Justicia

La cero tolerancia debe ser contra todos los delitos; en ese sentido tendrían que ir los discursos de quienes tienen la misión de impartir justicia, no aprovechar coyunturas mediáticas o tratar de adornarse o quedar bien con determinado grupo. Y el ir contra todos los delitos, sin distingos, no significa aceptar invenciones y mucho menos acusaciones contra inocentes.
Resulta cómodo seguir historias o versiones sin investigarlas; pareciera que lo que importa, para algunas autoridades, es ocupar espacios en medios y dejar la impresión de que coinciden con voces o criterios mediáticos que en ocasiones están lejos de la verdad.
Por eso el símbolo de la justicia tiene a una mujer con los ojos vendados, porque su deber es actuar con imparcialidad al resolver cualquier conflicto; no se puede ni debe guiar nada más por los dichos; tiene la obligación de considerar las pruebas, los testigos, observar si hay o no contradicciones o falsedades; valorar todos los elementos de un proceso. La justicia no puede cargarse para ningún lado. La justicia es justicia.
La balanza que trae el mismo símbolo es obvio que tiene que ver con el equilibrio, con el razonamiento; para nada representa atender la versión de solo una parte, porque entonces no hay justicia, sino consigna, atropello, abuso y violación grave de los derechos humanos.
Y la espada de ese símbolo representa la fuerza de la ley, su aplicación conforme a Derecho. Nada de que justicia y gracia para a los amigos; y a los enemigos, la ley a secas.
En materia de justicia el suelo debe ser parejo para todos y la cero tolerancia contra todos los delitos.
La impartición de justicia no debe estar sujeta a modas ni a temas del momento difundidos por medios de comunicación acostumbrados a enjuiciar y sentenciar; lo procedente para la autoridad es actuar como lo marca la ley, estrictamente.
Son la imparcialidad, el equilibrio y la firmeza prestigian al Poder Judicial y es el camino, que desde que tomó posesión como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió seguir Don Arturo Zaldívar. Va contra vicios y actos de corrupción.
¿Hay o no inocentes que pagan encerrados culpas que no les corresponden, que nunca cometieron?
La historia da la respuesta, no únicamente en México, sino en muchas otras partes del mundo.
Es atractivo lo mediático, porque da popularidad pero es efímera y no es justicia; lo que deja huella es tan simple como actuar conforme a Derecho y es justicia.

La limpia en el Poder Judicial no es tarea sencilla y por supuesto que no la tiene fácil el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo Larrea. Seguro que sabe que hay más resistencias adentro que afuera; va contra corriente, contra vicios que han dañado la imagen de la institución.
Es más compleja la limpieza en casa que cerrar filas ante cualquier intento de fuera por quitarles derechos ganados, como el ingreso y las prestaciones sociales que reciben.
La idea de bajarles el sueldo no es nueva; pretendieron hacerlo los gobiernos del PRI y PAN. Querían colocar sus percepciones por debajo de lo que gana el titular del Ejecutivo. Hubo acaloradas discusiones cuando el Senado quiso avanzar en ese sentido.
Más de una vez fueron ministros al antiguo edificio de Xicoténcatl, donde estaba la sede senatorial, antes de ser trasladada a la esquina de Insurgentes y Paseo de la Reforma.
Recuerdo que siempre fueron reuniones a puerta cerrada, de las que no trascendió ni se filtró nada. Sin embargo, era obvio cuál era el objetivo de los ministros. No querían que se tocara su ingreso y, no se tocó.
De nuevo, en la etapa de la Cuarta Transformación, desde el gobierno y el legislativo se empujó el proyecto para que acepten ganar menos que el Ejecutivo. La respuesta fue una cascada de amparos de juzgadores, magistrados y jueces. Cerraron filas y están preparados para llegar a instancias internacionales, de ser necesario.
Se han blindado hacia fuera, en el aspecto económico. En cualquier segmento de la sociedad es tema muy sensible; nadie quiere que le reduzcan lo que le llega al bolsillo y ha sido conquista laboral.
Además, en el caso de los juzgadores, se supone que es una garantía para que nadie los tiente con recursos económicos, para evitar que emitan o elaboren una resolución parcial.
Sin embargo, hay otros factores que también pueden alterar el desempeño del Poder Judicial, como las consignas políticas o las modas mediáticas, que buscan pasar por encima del Derecho.
Ahí es donde está el mal.
El ministro Zaldívar lo ha dicho en su primer informe:
“Debemos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos, por supuesto, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio, no como servicio”.
Cuando un juzgador deja de actuar conforme a Derecho, no solo desacredita su propia resolución y deteriora la imagen de la institución; lo más grave es el daño que causa a los afectados y a las familias de los afectados.
Lo único que quiere la sociedad es que actúen estrictamente conforme a Derecho.
Por eso son bienvenidas las acciones de Don Arturo para hacer efectiva la cero tolerancia a la corrupción en el Poder Judicial.

