Justicia

Adriana Juárez Soteno es un caso suigéneris porque aun cuando obtuvo el nombramiento de jueza otorgado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya no pudo ejercerlo.
Se quedó en el limbo, atrapada por las circunstancias. Por fin había alcanzado su aspiración de ser jueza, en su carrera de 17 años dentro del poder judicial, nada más que el nombramiento le llegó justo a cuatro días de que entrara en vigor la nueva reforma aprobada por el constituyente.
La nueva reforma establece que para ser juez o jueza, magistrada o magistrado, ministra o ministro tiene que ser electa por el pueblo, por lo tanto, no podía ocupar el cargo por el método tradicional y el consejo de la judicatura no la asignó a ningún juzgado.
No culpa a nadie de lo sucedido, es cuidadosa al juzgar a la ministra Norma Piña, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No la responsabiliza de haberla dejado a la mitad del camino, a pesar de que era sabido que una vez que entrara en vigor la nueva reforma, el nombramiento se iba a quedar en pausa, sin posibilidad de reactivarse o hacerse efectivo.
Valga la comparación, como al niño que le regalan un dulce sin que sea posible quitarle la envoltura.
Adriana Juárez Soteno se convirtió en jueza sin ser jueza en la realidad, en los hechos, en el ejercicio.
El nombramiento en el papel le funcionará para su historial y para colgarlo en la pared como diploma, como prueba de que lo consiguió a través de un concurso de oposición.
Entrevistada para este espacio es cautelosa y no le echa la culpa a nadie de su singular experiencia.
A la que todavía es presidenta de la Corte le reconoce que llegó ahí por méritos, resultado de una carrera intachable. De su actual desempeño prefiere no opinar, ni en contra ni a favor, opta por ocuparse de su propio y nuevo reto, ganar la elección del 1 de junio, ya no para ser ratificada como jueza, sino para ser magistrada.
Si bien no pudo ejercer oficialmente su nombramiento de jueza, platica también que la tarea judicial como secretaria de acuerdos le ha permitido conocer el trabajo de impartir justicia.
Así fue cuando en los términos que señala la ley, estuvo como secretaria en funciones de juzgadora, debido a que el titular del juzgado de procesos penales donde laboraba lo enviaron a un centro de justicia oral.
Según sus palabras, le tocó resolver asuntos de relevancia social y hasta de trascendencia para el país. Una experiencia que agradece a la vida y que ahora la tiene como candidata a magistrada.
Para Juárez Soteno uno de los principales defectos del juzgador ha sido su desconexión con la gente, desentenderse del contexto social y emitir veredictos basado solo en el papel, en el expediente, sin escuchar con la amplitud requerida a las partes.
Incluso atribuye a este defecto parte de los equívocos y mala imagen que tiene el poder judicial.
Ahora está convencida de que el nuevo marco legal y la elección que hará el pueblo de juzgadores, ayudará a impulsar la democratización del poder judicial, combatir la corrupción y fortalecer la justicia social.
En un principio, admite, como integrante del poder judicial, estaba confundida con la reforma. Hoy ha entendido la importancia de adaptarse al cambio, la relevancia de que sea el pueblo quien elija a los juzgadores en beneficio de la justicia social que tanta falta le hace al país.

Por primera vez, porque así lo establece la nueva reforma judicial, en marcha las campañas de tres mil 442 juristas, lo que nunca antes se había hecho para competir por un lugar en el poder judicial.
Durante 60 días, del 30 de marzo al 28 de mayo, candidatas y candidatos a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, seguirán reglas establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para darse a conocer y tratar de obtener el mayor número de votos.
Actividad nueva para ellos y ellas, con topes de campaña y promoción restringida en medios.
Los ciudadanos y ciudadanas que irían a votar el 1 de junio, tampoco la tienen fácil, porque deberán de hacer un esfuerzo extra para conocer la trayectoria de competidoras y competidores, a fin de emitir un voto razonado y escoger a los y las mejores.
Ya hay medios que se están ocupando en exhibir debilidades y fortalezas de los aspirantes, el perfil de cada uno, grados académicos y trabajos realizados.
En camino la renovación de un poder judicial que nunca fue capaz, por su cuenta, de sanear y corregir defectos. Poco o nada hizo por cerrarle el paso a la corrupción y nepotismo, toleró el favoritismo y la parcialidad en resoluciones. No se ha significado por su independencia, ha sido obsequioso con poderosos e influyentes, con los que tienen dinero.
Hay que admitir que no todas las manzanas están podridas, sin duda tiene gente muy valiosa que ha cumplido y cumple con su responsabilidad, con apego a la ley.
Empleados con vocación de servicio, con ética. Estrictos con sus deberes y lo que marca la ley. Testigos de lo que han hecho sus jefes, bueno o malo, a favor o en contra de la justicia.
