Justicia

El juez Eduardo Torres Carrillo incumplió el plazo de las 72 para resolver la situación jurídica del detenido y en ese lapso la víctima fue torturada, como consta en la Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los sucesos ocurrieron en diciembre de 2012, el organismo defensor de los derechos humanos emitió su Recomendación en julio de 2013 (27/2013) y fue hasta septiembre de 2015, dos años después, cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), entonces presidido por el ministro Luis María Aguilar Morales, revisó el caso.
De acuerdo con el oficio V3/56458 de la CNDH, firmado por el titular de la Tercera Visitaduría y dirigido a la presidencia de la Judicatura, con fecha del 31 de julio de 2013, el ofendido ingresó al penal de máxima seguridad “Altiplano”, en Almoloya, estado de México, por supuestos delitos que no estaban clasificados como graves, a las 19:20 horas del 13 de diciembre y salió bajo fianza 5 días después, excedido en dos días el término para resolver lo relativo a su detención.
El CJF, una vez que el afectado insistió en que se revisara el episodio, resolvió en septiembre de 2015 que la queja administrativa (979/2015I) contra el juez Torres Carrillo se desecharía por “notoria improcedencia”, porque las pruebas presentadas eran copias simples, no certificadas como se exige al que realiza alguna imputación.
Aun cuando admitió que tenían “valor indiciario”, también argumentó que “las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan al documento realmente existente”.
En los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según la fracción XII, corresponde al CJF resolver quejas administrativas, pero también la fracción XXXVII indica que puede integrar comités de investigación, cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Recomendación de la CNDH no solo confirma que el afectado fue torturado por personal de la Comisión Nacional de Seguridad (ya extinta), también en su numeral 74 precisa que “si bien es cierto que esta institución nacional carece de facultades para analizar cuestiones jurisdiccionales, es de señalarse, que de la información y las constancias recabadas, se advirtió que hubo un exceso del término de las 72 horas para que las autoridades judiciales resolvieran la situación jurídica de V1”.
En octubre de 2015, un mes después de su primer resolutivo, la judicatura, en segundo documento (1145/2015/I) también firmado por Aguilar Morales, presidente del CJF, avaló la conducta del juez, al considerar que no violó el artículo 19 de la Constitución, porque tenía sus oficinas en la Ciudad de México y el detenido había sido llevado al penal del Estado de México, por lo que tuvo que suspender el plazo de las 72 horas para enviar un exhorto a juez ubicado en la entidad mexiquense, para que desahogara el trámite correspondiente.
En este segundo resolutivo, la Judicatura no hace referencia a la tortura que sucedió en la interrupción del plazo constitucional ni al hecho de que policías federales que ejecutaron la orden de aprehensión se tomaron nueve horas, para realizar el trayecto de 90 kilómetros (una hora por cada 10 kilómetros), de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, estado de México, hechos registrados en la Recomendación de la CNDH y en el oficio firmado por el Tercer Visitador de la comisión.
Para entonces, el juez Torres Carrillo, titular del juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales en la CDMX, ya había sido ascendido a magistrado y enviado a tribunal colegiado de Tamaulipas.

“EL PLAZO DE LAS 72 HORAS DEBE CUMPLIRSE”

