Por muchos motivos y desde hace muchos años, no hay confianza en autoridades que se dedican a investigar presuntos delitos e “impartir” justicia.
Los de arriba, los que disponen de recursos o son poderosos, cuando advierten que está en riesgo su libertad, toman medidas de inmediato, generalmente deciden irse del país, porque si existe consigna de que deben de ser confinados, con o sin razón, difícilmente encontrarán en México abogado que los proteja.
En cambio, los de abajo, los pobres, son mayoría en las prisiones, ellos no pueden pagar un defensor y los defensores de oficio gratuitos no se dan abasto para ayudarlos.
Los de abajo mucho menos podrían considerar abandonar el territorio nacional para poner a salvo sus derechos, no tienen dinero.
Apenas hace unos días le preguntaban al senador panista Ricardo Anaya porqué decidió autoexiliarse con toda su familia en el sexenio anterior. Su respuesta fue: “no soy ingenuo”. En otras palabras, temía y sabía que existía la intención de aprehenderlo, por el supuesto cobro de comisiones como legislador.
Prefirió irse a vivir a los Estados Unidos y no correr el riesgo de ser detenido.
Regresó una vez que cambiaron las condiciones políticas y quedaron superadas las intenciones de confinarlo.
Ricardo no es el único que ha preferido irse del país. También hizo lo mismo Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Con la ventaja de que es mexicano y tiene la nacionalidad norteamericana.
Otras y otros han actuado igual.
Quienes han jugado al valiente y creído que la imparcialidad caracteriza las resoluciones judiciales, pagan o pagaron consecuencias.
Rosario Robles, quien fue jefa de gobierno en la Ciudad de México y secretaria de Desarrollo Social, alardeó que no tenía miedo y regresó de sus vacaciones en Europa para acudir ante la instancia que reclamaba su presencia, aclarar imputaciones e irse a su casa. No fue así. El juez ordenó su encarcelamiento preventivo. Recuperó su libertad años después, aunque pareciera que sus conflictos legales todavía no han terminado.
Tomás Zerón, quien ha sido acusado de estar involucrado en el caso Ayotzinapa, de presunta tortura y otros delitos, se fue a Israel, país con el que no existe tratado de extradición y que hasta la fecha ha desatendido peticiones de autoridades mexicanas que buscan juzgarlo.
Algunos que también temen les cobren cuentas pendientes y que no lograron ningún tipo de fuero en las pasadas elecciones, sin hacer ruido, han optado por el ostracismo, en vez de exponerse ante un poder judicial donde hay juzgadores que actúan en connivencia con potentados.
Para el ciudadano común la situación es diferente, en particular para quienes tienen un estatus medio o bajo. Los que viven en la medianía venden hasta su alma para pagar a sus defensores y evitar el encarcelamiento en tanto no se les acabe el dinero o su patrimonio.
Lo peor es para los pobres. No importa que sean inocentes. Si caen en manos de los llamados juzgadores por consigna o de los que ponen en venta sus resoluciones, están condenados al encierro. Los pobres tienen sin cuidado a los juzgadores, solo representan un número para la estadística.
Ese es el contraste entre ricos y pobres en materia de justicia.
Para los primeros queda la opción de echar mano de sus recursos para conservar la libertad. Para los segundos la opción en la cárcel.
La nueva reforma judicial, que deberá de ir más allá de la elección de juzgadores, tendrá que garantizar que la impartición de justicia sea pareja para los justiciables.
No hay duda que la población con más carencias es la que clama justicia y es la que le dio el voto al partido en el poder y a sus aliados para que hagan la parte que les corresponde.
Más vale que así sea, porque si se pasa por alto el sentido social que requiere la reforma judicial y vuelve a desdeñarse a los pobres, estos pobres, en las elecciones intermedias, con su voto, podrían rehacer la representación de fuerzas en las cámaras legislativas, donde es indispensable la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales.

La verdad, hasta antes de enfrentar la infamia que no tiene nombre y está a punto de llevarme al confinamiento, tenía un concepto inmaculado del poder judicial en nuestro país.
Estaba convencido de que cumplía con la impartición de justicia, al menos que era la generalidad.
Tenía buena opinión de los juzgadores, que actuaban con honestidad y apego a la ley, con absoluta imparcialidad.
Escuchaba hablar de “jueces de consigna” y creía era una exageración, que no correspondía a la realidad.
Los hechos, el viacrucis que he sufrido más de 12 años, demostraron que estaba totalmente equivocado.
Terminé por darles la razón a quienes se la pasan diciendo que el poder judicial está podrido.
Supuse que, con la verdad de mi lado, la razón jurídica, con dos resoluciones de inocencia, un acuerdo del propio poder judicial que decía que los fallos a mi favor eran irrevocables y que el caso había causado ejecutoria o que ya era cosa juzgada, todo había terminado.
Incluso, a pesar de que revirtieron el proceso en mi contra, confiaba en que tarde o temprano encontraría la autoridad que reconocería la inocencia, porque cualquiera que revise con imparcialidad el expediente irremediablemente llegara a la conclusión de que no soy responsable de nada.
Nunca sucedió, ya había consigna de que tenía que ser condenado, aunque fuera inocente.
Ingenuamente consideré que bastaba con las pruebas a mi favor para lograr el reconocimiento del poder judicial.
