Justicia

Dentro de la propuesta de la reforma judicial hay un punto que tiene ganado el consenso, prácticamente de todas las corrientes políticas.
Están de acuerdo con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que vendrá a sustituir lo que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que ha incumplido su principal objetivo.
Ha sido juez y parte a la hora de evaluar el trabajo de quienes se supone están dedicados a la impartición de justicia.
No existe alguna sanción emblemática de parte de dicho órgano. Nada que se le parezca.
Cuando en el poder legislativo se tocó por primera vez el tema de separar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, la mayoría de las voces coincidieron en que era necesario.
Inexplicablemente se dejó pendiente el punto, quizás con la idea de que el propio poder judicial se auto depurara, empezará a limpiar vicios que le han dejado descrédito.
La autocrítica no es lo suyo, como si los juzgadores fueran criaturas puras o vivieran en una nube, distanciados del pueblo. Seres perfectos que no se equivocan y mucho menos incurren en irregularidades.
¿Recuerdan que el CJF haya aplicado alguna sanción ejemplar? ¿Algún correctivo que haya llevado a muchos juzgadores a la reflexión para evitar en lo sucesivo cometer faltas?
¿Cuándo se ha sancionado a un ministro o ministra de la Corte? ¿Será que son sobrehumanos y no cometen errores?
¿Quién vigila lo que hace la Corte?
¿Si se equivocan, corrigen?
Las preguntas se quedan sin respuestas.
En sus participaciones en los Diálogos Nacionales, por ahí deberían empezar, nadie mejor que ellos y ellas saben de lo que adolece la institución, nada más que prefieren ocuparse en repeler lo que dan por hecho terminaría con sus prestaciones suntuosas y controvertibles.
Tener acceso a un ministro o ministra, en la mayoría de los casos, no es derecho de mortales comunes. Es una ofensa que pregonen que están abiertos a escuchar y mantengan la puerta cerrada.
Situación y trato diferente para potentados que también acuden a la Corte por justicia o para que se les proteja, cuando sus intereses económicos se ven afectados en materia fiscal o en otros procesos en los que se llegan a ver involucrados, por conflictos laborales o patrimoniales.
¿Qué tal cuando el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca se niega a escuchar a gente que puede verse afectada por sus proyectos de resolución, al fin que nadie lo va a reprender?
¿Y qué sucede cuando se equivocan y emiten resolución por encima de una sentencia de inocencia irrevocable y que ha causado ejecutoria?
También quedó para historia el episodio que hizo público Alejandro Armenta Mier cuando se desempeñaba como presidente de la mesa directiva del Senado y recibió mensajes vía WhatsApp de la ministra presidenta Norma Piña. El legislador los consideró intimidatorios y amenazantes.
En un principio era difícil dar por hecho que los mensajes fueran de ella. Pesaba más la versión de que habían hackeado su teléfono. Terminó por reconocer que sí eran suyos, aunque no con la intención señalada por el senador,
Definitivamente no era el método más sano para la comunicación entre representantes de dos poderes distintos.
Por eso y más, hay consenso en crear el tribunal de disciplina.

Se supone que en México nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito e imposible cuando el asunto ya ha sido declarado como “cosa juzgada” por la propia autoridad judicial.
Este de un caso que debe de ser conocido en el mundo. Un testimonio de la degradación a que ha llegado el poder judicial en México y de ahí el clamor del pueblo por la reforma judicial.
Vamos por partes.
El diccionario de la Real Academia Española define “irrevocable” como algo que “no se puede revocar o anular. Cita como sinónimos “inapelable, definitivo, inexorable, decidido y resuelto”.
Sería incorrecto generalizar y dar por hecho que por un solo caso que puede probarse, todo está echado a perder en el sistema de justicia.
El colmo, la desgracia, es que en esta historia está involucrada, involuntaria o voluntariamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el pasado 26 de junio del año en curso rechazó el amparo directo en revisión 246/2023 y dejó firme sentencia condenatoria contra periodista mexicano.