Nada nuevo que los políticos digan una cosa en público y otra muy distinta en lo privado, así que nadie se sorprenda por lo que le sucedió a la ministra en retiro y secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Tampoco es para desgarrarse las vestiduras como lo hizo un conductor de noticias que calificó de “gandalla” a quien se atrevió a grabar a la secretaria, como si lo central del episodio fuera la acción del que traía la cámara de video o teléfono. No, el punto medular está en la palabra “pervivir”. Término que utilizó doña Olga para destacar que la reforma que prolonga el mandato de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, de dos a cinco años, va a mantenerse contra viento y marea.
De acuerdo con la Real Academia Española, “pervivir” significa:
“Seguir viviendo a pesar del tiempo o de las dificultades”.
En otra palabras, esa reforma del Congreso Local de Baja California, va a conservarse a pesar de sus detractores y quizás a pesar de que se produzca una resolución en contra de la Suprema Corte de Justicia de Nación. Seguramente cuando los ministros decidan resolver este asunto, para entonces Bonilla ya habrá encontrado la forma de hacer soberana la decisión tomada por los diputados locales a su favor, con todas sus consecuencias.
Sabido es que a los juzgadores la justicia pronta y expedita los tiene sin cuidado, no les apura.
¿Se imaginan que la Corte hubiera actuado con la celeridad que ameritaba el caso y aclarado el punto antes de que Bonilla tomara posesión?
Ahora, a esperar.
Y en la espera, por lo pronto Bonilla va adelante y acompañado de la secretaria de Gobernación.
“Pervivir” es una palabra utilizada por alguien que conoce y domina las leyes, por una ministra, ahora en retiro. Ni duda cabe que conoce el alcance de lo dicho. No se puede echar para atrás, no puede salir con que no quiso decir lo que dijo y mucho menos alegar que la mal interpretaron o tergiversaron los medios.
Por eso ha optado por lamentar que la hayan grabado sin previo aviso. Sus corifeos le hacen segunda; se desviven por defenderla, nada más que lo dicho por doña Olga quedó grabado y mucha gente tiene la grabación.
¿Y ahora?
El tema se complica más porque doña Olga también es la secretaria de Gobernación, la jefa de la política interior, la que debe poner el ejemplo y anteponer la aplicación de la ley sobre cualquier interés.
Hizo bien el ministro Arturo Zaldívar en atajar lo descabellado del episodio y recordar que la Corte tiene la última palabra. Ojalá, no lo vaya a convencer el gobernador de Baja California de otra cosa.

