INE

En el proceso electoral de 2006 el entonces presidente de México, Vicente Fox, puso en riesgo la declaración de validez de la elección. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estuvo a punto de anularla ante el cúmulo de irregularidades, en particular por la intromisión o declaraciones del mandatario para ayudar a su candidato.
Al principio del proceso sucesorio fue evidente que Felipe Calderón no era el que quería para su relevo. En los planes tanto de Fox como de su esposa Marta Sahagún siempre estuvo en primer lugar Santiago Creel, nada más que no pudo ganar la contienda interna partidista.
Por eso, en el arranque de la campaña presidencial, pareció dejar solo a Calderón. No por mucho tiempo, porque apenas le advirtieron y se dio cuenta de que la oposición podría ganar, actuó y se sumó a la propaganda negativa contra Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con lo que establecen la Constitución y las leyes secundarias en materia electoral, a la sala superior del tribunal le corresponde, una vez revisado el proceso, hacer las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo al que haya resultado ganador.
En 2006, los magistrados valoraron dos proyectos: el que daba por buena la contienda y el que la anulaba.
Al final convinieron que a la sesión llevarían el primero, para su último análisis y votación.
Si bien la resolución fue aprobada por unanimidad, los magistrados dejaron constancia en el texto de que Vicente Fox puso en riesgo la validez del proceso electoral.
Está señalado en el documento con todas sus letras: “esta sala superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del presidente de la República, Vicente Fox, se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedaran acreditadas”.
La verdad, durante el proceso, por más que lo intentaron, las autoridades electorales nunca consiguieron frenar la hiperactividad de Fox para favorecer al candidato de su partido.
Tampoco las autoridades lograron silenciar la propaganda negativa apuntalada por el Consejo Coordinador Empresarial, en sintonía con la estrategia del Partido Acción Nacional.
La verborrea de Fox nunca se ha caracterizado por su moderación y recato, aunque en ocasiones la impetuosidad le ha funcionado, como el “hoy, hoy, hoy” para no posponer acciones de campaña cuando fue candidato presidencial o las “alimañas, víboras prietas y tepocatas”, palabras con las que describía a corruptos.
Desatinó cuando le grabaron la frase “comes y te vas” que le aplicó al comandante cubano Fidel Castro, en el contexto de la reunión de presidentes y jefes de Estado en México.
En la elección de 2012 abandonó al panismo y respaldo al candidato tricolor.
Como ex presidente, volvió a ponerse la camiseta azul y centró su discurso contra morenistas, aunque tuvo que rectificar y dar marcha atrás cuando pecó de calificativos discriminatorios.
Por su culpa, por bocón, estuvo a punto de anularse la elección de 2006, como lo afirmó la resolución del TEPJF.

