INE

Apenas ha ganado una batalla y la oposición ya quiere sonar las campanas en todos los templos. Bloquear el avance de la reforma constitucional en materia eléctrica ha sido su éxito más relevante en el período de la Cuarta Transformación. Pegó donde tenía que pegar y dolió donde tenía que doler.
Sin embargo, todavía está muy lejos de recuperar los espacios perdidos por el descrédito de administraciones que se enriquecieron y no supieron acercar a México al primer mundo, como eran sus deseos, al menos eso llegaron a decir cuando se sintieron dueños del poder.
Levantarse de la derrota del 2018 no va a ser producto de una batalla, sino de muchas más. Se avecina la del domingo 5 de junio. Veremos entonces si es real el avance y si ha conseguido que la sociedad cambie de opinión respecto a lo ofrecido por el gobierno en turno.
Ha celebrado el voto en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica como si en sucesivas mediciones de fuerzas, legislativas o electorales, fuera a salir triunfador.
Ahora viene la competencia electoral en los estados de Aguascalientes, Durango Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Salvo el primero, en los demás las encuestas favorecen a Morena y en algunos casos, como Quintana Roo, por muy amplio margen.
Por lo tanto, en vez de seguir en la fiesta por la batalla ganada en la Cámara de Diputados, la tríada partidista (PRI-PAN-PRD) debería ocuparse en buscar la forma de dar la pelea en los seis procesos electorales, aunque el tiempo prácticamente se le ha terminado.
Estamos a seis semanas de las elecciones y no se ve por donde la oposición pueda dar la sorpresa. Hay estados donde el gobernador en turno pareciera resignado a entregar la plaza y canjear su pasividad electoral por un cargo diplomático o administrativo.
De eso debe de estar consciente la tríada, los vientos electorales no le favorecen y tampoco debe olvidar que el año pasado Morena le ganó 11 gubernaturas de las 15 en disputa.
De adjudicarse el lote completo, el partido en el poder sumaría 21 gobiernos estatales, más de la mitad de los que componen el país. Se colocaría en un trampolín ideal para ir en el siguiente año por el estado de México, que tiene la población electoral más numerosa del país, y llegar en las mejores condiciones a la competencia presidencial de 2024.
La oposición, seguramente intensificará críticas hacia acciones de gobierno, todo lo que le parezca incongruente y fallido, para tratar de minar el grado de aceptación que tiene la Cuarta Transformación.
El inconveniente es su desgaste ancestral, en particular del PRI, seguido por el PAN que desaprovechó en dos sexenios la oportunidad de darle a México mejor gobierno. El descrédito de ambos en el saldo de su actuación, todavía pesa en el ánimo del electorado.
Los perredistas se hicieron chiquitos con sus diferencias y pleitos internos, con sus multiplicadas deserciones.
A la tríada le falta representar una alternativa fresca y renovada.
Y Movimiento Ciudadano debería darse cuenta, que dos gubernaturas, aunque sean las de Jalisco y Nuevo León, no hacen verano. De cualquier manera sigue empecinado en que puede solo.

La intención de eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) no es ninguna novedad. En la pasada legislatura (LXIV) buscó hacerlo el ahora presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Organizó foros sobre el tema y llegó a la conclusión de que se requieren en las 32 entidades del país.
Desistió de su idea original, aunque observó la urgencia de un manejo más riguroso y transparente del presupuesto, evitar excesos o derroches en la realización de programas que no son esenciales. Hay instituciones que no son cuidadosas con su austeridad.
Sin embargo, no parece ser el principal problema de los OPLES. La reforma electoral que se avecina, por lo que ha trascendido, insistirá en ponerles fin, con el argumento de que siguen sin funcionar con imparcialidad.
Desde antes de que nacieran, era del dominio público la influencia de los gobernadores en los organismos electorales estatales. Totalmente controlados. A los consejeros los elegía el congreso local y la mayoría en el congreso local estaba a las órdenes del gobernador.
Con la creación de los OPLES se modificó la ley para que los consejeros locales fueran electos, previo procedimiento de evaluación, por los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE). De esa manera se cortó de tajo la intervención que tenía el gobernador en este procedimiento.