Se supone que todas y todos han estado y están vigilados por el Consejo de la Judicatura Federal ahora en proceso de extinción para ser sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial. El CJF se caracterizó más por la simulación, juez y parte porque quien ha presidido este órgano también ha presidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para nadie es un secreto en el andamiaje judicial la importancia de secretarios y secretarias de acuerdos, que, sin estar al frente de juzgados o tribunales, ejercen la ética que debería caracterizar a sus jefes.
Por ejemplo:
La secretaria de acuerdos María del Pilar Argueta González, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en funciones de jueza (lo permite la ley ante la ausencia del titular), con el cuidado debido, después de dos resoluciones de inocencia y el tiempo cumplido para recibir apelaciones, dio por concluida la causa penal 103/2012-II.
Con fecha del 15 de diciembre de 2016 emitió el siguiente acuerdo:
“En consecuencia, con sustento en la última parte, párrafo primero del artículo 102 de la legislación procesal aplicable, se declara que dicho fallo es irrevocable y por ende, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar”.
Previamente, con fecha del 28 de septiembre de 2016, dio cuenta de las notificaciones y el plazo concedido para impugnar las resoluciones a favor de quien había sido declarado inocente.
Con lo que no contaba la secretaria de acuerdos y el afectado en el proceso penal es que el magistrado Jorge Fermín Rivera torcería la ley, sin respetar el principio de definitividad, para reabrirlo a cambio de beneficios para su pensión. A la semana siguiente, se jubiló y nadie se ocupó en revisar su actuación.
De cualquier manera, es indiscutible que el desempeño de la jurista Pilar Argueta confirma que no todo está podrido en el poder judicial.
Seguro, como ella, otros y otras trabajan y cumplen con discreción.

Ha sido diputada del PAN, trabajó para Televisa y es originaria de Coahuila, estado eminentemente priísta.
Con estas tres características cualquiera diría que Dora Alicia Martínez Valero hablaría pestes de la reforma judicial y de la elección de juzgadores el próximo 1 de junio.
Todo lo contrario.
Dora Alicia Martínez Valero, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), domina cuatro idiomas, es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se define como abogada independiente. Ha trabajado en la iniciativa privada y en el sector público. Como coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, también como asesora del poder legislativo. En la televisión comercial se desempeñó como directora general de asuntos electorales.
La maestra Martínez Valero accedió a ser entrevistada por este espacio y aquí algunas de sus respuestas, que la pintan con un pensamiento que nadie imaginaría por su origen y posiciones ocupadas.
-¿Está dispuesta a ganar menos que la presidenta Claudia Sheinbaum?
-Estoy dispuesta a ganar menos que la presidenta de México porque eso es lo que dice la ley, es lo que dice la Constitución. Si aspiro a ser ministra de la Corte, lo primero que tengo que hacer es respetar la Constitución. No estoy en esto por un interés económico. Estoy para trabajar con todas mis capacidades, con toda mi creatividad al servicio de la justicia. Mi motor nunca ha sido lo económico.
-¿Usted ha sido diputada del PAN y ha trabajado para Televisa, esto no le genera un conflicto de interés?
-Fui diputada federal de 2006 a 2009. Hoy tenemos una ministra en funciones que también fue diputada. La verdad ya no estoy vinculada a ese partido. Renuncié a la militancia partidista. Soy abogada independiente. Efectivamente, también fui directora de asuntos electorales del grupo Televisa. Cargo que dejé en 2023. La razón fue cumplir con mi aspiración de ser abogada independiente, no servir solo a una persona sino tener muchos clientes.
-¿Qué piensa cuando escucha que el poder judicial está podrido?
-El más grave error del poder judicial fue haberse quedado en sus oficinas. Y la justicia, particularmente la justicia social, no está en las oficinas de nadie, está en la calle. Hay que voltear a ver a las personas que piden justicia, hay que voltear a ver a las víctimas.
-¿El principal error de la Corte?
-Es ese precisamente, una Corte lejana, una Corte cerrada. Una Corte sin espacios para escuchar a las víctimas o para escuchar a quienes reclamaban justicia. Y quienes aspiraban a ser jueces, primero tenían que haber trabajado en el Alto Tribunal.
-¿Comparte el comentario de que los juzgadores se sienten dioses?
-Me parece que no solo los juzgadores. Creo que ese es un gran error del servicio público. Me parece que es un tema de cómo se asume la función de servir.
-¿Le gusta que el pueblo elija a los juzgadores?
-La reforma tiene algunas complicaciones técnicas que debieran mejorarse. En principio me parece un proceso inédito. Es lo que tenemos hoy y hay que aprovecharlo, que la ciudadanía sepa que tiene la posibilidad de elegir a quienes imparten justicia y exigirles que combatan la impunidad.
-También aspira a presidir la Corte?
-No, yo aspiro a ser ministra y a servir a favor de la justicia.

Una vez que la Corte se ha replegado, sobre todo porque jurídicamente ya nada puede hacer para descarrilar la elección de juzgadores, la organización del proceso avanzará como estaba previsto.