Como ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene una presidencia respondona, a veces pareciera que solo se concreta a quedarse callada ante críticas y aceptarlas. Está visto que lo suyo no es enredarse en confrontaciones, sino cumplir la obligación de aplicar la ley.
Está en puerta lo que pudiera llegar a ser uno de los procesos electorales más complicados en la historia del México, por el encono que se ha alimentado entre los grupos de poder contendientes. Lo saben en el instituto y por eso prefieren ocuparse en lo que les corresponde, no desgastarse ni debilitar su operación en pleitos viscerales.
Lo suyo es garantizar la imparcialidad, el respeto al voto y a las reglas del juego, reglas que en su momento fueron aprobadas por el poder legislativo, donde están representados los partidos.
Se compite con leyes que avalaron los propios partidos, a través de sus diputados y senadores.
Así que los partidos y aspirantes a la presidencia de México deberían dar ejemplo, acatar las normas legales sin necesidad de que la autoridad esté con el látigo en la mano, centrado en sancionar infractores. Las leyes no las hicieron los consejeros del INE, a ellos solo les toca observar que se cumplan y proceder contra quienes no lo hagan.
Con miras a las elecciones presidenciales de 2024, salvo Movimiento Ciudadano, todos los demás partidos adelantaron tiempos para seleccionar a sus candidatos, aunque les llamaron de otra manera, para eludir la ley y evitar sanciones. Flagrante simulación.
El instituto actuó hasta que se lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para establecer lineamientos que los competidores deberán de cumplir en sus respectivos procesos internos.
Quedó la percepción de que el INE actuó con flexibilidad y toleró excesos. No procedió con oportunidad ni con la celeridad que ameritaba el comportamiento de los partidos. Tampoco el tribunal alertó sobre lo que sucedía, se concretó a esperar quejas e impugnaciones, el intercambio de acusaciones entre los competidores.
Hay responsabilidad de la autoridad electoral porque no puede alegar que no se dio cuenta de los excesos, cometidos a la vista en todos, en espacios públicos y difundidos por los medios.
Sin embargo, ni el INE ni el TEPJF pueden cargar con toda la culpa. Los partidos y sus dirigentes también son culpables. Están obligados a cumplir las leyes electorales que aprobaron sus diputados y senadores. No perder de vista que cumplir a ley será deber constitucional para cualquiera que gane las elecciones y gobierne a nuestro país.
Inaceptable que los mismos que hicieron las leyes no las acaten.
Situación altamente riesgosa para el Estado de Derecho, que invita a la reflexión de todas las partes, porque de no enderezarse, metería al país en una crisis política que a nadie conviene.
Todavía no empieza el proceso electoral 2023-2024, que oficialmente arranca el próximo septiembre, y ya hay irregularidades que encienden focos rojos.
En ese sentido las autoridades electorales, el tribunal y el instituto, hacen lo correcto en pulir su actuación en el marco de la ley, en corregir y ponerse al día en lo que les toca.
Los partidos que se sumaron en su momento a la defensa del instituto con el lema “El INE no se toca”, ahora deberían significarse por cuidar la institución que ha sido garantía de la alternancia en México.

Si los astros se alinean a su favor, Bertha Alcalde Luján, hermana de Luisa María, secretaria del Trabajo, y ambas hijas de la veterana luchadora de izquierda Bertha Luján, será presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) por nueve años. Es el tiempo que establece la ley.
El periodo es largo, de los más largos, sin reelección, que pueda tener un organismo autónomo. La presidencia del INAI dura tres años y derecho de reelección por una vez; CNDH tiene presidencia de cinco años y una vez reelección; la UNAM tiene rector de cuatro años y también con derecho a reelección; Banxico tiene gobernadora por seis años y puede sumar otros seis, siempre y cuando no haya rebasado los 65 años edad.
Por lo que se refiere a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el presidente de la República tiene periodo de seis años, sin derecho a reelegirse. En la Cámara de Diputados la presidencia es rotatoria. En el Senado la presidencia es acaparada por el grupo parlamentario mayoritario.
En el INE Lorenzo Córdova cumplirá en abril sus nueve años, más tres años que ya tenía como consejero electoral del IFE. José Woldenberg fue dos años consejero ciudadano y después siete años presidente del IFE; en el 2000 le tocó vivir la alternancia, el arribo al poder de un partido distinto al tricolor.
Dentro de los planes iniciales para modificar leyes electorales se consideró la posibilidad de reducir el periodo de nueve años para la presidencia del INE e incluso de rotar la presidencia. Una de las voces que se escuchó en ese sentido fue la del diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena. Cuando finalmente se armó la iniciativa o proyecto del Ejecutivo en la materia, ya no se incluyó dicho punto en la propuesta ni tampoco insistió el legislador.
Se quedó en nueve años, así que si llega Bertha Alcalde Lujan, es el periodo que deberá de cumplir. Es la favorita para alcanzar el puesto, la primera mujer en la historia del instituto, nada más que todavía no lo puede dar por hecho, porque falta la integración de quinteta, de la que seguramente formará parte, y el voto de los diputados para elegirla.
Se requiere, sea presidenta o presidente, el voto de las dos terceras partes de los diputados asistentes al salón plenario, en el momento en que se lleve a cabo la elección.
No va ser sencillo lograr el consenso, cada uno de los grupos parlamentarios tendrá su favorito o favorita. Todo indica que se llegará al punto de la insaculación o sorteo, para elegirlo o elegirla, al azar, como lo señala la ley cuando los diputados no se ponen de acuerdo.
A Morena le gusta llamarle tómbola y prácticamente da por hecho que por este método de la suerte se va a resolver quien deberá de relevar al consejero Lorenzo Córdova.
En ese escenario, para nadie estaría amarrada la presidencia del instituto. Cada integrante de la quinteta tendría un 20 por ciento de posibilidades de ganarla.
Tiene razón el diputado Leonel Godoy, vicecoordinador de la bancada morenista. Bajo esas condiciones, Bertha Alcalde no puede cantar victoria. Depende de su suerte, como los demás competidores y competidoras. Se supone que cualquiera de los integrantes de la quinteta cumpliría con el perfil que se requiere para presidente o presidenta del Instituto Nacional Electoral.
Sea quien sea el afortunado o afortunada, estaría nueve años al frente del INE.

