Justicia

La reina de belleza Fátima Bosch Fernández para nada ha agachado la cabeza, es mujer preparada y sabe defenderse, convencida de que ganó de manera legítima el concurso.
No le parece importarle que la hayan dejado sola en esta batalla, porque si en un principio, cuando se presentó la diferencia con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo en Tailandia, hubo voces que simpatizaron con su actitud echada para adelante, empoderada, en los días posteriores ya no la acompañaron en la oleada mediática en su contra.
Ella no tiene para nada culpa de los enredos provocados por Nawat ni por Rodrigo Goytortua, quien presume haber sido director ejecutivo de Miss Universo México. Tampoco de las imputaciones que le hacen a su padre Bernardo Bosch, quien en su oportunidad aclaró y demostró su inocencia.
Hasta ahora nadie ha probado que haya existido fraude o compra de la corona “Miss Universo”. La información la han difundido medios convencionales y redes sociales, sin investigar el fondo o corroborar los dichos, con la evidente finalidad de ganar rating, sin importarles el bullying, el daño moral que le causan a la reina de belleza mundial y mucho menos la presunción de inocencia.
Pareciera que hay mexicanos que son felices con dañar a otro mexicano, en este caso mexicana, cuando tiene éxito. No soportan que sea ganadora y buscan desacreditar el logro.
Fátima no ha bajado la guardia, da la cara y ya quiere dejar atrás este capítulo, para concentrarse en las actividades que le corresponden como Miss Universo, ejercer su reinado.
La tiene sin cuidado que organizaciones que dicen defender a mujeres se crucen de brazos. Ningún activista ha seguido su caso y medios sin ética difunden imputaciones no probadas.
Primero divulgaron la existencia de presunto fraude en el concurso, acusando al papá de haber comprado el triunfo de su hija al darle, como funcionario de Pemex, contrato de 745 millones de pesos a Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen. Nadie ha podido demostrarlo.
En ese río revuelto, Nawat, director de Miss Universo en Tailandia, se atrevió a presentar denuncia penal por daño moral, porque según él, nunca le dijo “tonta” a la belleza mexicana.
El colmo de la embestida fue Rodrigo Goytortua, quien trae problemas personales con su exesposa Tatiana Gutiérrez. Su expareja lo exhibió de darle para su hijo una pensión de mil 750 pesos mensuales. Rodrígo, quien dice haber sido ejecutivo de Miss Universo México, intentó validar la versión de que el papá de Fátima benefició al dueño del concurso.
“Lo que no mancha tizna” es el dicho popular y es lo que han intentado hacer con Fátima Bosch Fernández.
No lo han conseguido porque el triunfo de Fátima fue legítimo, a la vista de todo el mundo. Lo que sucede es que en este punto está la sombra política. Los detractores no soportan que un personaje tenga éxito y a la vez sea simpatizante de la Cuarta Transformación.
Fátima se ha preparado para ser reina y no va a renunciar como quisieran algunos. Está decidida a seguir adelante. Dará vuelta a la página y se centrará en las tareas que le tocan como Miss Universo.
Sabe que haga lo que haga, los “perros” no dejarán de ladrar. Es señal de que va por el camino correcto para orgullo de los mexicanos y mexicanas que entienden y aceptan lo que representa la tabasqueña.

De todo lo que se ha dicho de “La Barredora” tabasqueña y sus presuntos involucrados hay un punto que marca diferencia con los demás grupos criminales en el país.
A diferencia de la delincuencia organizada y los distintos cárteles del narcotráfico, “La Barredora” no anidó en el hogar o seno de los malandros, dio a luz en el cuerpo de la autoridad.
Lo común es que los delincuentes integren sus grupos y luego organizados empiecen a enganchar a servidores públicos que les puedan ser útiles para cubrir o solapar ilícitos.
En el caso de “La Barredora” empezó a crecer y extenderse oxigenada desde la misma instancia que tenía que combatir a los delincuentes. Según versiones de autoridades judiciales, Hernán Bermúdez Requena era la cabeza del pulpo maligno tabasqueño.
Se venía desempeñando como secretario de seguridad y protección ciudadana y a la vez operaba como cerebro de “La Barredora”. Su detención y encarcelamiento significó el descabezamiento de esta pandilla con características locales e influencia del Cártel Jalisco.
Hasta ahora se desconocen las declaraciones de Hernán Bermúdez quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el estado de México.
Por la posición que tenía en el gobierno e identificado como jefe de la delincuencia, por supuesto que debe saber nombres y apellidos de quienes estarían involucrados, los principales cómplices.