Una tarea que no será nada fácil es la reforma del Poder Judicial, hay mucho que mejorar. En eso va a trabajar el senador Germán Martínez Cázares. Tendrá que hacerlo sin evadir el grado de dificultad que tiene el tema. Descartar la salida fácil de levantarse de la mesa cuando se tope con algún muro de intereses o alguna actitud reacia al cambio.
No cualquiera se atreve a cuestionar al Poder Judicial, aunque sus defectos puedan estar a la vista. Hasta medios de comunicación son cautelosos, porque saben que nadie está exento de pisar ese terreno, a veces con tramos pantanosos. Todos, por lo que he observado, prefieren guardar distancia.
La misma iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que nadie gane más que él, ahí se topó con pared. Ministros, magistrados y jueces mantienen ingresos superiores al titular del Ejecutivo. Más de un jurista se amparó para dejar intocados sus ingresos.
Incluso habría sido contratado un despacho internacional por si el asunto llega a instancias de ese nivel.
Es remoto que el senador Martínez Cázares insista o haga énfasis en este punto, porque en la contraparte no se ve que exista la menor intención de ceder a la propuesta de reducir el sueldo.
Sin embargo, hay otros aspectos, que tienen que ver con la impartición de justicia, que también son un reclamo sentido de la sociedad para que se mejoren. Hay mucha gente que no objetaría que los juristas sigan ganando lo que ganan, siempre y cuando su actuación sea ejemplar, apegada a Derecho.
Esta vez solo vamos a referirnos a la idea de que la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal no sean presididos por la misma persona, como sucede en la actualidad. El “cordón umbilical” de estos dos órganos del Poder Judicial tiene que cortarse, porque es humanamente imposible que una sola cabeza cargue con la responsabilidad presidencial de ambos y cuente con tiempo suficiente par revisar a detalle y a fondo todos y cada uno de los asuntos que le competen.
Corre demasiados riesgos. No se pueden alargar ni los días, ni las semanas ni los meses ni los años para analizar todos, como debe ser.
Además, hay mandatos constitucionales que no deberían ser letra muerta y lo son. Eso de que la justicia sea pronta y expedita, es uno de ellos. Ojalá lo tome en cuenta el ahora senador morenista, antes panista.
Comprensible y admisible que Martínez Cázares se siente a dialogar con la representación del Poder Judicial y la Consejería Jurídica de la Presidencia para consensuar las propuestas, en bien de la justicia y los gobernados.
Enhorabuena la disposición del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de combatir la corrupción y garantizar la impartición de justicia.

Han sido 18 personas las que expresaron su interés por presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para el periodo 2019-2024. Habrá nuevo ombudsman toda vez que el actual Luis Raúl González anticipó públicamente su declinación, no buscará le reelección.
La etapa para inscribirse concluyó el pasado viernes. De acuerdo con la información recabada por este espacio digital, entregaron su documentación 18 aspirantes, pero todavía falta que las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado, que presiden Julio Menchaca y Kenia López Rabadán, verifiquen quiénes cumplieron con los requisitos de la convocatoria.
El jueves próximo se conocerá la lista definitiva, para posteriormente pasar a las comparecencias, a partir del 21 de octubre, ante senadores de las dos comisiones. Deberán seleccionar una terna que se pondrá a consideración del pleno de la Cámara Alta.
Antes de que concluya este mes, deberá haberse agotado el procedimiento y electo el nuevo ombudsman de México con el voto de las dos terceras partes de los senadores que asistan a la sesión correspondiente.
En la lista están los siguientes nombres:
Elizabeth Lara Rodríguez (1), quien por 10 años ha sido representante de la CNDH en Oaxaca. Se ha significado por la defensa de los migrantes y de mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Su candidatura cuenta con la simpatía del padre Alejandro Solalinde, quien meses atrás declinó la invitación para competir por ese cargo.
María del Rosario Piedra Ibarra (2), hija de Doña Rosario Ibarra de Piedra, quien en los próximos días, recibirá la medalla Belisario Domínguez. Al igual que su mamá, se ha significado como defensora de los derechos humanos.
Alfredo Rojas Díaz Durán (3), promotor de la Defensoría del Pueblo, nominado por agrupaciones sociales europeas al Premio Nobel de la Paz, hermano de Alejandro Rojas Díaz Durán, quien aspira a la presidencia del partido Morena.
Raúl Arturo Ramírez Ramírez (4), se ha desempeñado como comisionado de los derechos humanos en Sonora.
Nayeli Martínez Vázquez (5), médica de profesión, quien estuvo casada con Virgilio Andrade, ex contralor y ex director de Bansefi, al que acusó de no pagar la manutención de su hijo.
Luis García López Guerrero (6), brazo derecho y protegido de Raúl Plascencia, quien fuera presidente de la CNDH. Fue primer visitador de la comisión. Se ha desempeñado como responsable del Centro Nacional de Prevención del Delito.
Luis Modesto Ponce de León Armenta (7), Doctor en Derecho por la UNAM. Ha sido magistrado del Tribunal Unitario Agrario.
Miguel Nava Alvarado (8), abogado, especializado en la defensa de los derechos humanos.
Héctor Galindo Gochicoa (9), activista social, estuvo preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes Almoloya, sentenciado a 67 años de prisión. Dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Se consideró preso político. Recobró la libertad a través de una resolución de la Suprema Corte.
María López Urbina (10), ha sido fiscal especial y delegada de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo.
Rosalinda Durán Salinas (11), se ha desempeñado como segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Francisco Javier Jasso Méndez (12), ha sido presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia en Zapopan, Jalisco.
Daniel Balboa Verduzco (13), también ha competido para presidir la Comisión de Derechos Humanos del DF.
Manuel Alejandro Vázquez Flores (14) es egresado de la UNAM, maestro en Derecho Procesal Constitucional.
Adolfo López Badillo (15) se desempeñó durante ocho años como ombudsman en el estado de Puebla.
Ricardo Vázquez Contreras (16), Doctor en Derecho y estudios de Filosofía. Aspiró a ser fiscal especial en delitos electorales.
Jesús Víctor Cruz Cruz (17), maestro y Doctor en Derecho, egresado de la UNAM, especializado en derechos humanos.
Roberto Bonifacio Mazón García (18), ha sido empleado del Sistema de Administración Tributaria y aspiró a ser Fiscal General de la República.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, tiene el reto de devolverle al Poder Judicial la imagen de auténtico impartidor de justicia, limpiar la casa, eliminar vicios, desviaciones y acciones que lastiman a la sociedad.
Los defectos debe de conocerlos el propio ministro; es una persona respetada, estudiosa, analista, observador; convencido de que el juzgador tiene que actuar conforme a Derecho y aplicar la ley, sin distinciones, favoritismos y mucho menos modas o consignas.
Por eso el símbolo de la justicia tiene los ojos vendados, para actuar con rectitud, en base a las pruebas, a los hechos, sin caer en la tentación de inclinar la balanza hacia un lado por motivos ajenos al Derecho.
El ministro Zaldívar es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha dado clases en la misma escuela. Quienes han sido sus alumnos, desde antes de que llegara a la presidencia de la Corte, tienen buena opinión de su maestro. Se quedaron con la impresión y percepción de que es una persona honesta, que no tiene la ambición de amasar grandes fortunas como juzgador.
Seguramente sus alumnos están atentos a lo que ahora hace y deberá hacer para limpiar el Poder Judicial. Como en toda institución y gremio, hay manzanas podridas, que de no ser sacadas del canasto, pueden contaminar a las otras. La misión es complicada pero no imposible.
Nadie diría nada si México tuviera una institución de justicia impecable. Lo sabe el ministro Arturo Zaldívar y es el reto que tiene por delante, contribuir a vencer la corrupción que tanto daño hace y lastima a la sociedad.

