Oposición, Ernestina y Fiscalía

Justicia
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La oposición quería evitar que Ernestina Godoy fuera ratificada por el Congreso de la Ciudad de México como fiscal y lo consiguió. Cerró filas para impedir que alguno o algunos de sus cuadros cambiaran de bando y votaran a favor. Dos diputadas priístas desentonaron y la dirigencia de su partido no dudó en sancionarlas, abrirles proceso de expulsión.
Por más cabildeos y presiones, no fue posible para la mayoría Morena lograr los votos necesarios para la ratificación.
Resultado previsible por el número de diputados del bloque opositor. No iba a ceder ante la proximidad de elecciones y por la percepción que tiene del trabajo judicial de Ernestina.
Godoy finalmente tuvo que irse de la fiscalía General de Justicia, a pesar del apoyo del gobierno de la CDMX y de personajes del partido en el poder.
Nada más que la historia no termina ahí, porque siguen las investigaciones que emprendió Ernestina Godoy contra lo que llaman “Cartel Inmobiliario” y presuntas acciones relacionadas con la trata, en las que estarían involucrados varios líderes opositores.
Se quedó en la fiscalía el mismo equipo que tenía como jefa a Ernestina. Al frente, en calidad de encargado, Ulises Lara, quien se venía desempeñando como vocero y coordinador de asesores.
Es muy probable que algunas investigaciones ya estén terminadas o a punto de concluirse, así que nada más habría que esperar a que Ulises tome los hilos de los pendientes para que empiecen a ejecutarse medidas contra presuntos infractores políticos.
La oposición lo sabe. Por eso desde el primer momento que se enteró de quien se quedaría en lugar de la saliente, arremetió contra Ulises Lara. Encontró que apenas acaba de tramitar título y cédula profesional, requisitos que exige la ley para ese puesto, para el titular, no para quien solo despacharía como encargado.
Empezó a escarbar en su pasado con la finalidad de evidenciar cualquier irregularidad en la que hubiera estado involucrado, probada o no. Lo que fuera con tal de dañar su reputación y tirarlo.
No parece que vayan a prosperar las acusaciones, porque además de que Ulises Lara solo está de encargado, en tanto se elige a otro u otra para fiscal, tiene trayectoria laboral y académica.
Licenciado en sociología por la UNAM; maestro en Gobierno y Asuntos Políticos por la UNAM y en Dirección y Gestión Pública Municipal por la Universidad Carlos III de España.
Si bien, de acuerdo con su currículum vitae no cuenta con la licenciatura en Derecho, tiene el grado de doctor en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México.
En el servicio público ha realizado diversas tareas. Se ha desempeñado como diputado federal, director general de gobierno en la Ciudad de México, director de planeación en el Comité de Planeación para el Desarrollo y director ejecutivo de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda.
Por lo tanto, si los opositores pensaban que al sacar a Ernestina Godoy de la fiscalía se acabarían sus preocupaciones con la justicia, el ascenso de Ulises no los dejaría dormir tranquilos. El encargado conoce el área donde se encuentra y procedería a desahogar los casos pendientes, sin esperar a que el Congreso local elija al nuevo fiscal.

Arturo Zárate Vite

 

 

Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Titulado con mención honorífica.

Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal.

Más de cuatro décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político.

Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio.

Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.