¿Cantará o lo harán cantar?
En lo que va del año México ha entregado a los Estados Unidos más de 50 criminales y todos de alta peligrosidad, ligados al tráfico de drogas, gente como Rafael Caro Quintero, ex líderes de los Zeta y operadores de “Los Chapitos”. También están allá los famosos Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” e Ismael Zambada García “El Mayo Zambada”.
Cuando se llevaron a “El Chapo” más de un analista policiaco y voceros de la oposición escribían y hablaban de que se iban a poner a temblar gente vinculada a partidos políticos, a gobiernos del pasado y del presente. Anticipaban la caída de prominentes personajes, de diferentes niveles.
Se daba por hecho que cantaría Joaquín Guzmán con tal de que la justicia norteamericana fuera benévola con su confinamiento. Y que a partir de sus declaraciones el gobierno vecino haría tiros de precisión para atrapar a jefes y cómplices. Golpe demoledor para quienes se dedican al narcotráfico. Hasta la fecha no se ha visto rodar la cabeza de ningún empleado de gobierno; lo que se refleja en medios solo son señalamientos, sin pruebas.
¿Entonces no cantó El Chapo?
Al menos en los hechos no se ha visto alguna acción que haga suponer que echó de cabeza a quienes lo habrían ayudado o solapado.
Lo mismo se puede decir de otros capos que están ahora en prisiones de los Estados Unidos.
Ningún pronóstico fatalista contra el oficialismo se ha cumplido, por lo que podría deducirse que los capos no han soltado nombres ni van a soltar nombres de personajes prominentes que nunca han visto. Tendrían que probar sus dichos y seguramente no tienen pruebas.
Por lo tanto, Hernán Bermúdez Requena solo dirá lo que pueda probar.

Es la mejor forma jurídica que tiene la sociedad para protegerse de inmediato ante cualquier exceso de autoridad.
Incluso, por la importancia que tiene el juicio de amparo para garantizar derechos fundamentales, debería ser muy sencillo solicitarlo, sin tener que pagar los servicios del abogado.
Hay que cuidar que no se trastoque ni revierta su sentido.
Por desgracia, muchos se han aprovechado de este instrumento para eludir la acción de la justicia o satisfacer intereses políticos. Es lo que seguramente ha llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a presentar una iniciativa que contribuya a perfeccionar la ley de amparo.
No se vale que los poderosos utilicen este instrumento para no pagar o retrasar el pago de impuestos.
Tampoco se vale que se frene una obra de beneficio colectivo, argumentando que afecta a la población, cuando en el fondo lo que se busca es entorpecer y bloquear los beneficios que promueve la autoridad.
El tema toca fibras sensibles y obliga a redoblar cuidados ante el propósito de reformar la ley.
Por eso hace bien el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, en subrayar la importancia de escuchar la voz de expertos. Si bien su bancada Morena ha dicho que no es partidaria de lo que se llama Parlamento Abierto, Corral está convencido de la necesidad de consultar a especialistas, para cuidar entre todos el instrumento jurídico.
Quitar resquicios de la ley que solo se han utilizado para fomentar vicios que se prestan a corrupción e impunidad y dejarle la esencia que protege derechos fundamentales del ciudadano.
Es lo que busca la iniciativa presidencial, hacer precisiones que impidan abusos de quienes pueden pagar a su abogado la elaboración de múltiples amparos solo con el fin de retrasar la impartición de justicia; práctica muy empleada por los que no les gusta pagar impuestos.
También ha sido evidente como organizaciones políticas que se presentan como organizaciones civiles se han aprovechado del concepto de “interés legítimo” establecido en la ley de amparo, para obstruir acciones de tipo social, sin importarles el daño que ocasionan a la misma sociedad.
Obviamente hay organizaciones serias y responsables, auténticas, que de verdad defienden intereses colectivos.
La iniciativa presidencial plantea agregar una definición al concepto de “interés legítimo” en los juicios de amparo, redactado en los siguientes términos:
“Tratándose de interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo”.
Sin duda, este es uno de los puntos que deberán de analizar con detalle los senadores.
Otro es el alcance que le pretende dar la iniciativa a la “suspensión”, para que ya no se deje en pausa el objeto que motiva el amparo, como sucede en la actualidad, en espera de que el juzgador emita su resolución definitiva.