La historia de 18 abogados aspirantes a magistrados anticorrupción llegó a su fin. Ante la burla y falta de respeto, 13 de ellos declinaron; los otros 5, siguieron el procedimiento de ley hasta que la mayoría en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los rechazó.
Es una historia que empezó en abril de 2017 y que en este espacio le he dado seguimiento. Los propuso el entonces presidente Enrique Peña Nieto, pero la decisión final, por norma, la tomarían los senadores. Nunca lo hicieron quienes integraron la anterior legislatura.
La actual composición del Senado, con mayoría Morena, desde que empezó, evidenció su escaso o nulo interés por validar el ascenso de esos 18 juristas. La senadora Olga Sánchez Cordero, antes de que fuera nombrada secretaria de Gobernación, anticipó que no estaba en los planes del poder legislativo llevar a cabo su elección.
Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, propuso crear una sala especial en la Suprema Corte de Justicia. Los ministros y su presidente Arturo Zaldívar pronto hicieron sentir su inconformidad. La idea de Monreal no ha avanzado ni hay indicios de que vaya a concretarse.
Con el propósito de destrabar el caso de los 18 abogados, también se planteó que nada más se creara una sala especial de tres magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Nada, ni una cosa ni otra.
Se reactivó la maquinaria legislativa sobre este tema porque en atención a una solicitud de amparo, Tribunal Colegiado ordenó al Senado cumplir la ley y desahogar el procedimiento de elección.
El Senado decidió dejarle la tarea a la Comisión Permanente del Congreso. Su primera comisión: de trabajo, gobernación y justicia, convocó el pasado 17 de julio a los aspirantes a magistrados para examinarlos.
Para entonces, 13 ya habían declinado, no tenían la menor duda de que esta vez no conseguirían ningún ascenso.
De los que acudieron a la cita con los legisladores, platiqué con Luis Eduardo Iturriaga Velazco. Abogado convencido de seguir hasta el último momento el procedimiento, consciente de sus capacidades y compromiso para contribuir a consolidar el sistema anticorrupción. Cumplió la parte que le correspondía como aspirante.
El miércoles 31 de julio la Comisión Permanente analizó y discutió el dictamen respectivo. Por mayoría fue desechado.
Ahora, a esperar a ver qué camino toma el grupo en el poder en su lucha contra la corrupción.
Por la burla y falta de respeto, ni una disculpa a los 18 juristas; en esta ocasión, los llevaron al baile, como al popular “Margarito”.

