial. Todavía hay instancias donde imperan intereses opacos.
Limpiar el sistema judicial no es una tarea de una persona, así que no se podría responsabilizar al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de todos los males.
Ni siquiera con una varita mágica hubiera conseguido sanarlo el ministro Zaldívar que en este mes termina su periodo. Hay podredumbre que está enraizada en la columna del antiguo método procesal.
Enhorabuena por Roberto y Layda que con su trabajo (también hicieron Presunto Culpable) sacuden el sistema a tal punto que los casos que exponen, alcanzan la justicia.
“Tenemos un sistema penal que sirve más bien para poco y que genera más problemas de los que resuelve”, escribió el jurista Miguel Carbonell en su artículo del pasado 13 de diciembre en El Universal.
Hay un caso de injusticia que tiene violaciones graves a los derechos humanos para ser valorado por realizadores de documentales, que puede ser útil en su esfuerzo por contribuir a vencer vicios y debilidades del sistema.
1.- Los hechos ocurrieron entre el sexenio que terminaba de Felipe Calderón y el de Enrique Peña que iniciaba.
2.-Periodista y defensor de los derechos humanos fue detenido por la mañana por agentes ministeriales por delito no grave y le informaron que lo llevarían al reclusorio norte de la Ciudad de México.
3.-Una vez que llegaron al lugar, los agentes le dijeron que siempre no lo internarían en dicho reclusorio, que tenían que ir a sus oficinas de Azcapotzalco para recibir instrucciones.
4.-La orden fue dirigirse al penal de máxima seguridad El Altiplano (Almoloya), a pesar de que el supuesto delito no era grave.
5.-Fue torturado.
6.-Se incumplió el plazo constitucional de las 72 horas para resolver su situación jurídica, como consta en la Recomendación 27/2013 de la CNDH.
7.-Previo pago de fianza, recuperó su libertad al quinto día. Decidió que primero demostraría su inocencia.
8.-Obtuvo dos resoluciones de inocencia.
9.-Fuera del tiempo procesal, fue aceptado recurso de apelación que dio vuelco al caso, con sentencia en su contra.
10.-Su amparo 95/2022 interpuesto en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la CDMX fue rechazado. Resuelto en tres semanas, (récord) sin entrar al fondo al tema de la tortura (hay orden de autoridad para que sea indemnizado) ni al error jurídico (que no prescribe), incluidos en el amparo. La reunión colegiada se realizó con la participación de dos secretarios de acuerdo con funciones de magistrados y duró apenas tres minutos.
Son 10 puntos (se podrían agregar muchos más) de un caso que ha llevado a la defensa a tomar la decisión de interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Caso con indicios evidentes de que se trata de otra historia de Duda Razonable.
Aviso a tiempo para evitar otra agresión a periodista.

Arturo Zárate Vite

 

 

Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Titulado con mención honorífica.

Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal.

Más de cuatro décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político.

Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio.

Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.