El doctor Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue entrevistado sobre el alcance del artículo 19 de la Constitución.
-¿Existe alguna razón válida que permita al juzgador incumplir el plazo de las 72 horas?
-El plazo de 72 horas debe respetarse, salvo el caso que el indiciado solicite su ampliación.
-¿Es indebido que el juzgador interrumpa o suspenda el tiempo de
las 72 horas con el argumento de que el inculpado fue puesto a
disposición en un lugar fuera de su jurisdicción y que por lo mismo
tuvo que enviar un exhorto a otro juzgador para que siguiera el
trámite?
-Sí, es indebido incumplir el plazo de 72 horas, salvo el caso que el indiciado solicite su ampliación.
- Si en ningún caso se puede suspender el plazo de 72 horas, ¿qué efectos tiene para el juzgador que lo hace o incumple con el artículo 19 constitucional?
- Si se viola el plazo del artículo 19 constitucional, el juez comete un delito.
Las mismas tres preguntas se le hicieron al maestro Víctor Oléa Peláez, Primer Vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA). Coincidió en que “no existe razón válida que permita a ningún juzgador incumplir el plazo constitucional de las 72 horas”.
“Lamentablemente es una deleznable práctica de algunos jueces, sobre todo cuando se trata de imputados del orden federal, y que se encuentran en un penal federal distinto de aquel del juzgador que libró la orden de captura correspondiente. A mi modo de ver no tiene justificación válida alguna, más aún, con los avances tecnológicos actuales. Si no se cumple el plazo de las 72 horas, debe ponerse en inmediata libertad al indiciado, en los términos de los párrafos primero y cuarto del artículo 19 de la Constitución”, explicó el jurista Victor Oléa Peláez
Para el directivo de la BMA, el juzgador que incumpliese con dicho artículo, “incurriría en responsabilidad penal”.
De acuerdo con los documentos e información oficial recabada por la CNDH, el inculpado nunca solicitó la duplicación del plazo constitucional.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

Artículo 19. (párrafo primero) Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposicióm, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

(párrafo cuarto) El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Después de amarga experiencia legislativa de más de dos años que vivieron aspirantes a magistrados porque les hicieron creer que serían justicieros contra la corrupción, el Senado, con mayoría de Morena, reactivó su facultad para ratificar juzgadores administrativos.
Aprobó dos magistradas y siete magistrados para salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por amplio consenso, con 81 votos a favor, solo tres en contra y 23 abstenciones.
A diferencia de lo que sucedió de abril 2017 a julio de 2019, no se dividió la votación ni se llegó al extremo de posponerla. Prevaleció el acuerdo sobre los perfiles de los aspirantes.
En abril de 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto mandó al Senado una lista de 18 juristas. La intención era que fueran ratificados como magistrados anticorrupción.
La mayoría priísta que coordinaba en ese año Emilio Gamboa, jamás pudo culminar el proceso. En comisiones revisaron perfiles y evaluaron conocimientos. No hubo más avance. Lo aspirantes iban y venían en busca de los votos de los senadores.
Desperdicio de tiempo y falta de respeto. 13 optaron por declinar y los otros cinco agotaron recursos legales para tratar de obligar al Senado a que llevara a cabo la elección.
El último intento de los cinco fue que, por mandato de juez, la Comisión Permanente del Congreso los ratificara. Así murió la acción emprendida por el gobierno anterior de crear magistrados anticorrupción, quizás para cubrirse las espaldas.
Hubo algunos intentos por reabrir un espacio distinto. El senador Ricardo Monreal habló de sala especializada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el ministro Arturo Zaldívar, presidente del Alto Tribunal, pronto desestimó la idea. Tampoco prosperó similar propuesta en el TFJA.
En síntesis, Ejecutivo y Legislativo en el sexenio anterior, jugaron con la aspiración 18 abogados, episodio que, por respeto a participantes y normas, no debe repetirse.
Ahora, la situación fue diferente, se cumplió con la ley, aunque con algunos ajustes al protocolo, por la pandemia. Las dos magistradas y siete magistrados rindieron protesta, en un pequeño salón, no en el salón plenario, ante el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva.
Ricardo Monreal supo planchar el procedimiento, ponerse de acuerdo con los distintos grupos parlamentarios. Panistas, que seguramente no consiguieron la promoción y ratificación de sus propuestas, optaron por la abstención. No cuestionaron perfiles ni votaron en contra como grupo. La votación a favor fue significativa.
Hubo respeto para los aspirantes y se cumplió con el procedimiento legislativo. Quedó reactivado el mecanismo para este tipo de ratificaciones que corresponden al Senado.
Nuevos valores del sistema judicial administrativo, del TFJA, no hay personajes famosos, solo juristas con experiencia y perfiles idóneos.
Las magistradas son Diana Armida Muñoz y Hortensia García Salgado. Los magistrados: Javier Armando Abreu Cruz, Gerardo Alfonso Chávez Chaparro, Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, Alejandro Eucides Navarro Muñoz, Carlos Humberto Rosas Franco, Héctor Samuel Torres Ulloa y Carlos Augusto Vidal Ramírez.

