Justicia

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria es especialista en la defensa de los derechos humanos. Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano.
Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
Su trayectoria, ampliamente conocida. En la actualidad el mexicano que más se distingue en esta lucha, cuidadoso de su trabajo, con cientos de casos investigados en su historial, así que impensable que a estas alturas y con esa experiencia pudiera ser sorprendido.
Por supuesto que para nada de un día para otro decidió que llevaría el caso de este periodista al pleno del Senado.
Nunca antes habíamos cruzado palabra. Hugo Morales, su asesor de prensa, se encargó de avisarle del interés de contactarlo. Cuando se concretó la cita, escuchó las adversidades y pesadumbres del periodista. Recibió documentación del expediente, que revisaría con posterioridad.
En ningún momento anticipó juicio alguno, nada más escuchó y tomó nota del relato. Semanas después requirió más información documental. Transcurrió más de un mes sin que hubiera respuesta.
Quedaba claro que no solo analizaría el expediente, sino que haría sus propias indagaciones, como seguramente lo hizo cuando se desempeñó como Ombudsman en la CDMX, en diferentes casos, temas diversos y con distinto grado de complicación, unos más delicados que otros. Misión que no ha dejado de realizar como legislador.
Para nadie es secreto que cualquiera que vea afectados sus derechos humanos, encontrará la puerta abierta de la oficina del senador.
Dos meses después, concluyó que atendería el caso del periodista. Ofreció dos caminos, organizar conferencia de prensa o tratar el asunto en la sesión plenaria del Senado.
Optamos por la segunda opción, aunque el senador temió que el periodista pudiera ser revictimizado, quizás pensando en que alguien pudiera cuestionar sus palabras en el pleno.
Nadie objetó lo dicho por el senador Álvarez Icaza, la historia del comunicador víctima de la infamia, la injusticia, de malos juzgadores que reabrieron su caso después de dos resoluciones de inocencia y cuando ya estaba cerrado, torturado y amenazado de muerte por quienes lo torturaron, como consta en la Recomendación 27/2013 de la CNDH.
El Órgano Interno del Control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se desempeñaba como vocero, nunca encontró nada que tuviera que ver con acoso ni hostigamiento sexual.
Desde el pleno senatorial, la voz del senador del Grupo Plural, su llamado para que el asunto fuera revisado por la Suprema Corte de Justicia de Nación, ante la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y la trascendencia nacional de un proceso que ya suma más de 11 años.
Estas son las consideraciones que explican porqué Emilio Álvarez Icaza determinó intervenir, en aras de que se haga justicia y se desatienda a quienes creen que se puede utilizar al poder judicial para venganzas y agresiones contra el periodista y su familia.
Semanas después del llamado senatorial la ministra Norma Piña firmaría el acuerdo que admitía el Recurso de Revisión interpuesto por el periodista, turnado para su estudio y resolución a la Primera Sala de la Corte.

Para el ser humano en general una de las reacciones más complicadas es admitir que ha errado.
Nadie quiere aceptar error, reconocerlo ante el prójimo, así es en todos los ámbitos de la sociedad, en cualquier ejercicio profesional; comportamiento de todas las edades, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, en la tercera edad. No es una actitud exclusiva de un país.
México, por supuesto, no puede ni es la excepción. ¿Cuándo han visto a un político o política que diga haber cometido un error? ¿Un gobernante? Menos. Los deportistas tampoco presumen desaciertos. ¿Recuerdan alguna vez que Ana Guevara, sobre todo en su etapa de funcionaria, haya aceptado que la regó? ¿Los medios de comunicación? Muy ocasionalmente lo hacen y sin entrar en detalles, porque suponen que pierden credibilidad y rating.
Hay de errores a errores, algunos cuestan mucho dinero y los paga el pueblo. Otros destruyen patrimonios, familias y hasta vidas humanas. Quienes con honestidad, sinceridad y transparencia repararan la equivocación, se cuentan con los dedos, son los menos.