Los votos son contados por ciudadanos y ciudadanas, que no cobran por desempeñarse como funcionarios de casilla. Lo hacen convencidos de que el voto vale y hay que cuidarlo.
México está muy lejos del proceso de 1988 cuando todavía la organización de las elecciones estaba a cargo de la Comisión Federal Electoral, presidida por el titular de la Secretaría de Gobernación. Entonces quedaron dudas sobre el resultado del proceso y hasta la fecha hay quienes conservan la versión de que le quitaron el triunfo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Después, en 2006, la elección presidencial más competida, porque la diferencia entre el primero y segundo lugar fue menos de un punto porcentual, los ciudadanos y ciudadanas volvieron a contar, con el celo que les ha caracterizado desde que nació el IFE, ahora INE.
El problema de esta elección no fue el conteo de votos, porque el pueblo no iba a permitir que alteraran sus cifras, lo que había contado en cada una de las casillas de los 300 distritos electorales.
¿Dónde estuvo el truco? ¿Cuál fue el punto de quiebre y por qué el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) llegó a considerar anular la elección presidencial, ante la diversidad de irregularidades, provocadas sobre todo por quienes querían mantener el poder, como fuera?
Hay que recordar que hubo campaña mediática para desacreditar al candidato de la oposición y exhibirlo como “un peligro para México”.
El entonces presidente Vicente Fox, al ver lo cerrado del proceso y por temor a entregar el poder a la oposición, no dudó en meterse en la competencia para ayudar a su partido y el IFE presidido por Luis Carlos Ugalde fue débil para desalentar las indebidas intromisiones del gobierno. Los llamados del instituto, insuficientes para detenerlo.
La mejor prueba del nivel que alcanzó la intervención de Fox está en el dictamen final de la sala superior del TEPJF, porque si bien calificó y dio por válido el resultado del proceso, también dejó asentado que el presidente estuvo a punto de provocar la anulación de la elección.
¿Hubo trampa?
La hubo porque con la intromisión del gobierno se perdía la imparcialidad que debe distinguir a las autoridades.
No solo fue la campaña contra quien era identificado como “peligro para México”; hubo suma de fuerzas particulares y políticas. La maestra Elba Esther Gordillo, dirigente del magisterio, peleada con la dirigencia de su partido, contribuyó a la victoria azul; en la administración de Felipe Calderón fue recompensada con la subsecretaría de Educación Pública para su yerno.
Se jugó sucio y de ahí la frase “haiga sido como haiga sido”, pronunciada en un programa de radio que se extinguió o lo desaparecieron durante el gobierno calderonista.
Para el 2024 las reglas se han vuelto a modificar; las opiniones están divididas en cuanto a su alcance. Grupos opositores advierten preceptos contrarios a la Constitución que en su momento correspondería analizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todavía no entran en vigor porque el ciclo parlamentario no se ha cerrado. Falta que el Senado las revise y, si ya no tiene nada que objetar, enviarlas al Ejecutivo para su promulgación, lo que sucedería en febrero cuando empiece su nuevo periodo ordinario de sesiones.
De lo que debe haber certeza es que los ciudadanos y ciudadanas que integren las casillas en el 2024 van a contar los votos como lo han venido haciendo, con pulcritud y en el marco de la ley.