Topé con juzgadores que procedieron como cómplices de personajes de la política, ligados a Felipe Calderón. Cobraron venganza, porque me atreví a escribir en 2007, cuando ya estaba en la silla presidencial, que el año anterior no había ganado la elección de manera limpia.
Estiraron la ley en mi contra.
El poder judicial está acostumbrado a salirse con la suya y en mi caso no tuvo ningún problema para lograrlo.
Todavía como última opción pensé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería distinta.
No. También está echada a perder. En estos tiempos está convertida en juez y parte y no le importa. Abiertamente hay ocho ministros que se han pronunciado en contra de la reforma judicial y al mismo tiempo analizan lo que procede en términos de ley con el fin de frenarla.
El descaro total.
El poder judicial se cree perfecto, más poderoso que cualquiera. Hace lo que quiere con la aplicación de la Constitución y las leyes; las estiran a su antojo.
Se siente más poderoso que los otros poderes, por encima de los poderes ejecutivo y legislativo.
Eso explica la multiplicidad de suspensiones o amparos para tratar de echar abajo la reforma judicial, que tanta falta hace, para limpiar a dicho poder de malos y corruptos servidores.
No le ha importado llegar al extremo de amenazar a la misma presidenta de la República, que apenas en junio pasado obtuvo el voto de casi 36 millones de mexicanos y mexicanas, con aplicarle sanciones en caso de que no de marcha atrás a la reforma.
Ha perdido el piso. Su actitud confirma que tiene ganada su renovación, la depuración inmediata.
El poder judicial está acostumbrado a ganar y en ese sentido seguramente se pronunciaría en los próximos días, sin reparar que puede significar la gota que derrame el vaso.
Hasta ahora lo que han hecho los poderes ejecutivo y legislativo ha sido no acatar las aberraciones del poder judicial.
Si la Corte se atreve a declarar inconstitucional la reforma judicial que ya es constitucional porque fue aprobada por las cámaras legislativas federales, por la mayoría de los congresos locales y promulgada por el ejecutivo, estará provocando la extinción del actual poder judicial.

Intocables era un término que se quedaba corto, hay juzgadores que se sentían puros y hasta dioses.
¿Cuándo dejaron de serlo? ¿Cuándo dejaron de levitar? ¿Cuándo perdieron su aureola? ¿Cuándo pisaron tierra y empezaron a preocuparse del mundo real que los rodea?
Ni los propios medios de comunicación se atrevían a tocarlos con el pétalo de una rosa, no se fueran a molestar y desatar su furia. Solo hay que revisar la hemeroteca para comprobarlo, salvo que alguno perdiera la bendición presidencial o cayera en un escándalo inocultable. Se le daba la opción del retiro, sin llegar al confinamiento, aunque lo mereciera.
Con la Cuarta transformación no fue la primera vez que el gobierno había intentado obligarlos a tener un ingreso menor al presidencial.
Sucedió en la segunda etapa del panismo en el poder. El senado fue punta de lanza, cuando la bancada priísta, sin ser mayoría, coordinada por Manlio Fabio Beltrones, trabajó la idea generada desde la residencia oficial de Los Pinos, seguido por el grupo de legisladores panistas.
Se avanzó a tal punto que los dioses se vieron obligados a bajar del olimpo, los ministros fueron a la misma sede del senado, a plantear en privado, a los coordinadores parlamentarios, sobre todo a Manlio, que era imposible reducirles el ingreso.
Ni una sola palabra salió de la reunión, cero filtraciones. Así como llegaron, se retiraron los togados, sin hacer ninguna declaración.
Ganaron la batalla, dejaron de incomodarlos con el tema.
En 2018 se reavivó. Los juzgadores empezaron a prepararse para la batalla. Trascendió el acuerdo de pagar un despacho internacional, por si llegara a ser necesario ir a instancias fuera del país a defender su posición y para que no los acusaran de ser juez y parte, en caso de que el asunto se ventilara en primer lugar en tribunales nacionales.
A sus cuestionados ingresos se empujó desde el gobierno en turno que era necesario reformar al poder judicial.
Lo que hizo Arturo Zaldívar resultó insuficiente para limpiarlo.
En el Senado se desperdició el consenso alcanzado para separar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal. Para que estos dos órganos no fueran presididos por la misma persona, porque implicaba ser juez y parte, entre el órgano encargado de impartir justicia y el responsable de vigilar el desempeño de los juzgadores.
Sin embargo, creció en la sociedad y en el gobierno el ánimo de realizar una reforma judicial de mayor calado, al ver que vicios, nepotismo, privilegios e injusticias persistían.
Para conseguirlo el grupo en el poder tenía que ganar por amplió margen las elecciones de 2024.
La oposición descartaba ese escenario, incluso creía que podía regresar al poder, al menos es lo que cacareaba mediáticamente.
En el peor escenario, consideraba que perdería la presidencia y mantendría el equilibrio de fuerzas en el poder legislativo.
También era el escenario que vislumbraban en el poder judicial para conservar el suntuoso estatus.
El 2 de junio, el día de las elecciones, dejaron de ser dioses, pisaron tierra al enterarse en voz de Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE, que Morena y sus aliados, no solo habían ganado la presidencia sino también por abrumadora mayoría las cámaras. Dio cifras que anticipaban que el grupo en el poder alcanzaría la mayoría calificada para reformar la Constitución.