Todo parecía encaminarse a que sería suficiente con esa medida para que nadie tratara de manipularlos. Ya ninguno de los consejeros le debería el cargo al gobernador en turno.
No fue suficiente, el poder legislativo no se dio cuenta o no quiso darse cuenta, que los nuevos organismos continuarían bajo el dominio del mandatario estatal, porque ahora el control lo ejercería a través de presupuesto. El presupuesto lo aprueba el congreso local, nada más que en esa instancia, como sucedía en el pasado, la mayoría parlamentaria, en casi todos los casos, responde a intereses del gobernador.
Hay que reconocer que existen OPLES que han sabido actuar con estricto apego a la ley, verticales, sin interferencias de nadie, sin aceptar presiones de ningún tipo. La designación que se hace de consejeros locales desde el INE ha sido de gran ayuda. Cuando llegan a desviarse del camino, el propio instituto nacional ha procedido a relevar los cuadros incumplidos.
Hasta donde se sabe, la reforma electoral va por ejercer un mayor control desde el órgano central, para que los gobernadores no tengan ninguna oportunidad de controlarlos.
Desaparecerlos, como lo pudo comprobar el diputado Gutiérrez Luna, que tiene más de una veintena de años siendo experto electoral, no sería la mejor opción. En todo caso, perfeccionar su funcionamiento o transformarlos, hacer ajustes y cambiarles de nombre, no pretender empezar de cero, porque significaría desperdiciar lo avanzado o echar a la basura el dinero público que hasta ahora se ha invertido.

Desde su nacimiento, en 1990, el patriarcado ha dominado la presidencia del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE), solo varones han ocupado el cargo, en ningún momento ha existido la posibilidad del ascenso de una mujer. En los procesos de elección que ha llevado a cabo la Cámara de Diputados, no aparece entre los finalistas.
Así fue con cuando todavía el secretario de Gobernación presidía el Consejo General, con Fernando Gutiérrez Barrios, Patrocinio González Garrido, Jorge Carpizo, Esteban Moctezuma y Emilio Chuayffey. Ciudadanizado el organismo, como consejeros presidentes, siguieron José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde que no pudo terminar su periodo, Andrés Albo Márquez, Leonardo Zurita y ahora Lorenzo Córdoba. 32 años de varones.
Aun cuando hay avances en la paridad de género en las distintas instituciones, sobrevive el criterio patriarcal al frente de los órganos de gobierno del poder legislativo, en su composición, en las coordinaciones de los grupos parlamentarios. Son los que han elegido presidentes para el IFE e INE, con el voto, mínimo, de las dos terceras partes de los diputados.
Las mujeres aplaudían apenas en marzo de este año porque habían logrado superar el número de diputados, con una, 251 contra 249. Sin embargo, todavía no han podido conseguir estar al frente de las instancias donde se toman las decisiones.
Existe el mandato constitucional sobre la paridad de género, nada más que la ley no obliga a que la presidencia sea alternada o rotada, porque entonces habría que dar por hecho que sería mujer quien releve a Lorenzo en la presidencia del instituto electoral.
De igual manera, en el caso de la presidencia de la República, todos los partidos tendrían que postular a mujeres, para que fuera mujer la presidenta de México a partir de 2024.
No se ve que tenga ese alcance la paridad ni que se vaya a precisar de esa manera en la próxima reforma electoral. En los gobiernos de los estados han prevalecido los varones en la titularidad del Ejecutivo. La senadora Susana Harp acaba de pelear su nominación por Morena para Oaxaca, con el argumento de que la entidad solo ha sido gobernada por varones y porque ella había logrado la mejor ubicación en las encuestas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó a Salomón Jara como candidato. Planteó que, para el proceso electoral del sexenio que empezaría en 2030, tendría que ser mujer, lo que no sería obligatorio en tanto no lo establezca la ley.
Con la paridad de género todos y todas están de acuerdo, mientras no implique las presidencias de organismos y gobiernos
El actual Consejo General del INE está integrado por 11 personas, seis varones y cinco mujeres; prácticamente se cumpliría con la paridad de género que señala la Constitución.
Incluso, para la próxima elección de consejeros y consejeras, se podrían invertir los números, seis mujeres y cinco varones. Lo que no da el consenso es amarrar con la reforma electoral que el instituto tenga presidenta.
