Senado, formas y respeto

Justicia
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Después de amarga experiencia legislativa de más de dos años que vivieron aspirantes a magistrados porque les hicieron creer que serían justicieros contra la corrupción, el Senado, con mayoría de Morena, reactivó su facultad para ratificar juzgadores administrativos.
Aprobó dos magistradas y siete magistrados para salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por amplio consenso, con 81 votos a favor, solo tres en contra y 23 abstenciones.
A diferencia de lo que sucedió de abril 2017 a julio de 2019, no se dividió la votación ni se llegó al extremo de posponerla. Prevaleció el acuerdo sobre los perfiles de los aspirantes.
En abril de 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto mandó al Senado una lista de 18 juristas. La intención era que fueran ratificados como magistrados anticorrupción.
La mayoría priísta que coordinaba en ese año Emilio Gamboa, jamás pudo culminar el proceso. En comisiones revisaron perfiles y evaluaron conocimientos. No hubo más avance. Lo aspirantes iban y venían en busca de los votos de los senadores.
Desperdicio de tiempo y falta de respeto. 13 optaron por declinar y los otros cinco agotaron recursos legales para tratar de obligar al Senado a que llevara a cabo la elección.
El último intento de los cinco fue que, por mandato de juez, la Comisión Permanente del Congreso los ratificara. Así murió la acción emprendida por el gobierno anterior de crear magistrados anticorrupción, quizás para cubrirse las espaldas.
Hubo algunos intentos por reabrir un espacio distinto. El senador Ricardo Monreal habló de sala especializada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el ministro Arturo Zaldívar, presidente del Alto Tribunal, pronto desestimó la idea. Tampoco prosperó similar propuesta en el TFJA.
En síntesis, Ejecutivo y Legislativo en el sexenio anterior, jugaron con la aspiración 18 abogados, episodio que, por respeto a participantes y normas, no debe repetirse.
Ahora, la situación fue diferente, se cumplió con la ley, aunque con algunos ajustes al protocolo, por la pandemia. Las dos magistradas y siete magistrados rindieron protesta, en un pequeño salón, no en el salón plenario, ante el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva.
Ricardo Monreal supo planchar el procedimiento, ponerse de acuerdo con los distintos grupos parlamentarios. Panistas, que seguramente no consiguieron la promoción y ratificación de sus propuestas, optaron por la abstención. No cuestionaron perfiles ni votaron en contra como grupo. La votación a favor fue significativa.
Hubo respeto para los aspirantes y se cumplió con el procedimiento legislativo. Quedó reactivado el mecanismo para este tipo de ratificaciones que corresponden al Senado.
Nuevos valores del sistema judicial administrativo, del TFJA, no hay personajes famosos, solo juristas con experiencia y perfiles idóneos.
Las magistradas son Diana Armida Muñoz y Hortensia García Salgado. Los magistrados: Javier Armando Abreu Cruz, Gerardo Alfonso Chávez Chaparro, Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, Alejandro Eucides Navarro Muñoz, Carlos Humberto Rosas Franco, Héctor Samuel Torres Ulloa y Carlos Augusto Vidal Ramírez.

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.