Cuando salió de su pueblo, corazón de la mixteca, San Cristóbal Amoltepec no tenía ni mil habitantes. Hoy ronda los dos mil. Es todavía una población muy pequeña del estado de Oaxaca, modesta. Pobre, según la clasificación oficial. Entre los varones existe la aspiración de viajar a la Ciudad de México, en busca de ingreso y mejores condiciones de vida. Es costumbre construirse un cajón de bolear, como herramienta de trabajo.

Así llegó Jorge Feria Hernández, desde que era niño, a la CDMX, en compañía de su papá y para ayudarlo en la boleada. Es una historia que ya te he contado en una primera parte  ( http://arturozarate.com/?p=1266 ). Cultura del esfuerzo. Bolear y estudiar hasta convertirse en abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cierto, encontró en el camino a Emilio Rabasa (diplomático), al que le boleaba los zapatos. Lo animó y ayudó a retomar el estudio. Al principio hubo resistencia. Lo convenció de que debía seguir. Boleaba e iba a la escuela.

Hoy retomo la historia porque Jorge ha subido otro escalón en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ascendió a secretario de estudio y cuenta en la sala del tribunal con sede en Xalapa, Veracruz. Ha sido persistente, disciplinado y dedicado. No se ha despegado de Amoltepec, donde vive su familia.

Te cuento de su avance laboral porque es ejemplo valioso. Confirma que en México hay historias que deberían propagarse, ser virales, convertirse en lo que llaman “trending topic”, tendencia en las redes sociales. Dudo que suceda en este caso, porque para desgracia de las sociedades en el mundo, lo prioritario es lo negativo, lo escandaloso. Para muchos medios de comunicación, este tipo de notas tienen escaso interés, poco atractivo. ¿Será?. Prefieren hasta inventar informaciones, difundir noticias falsas, acusaciones infundadas, con tal de ganar “rating”. No se han dado cuenta o no quieren admitirlo, el costo ha sido pérdida de credibilidad. Descrédito. Publicar noticias falsas no es hacer periodismo.

Por eso doy por hecho que el caso de Jorge Feria no se hará viral, pero son de los sucesos, como dice un amigo, que te reconcilia con la vida, que hace ver que no todo está perdido, como a veces lo quieren generalizar críticos radicales, aquellos que nunca se atreven a reconocer sus errores y nada más observan las fallas en los de enfrente.

Conozco críticos que creen que solo ellos están en lo correcto. Lo que escriben o dicen siempre va con una carga negativa. Por más que los leo y escucho, no encuentro el comentario positivo. Les resulta difícil y complejo reconocer lo que se hace bien. Todo lo ven negro. El equilibrio informativo no es lo suyo.

Jorge Feria no niega su origen, no desconoce a su gente, no olvida a su pueblo. Sencillo, humano, imperfecto.

Empezó con una caja de bolear, hoy es secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un mixteco con mucho vuelo por delante.