Lo adelantado sobre el contenido de la propuesta electoral del Ejecutivo, habla de una nueva forma de elegir consejeros y consejeras. Nada sobre establecer un candado para que sea mujer el relevo de Córdova.

Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que existen en los 32 estados del país, no están exentos de participar en la promoción del ejercicio de Revocación de Mandato que se realizará el próximo 10 de abril.
Dichos organismos conocen mejor que nadie sus respectivos estados y pueden ser de gran ayuda para la estrategia de difusión que encabeza el INE desde la ciudad de México.
En un principio, hubo presidentes de OPLE que supusieron que la veda por la Revocación también los incluiría y por lo tanto no tendrían que hacer nada para participar en este esfuerzo, a pesar del conocimiento y recursos que podrían utilizar para apoyar el proceso.
A nivel central, el Consejo General del INE se ha visto obligado a revisar sus gastos, ajustar su presupuesto, al no conseguir que los diputados le aprobaran partida extraordinaria y que tampoco la Secretaría de Hacienda le diera recursos como había planteado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Simplemente dijeron al instituto que no le darían ni un solo quinto y en su lugar le ofrecieron ideas para reducir gasto en áreas que consideran no son prioritarias para su funcionamiento.
Al INE no le quedó más remedio que hacer reducciones en distintas actividades, sin tocar para nada el sueldo de empleados, ni de los mandos superiores, ni medios y muchos menos de los de abajo. Ajuste insuficiente para instalar el número de casillas que se había previsto en un principio; apenas para la tercera parte.
De acuerdo con la convocatoria para la realización del ejercicio Revocación de Mandato, los OPLE deberán participar en la difusión y promover la participación ciudadana, con el cuidado de que sea objetiva, imparcial y con fines informativos, como ha sido ordenado.
Los OPLE son organismos que en los hechos han justificado su existencia. En la pasada legislatura de la Cámara de Diputados surgió la propuesta de eliminarlos, con el argumento de que no eran necesarios porque tenían funciones que podría realizar el órgano central con una estructura adelgazada.
Se llevaron a cabo foros para revisar su desempeño. Los diputados terminaron por convencerse de que cumplían su misión a nivel estatal, aunque detectaron algunos excesos en el gasto, que se podrían corregir sin llegar al extremo de terminar con ellos.
Es sabido que los OPLE cuentan con su propio presupuesto, que aprueban los congresos locales y los gobiernos estatales se encargan de otorgarles los recursos.
Con un INE limitado en su gasto para la realización del ejercicio de Revocación de Mandato, la ayuda de los organismos locales se vuelve mucho más valiosa. Su cooperación no es asunto menor.
Resulta relevante su cooperación por su experiencia a nivel estatal y el conocimiento que tienen del comportamiento de la gente cuando se llama a votar. En este caso para que diga con su voto si quiere o no quitar al gobierno en funciones, por pérdida de confianza.
Lograrían mejor comunicación en sus estados y más participación de ciudadanos y ciudadanas para ejercer su derecho constitucional en esta materia. Contribuirían a evitar que el ejercicio sea vencido por el abstencionismo, por la inasistencia en las urnas.

En números redondos, ocho millones de firmas quedarán sin revisar por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La norma exigía el tres por ciento del listado nominal, o sea, dos millones 758 mil 227 firmas de ciudadanos y ciudadanas, para admitir la realización del ejercicio de Revocación de Mandato.
Se recabaron más de 11 millones, más del doble de lo que solicitaba la ley para estos casos.
Para el INE, por razones presupuestales, fue suficiente con revisar tres millones, para asegurarse de que fueran auténticas, que no tuvieran ningún tipo de irregularidad.
Ya no hubo dinero para seguir y terminar la revisión.
¿Y qué se hará con los ocho millones de firmas que no se revisaron? ¿Se van a tirar a la basura? ¿Se mantendrán guardadas hasta que el tiempo se encargue de borrar la tinta de las firmas estampadas en formatos físicos o se deshaga el papel utilizado?
Pareciera que ya a nadie le va a importar lo que se haga con esas firmas, porque lo fundamental era avalar llevar a cabo el proceso de Revocación y está cumplido con tres millones.
