La limpia en el Poder Judicial no es tarea sencilla y por supuesto que no la tiene fácil el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo Larrea. Seguro que sabe que hay más resistencias adentro que afuera; va contra corriente, contra vicios que han dañado la imagen de la institución.
Es más compleja la limpieza en casa que cerrar filas ante cualquier intento de fuera por quitarles derechos ganados, como el ingreso y las prestaciones sociales que reciben.
La idea de bajarles el sueldo no es nueva; pretendieron hacerlo los gobiernos del PRI y PAN. Querían colocar sus percepciones por debajo de lo que gana el titular del Ejecutivo. Hubo acaloradas discusiones cuando el Senado quiso avanzar en ese sentido.
Más de una vez fueron ministros al antiguo edificio de Xicoténcatl, donde estaba la sede senatorial, antes de ser trasladada a la esquina de Insurgentes y Paseo de la Reforma.
Recuerdo que siempre fueron reuniones a puerta cerrada, de las que no trascendió ni se filtró nada. Sin embargo, era obvio cuál era el objetivo de los ministros. No querían que se tocara su ingreso y, no se tocó.
De nuevo, en la etapa de la Cuarta Transformación, desde el gobierno y el legislativo se empujó el proyecto para que acepten ganar menos que el Ejecutivo. La respuesta fue una cascada de amparos de juzgadores, magistrados y jueces. Cerraron filas y están preparados para llegar a instancias internacionales, de ser necesario.
Se han blindado hacia fuera, en el aspecto económico. En cualquier segmento de la sociedad es tema muy sensible; nadie quiere que le reduzcan lo que le llega al bolsillo y ha sido conquista laboral.
Además, en el caso de los juzgadores, se supone que es una garantía para que nadie los tiente con recursos económicos, para evitar que emitan o elaboren una resolución parcial.
Sin embargo, hay otros factores que también pueden alterar el desempeño del Poder Judicial, como las consignas políticas o las modas mediáticas, que buscan pasar por encima del Derecho.
Ahí es donde está el mal.
El ministro Zaldívar lo ha dicho en su primer informe:
“Debemos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos, por supuesto, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio, no como servicio”.
Cuando un juzgador deja de actuar conforme a Derecho, no solo desacredita su propia resolución y deteriora la imagen de la institución; lo más grave es el daño que causa a los afectados y a las familias de los afectados.
Lo único que quiere la sociedad es que actúen estrictamente conforme a Derecho.
Por eso son bienvenidas las acciones de Don Arturo para hacer efectiva la cero tolerancia a la corrupción en el Poder Judicial.
La batalla del ministro Zaldívar
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