Lo bueno de la iniciativa es que, de ser aprobada en sus términos, el juzgador tendría un plazo de 60 días, que empiezan a correr una vez desahogada la audiencia constitucional, para sacar su sentencia. En la ley vigente el juzgador no tiene tiempo límite para terminar su trabajo.
La iniciativa sería aprobada por el Senado a más tardar el próximo mes, con el tiempo suficiente para que la Cámara de Diputados haga lo propio durante el actual periodo ordinario de sesiones.
Como es ley secundaria, para aprobarla basta la mayoría simple.

¿Qué opinión tiene del caso “Huachicoleo Fiscal?, pregunté a un oficial integrante de las fuerzas armadas, que por obvias razones se reservó su nombre.
Miren lo que respondió:
“Tanto en la milicia como en la Marina, nada puede pasar sin el conocimiento o consentimiento de tus superiores. Nadie puede andar “por la libre”. En las dos instituciones existen correctivos disciplinarios para actuar si se percatan de algo indebido y, si es algún delito, existe el código de justicia militar para enjuiciar a sus elementos y ponerles un alto”.
Hasta ahí dejó su comentario, sin hacer suposiciones ni adelantar juicios, sin señalar a nadie.
Mal haría porque si bien es militar, no tendría los elementos y pruebas para llegar a una conclusión.
El asunto exige eficiencia de las autoridades para dar con los responsables y ética de medios para no prejuzgar y difamar a gente inocente. Lo peor es generalizar. Ninguna institución es perfecta, siempre hay quien se equivoca o actúa con dolo.
Para eso están las normas disciplinarias y el código de justicia militar, para proceder contra infractores.
¿Y el comandante supremo de las fuerzas armadas está enterado de todo?
Si fuera Dios habría que responder afirmativamente. Es un ser humano como todos los que están en su entorno, así que no faltaría quien deje de hacer lo correcto y no entere al superior lo sucedido.
Hay la obligación de enterar al jefe, de lo que sea.
En el sexenio de José López Portillo era público y notorio el afecto del mandatario por algunas de sus colaboradoras y el distanciamiento que tenía con quien era la primera dama.
Dicho distanciamiento no evitaba ni impedía que el presidente conociera las actividades de su pareja.
Enteraban al presidente hasta de con quien se iba a cenar la que oficialmente era su cónyuge.
¿Las fuentes confiables son confiables?
Recurso muy utilizado por quienes trabajan en algún medio son las llamadas “fuentes confiables o fuentes del gobierno” que nunca son identificadas y se da por cierta su información.
En infinidad de ocasiones esas “fuentes confiables” han fallado y cuando se equivocan quedan en la impunidad. Nadie las sienta en el banquillo de los acusados, sin importar el tamaño de la mentira. Quedan ocultas bajo el manto del anonimato. El colmo es que quien les creyó se atreve a defenderlas diciendo que “mis fuentes reiteran lo que aquí hemos informado”.
Rarísima vez se disculpa el comunicador y su medio mucho menos. Nadie pregona o reconoce: “me fallaron las fuentes confiables”.
La información falsa hace daño. Es una de las razones por las que se ha acentuado la falta de credibilidad en medios. Lo más grave es que una falsa información puede tener consecuencias fatales. Lo registra la historia en distintas naciones. Por eso la importancia de que los medios y periodistas corroboren la información.
¿Se acuerdan del rancho de Jalisco que muchos medios describieron como un lugar de exterminio, al estilo nazi?
¿Alguien se disculpó por el bulo?
Nadie.
Tampoco nadie salió a disculparse cuando se dio por hecho que ministros y ministras de la Corte, la noche que rindieron protesta en el Senado, fueron a celebrar y cenar al restaurante francés Au Pie de Cochon. Una mentira más de la que nadie se hizo responsable. Falló la “fuente confiable” que pasó la información, quizás solo con el fin de difamar a juzgadores.
En el caso del “huachicoleo fiscal” lo ético y más sano es verificar la información.

En el 2012 el juez Eduardo Torres Carrillo violó el artículo 19 de la Constitución al no resolver la situación jurídica del detenido en el plazo de las 72 horas establecido por la ley y fue perdonado por el Consejo de la Judicatura Federal que entonces presidía el ahora ministro en retiro Luis María Aguilar.
Ya como magistrado, compitió en las elecciones de 1 de junio pasado para mantenerse con el cargo en el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo con sede en Monterrey. Ganó, pero, el Consejo General del INE descubrió en una primera revisión de sus estudios académicos que no tenía promedio mínimo de 8 en licenciatura ni el promedio de 9 en las materias relacionadas con su especialidad.