El Senado se va a convertir en filtro electoral, no va a dejar pasar nada que debilite al instituto organizador de los procesos ni al tribunal encargado de revisar las impugnaciones.
Por la oposición no va a quedar, ya se ha visto que está decidida a la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo dice y lo repite en todos los espacios. Habla menos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quizás porque la propuesta de reforma está más enfocada en el instituto que preside Lorenzo Córdova.
La minuta que llegue al Senado, una vez que los diputados o la mayoría parlamentaria en San Lázaro la vote, va a volver a poner a prueba al coordinador de Morena, Ricardo Monreal.
Se verá hasta donde está decidido a plegarse a la línea de la cúpula de su partido, a no objetar lo que le manden sus compañeros diputados. Hasta ahora ha sabido mantenerse en el filo de la navaja, para solo ceder en lo que encuadra dentro del marco legal.
Esta vez se trata de las reglas del juego para la competencia electoral del 2024, en la que el propio Monreal quiere aparecer en la boleta, así que será doble su interés por el tema.
Por congruencia, por su empeño en que prevalezca el Estado de Derecho, no deberá de aceptar nada que le reste imparcialidad al INE o atente contra su estructura, que, hasta ahora, ha sido exitosa. De otra manera no se entendería la alternancia en el poder en el siglo XXI.
Seguramente buscará el punto medio, para que su desempeño no lo obligue a romper con su partido ni sea tomado como pretexto para que le quiten la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado.
La oposición ha estado conforme con su trabajo para preservar la autonomía senatorial. Espera que siga el mismo camino, porque de lo contrario tiraría mucho de lo avanzado.
Está más que dicho que la oposición estaría dispuesta a darle su beneplácito para que sea el candidato en 2024. Es un tema que ya se platica entre las partes. Todavía no se amarra.
Con lo que todos están de acuerdo es en que deben bajarle al gasto electoral. La sociedad ya no quiere más derroches y excesos a costa del erario. El INE se ha vuelto muy costoso y los partidos disponen de recursos públicos como si México fuera un país millonario.
Ni el INE ni el TEPJF son instituciones perfectas, tienen sus fallas y hasta pecan en algunas áreas de burocratismo. A Lorenzo y a su equipo les ha faltado autocrítica, admitir debilidades, corregirlas, no solo cacarear sus fortalezas, que son muchas, gracias a su personal de base.
Lo que procede es enfocarse en lo que realmente haga falta, no inventar esquemas para favorecer aspiraciones. Evitar duplicidades, simplificar tareas y para nada prodigar una élite electoral con prestaciones y sueldos, muy por arriba del ingreso medio en el país.
El trabajo en el INE es arduo, intenso, de una gran responsabilidad, por lo que harían falta formas, instrumentos y mecanismos que lo hagan redistributivo entre sus miles de empleados.
Por lo pronto, como lo establece la ley, en el caso de la reforma electoral, el llamado Plan B, correspondería revisarlo al Senado. Tanto la oposición como Monreal y su grupo han dejado en claro que lo suyo no es hacer el papel de comparsa sino de filtro legislativo.