Los ciudadanos y ciudadanas deberán de estar satisfechos de que se haya alcanzado el primer objetivo, la recolección de firmas en formato impreso y aplicación digital para autorizar la organización del mecanismo establecido como derecho ciudadano.
Todo indica que nadie de los ocho millones de firmantes va a protestar porque no se haya verificado la autenticidad de su petición cuando lo principal ha quedado resuelto.
Esta vez, el que no se haya terminado el trabajo de revisión de firmas, no tiene consecuencias mayores.
Sin embargo, no deja de ser un llamado de atención lo que significa para el organismo electoral no contar con recursos suficientes en cada una de sus actividades.
Deberá ser doblemente cuidadoso para que no se afecte ninguna tarea sustancial del instituto, derivado de los ajustes obligados al no contar con ministraciones
extraordinarias de las autoridades hacendarias y mucho menos una partida específica aprobada por los diputados para la realización del ejercicio Revocación de Mandato.

 

Por lo pronto, los ocho millones de firmas que no se revisaron, así se van a quedar, sin revisar, embodegas en alguno de los inmuebles con que cuenta el instituto electoral.
Ya se verá más adelante si se revisan para confirmar que son auténticas, descubrir irregularidades o con fines estadísticos y académicos que ayuden a perfeccionar el procedimiento.
Lo de las firmas es lo de menos, lo delicado es que por las mismas limitaciones presupuestales se instalen menos casillas ( 57 mil de las 161 mil previstas) para recabar el voto de ciudadanos y ciudadanas en materia de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril. En esas condiciones será más difícil que se logre el 40 % de participación del listado nominal para que el proceso sea vinculante.
Y si el proceso no es vinculante, ni en este ni en ningún otro caso, existiría la posibilidad de hacer efectivo el derecho de la sociedad a quitarle el cargo a un mal gobernante.
La luz roja se ha encendido, las partes involucradas deberían de reflexionar sobre lo esencial que es ponerse de acuerdo en materia de gasto electoral, no vaya a ser que por sus diferencias se ponga en riesgo la organización de la competencia presidencial en 2024.

En la sesión de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del 29 de diciembre del año pasado, la magistrada Janine Otálora Malassis presentó voto “concurrente” en defensa de los derechos políticos del ciudadano.
Lo hizo al analizarse y debatirse el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que posponía la realización del proceso de Revocación del mandato, con el argumento de seis consejeros encabezados por Lorenzo Córdova Vianello de que el organismo carece de recursos necesarios para llevarlo a cabo.
Independientemente de que ella y todos sus compañeros coincidieron en echar abajo el acuerdo del INE, porque no está entre sus atribuciones diferir la consulta por ese motivo, observó que era injusto e incorrecto que se desecharan recursos de ciudadanos, que también estaban inconformes con el aplazamiento aprobado por el instituto.
No se tomó en cuenta el reclamo de ciudadanos que consideraban que sus derechos eran vulnerados con esa decisión de consejeros electorales, contraria a los tiempos establecidos para el proceso de Revocación de Mandato.
Ciudadanos que, con su firma, representan una parte medular el mecanismo de consulta constitucional.
Por ley se requiere del 3 % de firmas del total de ciudadanos que están en el padrón, para que se pueda realizar; y que dicho porcentaje esté presente en al menos 17 estados.
También es indiscutible la relevancia que tiene el voto de los ciudadanos, porque a través de su voto se determina si el mandatario en funciones se queda o se va del gobierno.
La sala superior concluyó que los recursos de los ciudadanos, en este caso, no procedían por falta de interés jurídico, debido a que el acuerdo del INE todavía no surtía efectos o no había sido aplicado y por lo tanto no afectaba derechos del ciudadano.
Criterio que pasaba por alto que el ciudadano ya estampó su firma para que se lleve adelante el proceso de Revocación de Mandato y no quiere que un organismo electoral retrase la consulta o incluso ponga en duda su realización.
Para la autoridad, habría que esperar a que se hiciera efectivo el retraso, con el riesgo de que entonces el perjuicio fuera irreparable
Negar o posponer el ejercicio de un derecho, por donde quiera que se le vea, afecta el derecho de los ciudadanos, no nada más el derecho de los partidos políticos.