Con fecha del 15 de diciembre de 2016 el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, emitió un acuerdo que en su párrafo esencial y concluyente sobre la causa penal 103/2012-II dice:

“En consecuencia, con sustento en la última parte párrafo primero del artículo 102 de la legislación procesal aplicable, se declara que dicho fallo es irrevocable y por ende, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar”.
¿Cuál es ese fallo?
Dos declaraciones de inocencia a favor del periodista.
La primera emitida por el citado juzgado primero.
La segunda, la resolución del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, que confirma la sentencia absolutoria.
El acuerdo resume así:
“Seguidamente de una lectura del fallo citado en primer término, se desprende que la autoridad de alzada resolvió:

ÚNICO. Se deja firme la sentencia absolutoria de 13 de septiembre de 2016 dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en los autos de la causa penal 103/2012 que absolvió a…..(no citamos el nombre en acatamiento a la ley de protección de datos personales), del delito de hostigamiento sexual , previsto y sancionado en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal y abuso sexual, previsto y sancionado en el artículo 260 del Código Penal Federal, con la agravante prevista en el numeral 266 Bi, fracción III de dicho ordenamiento legal, por lo motivos expresados en el último considerando de esta sentencia”.
¡Inocente!
¿Y qué pasó después?
El proceso penal fue reabierto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México.
De manera irregular el magistrado Jorge Fermín Rivera (se jubiló dos semanas después de su resolutivo) lo reabrió y el proceso se revirtió en contra del periodista.
El afectado se defendió a base de amparos y después de 11 años el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Primera Sala de la Corte aprobó por mayoría el proyecto de resolución elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que rechazó el recurso de revisión del periodista.
Todo hace suponer que los ministros Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Loretta Ortiz y Margarita Ríos Farjat no entraron al fondo del asunto.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra de lo aprobado por sus compañeros.

En el contexto de los resultados de las encuestas, con cifras contundentes para que el pueblo elija a ministros, magistrados y jueces e igual, con esa misma fuerza, para crear un órgano independiente del poder judicial que vigile el desempeño de los juzgadores, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programado para el miércoles 26 de junio resolver el recurso de revisión 246/2023.
Un caso de transcendencia nacional que de manera inusual ha llevado al senador Emilio Álvarez Icaza a plantear en dos ocasiones el tema en el salón plenario del Senado.
Álvarez Icaza es secretario de la Comisión de Derechos Humanos y es evidente que jamás actuaría con ese énfasis si no tuviera la plena convicción de que se ha cometido una grave injusticia, por eso no ha dudado en alertar a ministros y ministras de dicha sala del riesgo de caer en la revictimización.
Con la experiencia de haber sido Ombudsman en la Ciudad de México y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que investigó antes de fijar posición y defender al periodista que ha logrado dos resoluciones de inocencia de distintas autoridades.
Sabe que indebidamente se reabrió el proceso penal y se revirtió en contra del periodista, al que ve como víctima. Por eso su llamado a integrantes de la Primera Sala para que no lo vayan a revictimizar.
Es un caso que lleva ya más de once años. Ha llegado a la Corte porque en el camino encontró juzgadores que se apartaron de la imparcialidad y la ética. No hubo quien los frenara, sancionara y corrigiera sus fallas. Lo que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que se supone tiene esa misión, ha sido insuficiente, por su papel de juez y parte.
La Primera Sala de la Corte está a tiempo de hacer justicia, atajar la revictimización y reconocer la inocencia del periodista.
Sería excesivo, por este solo caso, generalizar y decir que todo está echado a perder en el poder judicial.
Hay juzgadores valiosos, intachables y honestos.
Las encuestas elaboradas por De las Heras, Enkoll y la Comisión de Encuestas de Morena no vieron un poder podrido.
A la pregunta si todos los ministros, magistrados y jueces son corruptos, 20%, 17% y 17% fueron los porcentajes de las respuestas.