Por lo visto el Instituto Nacional Electoral (INE) no está cruzado de brazos ante cualquier acción que afecte o pueda afectar su estructura en nuestro país.
Mientras diputados y partidos definen posiciones sobre la reforma electoral constitucional que planea acabar con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en los 32 estados, el INE los blinda con la finalidad de que no los compriman o les quiten áreas sustantivas en la organización de elecciones.
Al amparo de lo que establece la Constitución, leyes electorales y jurisprudencia en la materia, consejeros del INE han definido lo que sería la “estructura ocupacional mínima” para la coordinación del instituto con los OPLES y la designación de funcionarios.
Criterios y procedimientos que mantendrían intocables el andamiaje de los organismos públicos locales en organización electoral, educación cívica y/o capacitación electoral, jurídico y/o contencioso electoral, administración, informática, prerrogativas y partidos políticos e igualdad de género y no discriminación.
El INE ha tomado previsiones después de ver que, a dichos organismos locales, en algunos estados, no solo se les reduce el presupuesto sino también hay medidas unilaterales de autoridades ejecutivas y legislativas con el propósito de eliminar diferentes áreas o tareas.
Según su acuerdo, que aparece en el orden del día de la sesión programada para esta semana, a consideración y voto de los propios consejeros, contiene “modificaciones al reglamento de elecciones del INE en materia de estructura de los organismos públicos locales”.
Por mandato constitucional, ejerce las facultades para expedir lineamientos y criterios sobre el funcionamiento de los OPLES, el nombramiento de sus consejeros y principales directivos.
De esa manera, evitaría supuestos resquicios jurídicos por los que han intentado colarse medidas en detrimento de su operación u organigrama, como sucedió en el caso del OPLE de Veracruz, donde hubo necesidad de que interviniera la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar a salvo la autonomía de la institución electoral.
El propósito de los consejeros es que no quede duda de cuáles son las áreas claves para garantizar el éxito en la organización de los procesos electorales, por lo que ha definido cada una de ellas, a fin de que sean del dominio de los OPLES y del conocimiento de las autoridades estatales.
Han aprovechado su acuerdo para hacer observaciones a los mismos OPLES, para que se ajusten a los lineamientos. Les han dado de plazo hasta el mes de agosto del 2023, justo antes de que en la primera semana de septiembre arranque el año electoral 2023-2024.
Detectaron que los OPLES de Aguascalientes, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa no cuentan con áreas específicas para atención de actividades de igualdad de género y no discriminación, en contraste con lo que ya hacen las otras entidades.
En base a las atribuciones exclusivas que le otorga el texto constitucional, el INE se asume como rector del sistema nacional electoral, obligado a definir las disposiciones reglamentarias que garanticen el adecuado funcionamiento y la coordinación con los OPLES.
Contrario a la corriente que plantea terminar con estos organismos, con la Constitución en la mano se adelanta y da pasos para blindar su estructura.

Ante el hecho de que México nunca ha tenido una presidenta, hay quien pudiera considerar que a la luz del pregón “total paridad de género”, debe de ser mujer el relevo de Andrés Manuel López Obrador.
Para ello, para asegurarlo, tendrían que ser mujeres todas las candidatas a la presidencia de la República en el 2024 y no parece que los partidos estén de acuerdo en ese sentido.
¿El Instituto Nacional Electoral (INE) podría imponer candidatas?
El Consejo General del INE que encabeza Lorenzo Córdova se ha esmerado en hacer efectivo el mandato constitucional de paridad de género y se ha visto en la integración de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), con la finalidad de que la mitad sean presididos por mujeres.
No ha sido sencillo y algunos casos se han complicado, como sucedió con el OPLE del estado de México, donde habrá elecciones el próximo año. Tuvieron que hacer tres convocatorias para encontrar a la candidata ideal, que cumpliera con todos los requisitos. Se acordó que en el proceso de elección solo participarían mujeres, ningún varón.
Sobre quien debe suceder a Lorenzo, si un hombre o una mujer, no ha dicho nada el Consejo General, quizás porque la elección corresponde hacerla a la Cámara de Diputados.
Cero comentarios, cero opiniones, aunque no falta quien deje correr la versión de que la paridad de género también está relacionada con la que sería “paridad alterna”, para tratar de presionar a que las instituciones que han sido dominadas por hombres, ahora cedan el paso a las mujeres en sus presidencias, como sería en el caso del instituto electoral.
El punto es que la ley no habla de “paridad alterna”, en ninguna parte de la constitución dice que el cargo de titular de las instituciones debe ser alternado, una vez un hombre y en el siguiente periodo una mujer. Por lo tanto, no cabe esta interpretación, salvo que se modifique la norma, se incorpore la paridad alternativa en la titularidad de las instituciones.
Lo que llama la atención es que el instituto electoral se ha empeñado en que lleguen mujeres a las gubernaturas, para que a la larga haya 16 gobernadoras y 16 gobernadores.
En estos tiempos, en que se ha abierto el abanico de género, tampoco se puede ignorar que hay grupos que también exigen espacios políticos como los gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales. No hay que olvidar el escándalo que se armó en la Cámara de Diputados cuando desde la tribuna Gabriel Quadri llamó diputado a un “trans”.
A la sociedad la tiene sin cuidado si es un hombre o una mujer la que llega a ocupar cargo público o el poder presidencial; es obvio que su principal anhelo es que ascienda gente honesta, con talento, justa, que le garantice calidad de vida, no como ha sido hasta ahora.
Dentro de este contexto, porque no lo establece la ley, habría que descartar que el INE vaya a promover la paridad alternativa para que sea mujer la próxima presidenta de México.
Tampoco moverá un dedo con la finalidad de que solo mujeres compitan por relevar a Lorenzo Córdova.