En el sistema de justicia es dolorosísimo. ¿Cuántos inocentes hay en prisiones porque los juzgadores no hicieron lo correcto o procedieron de manera indebida? Es una desgracia cuando después de 20, 30 años o más, autoridades se ven obligadas a liberar a la persona que tenían recluida porque se comprobó, tarde, su inocencia. Ni disculpa le dan.
Lo peor es que a pesar de saber que existe el error, lo quieran encubrir, tapar; es difícil por la multiplicidad de medios. Hace tres o cuatro décadas, lo que no se decía en la radio, aparecía en la televisión o leía en los periódicos, quedaba oculto, en la oscuridad.
Hoy es distinto. Es la ventaja de las redes sociales que no callan nada, de los teléfonos celulares que graban todo. Transparencia plena. Puede ser que algún servidor público o algunos servidores públicos consigan imponer su voluntad, nada más que la huella que dejan tarde o temprano terminará por aplastarlos o mínimo exhibirlos.
Es el caso del magistrado, Jorge Fermín Rivera, ya jubilado, quien semanas antes de irse al retiro, todavía como presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, reabrió un proceso que ya estaba cerrado.
No le importó que el afectado, periodista, tuviera dos resoluciones de inocencia y tampoco que su acción contraviniera criterios que su propio tribunal había aprobado por unanimidad.
Cometió un error jurídico que no pudo tapar. Ha sido descubierto. El error no puede ni debe cobijarse, porque lo primero que debe prevalecer es la justicia. Está a la vista y es imposible ignorarlo. Desestimarlo sería monstruoso. Tarde o temprano triunfaría la verdad.
Es de la mayor relevancia decir que ninguno de los dos juzgadores que exoneraron al periodista fueron cuestionados. Nadie los acusó de ser parciales o de favorecer al comunicador.
La contraparte prefirió buscar un juzgador a modo o que pudiera sorprender. Lo encontró. Jorge Fermín Rivera, quien en estos tiempos disfruta de los beneficios de su jubilación.
Seguramente lo que menos le inquieta o preocupa es el daño que le ocasionó al periodista y su familia.
El asunto está siendo revisado por ministros y ministras de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

La oposición quería evitar que Ernestina Godoy fuera ratificada por el Congreso de la Ciudad de México como fiscal y lo consiguió. Cerró filas para impedir que alguno o algunos de sus cuadros cambiaran de bando y votaran a favor. Dos diputadas priístas desentonaron y la dirigencia de su partido no dudó en sancionarlas, abrirles proceso de expulsión.
Por más cabildeos y presiones, no fue posible para la mayoría Morena lograr los votos necesarios para la ratificación.
Resultado previsible por el número de diputados del bloque opositor. No iba a ceder ante la proximidad de elecciones y por la percepción que tiene del trabajo judicial de Ernestina.
Godoy finalmente tuvo que irse de la fiscalía General de Justicia, a pesar del apoyo del gobierno de la CDMX y de personajes del partido en el poder.
Nada más que la historia no termina ahí, porque siguen las investigaciones que emprendió Ernestina Godoy contra lo que llaman “Cartel Inmobiliario” y presuntas acciones relacionadas con la trata, en las que estarían involucrados varios líderes opositores.
Se quedó en la fiscalía el mismo equipo que tenía como jefa a Ernestina. Al frente, en calidad de encargado, Ulises Lara, quien se venía desempeñando como vocero y coordinador de asesores.
Es muy probable que algunas investigaciones ya estén terminadas o a punto de concluirse, así que nada más habría que esperar a que Ulises tome los hilos de los pendientes para que empiecen a ejecutarse medidas contra presuntos infractores políticos.
La oposición lo sabe. Por eso desde el primer momento que se enteró de quien se quedaría en lugar de la saliente, arremetió contra Ulises Lara. Encontró que apenas acaba de tramitar título y cédula profesional, requisitos que exige la ley para ese puesto, para el titular, no para quien solo despacharía como encargado.