En una segunda pregunta, si la mayoría son corruptos, las cifras aumentaron a 38%, 44% y 40%.
Un año atrás, en 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía detectó que la percepción de corrupción en el poder judicial era de 83.1%
Es innegable que existe corrupción, los juzgadores son de carne y hueso, pueden equivocarse e incurrir en irregularidades que deterioren la salud y el patrimonio de familias.
Por eso, es de considerarse la creación de un órgano independiente del poder judicial, como se ha propuesto, para vigilar y sancionar el trabajo de juzgadores, desde jueces hasta ministros.
Lo que ahora se hace para supervisarlos, no funciona.
Con altos porcentajes en las encuestas de Morena y de las dos empresas privadas, el pueblo también estuvo de acuerdo en la necesidad de la reforma judicial y en el voto ciudadano para elegir a ministros, magistrados y jueces.
Ahora viene el parlamento abierto.
Enhorabuena que los juzgadores hayan decidido levantar la mano para participar, debatir e intercambiar opiniones en los foros organizados por el poder legislativo.
Hay consenso en que la institución debe perfeccionarse.
Así lo quiere el pueblo.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria es especialista en la defensa de los derechos humanos. Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano.
Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
Su trayectoria, ampliamente conocida. En la actualidad el mexicano que más se distingue en esta lucha, cuidadoso de su trabajo, con cientos de casos investigados en su historial, así que impensable que a estas alturas y con esa experiencia pudiera ser sorprendido.
Por supuesto que para nada de un día para otro decidió que llevaría el caso de este periodista al pleno del Senado.
Nunca antes habíamos cruzado palabra. Hugo Morales, su asesor de prensa, se encargó de avisarle del interés de contactarlo. Cuando se concretó la cita, escuchó las adversidades y pesadumbres del periodista. Recibió documentación del expediente, que revisaría con posterioridad.
En ningún momento anticipó juicio alguno, nada más escuchó y tomó nota del relato. Semanas después requirió más información documental. Transcurrió más de un mes sin que hubiera respuesta.
Quedaba claro que no solo analizaría el expediente, sino que haría sus propias indagaciones, como seguramente lo hizo cuando se desempeñó como Ombudsman en la CDMX, en diferentes casos, temas diversos y con distinto grado de complicación, unos más delicados que otros. Misión que no ha dejado de realizar como legislador.
Para nadie es secreto que cualquiera que vea afectados sus derechos humanos, encontrará la puerta abierta de la oficina del senador.
Dos meses después, concluyó que atendería el caso del periodista. Ofreció dos caminos, organizar conferencia de prensa o tratar el asunto en la sesión plenaria del Senado.
Optamos por la segunda opción, aunque el senador temió que el periodista pudiera ser revictimizado, quizás pensando en que alguien pudiera cuestionar sus palabras en el pleno.
Nadie objetó lo dicho por el senador Álvarez Icaza, la historia del comunicador víctima de la infamia, la injusticia, de malos juzgadores que reabrieron su caso después de dos resoluciones de inocencia y cuando ya estaba cerrado, torturado y amenazado de muerte por quienes lo torturaron, como consta en la Recomendación 27/2013 de la CNDH.
El Órgano Interno del Control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se desempeñaba como vocero, nunca encontró nada que tuviera que ver con acoso ni hostigamiento sexual.
Desde el pleno senatorial, la voz del senador del Grupo Plural, su llamado para que el asunto fuera revisado por la Suprema Corte de Justicia de Nación, ante la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y la trascendencia nacional de un proceso que ya suma más de 11 años.
Estas son las consideraciones que explican porqué Emilio Álvarez Icaza determinó intervenir, en aras de que se haga justicia y se desatienda a quienes creen que se puede utilizar al poder judicial para venganzas y agresiones contra el periodista y su familia.
Semanas después del llamado senatorial la ministra Norma Piña firmaría el acuerdo que admitía el Recurso de Revisión interpuesto por el periodista, turnado para su estudio y resolución a la Primera Sala de la Corte.