En medios de comunicación ha sido práctica tratar de adivinar quién será el candidato a la presidencia de la República, sobre todo del PRI, porque es el partido que ha estado en el poder más de 70 años, como ningún otro en México. Para el proceso del próximo año, el tema no es la excepción. Hay competencia por descubrir y acertar en el nombre. Observación de indicios y señales. Descubrir quien está más cerca y en el ánimo del gran elector.

Cierto que en el caso del partido en el poder hay un gran elector, pero no es un individuo aislado o ajeno a su entorno. Como lo haría cualquier otro personaje en su lugar, hace consultas, escucha opiniones, valora, sopesa. No es una decisión simple y caprichosa, por eso, más de una vez, los medios se han equivocado y ahí está la historia para comprobarlo (Ver “La Decisión Presidencial”, de Roberto Casillas, quien fuera secretario particular de José López Portillo).

En procesos recientes de este partido, ¿qué no se daba por hecho que Manuel Camacho Solís sería candidato a la presidencia de la República? El mismo Camacho se comportaba como si ya todo estuviera decidido a su favor. No lo fue. Resultó elegido Luis Donaldo Colosio, secretario de Desarrollo Social. Los camachistas y su jefe de gobierno de la Ciudad de México, sufrieron, tardaron en digerir esa decisión.

Más atrás, Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, sentía que ya tenía en la bolsa la candidatura y hasta mantas con su nombre habían hecho sus seguidores, nada más en espera del anuncio oficial. Tampoco fue. La decisión favoreció a José López Portillo, entonces secretario de Hacienda.

También Manuel Bartlett, secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, supuso que era suya la nominación. Había comunicadores, articulistas, columnistas, que lo daban por hecho. Falló la adivinación. El “destapado” fue Carlos Salinas.

Es evidente que los medios han carecido de puntería. El gran elector ha sabido ocultar su decisión hasta el último momento. Luis Donaldo Colosio se enteró de su nominación horas próximas al pronunciamiento oficial. Semanas y días antes, solo sabía que estaba entre los posibles.

Así que los indicios no han sido claves para descubrir al “tapado”. En tanto no se haga el anuncio correspondiente, no pasan de especulaciones el citar a uno u otro personaje. En este momento, hay quienes concluyen que existe consenso. Juzgan la reforma estatutaria priísta destinada a su unción. Las ansias llegan a tal punto que hasta lo etiquetan y promueven como virtual nominado.

Solo el que espera y evita precipitaciones, no se equivoca ni se equivocará. Nada es hasta que es. Cada quien, por diversos intereses y análisis, da como candidato a su favorito.

¿Acertarán o volverán a equivocarse los adivinadores y lectores de señales?