Cada vez más se hablará de los y las aspirantes a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras.
Hasta ahora, para presidir la Suprema Corte son mencionados los nombres de Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.
Con la reforma judicial, el número de lugares en el Alto Tribunal se redujo de once a nueve ministros y ministras.
Por razones de paridad, cinco serán ministras y cuatro ministros.
Lenía y Yasmín tendrían que, en primer lugar, obtener el mayor número de votos para asegurar uno de esos cuatro lugares.
La que obtuviera más votos, presidiría la Corte.
No es tan simple, porque también los varones y las otras mujeres que buscan un lugar en la Corte, van a querer llegar a presidirla.
Se habla de Lenia y Yasmín porque ambas han dejado trascender su interés por el principal cargo.
Yamín ya buscó ocuparlo. Se quedó en el camino cuando la mayoría de los votos de los propios ministros y ministras favorecieron a Norma Piña, quien, para infortunio del poder judicial, quedó muy lejos de las expectativas que dentro del mismo sistema de justicia se hicieron sobre su ascenso.
La aspiración de Yasmín se vio afectada por el escándalo derivado de la acusación de haber plagiado la tesis. Asunto que todavía quedó en suspenso porque el Comité de Ética de la UNAM, por disposiciones legales, ya no pudo hacer público el resultado de su investigación.
También, antes de llegar a la Corte, se le cuestionó por supuestos conflictos de interés, por el hecho de que su esposo el empresario constructor José María Riobóo había trabajado para los gobiernos de Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México.
Al margen de ello, la ministra Esquivel Mossa ha demostrado capacidad como juzgadora, por la moderación de sus actos, por su experiencia en el sistema de justicia y el dominio que tiene de las leyes.
Su compañera Lenia Batres, llamada “ministra del pueblo”, llegó a la Corte cuando Bertha Alcalde declinó su aspiración. El entonces presidente López Obrador no tuvo que decidir entre las dos. Se dejó que la designación la hiciera el titular del Ejecutivo porque en el Senado ninguna había alcanzado la mayoría calificada.
Lo que más se le critica a Lenia es que sus hermanos Martín y Valentina también trabajan en el servicio público. El primero como director general del ISSSTE y la segunda como legisladora local en la CDMX.
Sin embargo, no hay nepotismo. En primer lugar, cada uno tiene su propia trayectoria. Segundo, no laboran para la misma institución.
Lenia también es vista como una juzgadora inflexible, dura, congruente y firme en sus convicciones. No dudó en bajarse el sueldo (la única en la Corte) de manera voluntaria para cumplir con el precepto constitucional que obliga a todas y todos los servidores públicos a tener un ingreso menor al del presidente.
De igual manera renunció al seguro de gastos médicos mayores y optó por atenderse en hospitales del ISSSTE, donde le corresponde.
Lenia, como activista y jurista, ha tenido oportunidad de trabajar cerca de la Doctora Claudia Sheinbaum, antes de que ésta ganara la elección presidencial.
La presidencia de la SCJN dependerá de quien obtenga más votos, del alcance de sus respectivas campañas electorales.
Por lo pronto, aparecen en primera línea Lenia y Yasmín.

Ahora resulta que la Corte se lava las manos y se desmarca de la lista que armó el Comité de Evaluación del poder judicial. No validó los nombres que finalmente quedaron después de la insaculación o tómbola que realizó la mesa directiva del Senado.
Es una decisión que en nada afecta el proceso porque ya la había previsto la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La lista sigue firme, validada o no por la Corte.
Lo que es innegable es que los nombres salieron del citado comité de evaluación y para nada pasó desapercibido que cargaron los dados para favorecer a nueve aspirantes a ministras.
Tienen cualidades para aspirar a ministras, por su experiencia, por los cargos que han ocupado, pero también tienen puntos que pudieran ser desfavorables, por los gobiernos en los que han trabajado, por los casos que les ha tocado revisar como juristas y por sus lazos familiares.
Ninguna fue a la insaculación. Llegarán directo a la boleta como candidatas al cargo de ministra. No tuvieron que dejar a la suerte si competían o no en la elección del 1 de junio.
El pueblo, con su voto, tendrá la última palabra, decidirá si alguna o algunas de las nueve entra a la Corte. No pueden ser las nueve. Debemos recordar que la Constitución, con la reciente reforma, establece que solo nueve integran el Alto Tribunal.
Por lo tanto, por paridad o género: cinco serán mujeres y cuatro varones.
De cualquier forma, las nueve tienen posibilidades. Dependerá del número de votos que obtengan.
Quien puso los reflectores sobre sus nombres fue el presidente de la mesa directiva del Senado Gerardo Fernández Noroña.