Para el ser humano en general una de las reacciones más complicadas es admitir que ha errado.
Nadie quiere aceptar error, reconocerlo ante el prójimo, así es en todos los ámbitos de la sociedad, en cualquier ejercicio profesional; comportamiento de todas las edades, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, en la tercera edad. No es una actitud exclusiva de un país.
México, por supuesto, no puede ni es la excepción. ¿Cuándo han visto a un político o política que diga haber cometido un error? ¿Un gobernante? Menos. Los deportistas tampoco presumen desaciertos. ¿Recuerdan alguna vez que Ana Guevara, sobre todo en su etapa de funcionaria, haya aceptado que la regó? ¿Los medios de comunicación? Muy ocasionalmente lo hacen y sin entrar en detalles, porque suponen que pierden credibilidad y rating.
Hay de errores a errores, algunos cuestan mucho dinero y los paga el pueblo. Otros destruyen patrimonios, familias y hasta vidas humanas. Quienes con honestidad, sinceridad y transparencia repararan la equivocación, se cuentan con los dedos, son los menos.
En el sistema de justicia es dolorosísimo. ¿Cuántos inocentes hay en prisiones porque los juzgadores no hicieron lo correcto o procedieron de manera indebida? Es una desgracia cuando después de 20, 30 años o más, autoridades se ven obligadas a liberar a la persona que tenían recluida porque se comprobó, tarde, su inocencia. Ni disculpa le dan.
Lo peor es que a pesar de saber que existe el error, lo quieran encubrir, tapar; es difícil por la multiplicidad de medios. Hace tres o cuatro décadas, lo que no se decía en la radio, aparecía en la televisión o leía en los periódicos, quedaba oculto, en la oscuridad.
Hoy es distinto. Es la ventaja de las redes sociales que no callan nada, de los teléfonos celulares que graban todo. Transparencia plena. Puede ser que algún servidor público o algunos servidores públicos consigan imponer su voluntad, nada más que la huella que dejan tarde o temprano terminará por aplastarlos o mínimo exhibirlos.
Es el caso del magistrado, Jorge Fermín Rivera, ya jubilado, quien semanas antes de irse al retiro, todavía como presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, reabrió un proceso que ya estaba cerrado.
No le importó que el afectado, periodista, tuviera dos resoluciones de inocencia y tampoco que su acción contraviniera criterios que su propio tribunal había aprobado por unanimidad.
Cometió un error jurídico que no pudo tapar. Ha sido descubierto. El error no puede ni debe cobijarse, porque lo primero que debe prevalecer es la justicia. Está a la vista y es imposible ignorarlo. Desestimarlo sería monstruoso. Tarde o temprano triunfaría la verdad.
Es de la mayor relevancia decir que ninguno de los dos juzgadores que exoneraron al periodista fueron cuestionados. Nadie los acusó de ser parciales o de favorecer al comunicador.
La contraparte prefirió buscar un juzgador a modo o que pudiera sorprender. Lo encontró. Jorge Fermín Rivera, quien en estos tiempos disfruta de los beneficios de su jubilación.
Seguramente lo que menos le inquieta o preocupa es el daño que le ocasionó al periodista y su familia.
El asunto está siendo revisado por ministros y ministras de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

La oposición quería evitar que Ernestina Godoy fuera ratificada por el Congreso de la Ciudad de México como fiscal y lo consiguió. Cerró filas para impedir que alguno o algunos de sus cuadros cambiaran de bando y votaran a favor. Dos diputadas priístas desentonaron y la dirigencia de su partido no dudó en sancionarlas, abrirles proceso de expulsión.
Por más cabildeos y presiones, no fue posible para la mayoría Morena lograr los votos necesarios para la ratificación.
Resultado previsible por el número de diputados del bloque opositor. No iba a ceder ante la proximidad de elecciones y por la percepción que tiene del trabajo judicial de Ernestina.