Sería derroche si los diputados se gastan 20 millones de pesos y no llegan a ningún acuerdo en la reforma electoral. Hay puntos que la sociedad no les va a perdonar si los dejan igual.
Es obvio que la sociedad no quiere gastos excesivos en política, no hay necesidad de encuestas para saberlo. Está a la vista lo que se destina a los partidos cada año por actividades ordinarias y el incremento que reciben cuando hay elecciones estatales o federales.
Los mismos partidos están conscientes de esta situación. Al menos en sus declaraciones hay unanimidad para ajustar presupuestos. Es tema de consenso, no hay necesidad de ponerse a discutir si debe darse o no el recorte. Lo que faltaría puntualizar es el monto, el porcentaje, la fórmula para bajarle al dispendio, del que todos son culpables.
Lo mismo deberá suceder con el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin perder su esencia ni renunciar a lo fundamental, deberá prevalecer la sensatez para ajustar su estructura.
A estas alturas trasciende, en voz de Ignacio Mier, coordinador de la diputación de Morena en la Cámara de Diputados, porqué son 11 consejeros electorales los integrantes del Consejo General del instituto. Según el legislador, para garantizar su respectiva cuota de representación a los partidos que decidieron tendría dicha composición.
Para tranquilizar a los partidos principales, sobre todo; cuotas que en nada favorecen el trabajo de consejeros que llegan a sentirse comprometidos con quienes les dieron el apoyo para lograr el acceso al Consejo General del Instituto. Existe la propuesta de que sean siete los consejeros, el mismo número de magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El número que se decida deberá estar plenamente justificado, de acuerdo con el tamaño de las tareas que tiene asignadas el organismo.
En el fondo no se trata de eliminar el INE, como no se eliminó al IFE cuando dejó de existir. Hubo cambio de nombre, con iguales o más atribuciones. Hay que recordar que, con la más reciente reforma electoral, el instituto asumió el control de todos los organismos locales y la fiscalización electoral nacional. Se multiplicó su trabajo y podría volver a suceder con la nueva reforma si se aprueba lo que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Por lo pronto, los diputados y los partidos ya están inmersos en foros electorales, para escuchar a expertos e interesados en el tema. Sería lamentable que se repitiera la historia de la reforma eléctrica que no alcanzó el voto de la mayoría calificada, requerida en cambios constitucionales.
Dejar las reglas como están y no hacer nada para hacer efectiva la austeridad, mantener una posición intransigente, le puede salir caro a los partidos que lo hagan, cuando vengan las elecciones. Los electores podrían castigarlos con su voto, porque es clamor bajarle al gasto político.
Si hay 49 propuestas en materia electoral, incluyendo la del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados, la lectura es que los legisladores coinciden en revisar reglas y operación de la estructura electoral.

Le gusta la comida oaxaqueña, las tlayudas, el mezcal y la poesía. Con 33 años de edad, la más joven presidenta o presidente que ha tenido el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
Amalia Pulido Gómez, egresada de la Universidad del Norte de Texas, doctorada en Ciencia Política, experiencia laboral en el Colegio de México y profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), logró por unanimidad de consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) convertirse en árbitro mexiquense.
Después de 18 meses, más de un año, por fin los consejeros encontraron al perfil deseado para organizar las elecciones. Justo a tiempo para empezar a preparar el proceso de 2023. Ya lo habían intentado en dos ocasiones, sin éxito, para seleccionar a quien se haría cargo de esa responsabilidad, vacante a raíz del fallecimiento del consejero Pedro Zamudio.
Es activista, no dudó en salir a la calle para defender la autonomía del CIDE, inconforme con el nombramiento del nuevo director. También se pronunció en contra de la desaparición de fideicomisos y de las opiniones que descalificaron a quienes estudian en el extranjero.
Ha sido solidaria con las expresiones a favor de preservar el INE. Para ella no es cierto que México tenga los organismos electorales más caros del mundo.
El twitter @pulido_amalia describe actividad académica, gustos gastronómicos, la identificación que ha mantenido con el instituto electoral que preside Lorenzo Córdova y las opiniones externadas o compartidas en contra de políticas del actual gobierno, en el terreno educativo.
También exhibe dominio del tema electoral, textos, investigaciones y observaciones sobre distintos comicios, aunque su experiencia todavía es corta en el campo, en la práctica.
Su prueba de fuego: la organización de las elecciones del próximo año en el estado de México. El reto mayor de su vida profesional, por lo que implica la entidad, su trascendencia nacional, con más de 12 millones en el listado nominal (6.4 millones mujeres y 5.8 millones hombres).
La población electoral más grande del país, que puede ser clave y marcar diferencia en la competencia presidencial de 2024.
De ahí la importancia del árbitro, de cumplir su obligación de actuar con absoluta imparcialidad y riguroso respeto a las leyes, sin dejarse influenciar ni manipular por ninguna fuerza política, por nadie.
Amalia Pulido Gómez podrá comprobar que es enorme la distancia entre participar en una marcha y organizar elecciones, estar atenta al funcionamiento de la institución que ahora preside y al comportamiento de partidos acostumbrados a tratar de sorprender a la autoridad.
En lo sucesivo, deberá de redoblar cuidados en todas sus expresiones y mensajes en redes sociales, para que en ningún caso se vuelvan pretexto para poner en duda su trabajo.
Edomex no es el único que tendrá elección de gobernador el próximo año, también Coahuila, que apenas ronda los dos millones de electores y es el otro estado que todavía le queda al priísmo.
No hay comparación en el desafío que representa cada uno, por el tamaño de territorio y el número de población.
Las miradas estarán centradas en lo que suceda en la entidad mexiquense, donde la competencia por la gubernatura sería entre mujeres y con una mujer como árbitro electoral.

