¿Quién contará los votos en 2024?

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Los votos son contados por ciudadanos y ciudadanas, que no cobran por desempeñarse como funcionarios de casilla. Lo hacen convencidos de que el voto vale y hay que cuidarlo.
México está muy lejos del proceso de 1988 cuando todavía la organización de las elecciones estaba a cargo de la Comisión Federal Electoral, presidida por el titular de la Secretaría de Gobernación. Entonces quedaron dudas sobre el resultado del proceso y hasta la fecha hay quienes conservan la versión de que le quitaron el triunfo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Después, en 2006, la elección presidencial más competida, porque la diferencia entre el primero y segundo lugar fue menos de un punto porcentual, los ciudadanos y ciudadanas volvieron a contar, con el celo que les ha caracterizado desde que nació el IFE, ahora INE.
El problema de esta elección no fue el conteo de votos, porque el pueblo no iba a permitir que alteraran sus cifras, lo que había contado en cada una de las casillas de los 300 distritos electorales.
¿Dónde estuvo el truco? ¿Cuál fue el punto de quiebre y por qué el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) llegó a considerar anular la elección presidencial, ante la diversidad de irregularidades, provocadas sobre todo por quienes querían mantener el poder, como fuera?
Hay que recordar que hubo campaña mediática para desacreditar al candidato de la oposición y exhibirlo como “un peligro para México”.
El entonces presidente Vicente Fox, al ver lo cerrado del proceso y por temor a entregar el poder a la oposición, no dudó en meterse en la competencia para ayudar a su partido y el IFE presidido por Luis Carlos Ugalde fue débil para desalentar las indebidas intromisiones del gobierno. Los llamados del instituto, insuficientes para detenerlo.
La mejor prueba del nivel que alcanzó la intervención de Fox está en el dictamen final de la sala superior del TEPJF, porque si bien calificó y dio por válido el resultado del proceso, también dejó asentado que el presidente estuvo a punto de provocar la anulación de la elección.
¿Hubo trampa?
La hubo porque con la intromisión del gobierno se perdía la imparcialidad que debe distinguir a las autoridades.
No solo fue la campaña contra quien era identificado como “peligro para México”; hubo suma de fuerzas particulares y políticas. La maestra Elba Esther Gordillo, dirigente del magisterio, peleada con la dirigencia de su partido, contribuyó a la victoria azul; en la administración de Felipe Calderón fue recompensada con la subsecretaría de Educación Pública para su yerno.
Se jugó sucio y de ahí la frase “haiga sido como haiga sido”, pronunciada en un programa de radio que se extinguió o lo desaparecieron durante el gobierno calderonista.
Para el 2024 las reglas se han vuelto a modificar; las opiniones están divididas en cuanto a su alcance. Grupos opositores advierten preceptos contrarios a la Constitución que en su momento correspondería analizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todavía no entran en vigor porque el ciclo parlamentario no se ha cerrado. Falta que el Senado las revise y, si ya no tiene nada que objetar, enviarlas al Ejecutivo para su promulgación, lo que sucedería en febrero cuando empiece su nuevo periodo ordinario de sesiones.
De lo que debe haber certeza es que los ciudadanos y ciudadanas que integren las casillas en el 2024 van a contar los votos como lo han venido haciendo, con pulcritud y en el marco de la ley.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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