Incluso el senador sugirió tomarse un té de tila antes de ponerse a buscar sus perfiles. La verdad, no alcanzaría este espacio para citar su amplia trayectoria, ni siquiera de una, así que apenas sus nombres y algunos rasgos. Los lectores y electores, como ha sugerido Noroña, deberán ir al buscador de internet por si están interesados o interesadas en saber más de estos personajes:
Marisela Morales Ibáñez, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Dora Alicia Martínez Valero, Jazmín Bonilla García, Rosa Elena González Tirado, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Ana María Ibarra Olguín, Lutgarda Madrigal Valdez y Olivia Aguirre Bonilla.
Marisela: procuradora General de la República en el gobierno de Felipe Calderón. Señalada de fabricar pruebas para encarcelar al comandante Javier Herrera Valle quien había enviado cartas al presidente para advertirle de nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado. También al final de su gestión, fue metido a la cárcel un periodista que había escrito que Calderón no ganó limpiamente en 2006.
Dora Alicia: exlegisladora panista, funcionaria en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fue directora de enlace legislativo de la Secretaría de la Función Pública.
Magda Zulema: actual magistrada, esposa del general Rafael Macedo, quien participó en la elaboración del expediente para tratar de quitarle el fuero de jefe de gobierno en la CDMX a Andrés Manuel López Obrador. Zulema también hizo proyecto de resolución para indemnizar con 3 mil 800 pesos a víctima de tortura física, la cifra más baja por ese concepto en el mundo.
Jazmín: ha desempeñado diversos cargos en el poder judicial y existe la versión de que en algunos de ellos ha sido impulsada por el ministro Javier Laynez Potisek.
Rosa Elena: En 1999 fue nombrada jueza y un año después, designada magistrada. Consejera de la Judicatura Federal en 2024.
Paula María: actual magistrada e hija de la ministra en retiro y diputada Olga Sánchez Cordero. Doctora en Derecho por la UNAM.
Ana María: Doctora y maestra en Derecho por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Durante más de ocho años fue secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del ministro Arturo Zaldívar.
Lutgarda: ha sido diputada priísta y Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Veracruz.
Olivia: egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene doctorados en Derecho Penal y Derechos Humanos.

Hay juzgadores que se preguntan ¿por qué la imputación de que el poder judicial está podrido?
Seguro que quienes se hacen la pregunta se significan por su imparcialidad y honestidad, imparten justicia y no responden a consignas. Por eso en cierta medida están sorprendidos del proceso para renovar el sistema, mandatado por el voto popular.
¿Dónde está los juzgadores corruptos? es otra de sus preguntas que se hacen, porque no ven las pruebas de los que acusan.
De entrada, hay que decir que el pueblo no hubiera tomado esa decisión en las pasadas elecciones si hubiera advertido una situación diferente, una real impartición de justicia.
No es gratuito que se diga que hay inocentes encerrados y que muchos otros que debieran estar tras las rejas, están libres.
Hay desconfianza en el poder judicial.
Es lo que explica que quienes tienen recursos, políticos o empresarios, prefieran irse del país a meterse en el terreno judicial para tratar de aclarar alguna acusación. Saben que no hay garantías de un proceso imparcial y temen que sean encerrados a la mala, con pruebas o sin pruebas, para satisfacer venganzas o el cobro de cuentas pendientes.
Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que las acusaciones fueran ciertas, tampoco estaría garantizado un juicio justo.
Por eso Marcelo Ebrard, quien ahora despacha como secretario de Economía, cuando se enteró que en el gobierno de Enrique Peña Nieto lo querían encarcelar porque lo creían responsable de la filtración periodística sobre la “Casa Blanca” de quien entonces era la esposa del presidente, se fue con toda su familia al extranjero, a Francia. Es historia que relata el propio Marcelo en su más reciente libro “El Camino de México”.
En contraste, Rosario Robles acusada de lo que llamaron “La Estafa Maestra”, convencida de su inocencia, dio la cara, se presentó ante la autoridad judicial y fue encarcelada. La extitular de la Sedatu y Sedesol estuvo tres años presa.
Ricardo Anaya, ahora senador, ex candidato presidencial, también optó por irse de México cuando percibió que pretendían detenerlo por el caso de “Los Moches”, las comisiones indebidas que presuntamente recibieron legisladores. Regresó al país hasta que tuvo la certeza de que no peligraba su libertad y de que alcanzaría fuero como senador.
Incluso, en entrevista, cuestionado sobre su “huida” y porqué no se quedó a enfrentar la justicia, su respuesta inmediata fue: “no soy ingenuo”.
Tomás Zerón (acusado de tortura en el caso de los normalistas de Ayotzinapa) y Andrés Roemer (acusado de acoso y abuso sexual) están en Israel para evadir la extradición.
De haberse quedado en México, tampoco nadie del poder judicial podría haberles garantizado un juicio justo.
El empresario Miguel Alemán Magnani, quien tiene doble nacionalidad mexicano-francesa, reside en París desde donde trata de aclarar que no hay nada irregular en el manejo de la empresa Interjet.