Lo salvó el hecho de que estuviera en funciones como magistrado porque la reforma judicial estableció que, para estos casos, el pase era automático para participar en la elección, sin necesidad de examinarse en el respectivo comité de evaluación de ninguno de los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Por lo tanto, de no suceder nada extraordinario, a partir del 1 de septiembre, una vez que rinda protesta ante el Senado, como lo harán los candidatos y candidatas que obtuvieron su constancia de mayoría, seguirá laborando en Monterrey en el cuarto tribunal colegiado.
De cualquier manera, Torres Carrillo, por sus antecedentes, estaría en la mira del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la vigilancia del desempeño de todos los juzgadores.
Si bien el CJF lo exoneró de haber violado la Constitución, la Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que es un documento público, exhibe su incumplimiento.
Textualmente la Recomendación dice: “es de señalarse, que de la información y las constancias recabadas, se advirtió que hubo un exceso del término de las 72 horas para que las autoridades judiciales resolvieran la situación jurídica del detenido, por lo cual, se dará vista respectiva ante el Consejo de la Judicatura Federal a fin de que en el ámbito de su competencia determine lo procedente”.
Lo que el consejo determinó es que dicho juez no era culpable, con el argumento de que físicamente estaba impedido para cumplir con la ley. El juzgador estaba en la ciudad de México y el detenido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en el estado de México, a 90 kilómetros de la CDMX.
En otras palabras, en tres días no pudo realizar su trabajo en un sitio que estaba a menos de una hora (transportación por carretera) de su juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales.
La situación tuvo un agravante más porque en ese lapso (cinco días en penal de máxima seguridad) el detenido fue torturado como consta en la misma Recomendación de la CNDH.
Además, hasta la fecha todavía no se explica porqué el periodista y defensor de los derechos humanos, acusado de un delito menor fue llevado a la prisión que se supone es exclusiva para delincuentes de alta peligrosidad.
Luego, al desarrollarse el juicio, el juez Eduardo Torres Carrillo sólo participó en dos de un total de 22 audiencias. Quien hizo prácticamente todo el trabajo, de escuchar a las partes involucradas y a los testigos fue el secretario Alejandro Martínez Moraza. Con ese conocimiento, el secretario elaboró un proyecto de sentencia absolutoria, nada más que el juez le ordenó, por consigna, que tenía que ser condenatoria.
Esta es la historia del juez deshonesto, que está a punto de prolongar su estancia en el colegiado de Monterrey.

La actual Corte encabezada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández no anularía la elección de juzgadores porque no tendría pruebas para hacerlo.
Además, sólo podría intentar tirar la elección de las dos magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y también la elección de las 15 magistraturas de salas regionales del mismo tribunal.
Aunque en el caso de las 15 magistraturas, habría dudas si podría intervenir porque existe el precedente del caso de Elia Yadira Espíndola (Juicio TEV-JDC-592-2022) en el que la Corte determinó que no es su función revisar candidaturas de salas regionales.
De cualquier manera, ya hemos visto como se las gasta la ministra Piña y su Corte, podrían descubrir que pueden intervenir.
Revisarían impugnaciones en los casos que se mencionan porque el tribunal no puede ser juez y parte.
Donde no podrían meterse es con la elección de nueve ministros y ministras, las cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, las 464 magistraturas de circuito y los 386 juzgadores de Distrito. Aquí la última palabra la tiene el tribunal electoral, como lo señala la Constitución.
Sería riesgoso para ella salir con otra trastada, como se ha comportado desde que el poder legislativo estuvo en condiciones de realizar la reforma del poder judicial.
No es casual que se diga que la ministra tiene planes de irse a vivir fuera del país, una vez que concluya en agosto su periodo.
¿Por qué estaría pensando en irse de México?
Muy probablemente porque sabe que se ha excedido en su ejercicio como juzgadora al pretender descarrilar, sin éxito, la reforma judicial, con la que nunca estuvo de acuerdo.
La misma ministra participó en manifestaciones o marchas contra la reforma, sus declaraciones han sido contrarias e intentó dentro de sus atribuciones bloquearla en la Corte. No lo consiguió porque en el último momento le faltaron votos de sus compañeros ministros y ministras.
Piña ha tenido el control de todo el poder judicial por ser la presidenta de la SCJN, la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y como tal responsable del presupuesto de la institución.
De haber faltantes o desvíos en el presupuesto, estaría obligada a rendir cuentas y aclarar irregularidades.