Godoy finalmente tuvo que irse de la fiscalía General de Justicia, a pesar del apoyo del gobierno de la CDMX y de personajes del partido en el poder.
Nada más que la historia no termina ahí, porque siguen las investigaciones que emprendió Ernestina Godoy contra lo que llaman “Cartel Inmobiliario” y presuntas acciones relacionadas con la trata, en las que estarían involucrados varios líderes opositores.
Se quedó en la fiscalía el mismo equipo que tenía como jefa a Ernestina. Al frente, en calidad de encargado, Ulises Lara, quien se venía desempeñando como vocero y coordinador de asesores.
Es muy probable que algunas investigaciones ya estén terminadas o a punto de concluirse, así que nada más habría que esperar a que Ulises tome los hilos de los pendientes para que empiecen a ejecutarse medidas contra presuntos infractores políticos.
La oposición lo sabe. Por eso desde el primer momento que se enteró de quien se quedaría en lugar de la saliente, arremetió contra Ulises Lara. Encontró que apenas acaba de tramitar título y cédula profesional, requisitos que exige la ley para ese puesto, para el titular, no para quien solo despacharía como encargado.
Empezó a escarbar en su pasado con la finalidad de evidenciar cualquier irregularidad en la que hubiera estado involucrado, probada o no. Lo que fuera con tal de dañar su reputación y tirarlo.
No parece que vayan a prosperar las acusaciones, porque además de que Ulises Lara solo está de encargado, en tanto se elige a otro u otra para fiscal, tiene trayectoria laboral y académica.
Licenciado en sociología por la UNAM; maestro en Gobierno y Asuntos Políticos por la UNAM y en Dirección y Gestión Pública Municipal por la Universidad Carlos III de España.
Si bien, de acuerdo con su currículum vitae no cuenta con la licenciatura en Derecho, tiene el grado de doctor en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México.
En el servicio público ha realizado diversas tareas. Se ha desempeñado como diputado federal, director general de gobierno en la Ciudad de México, director de planeación en el Comité de Planeación para el Desarrollo y director ejecutivo de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda.
Por lo tanto, si los opositores pensaban que al sacar a Ernestina Godoy de la fiscalía se acabarían sus preocupaciones con la justicia, el ascenso de Ulises no los dejaría dormir tranquilos. El encargado conoce el área donde se encuentra y procedería a desahogar los casos pendientes, sin esperar a que el Congreso local elija al nuevo fiscal.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández ha cumplido el primero de los cuatro años que le corresponden como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No es fácil la misión que tiene asignada. Ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo condescienden con ella por su condición de género. Tampoco la ministra lo ha planteado y mucho menos pedido.
Queda claro que la Corte no va a renunciar a ser contrapeso entre los poderes y la Cuarta Transformación va a insistir en darle otro rostro al poder judicial.
Ya en 1995 hubo un giro de 180 grados, cuando Ernesto Zedillo recompuso el tribunal. Jubiló a 26 ministros y redujo a 11 el número de sus integrantes, con el argumento de que no respondía al clamor de justicia de la sociedad.
El mismo argumento se utiliza ahora.
Hace 28 años nadie levantó la voz, nadie se quejó ni se opuso a la decisión presidencial, que al final poco o nada consiguió para que la justicia prevaleciera en México. Lo que logró fue que ninguno de los juzgadores debiera el nombramiento a los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Quizás, de haber tenido un ministro afín, el hermano del segundo nunca hubiera pisado la cárcel.
En enero de 1994 se registró la rebelión de los zapatistas en Chiapas. En marzo de ese año mataron a Luis Donaldo Colosio. Hechos de rebeldía y sangre que generaron clima de temor en la gente. Favoreció al candidato oficial Zedillo quien obtuvo en las elecciones no solo la presidencia sino también el control del poder legislativo. Por eso pudo reformar la Constitución y renovar a la Corte.