Todos estos son ejemplos de la desconfianza en la impartición de justicia en
México. Los que pueden, los que tienen dinero, mejor se van a otro país y desde el extranjero defenderse o esperar a que cambien las condiciones como sucedió con el caso de Ricardo Anaya.
La desgracia es para los que no tienen recursos, no les queda otra que enfrentar al poder judicial. Sufrir las consecuencias, sin pretender generalizar, por cuestionables y parciales resoluciones de malos juzgadores.
¿Y dónde están los juzgadores corruptos?
El poder judicial cuenta con el Consejo de la Judicatura para vigilar el desempeño de los juzgadores. Evidentemente no ha cumplido. A este órgano no lo distingue su acción contra quienes se apartan de la ética y la ley.
Con la reforma judicial habrá un tribunal disciplinario para llamar a cuentas y sancionar a los corruptos.
Por ahora, lo que hay es desconfianza en el poder judicial.

Todos los ministros y ministras tienen fecha de vencimiento, mucho antes de lo que habían imaginado.
Concluirán su encargo en agosto de 2025, como señala la reforma constitucional recién aprobada.
En el caso de la ministra presidenta Norma Piña será su primera y última navidad como cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Llegó al cargo muy animada y con la frase de que había roto el techo de cristal por ser mujer en ese nivel del poder judicial.
Sin embargo, no pudo o no supo estar a la altura, su actuación se significó sobre todo por sus diferencias con el Ejecutivo.
No solo rompió el techo de cristal, también tazas y platos de la política, acabó con la vajilla.
De cualquier manera, ella y la mayoría de los que integran la Corte disfrutarían la navidad como lo han hecho en otros años.
Por su capacidad adquisitiva podrían comprar los manjares y vinos que deseen.
Brindar con champán Don Perignon 1959 de 42 mil pesos o con vino tinto Petrus 1994 de 133 mil pesos la botella de litro. Comprar para la cena familiar un kilo de caviar blanco que ronda los 25 mil dólares o un kilo de langosta que va de los 500 a 800 pesos. Si prefieren la carne de vacuno podrían considerar adquirir el filete de Kobe japonés que puede llegar a costar hasta 500 dólares el kilo. Para el postre tendrían como opciones el Golden Opulence Sundae y el Brownie Extraordinaire with Saint Louis, de ml dólares cada uno.
No sabemos si ese vaya a ser su menú para la cena navideña o la cena de fin de año. Sus ingresos les alcanza para eso y más. Tener una percepción o sueldo por arriba de lo que recibe el presidente de un país, representa la posibilidad de vivir en la opulencia.
Es muy probable que los ministros y ministras digan que lo merecen.
Por muchos años, quienes ha llegado a la Suprema Corte, se han comportado como seres puros, perfectos.
Nunca, ninguno de ellos o ellas se ha caracterizado por la autocrítica; tampoco la mayoría de los que ya se van el siguiente año. Admitir que se equivocaron en algunos casos o que actuaron por consigna, imposible.
Eso sí, no se van con las manos vacías, sino con una jugosa pensión, para seguir viviendo con todos los lujos a los que seguramente están acostumbrados.
Todavía les quedan varios meses en el cargo, que podrían aprovechar para la reflexión y rectificación.
Dejan muchas deudas en la impartición de justicia. Lo peor es que tarde se dieron cuenta del deterioro del poder judicial. Siempre creyeron que eran infalibles, por eso se despreocuparon cuando se empezó a decir que se realizaría una reforma judicial. Nunca imaginaron que la gente o las mayorías iban a votar para depurar el podrido sistema, benevolente con poderosos, riguroso con los que menos tienen e indiferente y cruel con las víctimas.
Un caso de injusticia de los muchos que seguramente existen, no logró la atención requerida.
Quienes integran la primera sala de la Corte, en vías de extinguirse, rechazaron el recurso de revisión 243/2023 sin saber que el afectado es víctima de un proceso que está viciado de principio a fin. Siendo de profesión periodista y acusado de un delito no grave, fue internado y torturado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde están los delincuentes más peligrosos.
Grotesco lo que ha padecido. A pesar de haber logrado dos resoluciones de inocencia y declararse irrevocables por el propio poder judicial, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX torció la ley para revertir el proceso y condenarlo.
¿Podrán los juzgadores brindar felices, sin remordimiento alguno, cuando su actuar llevaría a un inocente más al confinamiento?
Rectificar es de sabios.
¡Feliz navidad ministros y ministras!

Aprovechando la reforma judicial y la elección de juzgadores que hará el pueblo el próximo año, no sería ocioso que los propios juristas, legisladores o estudiosos del Derecho impulsaran nuevo lenguaje y hasta nuevo color de toga para los ministros, magistrados y jueces.