Empezó a escarbar en su pasado con la finalidad de evidenciar cualquier irregularidad en la que hubiera estado involucrado, probada o no. Lo que fuera con tal de dañar su reputación y tirarlo.
No parece que vayan a prosperar las acusaciones, porque además de que Ulises Lara solo está de encargado, en tanto se elige a otro u otra para fiscal, tiene trayectoria laboral y académica.
Licenciado en sociología por la UNAM; maestro en Gobierno y Asuntos Políticos por la UNAM y en Dirección y Gestión Pública Municipal por la Universidad Carlos III de España.
Si bien, de acuerdo con su currículum vitae no cuenta con la licenciatura en Derecho, tiene el grado de doctor en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México.
En el servicio público ha realizado diversas tareas. Se ha desempeñado como diputado federal, director general de gobierno en la Ciudad de México, director de planeación en el Comité de Planeación para el Desarrollo y director ejecutivo de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda.
Por lo tanto, si los opositores pensaban que al sacar a Ernestina Godoy de la fiscalía se acabarían sus preocupaciones con la justicia, el ascenso de Ulises no los dejaría dormir tranquilos. El encargado conoce el área donde se encuentra y procedería a desahogar los casos pendientes, sin esperar a que el Congreso local elija al nuevo fiscal.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández ha cumplido el primero de los cuatro años que le corresponden como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No es fácil la misión que tiene asignada. Ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo condescienden con ella por su condición de género. Tampoco la ministra lo ha planteado y mucho menos pedido.
Queda claro que la Corte no va a renunciar a ser contrapeso entre los poderes y la Cuarta Transformación va a insistir en darle otro rostro al poder judicial.
Ya en 1995 hubo un giro de 180 grados, cuando Ernesto Zedillo recompuso el tribunal. Jubiló a 26 ministros y redujo a 11 el número de sus integrantes, con el argumento de que no respondía al clamor de justicia de la sociedad.
El mismo argumento se utiliza ahora.
Hace 28 años nadie levantó la voz, nadie se quejó ni se opuso a la decisión presidencial, que al final poco o nada consiguió para que la justicia prevaleciera en México. Lo que logró fue que ninguno de los juzgadores debiera el nombramiento a los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Quizás, de haber tenido un ministro afín, el hermano del segundo nunca hubiera pisado la cárcel.
En enero de 1994 se registró la rebelión de los zapatistas en Chiapas. En marzo de ese año mataron a Luis Donaldo Colosio. Hechos de rebeldía y sangre que generaron clima de temor en la gente. Favoreció al candidato oficial Zedillo quien obtuvo en las elecciones no solo la presidencia sino también el control del poder legislativo. Por eso pudo reformar la Constitución y renovar a la Corte.
Hoy los tiempos y las circunstancias son distintas. El gobierno en turno no tiene el control del poder legislativo ni existe la certeza de que lo alcance la ganadora de las elecciones en 2024, aun cuando las encuestas le den ventaja de 20, 30 y hasta 50 puntos porcentuales.
Lo que todavía no ha cambiado como se quisiera es el grado de impartición de justicia; persiste la deuda con la sociedad.
Por eso, en la hipótesis poco probable de que el grupo en el poder arrase en las elecciones como lo hizo en 2018, quienes votarían a su favor el año entrante estarían de acuerdo con la operación de gran calado en la reforma judicial.
En defensa del poder judicial, hay consenso en que siga de contrapeso, necesario para la democracia. Para ello es clave honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a la Constitución, como ha dicho la ministra presidenta Piña Hernández.
Entiende que esa es la función que deben desempeñar, la premisa que da sentido a la vida profesional de los juzgadores.
De acuerdo con sus palabras, el poder judicial no busca aplausos, sino hacer lo que le toca, lo correcto, lo fundamental, lo que le mandata la ley, impartir justicia con independencia e imparcialidad, justicia pronta y expedita, para todas las personas, sin excepciones ni distingos.