Jamás aceptó ganar menos que el presidente de la República, a pesar del mandato constitucional.
Su situación se ha vuelto compleja y pudiera atreverse a tratar de enmarañar el futuro del poder judicial.
Si la ministra decidiera hacer un último intento para trastocar la renovación, podría provocar cierto caos y confusión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación seguiría funcionando con su actual composición mientras se resuelve lo que se haría con la elección de 17 magistraturas, si es que consiguiera la Corte anularlas.
¿Hay pruebas para hacerlo?
Quienes se opusieron a la reforma judicial desde su origen y cuestionan la elección, dirían que sí.
Argumentarían lo que encontraron cinco consejeros del INE (minoría) sobre coincidencia del 80 % del contenido de acordeones con resultados, irregularidades en 818 casillas.
Lo que no dicen es que esas 818 casillas con irregularidades no llegan ni al 1 % de las 837 mil 78 que se instalaron.
En otras palabras, ese porcentaje no sería determinante para los resultados de la elección.
Sobre los acordeones lo que se omite es la diferencia de votos entre un candidato y otro. Si todos los electores hubieran votado igual, entonces los ganadores deberían tener el mismo número de votos.
De lo que poco o nada hablan ni hablarán los comentócratas es de la corrupción en el actual poder judicial.
Nadie de la oposición ha hecho propuestas para sanearlo, dejaron que se pudriera, sobre todo en materia penal.
Lo que hay hasta la fecha sobre el proceso es que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya validó las elecciones y entregó constancias de mayoría.
Nada más falta que la Corte y la sala superior del Tribunal Electoral resuelvan las impugnaciones presentadas por organizaciones civiles, partidos y perdedores inconformes.

Una de las manzanas de la discordia sobre el poder judicial y que contribuyó a su putrefacción ha sido el dinero, su excesivo presupuesto.
Hasta ahora quien maneja los recursos es un órgano que también tiene la responsabilidad de vigilar el desempeño de todos y cada uno de los juzgadores: el Consejo de la Judicatura Federal.
No ha podido con las dos tareas, en ambas ha quedado mal.
La culpa de que así funcione no la tiene el poder judicial, sino el poder legislativo que le dio dichas atribuciones.
Con la reforma judicial, se creó un órgano específico para uso y vigilancia de los recursos: Órgano de Administración Judicial (OAJ).
De acuerdo con lo que señala el artículo 100 de la Constitución, dicho órgano “será responsable de la administración y carrera judicial del poder judicial. Tendrá a su cargo la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito; el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño; la inspección del cumplimiento de las normas de financiamiento administrativo del poder judicial y las demás que establezca la ley”.
Cuidará el destino de cada peso.
Se acabaron los fideicomisos que en el actual poder judicial fomentaron la opulencia de la cúpula. Ministros y ministras se atendían como si fueran reyes y reinas, dioses del olimpo. Una clase aparte.
No podrán crearse fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley.
El Órgano de Administración Judicial tendrá la mayor relevancia en el funcionamiento del poder judicial, por eso la escrupulosidad para la integración de su directiva, participarán los tres poderes.
Lo integrarán cinco miembros: uno elegido por el presidente o la presidenta de la República; otro por el Senado, mediante votación calificada, las dos terceras partes de los asistentes a la sesión; y tres por la Corte, con el voto favorable de seis de los nueve ministros.
Durarán en el cargo sólo seis años, improrrogables.
La presidencia del OAJ tendrá una duración de dos años y será rotatoria. La elección de su presidente o presidenta será vía insaculación (sorteo).
Como responsable de los dineros, también le tocará elaborar cada año el proyecto de presupuesto de egresos.
Por ley tendrá que ver con adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones; administrará los bienes muebles e inmuebles.
Se asegurará de que se cumpla la Constitución y nadie gane más que el o la presidenta de la República, lo que nunca se pudo hacer en el actual poder judicial porque los juzgadores se ampararon para impedirlo.
Ya no será una persona la que decida cómo se distribuye el presupuesto. En lo sucesivo su manejo estará a cargo de una quinteta.
Obviamente el Órgano de Administración todavía no está integrado, pero seguramente será una de las primeras tareas de la nueva Corte a partir de septiembre próximo.
Una vez en funciones la nueva Corte, cada poder hará los nombramientos como lo indica la ley.
Hay mucho que enderezar en materia administrativa, así que no se puede esperar que el OAJ resuelva todos los pendientes de un día para otro, como si tuviera una varita mágica.