Hoy los tiempos y las circunstancias son distintas. El gobierno en turno no tiene el control del poder legislativo ni existe la certeza de que lo alcance la ganadora de las elecciones en 2024, aun cuando las encuestas le den ventaja de 20, 30 y hasta 50 puntos porcentuales.
Lo que todavía no ha cambiado como se quisiera es el grado de impartición de justicia; persiste la deuda con la sociedad.
Por eso, en la hipótesis poco probable de que el grupo en el poder arrase en las elecciones como lo hizo en 2018, quienes votarían a su favor el año entrante estarían de acuerdo con la operación de gran calado en la reforma judicial.
En defensa del poder judicial, hay consenso en que siga de contrapeso, necesario para la democracia. Para ello es clave honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a la Constitución, como ha dicho la ministra presidenta Piña Hernández.
Entiende que esa es la función que deben desempeñar, la premisa que da sentido a la vida profesional de los juzgadores.
De acuerdo con sus palabras, el poder judicial no busca aplausos, sino hacer lo que le toca, lo correcto, lo fundamental, lo que le mandata la ley, impartir justicia con independencia e imparcialidad, justicia pronta y expedita, para todas las personas, sin excepciones ni distingos.
Indudablemente, la sociedad es el mejor termómetro para medir su actuación. Saldría a la calle a defenderlo, si fuera necesario, lo que hasta la fecha no ha realizado, aunque tampoco ha salido para exigir su trasformación.
Si hay justicia tangible, que se sienta, en correspondencia la sociedad se convertiría en el principal antídoto contra cualquier plan que pretenda someter al poder judicial. Hacer justicia es imprescindible.

El escándalo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llegó a la sesión de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al informe anual del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del tribunal electoral, solo asistió su compañera Janine Otálora, quien se sentó sóla en la sillería destinada para magistrados y magistradas, ubicada frente a integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
La inasistencia de los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña obedeció a la solidaridad de los dos primeros con el tercero, ante acciones que pretenden obligarlo a renunciar a la sala superior del TEPFJ, con la finalidad de recomponer la integración de dicha sala, a la que le corresponderá calificar la elección presidencial de 2024.
El 31 de Octubre pasado terminaron su periodo los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas, por lo que la sala se quedó con cinco magistrados. El Senado no ha elegido a la magistrada y magistrado que ocuparían las vacantes.
De acuerdo con la columna del periodista Mario Maldonado, que este día se publicó en El Universal, trascendió que fue presentada denuncia por extorsión en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la magistrada Yhalí Cruz Valle, quien aspira a la sala especializada del propio tribunal.
Según la versión recogida por el columnista, hay audios y pruebas para desestimar acusaciones que Yhalí Cruz hizo contra el magistrado De la Mata, por acoso laboral y sexual.
Yhalí forma parte del equipo del magistrado presidente Reyes Mondragón.
Por estos motivos la ausencia de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes en el informe anual de Reyes Mondragón ante el pleno de ministros y ministras en la SCJN.
Soto y Fuentes se solidarizaron con su compañero Felipe de la Mata, presunta víctima de extorsión.

En el supuesto de que los senadores no se pongan de acuerdo para nombrar a una magistrada y a un magistrado como integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ley orgánica prevé la solución.
El propio tribunal tendría que seleccionar e incorporar a la sala superior, para garantizar la paridad de género, a la magistrada y magistrado con más antigüedad de las salas regionales.
Así que nadie se alarme o entre en pánico porque no haya consenso en el Senado o no se alcance la mayoría calificada a la hora de votar en el salón plenario, las dos terceras partes de los asistentes.
Los decanos y decanas del tribunal electoral están identificados, están a la mano nombres de magistrados y magistradas de las distintas salas regionales y especializada que pueden ocupar las dos vacantes:
Omar Delgado Chávez (sala Guadalajara), Elena Ponce Aguilar (sala Monterrey), José Antonio Troncoso Ávila (sala Xalapa), Luis Enrique Rivero Carrera (sala Ciudad de México), Fabián Trinidad Jiménez (sala Toluca) y Mónica Lozano Ayala (sala especializada).