Indudablemente, la sociedad es el mejor termómetro para medir su actuación. Saldría a la calle a defenderlo, si fuera necesario, lo que hasta la fecha no ha realizado, aunque tampoco ha salido para exigir su trasformación.
Si hay justicia tangible, que se sienta, en correspondencia la sociedad se convertiría en el principal antídoto contra cualquier plan que pretenda someter al poder judicial. Hacer justicia es imprescindible.

El escándalo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llegó a la sesión de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al informe anual del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del tribunal electoral, solo asistió su compañera Janine Otálora, quien se sentó sóla en la sillería destinada para magistrados y magistradas, ubicada frente a integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
La inasistencia de los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña obedeció a la solidaridad de los dos primeros con el tercero, ante acciones que pretenden obligarlo a renunciar a la sala superior del TEPFJ, con la finalidad de recomponer la integración de dicha sala, a la que le corresponderá calificar la elección presidencial de 2024.
El 31 de Octubre pasado terminaron su periodo los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas, por lo que la sala se quedó con cinco magistrados. El Senado no ha elegido a la magistrada y magistrado que ocuparían las vacantes.
De acuerdo con la columna del periodista Mario Maldonado, que este día se publicó en El Universal, trascendió que fue presentada denuncia por extorsión en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la magistrada Yhalí Cruz Valle, quien aspira a la sala especializada del propio tribunal.
Según la versión recogida por el columnista, hay audios y pruebas para desestimar acusaciones que Yhalí Cruz hizo contra el magistrado De la Mata, por acoso laboral y sexual.
Yhalí forma parte del equipo del magistrado presidente Reyes Mondragón.
Por estos motivos la ausencia de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes en el informe anual de Reyes Mondragón ante el pleno de ministros y ministras en la SCJN.
Soto y Fuentes se solidarizaron con su compañero Felipe de la Mata, presunta víctima de extorsión.

En el supuesto de que los senadores no se pongan de acuerdo para nombrar a una magistrada y a un magistrado como integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ley orgánica prevé la solución.
El propio tribunal tendría que seleccionar e incorporar a la sala superior, para garantizar la paridad de género, a la magistrada y magistrado con más antigüedad de las salas regionales.
Así que nadie se alarme o entre en pánico porque no haya consenso en el Senado o no se alcance la mayoría calificada a la hora de votar en el salón plenario, las dos terceras partes de los asistentes.
Los decanos y decanas del tribunal electoral están identificados, están a la mano nombres de magistrados y magistradas de las distintas salas regionales y especializada que pueden ocupar las dos vacantes:
Omar Delgado Chávez (sala Guadalajara), Elena Ponce Aguilar (sala Monterrey), José Antonio Troncoso Ávila (sala Xalapa), Luis Enrique Rivero Carrera (sala Ciudad de México), Fabián Trinidad Jiménez (sala Toluca) y Mónica Lozano Ayala (sala especializada).
Como lo establece la Constitución, corresponderá a dicha sala calificar la elección presidencial de 2024 y declarar presidente electo al candidato o candidata que haya obtenido más votos.
Para hacerlo, deberá de sesionar con al menos seis de sus siete integrantes.
El 31 de octubre próximo concluyen su periodo los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, por lo que se quedaría con cinco, le faltaría uno para cumplir con lo que señala el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La Comisión de Justicia del Senado, que preside Olga Sánchez Cordero, ya aprobó, por unanimidad la idoneidad de las dos ternas, una de mujeres y otra de varones, que les envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En otras palabras, las tres aspirantes y los tres aspirantes (Gabriela Villafuerte Coello, Marcela Elena Fernández Domínguez, Claudia Valle Aguilasocho, Rubén Jesús Lara Patrón, Francisco Javier Sandoval e Ismael Armando Maitret Hernández) cumplen con los requisitos y la formación académica que exige la norma. Los seis con amplia experiencia en materia jurídica electoral.
