La reforma electoral que planea llevar a cabo la Cuarta Transformación a finales del año en curso no pretendería acabar con las minorías en el poder legislativo. Van a seguir existiendo. Es lo que se puede desprender de lo dicho por la Doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Si bien se eliminarían las listas de representación proporcional, porque han perdido su esencia o su objetivo original, prevalecería el sistema de “primera minoría” que ya se utiliza para el Senado. Cuando se crearon los legisladores de partido en 1963, no electos de manera directa sino resultado del reparto proporcional de acuerdo con la votación obtenida en las elecciones, el propósito fue garantizar la opinión o expresión de la oposición en el Congreso. Hubo consenso con la apertura, con garantizar la pluralidad legislativa. En la sociedad mexicana y en cualquier sociedad del mundo, todos y todas no piensan igual, entonces habría que reconocer el derecho de quienes tienen un punto de vista distinto. Diferencia de opinión que corresponde a una parte de la población y que merece ser escuchada. El concepto de representación proporcional en el poder legislativo se aprovechó por todos los partidos, no únicamente para preservar a las minorías, también para garantizar la llegada al Congreso de gente valiosa, estudiosos, especialistas en distintos temas, que son necesarios, de la mayor importancia a la hora de elaborar leyes. Fue el camino para el arribo de personajes como Heberto Castillo, Eduardo Valle, Antonio Martínez Báez, Juan de Dios Castro Lozano, Gabriel Jiménez Remus, José Luis Lamadrid Sauza, Rosario Ibarra, Valentín Campa y muchos otros, con presencia e inteligencia reconocidas. Después empezó a distorsionarse el procedimiento, porque sería acaparado por líderes partidistas y sus cuates. Lo acabamos de ver en la reciente elección, los dirigentes del PRI y PAN se anotaron en el primer lugar de sus respectivas listas para asegurar su lugar en el Senado. Antes de que la Doctora Sheinbaum hiciera la precisión sobre la participación minoritaria, hubo voces dentro de la estructura oficial que se frotaban las manos anticipando la aniquilación opositora, basados en la versión que corrió en la administración anterior de que se acabaría con los plurinominales. En contraste, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, argumentó la importancia de escuchar a las minorías y no excluirlas por decreto. La presidenta, en conferencia mañanera del nuevo año, puso a cada quien en su lugar. Dejó en claro el alcance de lo que sería la propuesta de reforma electoral. En lugar de la representación proporcional quedaría lo que es llamado “primera minoría”. Es decir que los candidatos a diputados y senadores que logren el segundo lugar en la competencia electoral, también tendrían un escaño o curul en el poder legislativo, como oposición. Ya se hace en cierta medida en la composición del Senado, 32 de sus integrantes son de primera minoría. Habrá que esperar a conocer la propuesta completa en materia electoral, porque además de la primera minoría, podría crearse otra figura para ampliar la pluralidad legislativa. El tema de la integración de las cámaras será solo uno de los muchos puntos que le darán un giro a la competencia política. Por lo pronto, queda aclarado que el proyecto no se encaminaría a desaparecer a la oposición en el poder legislativo.
Antes de concluir 2024, en diciembre, en conferencia mañanera, un periodista tocó el tema del Servicio Militar Nacional (SMN), que en muchos países ha dejado de ser obligatorio. Por la forma planteada en Palacio Nacional lo hizo con el interés de que sea mejorado para reforzar valores patrios, respeto a símbolos nacionales, la solidaridad y el sentido social para ayudar a quienes sufren alguna emergencia o desastre natural. No es actividad y menos obligada que entusiasme a jóvenes al cumplir 18 años de edad. Ha dejado de importarles, aun a sabiendas de que todavía en algunas instituciones públicas y privadas la llamada Cartilla (documento que prueba haber realizado el SMN) es requisito para ingresar a trabajar. Durante décadas fue requerida por la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar pasaporte. En 2003 Vicente Fox amplió la convocatoria para inscribirse en dicho servicio, estableció que fuera voluntario para mujeres. En el caso de los varones desde su creación ha sido obligatorio. Tiene su origen en los cuarentas del siglo pasado, cuando México intervino en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora no hay cifras oficiales de cuántas mujeres participan en el Servicio Militar Nacional. Lo más probable es que sean muy pocas o ninguna, porque si para los hombres ha dejado de ser atractivo, a las mujeres pareciera que tampoco les llama la atención. Al principio, según quienes participaron, les enseñaban en la parte final del curso a desarmar y utilizar el fusil o máuser, arma que en estos tiempos ya no se emplea en las guerras. Es obsoleto ante el desarrollo que ha tenido la industria militar en el mundo. Después, solo era “marchar” cada sábado o domingo durante un año, caminar o correr de un lado a otro con gallardía y uniformidad. Seguir puntualmente las indicaciones de instructores militares. En 1994 y hasta 2005 se determinó que los jóvenes participarían en programas sociales y educativos, en campañas de alfabetización. Por lo visto no tuvo el éxito esperado. Volvió el entrenamiento básico. Si bien el Servicio Militar Nacional es obligatorio, hay una ley en la materia, no existe ninguna sanción para quien no lo haga. De acuerdo con la normatividad, el adiestramiento es coordinado por las fuerzas armadas. En la mayoría de los países se ha suprimido el servicio militar obligatorio. España lo hizo en 2001, al ver que perdía utilidad ante la profesionalización de sus tropas y porque no faltó el incidente, por mal uso de una de las armas, que le quitó la vida a uno de los conscriptos. Para Alemania dejó de ser obligatorio en 2011. También en el mismo año en el caso de Francia. Antes, en 2004 en Italia. En América es obligatorio en Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba y Paraguay. En Estados Unidos aplica la obligatoriedad en situaciones de emergencia o guerra. En Rusia es obligatorio. Israel y Corea del Norte lo han mantenido obligatorio para hombres y mujeres. En China prácticamente es voluntario. México es un país pacifista, constitucionalmente no es intervencionista sino partidario de la autodeterminación de los pueblos. Muy lejos quedó el escenario de 1940 que lo llevó a implantar como obligatorio el servicio militar para jóvenes. La presidenta Claudia Sheinbaum, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, en la conferencia mañanera, simplemente respondió: “No es necesario”.