Si México es pionero de una reforma judicial de esta dimensión, que deja al pueblo la responsabilidad de elegir a todos los juzgadores, ¿por qué no también ser el primero en el uso de lenguaje llano en sus resoluciones, entendible para las mayorías, no solo para litigantes y letrados?
Los intentos que se han hecho hasta ahora no han prosperado, quizás porque a los involucrados no les conviene o consideran que el lenguaje sencillo les resta autoridad o imagen.
El pueblo tendría derecho a elegir a juzgadores y a exigir que los documentos judiciales los pueda entender cualquiera, sin necesidad de tener a la mano un diccionario jurídico o un abogado.
Las palabras técnicas pueden y deben ser traducidas a terminología de fácil acceso, porque sin lugar a dudas ayudaría a comprender mejor la impartición de justicia.
Por ejemplo, es común ver en resoluciones las palabras “proveído” e “inconcuso”, como muchas otras, que en una primera leída solo los expertos entienden su alcance jurídico.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española proveído se puede traducir como una resolución judicial o sentencia. Inconcuso es algo que no tiene duda o contradicción, que está firme. Óbice, otra de las palabras usadas por togados, es igual a impedimento.
La tarea no sería sencilla, pero si el artículo 39 de la Constitución señala que el pueblo tiene el derecho de modificar la forma de gobierno en cualquier momento, también tendría derecho a reclamar que todo lo que hagan y digan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sea entendible.
Sobre todo en el caso del poder judicial, que pareciera esmerarse y pulirse en el uso de un lenguaje que nada más puede ser digerido por sus integrantes, abogados y estudiosos del Derecho.
La renovación de juzgadores sería buen pretexto para considerar la renovación del lenguaje.
Comprensible que no se logre de un día para otro, por lo años que tiene de usarse de esa manera en México y prácticamente en todas las naciones del mundo, pero nunca es tarde para intentarlo y dar el ejemplo.
Otro punto que pudiera cambiarse es el color de la toga. Si bien no tiene la relevancia del lenguaje, es importante, porque lo negro se traduce para la mayoría en el planeta como lo oscuro y malo.
Pudiera pensarse en el blanco, símbolo de pureza y paz, aunque podría ser cualquier otro, el que decidan, siempre y cuando los aleje de lo que representa lo negativo. El negro se usa hasta en ritos satánicos.
¿Qué no es en las calles oscuras donde más asaltan? ¿Qué no es en lo oscurito donde los políticos acuerdan lo indebido? ¿Qué no es el negro el color usado para señalar la mala etapa de la vida de las personas? ¿Qué no dicen “se las vio negras” cuando pasó por difícil momento?
Claro que lo sustancial es que se haga justicia, sin favoritismos, sin consignas y sin parcialidades.
México clama por juzgadores honestos y es de esperarse que el pueblo no se equivoque al elegirlos a partir del próximo año, lo del lenguaje puede tomarse su tiempo y también el cambio de color de la vestimenta.

Ministro Juan Luis González Alcántara Carranca no ha sido ético como juzgador, hoy defiende sus intereses particulares, es juez y parte, exige derecho de audiencia, ser escuchado y advierte que México está a punto de perder su poder judicial, todo porque la reforma aprobada no le conviene; por eso estira las leyes a su favor y trata de justificar la intervención de la Corte en un asunto en el que ya no tiene competencia, por la promulgación de la llamada supremacía constitucional.
La reforma judicial ya está en la Constitución y usted ha interpretado la ley máxima para elaborar su proyecto de resolución que atiende las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos políticos, utilizando artículos afines a sus propósitos mezquinos.
Pierde de vista el alcance del artículo 39 de la Constitución que deja en claro que la soberanía reside en el pueblo, por encima de cualquier poder.
Lo que menos parece importarle es nuestro país, lo que hace golpea su estructura de gobierno y pone a México al borde de una crisis constitucional que no tendría precedente, el choque entre poderes, la descomposición del poder judicial al que dice defender.
Hasta ahora se ha dado cuenta que el poder judicial no es perfecto, hasta ahora ha descubierto que hay manzanas podridas y actuaciones que deben de corregirse para hacer efectiva la impartición de justicia. Ha admitido que hace falta la reforma, no como se ha realizado porque en su opinión da al traste con la formación académica de juzgadores, con años de experiencia.
Por muchos años ha ignorado el deterioro del poder judicial, lo ha visto a distancia desde su purismo y perfección. Tampoco se ha quitado la venda de los ojos para ver y admitir sus propios errores.
¿Cuándo ha reconocido que se equivocó? ¿Cuándo ha corregido sus errores y ofrecido una disculpa al pueblo?
Usted no es infalible como desearía, es humano y no está exento de los desaciertos, que seguramente han acabado con familias, con la vida y el patrimonio de gente que no tiene más recurso que la verdad para defenderse.
¿Se acuerda que destruyó la vida de un periodista? Emitió un proyecto de resolución que ignoró dos resoluciones de inocencia irrevocable y la calificación de que el asunto había causado ejecutoria. Rechazó el recurso de revisión 246/2023 y dejó firme una sentencia injusta.