Como lo establece la Constitución, corresponderá a dicha sala calificar la elección presidencial de 2024 y declarar presidente electo al candidato o candidata que haya obtenido más votos.
Para hacerlo, deberá de sesionar con al menos seis de sus siete integrantes.
El 31 de octubre próximo concluyen su periodo los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, por lo que se quedaría con cinco, le faltaría uno para cumplir con lo que señala el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La Comisión de Justicia del Senado, que preside Olga Sánchez Cordero, ya aprobó, por unanimidad la idoneidad de las dos ternas, una de mujeres y otra de varones, que les envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En otras palabras, las tres aspirantes y los tres aspirantes (Gabriela Villafuerte Coello, Marcela Elena Fernández Domínguez, Claudia Valle Aguilasocho, Rubén Jesús Lara Patrón, Francisco Javier Sandoval e Ismael Armando Maitret Hernández) cumplen con los requisitos y la formación académica que exige la norma. Los seis con amplia experiencia en materia jurídica electoral.
No elegir a dos de ellos, por decir lo menos, es una falta de respeto.
Si fuera le excepción, se entendería y aceptaría. La desgracia del Senado es que ya suma más de 70 nombramientos sin resolver, por la falta de consenso, por la desconfianza y por el temor de que los nombrados actúen a favor de la oposición o del partido en el poder.
Los y las aspirantes a la sala superior del TEPJF crecieron profesionalmente en el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte integró las dos ternas, con los que consideró más capaces.
Sigue el turno de la Junta de Coordinación Política del Senado que preside Eduardo Ramírez Aguilar y en la que están representados los distintos grupos parlamentarios. Tendrán que ponerse de acuerdo para que el proceso de elección de magistrado y magistrada no vaya a rebotar en el pleno de la cámara como ha sucedido en otras ocasiones.
Ante el pleito que prevalece entre poderes, todo indica que el tribunal echará mano de los decanos y decanas para ocupar las dos vacantes de la sala superior del tribunal electoral.

En el “Congreso Internacional 2023: Los Retos de la Judicatura”, realizado en la Facultad de Derecho de la UNAM, la ministra Margarita Ríos Farjat explicó que la paridad de género todavía no se da en México como se quisiera, por la complejidad que a veces se manifiesta en la legislación electoral a nivel local.
Por eso destacó la importancia de que, en materia electoral, se legisle con base en los principios de progresividad y paridad de género, para garantizar que las mujeres no pierdan oportunidades de participación política efectiva.
Apoyada en una exposición gráfica sobre lo que ha sucedido en el caso de Nuevo León (Acción de Inconstitucionalidad 50/2022 que se resolvió el 16 de enero de este año), manifestó su preocupación por el alto grado de especialización de las leyes electorales que aleja a la sociedad de su entendimiento.
La ministra Margarita Ríos Farjat alertó que se han presentado reformas regresivas que obstaculizan la participación política de las mujeres e impiden que las cuotas de género tengan eficacia en su ejecución.
Recordó que, en 2022, legisladoras de Nuevo León reclamaron ante el Alto Tribunal que las reformas a la ley electoral y a la Constitución Política de esa entidad eran regresivas porque no permitían una participación efectiva de las mujeres, ya que abrían la puerta para que los partidos políticos cumplieran con repartir equitativamente las candidaturas entre hombres y mujeres, pero las relegaran a ellas a contender en municipios donde sus posibilidades de ganar eran menores.
Antes de esas reformas, precisó, estaban vigentes una serie de lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que, a partir del establecimiento de bloques de competitividad, aseguraban que los partidos distribuyeran sus candidaturas equitativamente entre hombres y mujeres en todos los municipios, tanto en los que tenían más probabilidades de ganar, como en los que no eran tan competitivos.
La ministra consideró que en la reforma de 2022 hubo una regresión en el avance de la participación electoral de las mujeres porque las mujeres políticas de esta entidad, anteriormente, conocieron y participaron en un mejor entorno político. Pudieron ejercer y desplegar con mayor amplitud sus derechos políticos.