No elegir a dos de ellos, por decir lo menos, es una falta de respeto.
Si fuera le excepción, se entendería y aceptaría. La desgracia del Senado es que ya suma más de 70 nombramientos sin resolver, por la falta de consenso, por la desconfianza y por el temor de que los nombrados actúen a favor de la oposición o del partido en el poder.
Los y las aspirantes a la sala superior del TEPJF crecieron profesionalmente en el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte integró las dos ternas, con los que consideró más capaces.
Sigue el turno de la Junta de Coordinación Política del Senado que preside Eduardo Ramírez Aguilar y en la que están representados los distintos grupos parlamentarios. Tendrán que ponerse de acuerdo para que el proceso de elección de magistrado y magistrada no vaya a rebotar en el pleno de la cámara como ha sucedido en otras ocasiones.
Ante el pleito que prevalece entre poderes, todo indica que el tribunal echará mano de los decanos y decanas para ocupar las dos vacantes de la sala superior del tribunal electoral.

En el “Congreso Internacional 2023: Los Retos de la Judicatura”, realizado en la Facultad de Derecho de la UNAM, la ministra Margarita Ríos Farjat explicó que la paridad de género todavía no se da en México como se quisiera, por la complejidad que a veces se manifiesta en la legislación electoral a nivel local.
Por eso destacó la importancia de que, en materia electoral, se legisle con base en los principios de progresividad y paridad de género, para garantizar que las mujeres no pierdan oportunidades de participación política efectiva.
Apoyada en una exposición gráfica sobre lo que ha sucedido en el caso de Nuevo León (Acción de Inconstitucionalidad 50/2022 que se resolvió el 16 de enero de este año), manifestó su preocupación por el alto grado de especialización de las leyes electorales que aleja a la sociedad de su entendimiento.
La ministra Margarita Ríos Farjat alertó que se han presentado reformas regresivas que obstaculizan la participación política de las mujeres e impiden que las cuotas de género tengan eficacia en su ejecución.
Recordó que, en 2022, legisladoras de Nuevo León reclamaron ante el Alto Tribunal que las reformas a la ley electoral y a la Constitución Política de esa entidad eran regresivas porque no permitían una participación efectiva de las mujeres, ya que abrían la puerta para que los partidos políticos cumplieran con repartir equitativamente las candidaturas entre hombres y mujeres, pero las relegaran a ellas a contender en municipios donde sus posibilidades de ganar eran menores.
Antes de esas reformas, precisó, estaban vigentes una serie de lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que, a partir del establecimiento de bloques de competitividad, aseguraban que los partidos distribuyeran sus candidaturas equitativamente entre hombres y mujeres en todos los municipios, tanto en los que tenían más probabilidades de ganar, como en los que no eran tan competitivos.
La ministra consideró que en la reforma de 2022 hubo una regresión en el avance de la participación electoral de las mujeres porque las mujeres políticas de esta entidad, anteriormente, conocieron y participaron en un mejor entorno político. Pudieron ejercer y desplegar con mayor amplitud sus derechos políticos.
Con la citada reforma, esa esfera fue restringida. Se puede hablar de una gran narrativa de ampliación de la participación política de las mujeres, pero la realidad normativa puede ir por otro lado. Ya existía una normatividad electoral o administrativa, se conocía un mejor escenario, dijo.
La ministra explicó que, al realizar el análisis de estas reformas en el Pleno de la Corte, no se alcanzó la mayoría calificada para invalidar la reforma de 2022 que limitaba la participación efectiva de las mujeres, por lo que llamó a evitar la regresividad y a hacer más claras y entendibles las leyes electorales.
“El tema de género todavía es muy complicado, es una lucha. Se puede hablar de la participación de las mujeres, pero la realidad normativa va por otro lado. Todavía hay mucho por hacer", puntualizó la ministra Margarita Ríos Farjat.

