Acaba de cumplirse, el 5 de junio, el onceavo aniversario del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 menores. El ministro presidente Arturo Zaldívar recordó el suceso y la investigación que llevó a cabo sobre esta tragedia.
En un tweet en el que comparte su proyecto y el voto emitido por él y los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, dice que entonces “pesó más la presión política para rechazar mi proyecto que señalaba a los responsables, que la Constitución y la Justicia”.
Cuando se discutió el asunto, Don Arturo no era el presidente de la Corte, solo uno de los 11 integrantes del pleno del tribunal, pero como ministro ponente le correspondió elaborar el citado documento.
Es un tema que ha dejado lecciones y el reclamo de justicia de los padres de los 25 niños y 24 niñas. La relevancia de la aplicación de la ley y de que la Suprema Corte de México sea verdadero contrapeso, con la fortaleza para resistir cualquier tipo de presión.
No es ningún secreto que el titular del Ejecutivo, que ganó las elecciones con 30 millones de votos, va de la mano del legislativo porque la mayoría de este poder pertenece al partido del presidente, lo que de ninguna manera significa sea una condición sine qua non o un apoyo automatizado.
Sin embargo, es entendible que los legisladores morenistas respalden a su presidente; comparten la propuesta, así que ellos no la van a obstaculizar, aunque tampoco se trata de ponerle piedras en el camino sino de hacer lo que más convenga a nuestro país. No todo puede ni debe ser como quiere un solo hombre, no es la finalidad del sistema presidencialista y menos cuando la Constitución establece la división de poderes.
El Poder Judicial, sus integrantes, hasta ahora, han resistido la embestida para reducir su ingreso o sueldo. Hay juristas dispuestos a ir a instancias internacionales para defender derechos conquistados, si es necesario. Aguantaron el vendaval mediático provocado por la renuncia de su compañero Eduardo Medina Mora, que parecía el resquicio por donde empezaría a colarse la supremacía del nuevo grupo en el poder.
La Corte impidió que el gobernador de Baja California Jaime Bonilla se saliera con la suya de ampliar su mandato de dos a cinco años. Y contrario a los deseos de esa nueva mayoría, avaló que funcionarios de Banco de México, Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal de Telecomunicaciones ganen más que el presidente.
Son testimonios de contrapeso y en ese mismo sentido va la actuación de los ministros de reciente ingreso, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.
En el México de hoy, cuando soplan nuevos vientos, inadmisible que la presión política vuelva a pesar más que la Constitución y la justicia.
La Corte y las presiones políticas
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