Con la citada reforma, esa esfera fue restringida. Se puede hablar de una gran narrativa de ampliación de la participación política de las mujeres, pero la realidad normativa puede ir por otro lado. Ya existía una normatividad electoral o administrativa, se conocía un mejor escenario, dijo.
La ministra explicó que, al realizar el análisis de estas reformas en el Pleno de la Corte, no se alcanzó la mayoría calificada para invalidar la reforma de 2022 que limitaba la participación efectiva de las mujeres, por lo que llamó a evitar la regresividad y a hacer más claras y entendibles las leyes electorales.
“El tema de género todavía es muy complicado, es una lucha. Se puede hablar de la participación de las mujeres, pero la realidad normativa va por otro lado. Todavía hay mucho por hacer", puntualizó la ministra Margarita Ríos Farjat.

La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de interponer recurso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le mete suspenso y más especulación al caso de Mario Aburto, quien ya se frotaba las manos ante la posibilidad de recuperar su libertad en marzo próximo, cuando se cumplen 30 años de estar tras las rejas.
Bajo la sombra de la especulación se puede decir lo que se quiera, que Aburto se quedará en la cárcel hasta que cumpla 45 años o que saldrá en marzo porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal concluyó que el asesino confeso tenía que haber sido juzgado por las leyes de Baja California donde se cometió el crimen y no por el Código Penal Federal.
Nadie puede dar por hecho nada sobre el futuro de Aburto, digan lo que digan los especuladores.
-Que va a salir con el propósito de ser factor en el proceso electoral de 2024, al lanzar acusaciones en contra de personajes de la política del pasado.
-Que se irá a vivir con su familia, sin abrir la boca sobre el caso Colosio, que lo va a perseguir el resto de su vida.
-Que terminará su carrera de abogado y se concentrará en su propia defensa jurídica.
-Que se dedicará a viajar por Europa.
-Que tiene planes para residir en el Medio Oriente.
-Que pronto se va a casar e irá de luna de miel a Islandia, que tiene la sociedad más feliz de la tierra.
-Que la Corte va a rechazar el recurso de revisión y por lo tanto Aburto sale en marzo.
-Que la Corte aceptará el recurso de revisión y en consecuencia, mientras se resuelve, Aburto seguirá en prisión.
Lo que sea se puede decir.
Jesús González Schmal, su abogado, con larga carrera política en diferentes partidos (empezó en el PAN) está convencido de que puede conseguir que declaren inocente a Mario Aburto, con el argumento de que fue torturado y por la falta de pruebas fehacientes.
Según el defensor, no existe imagen donde se vea a Mario disparando contra Colosio. La que hay nada más, de acuerdo con su abogado, es la imagen de una mano que dispara una pistola.
A ver si no resulta que fue un ser de otro planeta el que jaló el gatillo o que de plano Colosio se disparó.
Todo es posible en la especulación.
Cuatro fiscales investigaron el caso Colosio, asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994.
Las dudas persisten, sobre todo en cuanto a si Aburto actuó solo, como finalmente aseguró la autoridad judicial o si hubo autor o autores intelectuales.
Hay quienes no han dejado de pensar que fue producto de un complot. Versión que defendió Miguel Montes García (QEPD), primer fiscal.
Incluso esa teoría, al anticiparla producto de sus investigaciones periodísticas, hizo ganar a la compañera Dora Elena Cortés Juárez el Premio Nacional de Periodismo 1994.
Sean 30 o 45 años de reclusión, para la autoridad judicial, para los juzgadores, Aburto es culpable.
Jesús González Schmal podrá seguir diciendo que hay elementos para que se declarare inocente a Mario y el propio sentenciado repetir lo que le aconseja su abogado.
Lo cierto es que está encerrado y nadie es adivino para saber el final de este caso que conmocionó a México.
El trompo de la especulación gira sin parar.