De lo que no hay duda es que se tomarán las medidas necesarias para que prevalezcan austeridad y eficiencia en el poder judicial.

No es un novato ni un improvisado, tampoco un desconocido, Hugo Aguilar Ortiz tiene su historia como jurista y está orgulloso de su origen que hasta quiere vestirse con el traje tradicional de su comunidad para presidir las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ropa es lo de menos, aunque la sola idea de considerar esa posibilidad ha levantado cejas de conservadores. No se preocupen porque el mismo Hugo ha dicho que primero revisaría las disposiciones legales. Respetuoso de la ley no haría nada que fuera en contra de la norma.
Tendría que proponer el cambio y ser aprobado por sus compañeros y compañeras. Si se requiere, por los legisladores. La mayoría no tendría ningún inconveniente en hacerlo y acabar con la obligatoriedad de la toga.
Por protocolo que es aplicado en instituciones judiciales del mundo es probable que termine aceptando ponerse la ceremoniosa y pomposa vestimenta.
Sobre los resultados de la elección, los suspicaces todavía no dan crédito a que haya obtenido más de seis millones de votos.
Desconfían porque no se exhibió en su campaña de dos meses en los medios masivos o convencionales.
Si no era conocido, cómo la gente o el pueblo iba a votar por él para llevarlo a la presidencia de la Corte, se preguntan los incrédulos, en particular los que suponen que, si no fue entrevistado por su programa de radio o televisión ni apareció en la primera plana de su periódico, entonces sólo sería famoso en su casa o entre sus familiares.
Se equivocan, porque hoy la sociedad tiene otras formas de enterarse. Las redes sociales son una de ellas. Hugo, como hicieron la mayoría de los aspirantes, difundió su imagen en X, Facebook, Instagram y YouTube. También su perfil estuvo en el micrositio del INE y hubo medios que encontraron la forma de abrir plataformas digitales para todas y todos.
Además, en la lista de contendientes no había decenas y decenas de candidatos o candidatas indígenas.
¡Claro! Todas y todos podrían decir que tienen raíces o sangre de alguna de las etnias de nuestro país.
Indígenas puros es otra cosa.
Hugo Aguilar Ortiz es mixteco, distinguido oaxaqueño, indígena como lo fueron Benito Juárez e Ignacio Manuel Altamirano.
Desde el primer momento, por la calidad de su origen llamó la atención. También por su desarrollo profesional, por la vocación de servicio, por la defensa de su cultura. Es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y tiene estudios de maestría en Derecho Constitucional.
Se ha desempeñado como coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, consultor de la oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos en México, subsecretario de Derechos Indígenas de Oaxaca y parte del cuerpo asesor zapatista.
No ha sido juez ni magistrado, que para nada es requisito para convertirse en miembro de la Corte, y mucho menos garantía de imparcialidad e independencia en sus actos. Baste ver la contribución de ministros y ministras a la putrefacción del actual poder judicial.
Y quienes ahora advierten que se acabó con la división de poderes, admiten que era necesario y urgente sanear el sistema de justicia, pero nada hicieron por mejorarlo cuando estuvieron en el poder.
Por supuesto que Aguilar Ortiz no debe ser perfecto, es humano y no se escapará, porque es lo que sucede cuando alguien asume cargo de alto nivel, de falacias e imputaciones perversas.
El reto del nuevo presidente de la Corte es mayúsculo, ya no únicamente debe velar porque se haga justicia a los indígenas, sino a todos los mexicanos y mexicanas que ha sido víctimas del poder podrido.
Los más de seis millones que le dieron su voto, el pueblo, estarán vigilantes de su desempeño.

Para competir en la elección de juzgadores se estableció como requisito tener una calificación o promedio de 8 en la licenciatura, en la carrera de abogado, no menos de ese número.
Más de uno que no lo alcanzó, se atrevió a inscribirse y en algunos casos los filtros de la autoridad fallaron. El nombre de varios llegó a la boleta, aunque de antemano sabían que aun cuando ganaran su elección, el INE no les daría constancia de mayoría.
La calificación exigida es razonable para quienes aspiran a impartir justicia y así quedó en la Constitución, nada más que esa obligación resultó limitada. Seguramente hay muchos que tienen maestría y doctorado con puntuación por arriba de ese número y quedaron fuera.
Con maestría y doctorado, hasta con mención honorífica, pero como en la licenciatura no se esmeraron en lograr el 8 o más, fueron descartados, eliminados por mandato constitucional.