La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de interponer recurso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le mete suspenso y más especulación al caso de Mario Aburto, quien ya se frotaba las manos ante la posibilidad de recuperar su libertad en marzo próximo, cuando se cumplen 30 años de estar tras las rejas.
Bajo la sombra de la especulación se puede decir lo que se quiera, que Aburto se quedará en la cárcel hasta que cumpla 45 años o que saldrá en marzo porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal concluyó que el asesino confeso tenía que haber sido juzgado por las leyes de Baja California donde se cometió el crimen y no por el Código Penal Federal.
Nadie puede dar por hecho nada sobre el futuro de Aburto, digan lo que digan los especuladores.
-Que va a salir con el propósito de ser factor en el proceso electoral de 2024, al lanzar acusaciones en contra de personajes de la política del pasado.
-Que se irá a vivir con su familia, sin abrir la boca sobre el caso Colosio, que lo va a perseguir el resto de su vida.
-Que terminará su carrera de abogado y se concentrará en su propia defensa jurídica.
-Que se dedicará a viajar por Europa.
-Que tiene planes para residir en el Medio Oriente.
-Que pronto se va a casar e irá de luna de miel a Islandia, que tiene la sociedad más feliz de la tierra.
-Que la Corte va a rechazar el recurso de revisión y por lo tanto Aburto sale en marzo.
-Que la Corte aceptará el recurso de revisión y en consecuencia, mientras se resuelve, Aburto seguirá en prisión.
Lo que sea se puede decir.
Jesús González Schmal, su abogado, con larga carrera política en diferentes partidos (empezó en el PAN) está convencido de que puede conseguir que declaren inocente a Mario Aburto, con el argumento de que fue torturado y por la falta de pruebas fehacientes.
Según el defensor, no existe imagen donde se vea a Mario disparando contra Colosio. La que hay nada más, de acuerdo con su abogado, es la imagen de una mano que dispara una pistola.
A ver si no resulta que fue un ser de otro planeta el que jaló el gatillo o que de plano Colosio se disparó.
Todo es posible en la especulación.
Cuatro fiscales investigaron el caso Colosio, asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994.
Las dudas persisten, sobre todo en cuanto a si Aburto actuó solo, como finalmente aseguró la autoridad judicial o si hubo autor o autores intelectuales.
Hay quienes no han dejado de pensar que fue producto de un complot. Versión que defendió Miguel Montes García (QEPD), primer fiscal.
Incluso esa teoría, al anticiparla producto de sus investigaciones periodísticas, hizo ganar a la compañera Dora Elena Cortés Juárez el Premio Nacional de Periodismo 1994.
Sean 30 o 45 años de reclusión, para la autoridad judicial, para los juzgadores, Aburto es culpable.
Jesús González Schmal podrá seguir diciendo que hay elementos para que se declarare inocente a Mario y el propio sentenciado repetir lo que le aconseja su abogado.
Lo cierto es que está encerrado y nadie es adivino para saber el final de este caso que conmocionó a México.
El trompo de la especulación gira sin parar.

El conflicto de Los Chimalapas es una historia ideal para llevarla al cine, tiene los ingredientes de vida para hacerlo. Por fin, después de más de 50 años de rencillas, prevalecen el acuerdo y la ley.
La historia sobre el deslinde territorial tiene de todo, hasta la inapropiada utilización de la herramienta de “Google maps” que se corrigió a tiempo al descubrir que uno de los límites era ubicado en el mar. El desatino no pasó de la sorpresa de protagonistas y negociadores.
Se cuidan los puntos finos y en ese trabajo, con la representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha intervenido la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Se da por hecho que el último capítulo quede cerrado en las primeras semanas de enero, en los términos que resolvió el Alto Tribunal, de acuerdo con el proyecto que en su momento redactó José Fernando Franco González, ahora ministro en retiro.
Para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, el congreso local de Oaxaca modificó la constitución del estado y el gobernador Salomón Jara fue autorizado para la suscripción de convenios amistosos sobre los límites territoriales entre los estados de Oaxaca y Chiapas.