Llegó al extremo de considerar la tortura contra el periodista como cosa juzgada y no encontró elementos para analizar a fondo el caso, simplemente le pareció que no había violaciones constitucionales, como si la tortura no lo fuera o las mismas atrocidades de tribunales y juzgados (violaciones al debido proceso) que se pasaron por el arco del triunfo la ley para juzgar por consigna.
¿Está enterado que el periodista está amenazado de muerte por quienes están esperando que vuelva a poner un pie en prisión para quitarle la vida?
No ha sido ético ministro González Alcántara Carrancá y ahora, porque va contra su estatus, desconoce el clamor del pueblo por un nuevo poder judicial, le niega su derecho a elegir con el voto directo a juzgadores.
Su compañero Luis María Aguilar Morales, que en este mes concluye su periodo, también tiene su historia. En el caso del periodista aludido, perdonó la violación constitucional cometida por el juez (actualmente magistrado) Eduardo Torres Carrillo. Justificó que en el 2012 dicho juez violara el artículo 19 de la Constitución al no resolver la situación jurídica del detenido en 72 horas.
En vez de ser sancionado el juez, fue ascendido a magistrado.
Ministro Aguilar:
¿Se enteró que el periodista fue llevado al penal de máxima seguridad de El Altiplano como si fuera uno de los más peligrosos delincuentes?
¿Supo que fue torturado, justo en el lapso que prolongó el juez al que usted perdonó?
El ministro que presidía la Corte y la judicatura en 2015 disculpó (Queja 1145/2015-I) al juez la violación del artículo 19 de la Constitución porque el juzgador se encontraba en la Ciudad de México y el detenido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, como si no existieran medios de comunicación para avisarle a otro juez radicado en el estado de México que cumpliera con oportunidad el procedimiento.
Torres Carrillo mandó el aviso o exhorto al Edomex con retraso y violó la ley suprema, sin recibir ninguna sanción. Eso se llama impunidad del autor y complicidad de quienes lo toleraron.
Ministros Alcántara y Aguilar:
¿Se atreverán en la plenaria de la Corte a ir en contra de lo que ya establece la Constitución para tratar de echar abajo la reforma judicial?
Enhorabuena que uno termina su ciclo en este noviembre y el otro ya renunció para irse en agosto de 2025.

 

Por muchos motivos y desde hace muchos años, no hay confianza en autoridades que se dedican a investigar presuntos delitos e “impartir” justicia.
Los de arriba, los que disponen de recursos o son poderosos, cuando advierten que está en riesgo su libertad, toman medidas de inmediato, generalmente deciden irse del país, porque si existe consigna de que deben de ser confinados, con o sin razón, difícilmente encontrarán en México abogado que los proteja.
En cambio, los de abajo, los pobres, son mayoría en las prisiones, ellos no pueden pagar un defensor y los defensores de oficio gratuitos no se dan abasto para ayudarlos.
Los de abajo mucho menos podrían considerar abandonar el territorio nacional para poner a salvo sus derechos, no tienen dinero.
Apenas hace unos días le preguntaban al senador panista Ricardo Anaya porqué decidió autoexiliarse con toda su familia en el sexenio anterior. Su respuesta fue: “no soy ingenuo”. En otras palabras, temía y sabía que existía la intención de aprehenderlo, por el supuesto cobro de comisiones como legislador.
Prefirió irse a vivir a los Estados Unidos y no correr el riesgo de ser detenido.
Regresó una vez que cambiaron las condiciones políticas y quedaron superadas las intenciones de confinarlo.
Ricardo no es el único que ha preferido irse del país. También hizo lo mismo Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Con la ventaja de que es mexicano y tiene la nacionalidad norteamericana.
Otras y otros han actuado igual.
Quienes han jugado al valiente y creído que la imparcialidad caracteriza las resoluciones judiciales, pagan o pagaron consecuencias.
Rosario Robles, quien fue jefa de gobierno en la Ciudad de México y secretaria de Desarrollo Social, alardeó que no tenía miedo y regresó de sus vacaciones en Europa para acudir ante la instancia que reclamaba su presencia, aclarar imputaciones e irse a su casa. No fue así. El juez ordenó su encarcelamiento preventivo. Recuperó su libertad años después, aunque pareciera que sus conflictos legales todavía no han terminado.
Tomás Zerón, quien ha sido acusado de estar involucrado en el caso Ayotzinapa, de presunta tortura y otros delitos, se fue a Israel, país con el que no existe tratado de extradición y que hasta la fecha ha desatendido peticiones de autoridades mexicanas que buscan juzgarlo.
Algunos que también temen les cobren cuentas pendientes y que no lograron ningún tipo de fuero en las pasadas elecciones, sin hacer ruido, han optado por el ostracismo, en vez de exponerse ante un poder judicial donde hay juzgadores que actúan en connivencia con potentados.