Podrían estarse desaprovechando talentos que requiere el poder judicial, gente valiosa que no se conformó con finalizar su etapa académica una vez cursada la licenciatura; siguieron para mejorar su nivel.
El 8 como mínimo para aspirar a ser juzgador es correcto, nadie plantearía que lo bajaran a 7 y mucho menos a 6. Lo que no parecería justo es que se desestime a quienes tienen la maestría y el doctorado con una calificación muy superior, constancia de su anhelo por elevar su preparación.
Cuando se estudia la universidad, en el nivel de licenciatura, es común que los jóvenes no se entreguen al 100 al estudio, por la diversidad de distractores que hay en esa etapa de la vida.
Sin embargo, no pierden de vista que el objetivo es concluir la carrera y alcanzar la titulación, sin darle la importancia que deben darle al promedio final. No les preocupa si quedan abajo o arriba del 8. Para ellos y ellas está cumplida la meta al aprobar todas las materias.
Además, el 8 no es garantía de que el universitario esté listo para vencer los retos de la vida cotidiana, de la vida laboral. Pronto descubre que no es suficiente para conseguir trabajo.

En la realidad, las empresas buscan a los más capaces, a los que tengan experiencia, a los que tengan más grados académicos, dominen más de un idioma. No basta el simple 8.
La calificación es uno de los elementos que deberán de revisar los legisladores que trabajaron en la construcción del andamiaje que ha permitido al país la renovación de un poder judicial corrupto.
Si bien es un hecho que no tiene precedente y del que está atento el mundo, por la participación del pueblo en la elección de sus juzgadores, como toda obra humana, no es perfecta.
Entonces deberá analizarse lo bueno y malo del proceso, perfeccionar lo que no haya funcionado como se esperaba. Hay tiempo para que se pula el procedimiento para la elección de 2027.
Sin duda el balance de lo sucedido en 2025 es favorable, a pesar de los críticos y las críticas. Se avanzó en medio de los detractores que nunca renunciaron a su intención de descarrilar la reforma judicial.
Desde la misma Corte con la ministra Norma Piña a la cabeza buscaron echar abajo la reforma, con manifestaciones, irrupciones violentas en el Senado, multiplicidad de amparos contrarios a lo señalado en la Constitución e interpretaciones sesgadas de la ley vigente.
Al final se impuso la voluntad popular. La tarea para sanear el poder judicial no ha terminado, apenas empieza. El reto es mayúsculo para quienes tomarán posesión en septiembre.
El pueblo estará atento a lo que hagan.
Lo único que pide es justicia, de verdad.

El proceso electoral de juzgadores entró en la recta final, el próximo domingo el pueblo elegirá a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. 881 cargos en juego.
A estas alturas nadie dudaría que irían derecho a la Corte, empujadas por el voto del pueblo: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Las dos primeras no sólo llegarían sino además entre ellas estaría la que presidiría la nueva Corte, integrada por cinco mujeres y cuatro hombres.
Batres es la que más empatía ha conseguido con la gente y es lo que la tiene más cerca de la presidencia.
Loretta se ha quedado rezagada en las mediciones o encuestas y podría llegar ya no entre los tres primeros lugares, sino en la posición cuarta o quinta.
La popularidad de las tres se entiende porque por su actual posición de ministras son más conocidas, llevan meses y algunas hasta años de aparecer, por su función, en medios masivos.
Sin embargo, nada es hasta que es, hay que esperar a la votación y a que sean contados los votos. Los nombres de los nueve ganadores se divulgarían la noche de la elección, es objetivo del INE.
Ha sido evidente el compromiso expresado en las redes sociales de todos los competidores y competidoras con el nuevo esquema y la urgencia de hacer efectiva la impartición de justicia, sin distingos.
Es aventurado afirmar que todo está decidido y que ya existe acordeón o papeleta con los números marcados que deben ser inscritos en las boletas electorales. Nadie ha comprobado el supuesto ejército de civiles que garantizaría el ascenso de quienes están en listas.
No sería la primera vez que desatinen los agoreros, los mismos que han fallado en recientes elecciones.
¿Qué no daban por hecho en 2024 que habría competencia cerrada?
Igual en 2018.

Lo que se debe valorar en este proceso inédito es a quienes sin aparecer en medios masivos han conseguido posicionarse a través de las redes sociales, con su creatividad y determinación para alcanzar el triunfo.
Ahí está el caso de la doctora Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra quien ha resistido intentos de desacreditarla con calumnias y estereotipos de género, lo que siempre sucede cuando alguien tiene éxito. No ha dudado en llevar su queja al INE y al tribunal electoral; logró que se ordenara bajar de Twitter (X) 16 expresiones en su contra.