El antecesor Alejandro Murat pretendió ser la autoridad que cerrara esta historia. No le alcanzó su periodo, así que como autoridad estatal ya no podrá ver el final del caso de Los Chimalapas.
Se han escrito diversidad de versiones sobre lo que dio origen al problema. La que prevalece es que el gobierno federal que encabezo Gustavo Díaz Ordaz autorizó desde el escritorio la creación de ejidos chiapanecos en territorio oaxaqueño. Provocó el largo diferendo, más de 5 décadas. En el camino quedaron pleitos y pérdidas físicas.
Por este litigio el gobierno de Oaxaca interpuso controversia constitucional en la SCJN, para precisar los límites entre los dos estados citados y la posesión de 160 mil hectáreas de selva.
Los últimos pasos dados por autoridades y partes involucradas han tenido que ver con la extinción de ejidos, la delimitación física entre Oaxaca y Chiapas y el pago de daños ambientales por explotación ilegal forestal.
El conflicto no solo propició enfrentamientos violentos entre comuneros y ejidatarios, también abrió espacio para la incursión de la delincuencia, “talamontes” y narcotraficantes. La tala ilegal dañó miles de hectáreas de bosques y selvas de la zona de Los Chimalapas.
La historia está ya en su epílogo, en la revisión de últimos pendientes con supervisión de autoridades ejecutivas y judiciales; el infaltable escrutinio de los pobladores, cuidadores naturales de su selva.
En enero del próximo año se pondría punto final a la etapa de conciliación, para que puedan vivir en paz habitantes de Santa María y San Miguel Chimalapa, zona reconocida como uno de los principales pulmones de oxígeno con que cuenta nuestro país.
Tiene sobrados elementos la historia para llegar a la mesa de un productor o director de cine de Hollywood, hacerla película y de paso recompensar por derechos de autor a los indígenas zoques que han sufrido el conflicto por la incertidumbre jurídica, en el corazón del Istmo de Tehuantepec.
En la industria cinematográfica mexicana la idea fascina, lo único que los detiene es la falta de recursos.

Muchas veces, con razón o sin ella, se acusa a Morena de no abrir a la pluralidad los foros que organiza en la Cámara de Diputados o de no tomar en cuenta la opinión de los participantes.
Hasta ahora lleva cuatro conversatorios en materia judicial, con el concurso de juzgadores, abogados y académicos, que con toda libertad han dicho lo que piensan sobre la propuesta para que ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por el voto popular.
Voces a favor y en contra, ambas con la debida argumentación. El consenso es que el procedimiento de elección no puede ni debe seguir igual. Hace falta ajustarlo, perfeccionarlo.
Mejorar la impartición de justicia. Hacer lo que sea necesario para lograrlo, garantizar honestidad e imparcialidad.
La tarea no es sencilla ni se hará de la noche a la mañana. No están dadas las condiciones y existen fuerzas encontradas sobre la integración de la Corte. El cómo es la diferencia entre legisladores, juzgadores y estudiosos.
Además, está en puerta la competencia por la presidencia de la República y en eso se van a enfocar partidos, políticos y políticas, en las próximas semanas y meses, hasta llegar a junio de 2024.
De cualquier manera, el tema no irá a la congeladora, existe el anuncio de que el poder Ejecutivo presentaría propuesta para analizar, discutir y votarla en la próxima legislatura.
Su progreso dependerá del resultado de las próximas elecciones. No será suficiente, como se vislumbra, con que Morena vuelva a ganar la presidencia. Requiere tener el control parlamentario, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Es lo que se denomina Plan C, conseguir el próximo año más de 30 millones de votos, que se ve complicado, no imposible.
Necesita un candidato o candidata presidencial popular como lo fue Andrés Manuel López Obrador en 2018, cuando arrasó a sus adversarios. Su popularidad hizo que la gente votara por la camiseta guinda, hasta por candidatos a diputados y senadores, desconocidos para electores de estados y distritos.