Por eso resultó oportuna la valoración y el planteamiento de la magistrada Janine Otálora Malassis. Es un asunto que deberá de volverse a revisar, para no exponer o poner en riesgo derechos de la sociedad.
Esta vez los ciudadanos que interpusieron el recurso para la protección de los derechos políticos, no consiguieron que su documento fuera revisado a fondo. No se les vio como parte agraviada ni con el interés jurídico que señala la ley para interesados o involucrados.
Así que, con ese criterio, los recursos ciudadanos fueron desestimados, en contraste con las apelaciones presentadas por partidos.
El tribunal electoral atendió inconformidad de partidos e ignoró petición de ciudadanos, en un tema donde todos los mexicanos, a partir de los 18 años, juegan papel decisivo para el país, para resolver si se queda o se revoca el mandato del presidente en turno.

Por unanimidad la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que posponía el proceso de revocación de mandato.
Los magistrados dejaron en claro que no es atribución del INE posponer la revocación con el argumento de que no cuentan con recursos suficientes para hacerlo.
A fin de que se cumpla con lo que establece la Constitución para que se haga la revocación, los magistrados vincularon a la Secretaría de Hacienda.
Es decir, una vez que el propio INE ajuste su presupuesto, deberá ver cuánto le falta y hacer la solicitud de recursos correspondiente a la Secretaría de Hacienda.
Aun cuando la sesión de la sala superior del TEPJF se llevó a cabo a través de videoconferencia, no estuvieron los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante González.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) va por su tercer intento para nombrar presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado de México.
No hay precedente de que el máximo organizador de elecciones se haya visto obligado a emitir tercera convocatoria. Tampoco cuando funcionaba como Instituto Federal Electoral (IFE). Los consejeros que encabeza Lorenzo Córdova no han alcanzado el voto calificado (ocho de 11 consejeros) para elegir nueva funcionaria mexiquense.
El asunto no es menor, porque se trata de la entidad con más ciudadanos y ciudadanas en el país con credencial de elector. De acuerdo con la lista nominal del instituto, hasta mes de octubre pasado tenía el registro en cifras redondas de 12 millones.
Tampoco se debe perder de vista que el estado mexiquense ha sido gobernado toda su vida por el PRI. El actual mandatario Alfredo del Mazo llegó en 2017 y concluye en 2023. Ganó con ventaja de 169 mil votos a Delfina Gómez (segundo lugar).
Las características de la entidad son singulares, por el tamaño de su población, por sus contrastes económicos, por su zona industrial, pueblos mágicos, gastronomía y corredor de inseguridad.
Para cualquier partido sería un plus tener bajo su control político dicho estado, el de mayor número de votantes. Estratégico cuando se compita por la presidencia de la República en el 2024.
Ahí está la importancia del Edomex. Por eso llama la atención que se tarde el Consejo General del INE en el nombramiento de la presidenta del organismo local electoral.
La consejera electoral Claudia Zavala, en plática con este espacio, asegura que no hay nada raro, aunque admite que no tiene precedente una tercera convocatoria. Está convencida de que el OPLE mexiquense cumple sus tareas con la presidenta provisional Laura Daniella Durán Ceja.
Según Claudia, no ha sido sencillo dar con el perfil que se requiere para presidir el organismo. Se debe contar con grados académicos, cultura general, elocuencia para comunicar y experiencia administrativa, todo para garantizar eficiencia e imparcialidad.
El OPLE va a cumplir un año sin titular en la presidencia. Quien tenía el cargo, Pedro Zamudio, falleció el 24 de diciembre del año pasado. Ahora, por criterio de paridad de género, el instituto ha decidido darle la responsabilidad a una mujer.
El primer intento del Consejo General del INE por elegir presidenta se hizo el 16 de abril. La aspirante Ana Vanessa González Deister estuvo a un voto de alcanzar la mayoría calificada, logró siete a favor y cuatro en contra; su competidora Gloria Morales Blancas sumó cinco a favor y seis en contra.
Hubo necesidad de una segunda convocatoria de inscripciones, exámenes de cultura general, conocimientos electorales, elaboración de ensayos y entrevistas (realizadas por consejeros). Jessica Rojas Alegría y Claudia Valdés Cid fueron las finalistas. Ninguna consiguió los ocho votos para ser presidenta. Ambas aspirantes, en votación por separado, seis a favor y cinco en contra.