El tema de los salarios en la administración pública sigue sobre la mesa del debate, todavía no se agota porque hay quienes se han inconformado con la nueva disposición de que deben ganar por abajo de la cifra asignada al presidente. Es un asunto que tarde o temprano resolverá la autoridad judicial, porque es la instancia donde se han interpuesto recursos en contra de la medida.
Por supuesto que el tema es complicado. No hay más camino que actuar conforme a lo que establece la ley. Si hay puntos encontrados en la norma, como lo advierten expertos del Derecho, los juzgadores tendrán que encontrar el punto justo, analizar el punto fino.
¿Y cuál es ese punto fino?
Para empezar hay que valorar la referencias que tuvieron los poderes Ejecutivo y Legislativo para fijarlo en 108 mil pesos mensuales en el caso del presidente de la República. Revisar la argumentación. Evidentemente la cifra no puede quedar al criterio exclusivo de una persona.
Es cierto que en la nueva norma está considerado que hay actividades técnicas o muy especializadas que deben medirse de otra manera, pero no serían las únicas que merecerían trato diferente.
De acuerdo con los mismos términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ingreso de cada persona debe de corresponder al trabajo que lleve a cabo.
Sería insuficiente argumentar que a mi me alcanza con determinada cantidad y por lo tanto los demás deben de quedar bajo esa estimación. Las necesidades son distintas, no son iguales.
Lo que no debe perderse de vista es el principio de que lo justo es que se pague por lo que sabe y hace. Hay oficios, como puede ser el del plomero o electricista, que por un trabajo a domicilio de media hora o una hora, cobran 500 pesos o más. Pareciera excesivo. No lo es. Hay que considerar que no tienen trabajo todos los días, depende de la demanda. Son gente que domina su oficio. Ningún otro mortal lo haría es ese tiempo y bien hecho. Pueden fallar, no son perfectos, pero garantizan el regreso para corregir.
Un profesional que se “quemó las pestañas” para alcanzar su título o varios grados académicos, aspiraría a tener un ingreso que corresponda a sus conocimientos. Sobre todo a la actividad para la que haya sido contratado. Si se tratara de un Contador Público y lo único que haría sería contar manzanas y peras, no puede esperar ganar lo mismo que alguien que lleva la contabilidad de un empresa nacional o transnacional. Ese es el punto fino.
El ingreso debe corresponder a lo que se hace, revisar parámetros para encontrar el justo medio para los distintos empleos.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la gasolina es “mezcla de hidrocarburos volátilese inflamables, más ligeros que el gasóleo, obtenidos de la destilación del crudo del petróleo y su posterior tratamiento químico, que se usa como combustible en algunos tipos de motores”.

Volátil, según el mismo diccionario, tiene varios significados: 1. Que vuela o puede volar. 2. Dicho de una cosa: que se mueve ligeramente y anda por el aire. 3. Mudable, inconstante. 4. En los mercados financieros, inestable u oscilante. 5. Dicho de un líquido: que se transforma espontáneamente en vapor. 

E inflamable, solo un significado: quese enciende con facilidad y desprende llamas.

¿Cuándo se le perdió el miedo a la gasolina? No lo se y seguro nadie lo sabe, fue un proceso paulatino, en la medida que aumentaba el robo de combustible. Hay gente en México a la que no le ha importado el riesgo, por eso las múltiples conexiones hechizas o mal hechas en ductos.

Recuerdo que hubo una etapa del proceso de distribución de gasolinas que las pipas o camiones cisterna eran vistas como “bombas de tiempo” sobre las calles de ciudades y carreteras del país. Quizás fue una de las razones por las que se decidió desarrollar la distribución del combustible a través de ductos.

Ahora las camiones cisterna deben de estar mucho más equipados con medidas estrictas de seguridad y la obligación de que el operador o chofer sea una persona entrenada, especializada.

De cualquier manera, hay que guardarle respeto a la gasolina, es un líquido que se enciende con facilidad y desprende llamas. Por eso, ha faltado una campaña de prevención, con este y otros productos riesgosos, para hacer consciencia en las nuevas generaciones del peligro que representa manipular las gasolinas y las consecuencias de una explosión. La campaña en medios puede contribuir a desalentar el llamado huachicoleo.

Las nuevas generaciones prácticamente no le temen a nada y menos cuando nadie les habla de riesgos.

A raíz del insuficiente abasto, hay quienes han llenado y comprado bidones de gasolina para tener reserva en casa.

Un amigo hizo lo propio, reserva de 100 litros en su domicilio, cinco bidones de 20 litros cada uno. Aparentemente desvaneció su preocupación por la escasez del combustible, sin embargo, nunca se me olvidará su rostro de doble preocupación al hablar del riesgo de que a alguien se le ocurra fumar o encender un cerillo cerca del líquido inflamable.