Otro personaje que ha alcanzado popularidad es el autollamado “ministro chicharronero” Arístides Rodrigo Guerrero. Igual de creativo ha sido Ricardo Garduño Pasten. Sin ser grandes constructores de imagen ni disponer de dinero para ese fin por las acotadas reglas establecidas por la autoridad electoral, consiguieron salir del anonimato. Falta ver si lo realizado se traduce en votos.
También ha llamado la atención el mixteco Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Uno más es el abogado César Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo.
Entre las mujeres no se puede dejar de citar a Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especializada en materia de derechos humanos; María Estela Ríos González, ex consejera jurídica en el gobierno anterior; Jazmín Bonilla García, la única inscrita por los tres poderes para este proceso, y Luz María Zarza Delgado, directora jurídica de Pemex de 2019 a 2024.
La verdad, basta revisar sus perfiles en la página del INE para confirmar que cualquiera de ellos y ellas tiene las cualidades para desempeñarse en la Suprema Corte.
Prácticamente se puede decir lo mismo de quienes aspiran a magistrados y jueces, no hay improvisados.
Y si alguno o alguna fue descubierto de tener mala fama pública o cuentas pendientes con la justicia, en el supuesto de que ganara, el INE no le entregaría la constancia de ganador.

Los candidatos y candidatas a juzgadores nunca antes habían participado en una elección.
Por lo tanto, la mayoría no tiene ni la menor idea de lo que debe hacer para promocionarse.
Hacen lo que pueden en los espacios autorizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Cierto que las redes sociales hasta “benditas” fueron llamadas por el candidato Andrés Manuel López Obrador cuando no tenía más opción para difundir su campaña presidencial y a través de ellas conseguía hacer llegar su mensaje a la población.
Nada más que Andrés Manuel ya tenía la experiencia de haber participado en varias elecciones.
Tenía más idea de lo que era el mensaje mediático y era asesorado por César Yáñez, experto en medios.
Los resultados todo mundo los conoce.
El caso de los candidatos y candidatas a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros es muy distinto.
La mayoría siempre había procurado estar desconectado de los medios y no se diga de las redes sociales. Preferían no exhibirse. Procuraban la discreción para no llamar la atención ni estar expuestos ante quienes pudieran quedar inconformes con las resoluciones judiciales.
Para alcanzar una posición o ascender dentro del sistema de justicia, dependían de sus grados académicos, pero sobre todo de sus relaciones, conexiones con gente de poder.
Las reglas cambiaron.
Ahora para mantenerse en el poder judicial o incorporarse al poder judicial dependen del voto del pueblo.
Y para ganarse el voto del pueblo hay que ser conocido, tener fama y estar en el ánimo de la gente.
Salvo las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz que participan en la competencia para seguir en la Corte, a tres semanas de la elección nadie más ha logrado posicionarse.
Y de las tres, Lenia es la que ha demostrado que tiene más idea de lo que es el contacto con la sociedad, no por nada se autonombró “ministra del pueblo”.
Los y las demás, están prácticamente donde empezaron por lo que se refiere a la difusión de su imagen, salvo contadas excepciones.
Hay quienes, los menos, han acertado en sus mensajes en redes sociales y han conseguido viralizarse.
Otros, por su escaso dominio de lo mediático, en vez de conseguir seguidores o potenciales votantes en las redes sociales, pareciera que persiguen todo lo contrario, alejarse de la gente, con mensajes que solo ellos entienden.
No cuentan con un diseñador de imagen y el monto para financiar sus campañas es reducido.
En ese contexto, las encuestas, aunque las hagan empresas serias, están limitadas a la hora de hacer la medición.
Los nombres conocidos por la gente se cuentan con los dedos.
Así que no es extraño ni sorpresivo que aparezcan en los primeros lugares los nombres de Lenia, Yazmín y Loretta.
De cualquier manera, si en los dos meses que la autoridad les dio para hacer campañas no logran hacerse populares, no significa que los ciudadanos y ciudadanas ya no tengan forma de valorarlos y elementos para emitir un voto informado el 1 de junio.
El propio organismo electoral se encargó vía electrónica de poner a disposición de todos los perfiles de los aspirantes.
Las encuestas no serían la mejor referencia y sus resultados habría que tomarlos con reservas.
Además, no sería raro que hubiera grupos económicos o políticos, interesados en insertar nombres en las encuestas.