Volvió a declararse desierta la designación. Se prepara tercera convocatoria. Difícil que pueda estar lista antes de que termine el año, por lo que el proceso se desarrollaría hasta el 2022.
La convocatoria estaría abierta para nuevas aspirantes, pero también para quienes participaron en los dos primeros ejercicios.
Sin duda, una elección de presidenta de OPLE que no tiene precedente.

En un hecho sin precedente, mujeres aseguran 11 de 15 presidencias de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). En las otras cuatro, compiten con varones. Pueden ganar todas si así lo decide y vota el Consejo General del INE en su próxima reunión para este propósito.
La Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del instituto se reunió con la finalidad de evaluar expedientes de quienes participaron en dicho proceso, para presidencias y consejeros o consejeras locales. Dio luz verde ya a 11 aspirantes para presidentas.
Las que están perfiladas para ocupar presidencias de OPLES son:
1.-María Alejandra Durán Gamboa (Baja California Sur)
2.-Yanko Durán Prieto (Chihuahua)
3.-Patricia Avendaño Durán (Ciudad de México)
4.-María Elena Adriana Ruiz Viscofri (Colima)
5.-Brenda Canchola Elizarraraz (Guanajuato)
6.-Luz Fabiola Matildes Gama (Guerrero)
7.-Paula Ramírez Hohne (Jalisco)
8.-Elizabeth Sánchez González (Oaxaca)
9.-Teresita Adriana Sánchez Núñez (Querétaro)
10-Paloma Blanco López (SLP)
Para el Estado de México están como finalistas dos mujeres, así que aquí también habrá mujer presidenta de OPLE:
Jessica Rojas Alegría y Claudia Valdés.
Los cuatro estados donde hay competencia mixta son Campeche, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
Oscar Alfredo López Chan y Lirio Guadalupe Suárez Améndola (Campeche).
Nery Ruiz Arvizu y Sandra Teresa Luna Martínez (Sonora).
Moisés Bates Aguilar y Miriam Araceli Alcocer Pacheco (Yucatán)
Juan Manuel Frausto Ruedas y Blanca Cecilia Martínez Escobedo (Zacatecas).
El Consejo General del INE dirá la última palabra y para ello deberá sesionar a más tardar el viernes 29 del mes en curso.
Sin embargo, de acuerdo con el trabajo de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del propio instituto, sobresale el criterio de paridad de género, como nunca se había visto en una selección de aspirantes a presidencias de organismos electorales en los estados.
La comisión también aprobó la designación de consejeras y consejeros locales en 13 entidades.

No sería la primera vez que consejeros electorales del INE se fueran anticipadamente, antes de terminar su periodo; ya sucedió en el 2007, cuando todavía era IFE, un año después de las cuestionadas elecciones del 2006, donde el ganador oficial apenas tuvo una ventaja del 0.56 % en la votación.
A pesar de que no ha sido una institución perfecta, con esta autoridad organizadora de comicios, que enterró a la Comisión Federal Electoral que presidía la Secretaría de Gobernación, México ha vivido la alternancia. Así fue en el 2000 con la llegada del PAN, en el 2006 repitió este partido, en el 2012 regresó el PRI y en el 2018 triunfó Morena.
El actual partido en el poder ha recurrido a dicho organismo para la elección, vía encuesta, de su dirigencia nacional. En su momento lo hizo el PRD. Más recientemente, trabajadores del sindicato de la General Motors pidieron al INE supervisar su proceso de conteo para definir a qué grupo correspondía la titularidad del contrato colectivo.
Para ser justos, hay que decir que los resultados obtenidos por el INE no solo son producto del trabajo de consejeros, también de la estructura de miles de empleados y, de ciudadanos que voluntariamente participan como funcionarios de casilla y cuentan votos, convencidos de la importancia de la imparcialidad de los procesos.
Lo que desentona es el presupuesto del organismo. Es tal el tamaño de sus recursos que, sin contar con el apoyo económico extraordinario solicitado a la Cámara de Diputados, pudo llevar a cabo la consulta nacional sobre el desempeño de actores políticos del pasado.
