¿Cuándo la reforma judicial?

Justicia
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Muchas veces, con razón o sin ella, se acusa a Morena de no abrir a la pluralidad los foros que organiza en la Cámara de Diputados o de no tomar en cuenta la opinión de los participantes.
Hasta ahora lleva cuatro conversatorios en materia judicial, con el concurso de juzgadores, abogados y académicos, que con toda libertad han dicho lo que piensan sobre la propuesta para que ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por el voto popular.
Voces a favor y en contra, ambas con la debida argumentación. El consenso es que el procedimiento de elección no puede ni debe seguir igual. Hace falta ajustarlo, perfeccionarlo.
Mejorar la impartición de justicia. Hacer lo que sea necesario para lograrlo, garantizar honestidad e imparcialidad.
La tarea no es sencilla ni se hará de la noche a la mañana. No están dadas las condiciones y existen fuerzas encontradas sobre la integración de la Corte. El cómo es la diferencia entre legisladores, juzgadores y estudiosos.
Además, está en puerta la competencia por la presidencia de la República y en eso se van a enfocar partidos, políticos y políticas, en las próximas semanas y meses, hasta llegar a junio de 2024.
De cualquier manera, el tema no irá a la congeladora, existe el anuncio de que el poder Ejecutivo presentaría propuesta para analizar, discutir y votarla en la próxima legislatura.
Su progreso dependerá del resultado de las próximas elecciones. No será suficiente, como se vislumbra, con que Morena vuelva a ganar la presidencia. Requiere tener el control parlamentario, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Es lo que se denomina Plan C, conseguir el próximo año más de 30 millones de votos, que se ve complicado, no imposible.
Necesita un candidato o candidata presidencial popular como lo fue Andrés Manuel López Obrador en 2018, cuando arrasó a sus adversarios. Su popularidad hizo que la gente votara por la camiseta guinda, hasta por candidatos a diputados y senadores, desconocidos para electores de estados y distritos.
La situación ahora es diferente. Como no hay otro fenómeno como López Obrador en la competencia política que atraiga masas, para que tenga éxito el Plan C, quienes buscan repetir como legisladores u ocupar por primera vez una curul o un escaño, deberán ganar por su cuenta el apoyo de votantes. Demostrar que de verdad son la mejor alternativa.
Por lo que sucede en el sistema de justicia, sería injusto solo ver como culpable al poder judicial, porque no se inventó solo, hubo un poder legislativo que le dio esa estructura, las reglas para operar y el dinero para pagar sueldos a juzgadores.
Los altos ingresos fueron establecidos y aprobados por diputados y senadores de gobiernos priístas, aceptados por panistas, con el argumento de que, al remunerar de esa manera a jueces, magistrados y ministros, estarían a salvo su independencia e imparcialidad.
Tampoco está todo echado a perder, hay juristas respetables, que dignifican a la institución judicial.
Lo ideal, porque el clamor del pueblo no debe seguir esperando, sería rescatar lo bueno y deshacerse de lo que ya no funciona, lo más pronto posible, sin esperar a resultados electorales.

Arturo Zárate Vite

 

 

Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Titulado con mención honorífica.

Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal.

Más de cuatro décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político.

Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio.

Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.