Para el ciudadano común la situación es diferente, en particular para quienes tienen un estatus medio o bajo. Los que viven en la medianía venden hasta su alma para pagar a sus defensores y evitar el encarcelamiento en tanto no se les acabe el dinero o su patrimonio.
Lo peor es para los pobres. No importa que sean inocentes. Si caen en manos de los llamados juzgadores por consigna o de los que ponen en venta sus resoluciones, están condenados al encierro. Los pobres tienen sin cuidado a los juzgadores, solo representan un número para la estadística.
Ese es el contraste entre ricos y pobres en materia de justicia.
Para los primeros queda la opción de echar mano de sus recursos para conservar la libertad. Para los segundos la opción en la cárcel.
La nueva reforma judicial, que deberá de ir más allá de la elección de juzgadores, tendrá que garantizar que la impartición de justicia sea pareja para los justiciables.
No hay duda que la población con más carencias es la que clama justicia y es la que le dio el voto al partido en el poder y a sus aliados para que hagan la parte que les corresponde.
Más vale que así sea, porque si se pasa por alto el sentido social que requiere la reforma judicial y vuelve a desdeñarse a los pobres, estos pobres, en las elecciones intermedias, con su voto, podrían rehacer la representación de fuerzas en las cámaras legislativas, donde es indispensable la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales.

La verdad, hasta antes de enfrentar la infamia que no tiene nombre y está a punto de llevarme al confinamiento, tenía un concepto inmaculado del poder judicial en nuestro país.
Estaba convencido de que cumplía con la impartición de justicia, al menos que era la generalidad.
Tenía buena opinión de los juzgadores, que actuaban con honestidad y apego a la ley, con absoluta imparcialidad.
Escuchaba hablar de “jueces de consigna” y creía era una exageración, que no correspondía a la realidad.
Los hechos, el viacrucis que he sufrido más de 12 años, demostraron que estaba totalmente equivocado.
Terminé por darles la razón a quienes se la pasan diciendo que el poder judicial está podrido.
Supuse que, con la verdad de mi lado, la razón jurídica, con dos resoluciones de inocencia, un acuerdo del propio poder judicial que decía que los fallos a mi favor eran irrevocables y que el caso había causado ejecutoria o que ya era cosa juzgada, todo había terminado.
Incluso, a pesar de que revirtieron el proceso en mi contra, confiaba en que tarde o temprano encontraría la autoridad que reconocería la inocencia, porque cualquiera que revise con imparcialidad el expediente irremediablemente llegara a la conclusión de que no soy responsable de nada.
Nunca sucedió, ya había consigna de que tenía que ser condenado, aunque fuera inocente.
Ingenuamente consideré que bastaba con las pruebas a mi favor para lograr el reconocimiento del poder judicial.
Topé con juzgadores que procedieron como cómplices de personajes de la política, ligados a Felipe Calderón. Cobraron venganza, porque me atreví a escribir en 2007, cuando ya estaba en la silla presidencial, que el año anterior no había ganado la elección de manera limpia.
Estiraron la ley en mi contra.
El poder judicial está acostumbrado a salirse con la suya y en mi caso no tuvo ningún problema para lograrlo.
Todavía como última opción pensé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería distinta.
No. También está echada a perder. En estos tiempos está convertida en juez y parte y no le importa. Abiertamente hay ocho ministros que se han pronunciado en contra de la reforma judicial y al mismo tiempo analizan lo que procede en términos de ley con el fin de frenarla.
El descaro total.
El poder judicial se cree perfecto, más poderoso que cualquiera. Hace lo que quiere con la aplicación de la Constitución y las leyes; las estiran a su antojo.
Se siente más poderoso que los otros poderes, por encima de los poderes ejecutivo y legislativo.
Eso explica la multiplicidad de suspensiones o amparos para tratar de echar abajo la reforma judicial, que tanta falta hace, para limpiar a dicho poder de malos y corruptos servidores.
No le ha importado llegar al extremo de amenazar a la misma presidenta de la República, que apenas en junio pasado obtuvo el voto de casi 36 millones de mexicanos y mexicanas, con aplicarle sanciones en caso de que no de marcha atrás a la reforma.
Ha perdido el piso. Su actitud confirma que tiene ganada su renovación, la depuración inmediata.
El poder judicial está acostumbrado a ganar y en ese sentido seguramente se pronunciaría en los próximos días, sin reparar que puede significar la gota que derrame el vaso.
Hasta ahora lo que han hecho los poderes ejecutivo y legislativo ha sido no acatar las aberraciones del poder judicial.
Si la Corte se atreve a declarar inconstitucional la reforma judicial que ya es constitucional porque fue aprobada por las cámaras legislativas federales, por la mayoría de los congresos locales y promulgada por el ejecutivo, estará provocando la extinción del actual poder judicial.