Por eso la necesidad de la campaña de prevención, para recordar que solo gente especializada debe trabajar u operar el combustible, además de que su robo es un delito castigado por la ley.

Sentado en uno de los sillones de su casa, parecía mirar al infinito, sin punto fijo. Yo no dejaba de verlo.

90 años de edad con una lucidez envidiable. En silla de ruedas después de que en los últimos seis

[caption id="attachment_3561" align="alignright" width="266"] Saúl Uribe Ahuja[/caption]

años ha sufrido dos embolias y recientemente operado de la carótida. Hemipléjico, parálisis parcial. Progresa cada día para recuperar la fluidez en su expresión.
El drama del abogado civilista Saúl Uribe Ahuja. Enfrentado con sus hijos en un pleito legal por el patrimonio, una hacienda que fue de María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, periodista, casada con el insurgente Andrés Quitana Roo, figuras ambas en la guerra de Independencia mexicana.
Historia que te cuento en el marco del Día del Padre, celebración que a mi suegro de 87 años lo tiene sin cuidado, siempre ha dicho en su estilo coloquial que “el padre vale madre”, porque ni siquiera tiene una fecha fija para esta festividad. Por supuesto que a todos nos consta la diferencia que existe con la veneración de la madre. Nada más hay que

[caption id="attachment_3563" align="alignright" width="300"] Roberto López Moreno, Teodoro Rentería y José Luis Uribe[/caption]

observar lo que sucede cada 10 de mayo, para quien todavía tenga dudas.
En mi caso, mi padre, maestro y amigo, hace varios años que se fue al cielo divino. Hombre de una pieza. Honesto, respetuoso. Con él aprendí valores que ahora están perdidos en la sociedad. El respeto por delante. Se hacía lo que ordenaba. No recuerdo alguna discusión y mucho menos haber cuestionado su autoridad. Eran otros tiempos.
Imborrable el día que mi padre reunió a todos sus hijos y anunció la determinación de que la única herencia que recibiríamos sería la educación, nada de bienes materiales. Les daría otro destino. Concluí que estaba en su derecho, porque él los

[caption id="attachment_3564" align="alignleft" width="171"] Saúl Uribe Ahuja y María Luisa[/caption]

había adquirido, con su trabajo, con el sudor de su frente, con incontables desveladas y naturales

preocupaciones laborales. Debo decir que estaba muy lejos de ser rico, era periodista, ético. Honrado y trabajador. En ese sentido, en cuanto a la abundancia,  nada que ver con la historia del afamado abogado Don Saúl Uribe.
Sin embargo, lo que le sucede a Don Saúl, me trajo a la memoria esta parte de la historia de mi padre, porque los bienes del civilista sí están en disputa, con los hijos, a pesar de que no ha fallecido. Y Don Saúl Uribe Ahuja, me consta, está lúcido en sus nueve décadas de vida. Está resuelto a no permitir que le arrebaten lo que le pertenece. Se defiende. Doloroso, dramático que el conflicto sea con quienes tienen su propia sangre.
Caballeroso, ilustre abogado, tez blanca, ojos claros, mirada

[caption id="attachment_3565" align="alignright" width="239"] María Luisa, Saúl y Teodoro[/caption]

escrutadora, inteligente, sabio, distinguido. Atento a sus invitados, a los comentarios, a la plática. Ahí estaban Teodoro, José Luis, Andrea, Roberto, Hugo, Toño, amigos. María Luisa, también

anfitriona.
Don Saúl en el sillón de su casa. Yo no dejaba de verlo. “Hay permanencia voluntaria”, dijo con la cortesía que le caracteriza, cuando alguien bromeó sobre lo que debe durar una comida.
Perceptivo, imagen que me hizo recordar la historia de mi padre. El respeto a la autoridad paterna. Respeto que está extraviado en nuestra sociedad. En muchos ámbitos, no se diga en la política.
Ocupé en la mesa el asiento al lado de Don Saúl. Intercambiamos impresiones. Lo vi levantar la copa de vino, con una seguridad, como la que tiene para saber que ahora vive incomprensión familiar. Valió madre el Día del Padre.