Además, el sueldo de los consejeros, muy por arriba de la percepción mensual que tiene el presidente de la República (111,990 pesos). Según la página de internet del instituto, reciben cada mes, netos, 179 mil pesos.
De los cuatro nombrados el año pasado, solo uno, José Martín Fernando Faz Mora, se bajó su ingreso a 111,878 pesos. Con anterioridad, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, hizo lo mismo (101,021 pesos). Nada más dos de los 11 consejeros.
Otro punto que mancha es que hay consejeros que creen que deben de responder a intereses ajenos a su función, porque le deben el puesto a partidos que los apoyaron en la Cámara de Diputados para ser electos.
En la legislatura que está por terminar se promovió una reforma electoral que no cuajó. De cualquier manera, el análisis sirvió para revisar estructura y comprobar la utilidad de los llamados OPLES, organismos locales. El defecto que se les encontró es que algunos de sus programas tienen gasto excesivo.
Respecto al Consejo General de INE, la idea que circuló es que tuviera una presidencia rotatoria.
Sobre el desempeño de los integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no hay duda de que se han ganado la renovación.
Inconcebible que en un mes haya cuatro o cinco presidentes de la sala superior del tribunal. Exhibe descomposición y la responsabilidad es colectiva porque se trata de un cuerpo colegiado.
Tanto en el poder legislativo como el ejecutivo han levantado la mano para armar la propuesta de reforma electoral. Es correcto que la hagan los que saben y tienen experiencia en la materia.

Desde esta semana hasta el 1 agosto la promoción en tiempos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE), en radio y televisión, de la consulta popular para saber si se toman las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento sobre la actuación de actores políticos del pasado.
Menos de dos meses de promoción obligada, por ley, tendrán que llevar a cabo medios electrónicos. Pareciera muy poco si se compara con los millones de spots utilizados por los partidos para dar a conocer a sus candidatos en las recientes elecciones federales y locales.
Además, la pregunta de la consulta del 1 de agosto es tan larga y ambigua que ocuparía más de la mitad de los 30 segundos que dura el spot, si se decidiera incluirla para que la gente empezara a digerirla. No es recomendable meterla en medio minuto, salvo que se quisiera desperdiciar el tiempo. Complicado entenderla en ese lapso.
Por escrito, hay que leerla más de una vez para saber de qué se trata:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Otra cosa sería si la pregunta fuera directa, como se había planteado en un principio: ¿estás de acuerdo en que se enjuicie a presidentes del pasado que le fallaron a México?
Sirva de lección y ojalá que para las siguientes consultas se procure la pregunta directa, sin desatender el cumplimiento de la normatividad.
Por lo pronto, el INE tendrá que hacer su máximo esfuerzo para conseguir que la consulta popular tenga éxito.
Es sabido que no le autorizaron un peso adicional o extraordinario para realizarla, pero tampoco debe de ser excusa perfecta para justificar que se vaya a pique el ejercicio.
Acaba de organizar las elecciones del seis de julio y es unánime el reconocimiento a su trabajo, para el INE y, los ciudadanos y ciudadanas que se desempeñaron, gratis, como funcionarios y funcionarias de casilla.
Llama la atención que no haya tomado la decisión de volver a instalar las más de 160 mil casillas y en su lugar, para la consulta, solo tenga programado menos de la tercera parte, alrededor de 50 mil.
La participación de la sociedad en las casillas es admirable, tiene ganado el reconocimiento. Está demostrado que a la gente le gusta cumplir con esa tarea. Lo hizo en la pasada elección y es probable que actuaría con la misma actitud en la consulta. Sin embargo, ya el instituto decidió la reducción significativa de casillas en el país.
Para que la consulta valga o se vinculatoria para que otras instancias cumplan el mandato popular, la versión es que al menos debe participar el 40 % del listado nominal. Alrededor de 37 millones de ciudadanos y ciudadanas. En la elección del seis de julio acudieron a votar más de 48 millones, con todas las casillas instaladas.
Es obvio que la consulta popular no tiene el plan ideal planteado originalmente por el INE, pero con una promoción inteligente por parte de los organizadores, se podría despertar el interés de millones de mexicanos. Lo peor es condenarla por anticipado al naufragio.