Hasta el 1 de julio de 2022, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional Electoral (INE) hay en la lista nominal, con credencial para votar, 48 millones 121 mil 240 mujeres (52 %) y 44 millones 481 mil 702 varones (48 %), una diferencia en cifras redondas de 4 millones.
Para la elección presidencial de 2024, todo indica que esa diferencia podría ser superior a los cuatro millones. Según censos de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hace más de 35 años empezó a ser mayor el total de población femenil.
Desde entonces, los partidos se han interesado más en los temas de las mujeres, sus representaciones en las cámaras y sus dirigentes con diversidad de propuestas buscan ganarse su voto. Tratar de convencerlas de que es real su preocupación por sus demandas.
No son los únicos, también hay líderes de distintos poderes, en los 32 estados, que se adornan con supuestos o reales beneficios. La mayoría se quedan en el papel, otros se convierten en reformas legales o compensaciones económicas.
Los mismos medios de comunicación se esmeran en abrir espacios para apoyarlas cuando son agredidas, lo que también tiene implícito para algunos ganar rating o congraciarse con ese sector de la sociedad.
Son estrategias que en los hechos todavía no dan los resultados esperados, los salarios de las mujeres siguen siendo inferiores y la violencia en su contra no se ha logrado frenar como se quiere.
Tampoco es suficiente con que las instituciones pregonen que hay avances en materia de igualdad y que cada vez son más las mujeres que ocupan cargos en la administración pública.
Aún hay organismos que no ceden la titularidad o la presidencia ni pareciera existir la intención de que esté al frente una mujer. En ese sentido se vuelve limitado y hasta demagogo su discurso de paridad de género.
Innegable el empeño por conquistar las simpatías de las mujeres, como si ellas no se dieran cuenta que está de por medio una operación manipuladora y electorera con miras al 2024.
Nada más que pasan por alto, que, hasta ahora, cada una de las mujeres ha demostrado tener su propia independencia y criterio, con la capacidad para darse cuenta de quienes solo simulan.
Falsos redentores que aspiran sacar provecho personal, para escalar posiciones, conservarlas o presumir que han sabido atender las quejas que por años se han repetido, sin solución.
En el caso particular de los partidos, la apuesta es por los votos que representan las mujeres y que pueden significar la ventaja a la hora de sumarlos en favor de un candidato o candidata.
Si bien las mujeres ya son mayoría en el listado nominal del INE, de ninguna manera se podría dar por hecho que será mujer la próxima presidenta de México, porque su pensamiento definitivamente no es uniforme.
Queda claro que el voto de la mujer es un voto de consciencia, sabe a quien se lo da y a quien se lo niega, reconoce cuando ha sido auténtico el apoyo y cuando solo un rollo politiquero.
Aquellos políticos o políticas que alardean iniciativas que carecen de sustento, tarde o temprano se darán cuenta que en la nueva realidad mexicana ya no es posible sorprender a la población femenil.