Por el incremento al salario mínimo del 12 por ciento a partir de este 2025, empleados del INE que trabajan en 45 municipios o ciudades fronterizas del norte en Módulos de Atención Ciudadana (MAC), que se dedican a la tramitación de credenciales de elector, se han quedado con un ingreso menor al mínimo. La administración del Instituto Nacional Electoral deberá hacer el ajuste de inmediato para que en la primera quincena del mes en curso los trabajadores reciban al menos el salario mínimo. De acuerdo con el aumento al salario que entró en vigor el 1 de enero, el ingreso mensual del personal de los Módulos de Atención Ciudadana, que son los que tienen la más baja percepción en el INE, no puede ser menor a los 12 mil 724 pesos. Según el tabulador del instituto, actualizado hasta el 30 de diciembre del año pasado, el ingreso mensual bruto que han venido recibiendo es de 11 mil 859 pesos y neto de 9 mil 930 pesos. Los Módulos de Atención Ciudadana funcionan en todo el país con 4 mil 770 empleados para los que anualmente se dispuso en 2024 un presupuesto de 873 millones de pesos. En el organigrama del INE están identificados como trabajadores de los MAC: “operador/a de equipo tecnológico A” , “Auxiliar de Atención Ciudadana”, Digitalizador de Medios de Identificación y Responsable de Módulo. Salvo el responsable de módulo, los otros tres tienen el sueldo más bajo, un ingreso mensual, al menos hasta diciembre de 2024, de 11 mil 859 pesos (bruto) y 9 mil 930 pesos (neto). El desajuste por el aumento al salario mínimo que acaba de entrar en vigor se da solo en las ciudades fronterizas del norte, porque es diferente y superior al monto o tope establecido para el resto del país. En salario mínimo en las ciudades fronterizas es más alto, por eso la urgencia de que el INE haga el ajuste correspondiente. No es el caso de los que trabajan en los módulos de atención ciudadana en el resto del país, porque su ingreso mensual está por arriba del mínimo general, a pesar del reciente aumento. En este caso, con el reciente incremento, el salario mínimo general es de 8 mil 475 pesos mensuales.
Quienes han asumido una posición radical contra el proceso de elección de juzgadores, le van a encontrar defectos hasta el último momento. Van a intentar desacreditarlo. Lo vemos en la etapa de preparación, seguirán cuando llegue el momento de la votación y van a continuar una vez que hayan tomado posesión los nuevos juzgadores. Incluso, estarán atentos al funcionamiento de juzgados, colegiados y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la apuesta de que haya irregularidades y exhibirlas, para quizás poder decir: “teníamos razón, se perdió la independencia del poder judicial”. Independencia, que siendo honestos los juzgadores, deberían admitir que nunca ha sido su principal distintivo. Por el momento, los críticos de la reforma están ocupados con el Instituto Nacional Electoral (INE). Celebran que en el Consejo General haya voces diversas sobre los centros de votación que se van a instalar, el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados que consideran insuficiente y la boletas que dan por hecho van a complicarle el voto a los electores. Ninguno de los que están inconformes o impugnan la reforma judicial buscan ayudar al éxito de la elección de juzgadores. Para nada entusiasman a la gente para que acuda a votar. Por el contrario, pregonan los peores augurios y tramitan acciones jurídicas descabelladas. Advierten a los potenciales votantes que los centros de votación estarán aislados, no a la vuelta de la esquina ni a una o dos cuadras, debido a la reducción del número de casillas. También descalifican el formato de las boletas, anticipan que el votante no va a identificar a los candidatos y se va a confundir por el número de nombres, muchos más de los aspirantes que se inscriben para competir por una diputación, alcaldía, senaduría o presidencia, En cuanto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para llevar a cabo la elección de juzgadores, están convencidos de que es insuficiente y por lo tanto el proceso sufriría limitaciones. Dentro del mismo Consejo General del INE hay voces pesimistas que ven en peligro la democracia por las restricciones presupuestales. Para ellos y ellas en esas condiciones no hay garantía de éxito. Habría que ver que tan auténtica es su preocupación o si responden a intereses que le apuestan al fracaso de todo lo que se haga en el actual sexenio, porque están comprometidos con grupos de oposición. Siempre ha sido uno de los defectos del organismo electoral, que algunos de sus integrantes tengan otras prioridades políticas, diferentes a las del INE (antes IFE). Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del instituto, ha dicho que se ajustarían al presupuesto aprobado para sacar adelante la elección de juzgadores, sin descartar la solicitud de apoyo extraordinario. Por lo pronto, para la segunda quincena de enero tendría la oportunidad de exponerle a la presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum, el plan de organización de la elección y los requerimientos presupuestales. La propia Doctora anunció el próximo encuentro para dialogar sobre el presupuesto y conocer de primera mano las inquietudes de consejeros y consejeras. Si se demuestra que hace falta el apoyo extra al INE, se dará. Tiene prioridad la renovación del poder judicial y por lo mismo se hará lo que sea necesario para asegurar su éxito. La democracia cuesta y hay que pagarla, nada más que en tiempos de austeridad, el recurso también debe cuidarse.