La situación ahora es diferente. Como no hay otro fenómeno como López Obrador en la competencia política que atraiga masas, para que tenga éxito el Plan C, quienes buscan repetir como legisladores u ocupar por primera vez una curul o un escaño, deberán ganar por su cuenta el apoyo de votantes. Demostrar que de verdad son la mejor alternativa.
Por lo que sucede en el sistema de justicia, sería injusto solo ver como culpable al poder judicial, porque no se inventó solo, hubo un poder legislativo que le dio esa estructura, las reglas para operar y el dinero para pagar sueldos a juzgadores.
Los altos ingresos fueron establecidos y aprobados por diputados y senadores de gobiernos priístas, aceptados por panistas, con el argumento de que, al remunerar de esa manera a jueces, magistrados y ministros, estarían a salvo su independencia e imparcialidad.
Tampoco está todo echado a perder, hay juristas respetables, que dignifican a la institución judicial.
Lo ideal, porque el clamor del pueblo no debe seguir esperando, sería rescatar lo bueno y deshacerse de lo que ya no funciona, lo más pronto posible, sin esperar a resultados electorales.

EL expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el cúmulo de graves violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo del proceso penal. Tiene el número 246/2023.
Si todos los juzgadores que han intervenido en este caso hubieran actuado con honestidad, conforme a Derecho e imparcialidad, hace varios años que estuviera cerrado.
Sigue abierto a pesar de que el imputado obtuvo dos resoluciones de inocencia de distintas autoridades y la contraparte, notificada personalmente, nunca apeló en el plazo establecido por la ley.
Fuera de tiempo, sin respetar el principio de definitividad, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, reabrió el proceso.
El tribunal incurrió en error jurídico que no prescribe; lo cometió por encima de sus propios criterios establecidos por unanimidad. Perdió la línea recta que debe caracterizar su desempeño. De ser corregido, quedará firme la resolución de inocencia.
Hay consenso de la sociedad de luchar en defensa de las mujeres. Lo que no se vale es utilizar esta bandera para lastimar inocentes.
Tampoco la mentira puede ser admitida como directriz para impartir justicia con perspectiva de género.
Mucho menos utilizar el sistema de justicia para perseguir y agredir al periodista acusado.
El caso amerita revisión exhaustiva, porque entre las agravantes están la tortura y la violación al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juzgador no resolvió la situación jurídica del detenido en las 72 horas que marca la ley.
Además, fue internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, como si fuera uno de los delincuentes más peligrosos de nuestro país, por un supuesto delito que no cometió.
La Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 27/2013 revela detalles de los atropellos que deberán de considerarse para que prevalezca la justicia.
El Órgano Interno de Control de la misma CNDH investigó imputación contra quien hace más de 10 años se desempeñaba como vocero de dicha comisión nacional. Nunca encontró nada que pudiera tipificarse como delito, mucho menos hostigamiento o abuso sexual.
Hay juzgadores que han ignorado graves contradicciones de la parte acusadora, como si respondieran a la consigna de encerrar al periodista, por lo que sea y como sea.
En diciembre pasado lo intentó la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Colegiado de Apelación en Materia Penal. Dio por concluido el proceso y ordenó ejecutar sentencia.
La cautela del juez Alfredo Silva Juárez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, evitó atrocidad mayúscula; no procedió con la celeridad que seguramente esperaba la magistrada. Se tomó el tiempo que le daba la ley y, en ese lapso, Guadalupe Rodríguez Escobar se vio obligada a rectificar.
Pretendió brincarse, sin éxito, al máximo tribunal.
Los excesos a lo largo del proceso ahora se han traducido en trabajo extra para la Suprema Corte.
La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández firmó el acuerdo que admitió el Recurso de Revisión.
Se turnó el caso al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien elaborará proyecto de dictamen que en su oportunidad evaluarán y votarán integrantes de la primera sala de la SCJN.