OPLE y Revocación de Mandato

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Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que existen en los 32 estados del país, no están exentos de participar en la promoción del ejercicio de Revocación de Mandato que se realizará el próximo 10 de abril.
Dichos organismos conocen mejor que nadie sus respectivos estados y pueden ser de gran ayuda para la estrategia de difusión que encabeza el INE desde la ciudad de México.
En un principio, hubo presidentes de OPLE que supusieron que la veda por la Revocación también los incluiría y por lo tanto no tendrían que hacer nada para participar en este esfuerzo, a pesar del conocimiento y recursos que podrían utilizar para apoyar el proceso.
A nivel central, el Consejo General del INE se ha visto obligado a revisar sus gastos, ajustar su presupuesto, al no conseguir que los diputados le aprobaran partida extraordinaria y que tampoco la Secretaría de Hacienda le diera recursos como había planteado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Simplemente dijeron al instituto que no le darían ni un solo quinto y en su lugar le ofrecieron ideas para reducir gasto en áreas que consideran no son prioritarias para su funcionamiento.
Al INE no le quedó más remedio que hacer reducciones en distintas actividades, sin tocar para nada el sueldo de empleados, ni de los mandos superiores, ni medios y muchos menos de los de abajo. Ajuste insuficiente para instalar el número de casillas que se había previsto en un principio; apenas para la tercera parte.
De acuerdo con la convocatoria para la realización del ejercicio Revocación de Mandato, los OPLE deberán participar en la difusión y promover la participación ciudadana, con el cuidado de que sea objetiva, imparcial y con fines informativos, como ha sido ordenado.
Los OPLE son organismos que en los hechos han justificado su existencia. En la pasada legislatura de la Cámara de Diputados surgió la propuesta de eliminarlos, con el argumento de que no eran necesarios porque tenían funciones que podría realizar el órgano central con una estructura adelgazada.
Se llevaron a cabo foros para revisar su desempeño. Los diputados terminaron por convencerse de que cumplían su misión a nivel estatal, aunque detectaron algunos excesos en el gasto, que se podrían corregir sin llegar al extremo de terminar con ellos.
Es sabido que los OPLE cuentan con su propio presupuesto, que aprueban los congresos locales y los gobiernos estatales se encargan de otorgarles los recursos.
Con un INE limitado en su gasto para la realización del ejercicio de Revocación de Mandato, la ayuda de los organismos locales se vuelve mucho más valiosa. Su cooperación no es asunto menor.
Resulta relevante su cooperación por su experiencia a nivel estatal y el conocimiento que tienen del comportamiento de la gente cuando se llama a votar. En este caso para que diga con su voto si quiere o no quitar al gobierno en funciones, por pérdida de confianza.
Lograrían mejor comunicación en sus estados y más participación de ciudadanos y ciudadanas para ejercer su derecho constitucional en esta materia. Contribuirían a evitar que el ejercicio sea vencido por el abstencionismo, por la inasistencia en las urnas.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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