Corte y Emilio Álvarez Icaza

Justicia
Typography

“Extraña” la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fue el calificativo que utilizó el senador Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Para nada fue irrespetuoso, no habló de corrupción, ni de consignas, ni de parciales ni de injustos.Tampoco de incompetencia.
Calificativo diplomático, medido y prudente al referirse a la forma en que integrantes de esa primera sala resolvieron el recurso de revisión 246/2023, interpuesto por periodista.
De alguna manera no daba crédito a que el comunicador tenga una resolución en contra, a pesar de su demostrada inocencia.
Incluso, antes de que ministros y ministras resolvieran por 4-1 votos este caso, el senador, que ha sido defensor de los derechos humanos en la Ciudad de México y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana e Derechos Humanos, les advirtió públicamente que estaban en riesgo de revictimizar un inocente.
Tal parece que los ministros y ministras ni vieron y mucho menos escucharon al senador Álvarez Icaza.
Juan Luis González Alcántara Carranca, Jorge Maro Pardo Rebolledo, Loretta Ortiz y Margarita Ríos Farjat, como integrantes de la primera sala, pasarían a la historia por haber pisoteado una resolución de inocencia IRREVOCABLE.
No deben olvidar que, con la reforma judicial, dicha primera sala va a desaparecer y de paso ellos y ellas se van a quedar sin trabajo.
Pésima huella para su final en el máximo tribunal, aunque nunca es tarde para rectificar.
El término “extraña o extraño” tiene varios significados, según el diccionario de la Real Academia Española.
“Raro, singular, insólito, excepcional, desusado, sorprendente, misterioso, difícil”, son sinónimos con los que define dicha palabra.
Y que conste, el senador no es un declarado enemigo de la Corte. No se ha sumado a la demanda de que desaparezcan los fideicomisos de la institución. Tampoco es partidario de que se elijan de manera popular a los juzgadores. Ha sido enfático en defender la independencia del poder judicial.
Si fuera un acérrimo crítico de la Corte, se entendería que no lo tomaran en cuenta o ignoraran.
Además, se podrá o no estar de acuerdo con el senador por sus posiciones políticas, pero en materia de derechos humanos, toda su vida se ha esmerado por defenderlos, a nivel nacional e internacional.
Jamás hubiera defendido al periodista si en su investigación descubriera el menor indicio que era culpable.
Álvarez Icaza por ningún periodista ni por nadie pondría en riesgo el prestigio que se ha ganado como defensor de los derechos humanos.
Está sorprendido de la resolución de la primera sala de la Corte porque afecta y revictimiza a un inocente.
Por eso, con un lenguaje moderado, la calificó de “extraña”.
Convencido de la inocencia del periodista, el senador está dispuesto a seguir en la lucha hasta que se alcance la justicia.
Seguramente los integrantes de la primera sala de la Corte jamás se enteraron de que este asunto ya era cosa juzgada, había causado ejecutoria.
Cierto que en materia penal se puede reabrir el proceso, siempre y cuando haya nuevas pruebas. Aquí no las hubo.
Por si fuera poco, el poder judicial utilizó una “declaración de oídas” para condenar al periodista.
Es una historia, como muchas otras parecidas que deben existir, que justifican que se lleve a cabo una reforma a fondo en el poder judicial, empezando por una nueva elección de juzgadores.
Sería injusto generalizar; como en todo gremio, debe haber buenos y malos.
Lo indiscutible es el clamor del pueblo para limpiar al poder judicial de servidores públicos que para nada se han significado por impartir justicia.

Arturo Zárate Vite

 

 

Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Titulado con mención honorífica.

Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal.

Más de cuatro décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político.

Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio.

Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.