¿Quién protegerá a la Tercera Edad?

Justicia
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Las personas de la tercera edad, de 60 o más años, como grupo discriminado, también tendrían derecho a tener candidaturas de los partidos para la Cámara de Diputados.
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) partieron rebanadas finas y delgadas al pastel legislativo, para abrirle o aumentarle espacios de participación política a migrantes, indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual y afromexicanos.
Faltan los de 60 o más años edad, requieren representación legislativa para abanderar sus causas, garantizar una vida digna, terminar con el abandono y mal trato, encontrar fórmulas que permitan aprovechar su experiencia y sabiduría, pensiones justas.
El colmo es que ahora a los pensionados del ISSSTE se les quiera fijar topes con la llamada unidad de medida UMA (89.62 pesos diarios) y no en salarios mínimos (141.70 pesos diarios). 37 % menos. Otra acción más en contra de su bienestar. Enhorabuena que en Palacio Nacional se hayan dado cuenta de esta injusticia y están decididos a corregirla.
De acuerdo con el INEGI, hay en México 15.4 millones de personas de la tercera edad. Personas con discapacidad, 7.1 millones. Personas que hablan lengua indígena, 7.3 millones. Migrantes o residentes en el extranjero, más de 12 millones. Afromexicanos, 1.38 millones. Diversidad sexual, la cifra es superior a los dos millones.
Veremos la reacción de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del INE, si procura a los adultos mayores o los trata con indiferencia. Justo que cuenten con representación legislativa.
La tercera edad es una etapa de la vida, que al menos en México, no ha tenido la compensación que se merece. Pareciera que los menores de 60 creen que están exentos o que pueden eludirla. La pueden evitar si para su mala fortuna fallecen por enfermedad o accidente y no llegan a esa cifra.
En el caso de las mujeres, el avance no tiene regreso, paridad de género del 50 % en todos los cargos públicos.
Mandatos del TEPJF y acuerdos del INE obligan ahora a los partidos a dar candidaturas para diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional a grupos discriminados.
Estaría amarrada su llegada a la Cámara de Diputados porque en las nominaciones de representación proporcional, por norma, los nombres se incluirían entre los diez primeros lugares de las listas.
Otro elemento es que prevalezca la paridad de género en cada uno de los grupos postulados.
Los migrantes participarían, por partido, con cinco candidaturas de representación proporcional. Indígenas, 21 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. Afroamericanos, tres de mayoría relativa y una de representación proporcional. Personas con discapacidad, seis de mayoría relativa y dos de representación proporcional. Diversidad sexual, dos de mayoría relativa y una de representación proporcional.
Nada más falta que le den su rebanada de pastel legislativo a las personas de la tercera edad.

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.