Valdría la pena considerar quitarle la venda a la “dama de la justicia”. No es un símbolo exclusivo de México. Lo utilizan muchas instituciones de justicia en el mundo, aunque no todas con venda en los ojos. En la Corte de Old Bailey en Londres la estatua no la tiene. Tampoco en algunas ciudades de Japón ni en la República Checa.
Desde el siglo XV tiene esa característica, más una espada de doble filo en una de sus manos y en la otra la balanza. Inspirada en la mitología griega, en la diosa Themis. Después adoptada por los romanos. La personificación alegórica de la justicia.
La imagen dio vida a la expresión popular de que “la justicia es ciega”, en el sentido de que la actuación del poder judicial debe ser imparcial, objetivo y sin favoritismos.
Ya estamos en el siglo XXI. La dama tiene más de cinco siglos con esa venda y, en ese lapso, el mundo ha dado varios giros, nuevas normas para garantizar la impartición de justicia, mejorar el funcionamiento de tribunales y el desempeño de juzgadores. Ahora más que nunca, ante la evolución de la delincuencia, en armas y estrategias, la justicia tiene que estar con los ojos bien abiertos para que no la sorprendan.
Bien abiertos ante argucias, mentiras y trampas que pretenden evadir o engañar a la autoridad. El símbolo no puede seguir siendo el mismo, con los ojos vendados. Corresponde al juzgador estar alerta y para estar más alerta necesita de todos los sentidos, la vista es clave.
En estos tiempos, la justicia ya no debe ni puede ser ciega. La venda dejó de tener representación de imparcialidad, ahora es fundamental saber lo que se pisa, observar los detalles, ser meticuloso.
Además, hay otro aspecto que también se debe tomar en cuenta para promover un cambio en la estatua. La reivindicación femenil. Desde hace ya varios decenios la mujer se ha quitado la venda de los ojos para luchar por sus derechos, cada vez con más énfasis, aunque de ninguna manera podría tomarse de pretexto para restarle a la imparcialidad.
La dama con los ojos vendados no corresponde a la nueva realidad que vive el mundo.
Seguro que esa mujer que defiende y exige derechos, no quiere verse vendada ni mirar un símbolo de la justicia, una estatua inspirada en una diosa (mujer) griega, con esas características.
En cuanto a la espada de doble filo, que representaría la fuerza para imponer decisiones imparciales y justas; y la balanza, que significaría la igualdad con que se trata a cada una de las partes en un proceso judicial, no habría nada que objetarles, porque es la actuación que se espera de los juzgadores en cualquier país del planeta.
La venda en los ojos en la dama de la justicia, chocaría con el esfuerzo que realizan mujeres en estos tiempos para alcanzar una sociedad más igualitaria en todas las naciones.
Tener a la escultura en esas condiciones, a la dama de la justicia vendada, no sería el mejor símbolo para transmitir imparcialidad, porque hasta podría verse como una agresión a la colectividad femenil.
Dependerá de cada institución decidir si quiere la justicia con venda en los ojos o con los ojos bien abiertos.

Las personas de la tercera edad, de 60 o más años, como grupo discriminado, también tendrían derecho a tener candidaturas de los partidos para la Cámara de Diputados.
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) partieron rebanadas finas y delgadas al pastel legislativo, para abrirle o aumentarle espacios de participación política a migrantes, indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual y afromexicanos.
Faltan los de 60 o más años edad, requieren representación legislativa para abanderar sus causas, garantizar una vida digna, terminar con el abandono y mal trato, encontrar fórmulas que permitan aprovechar su experiencia y sabiduría, pensiones justas.
El colmo es que ahora a los pensionados del ISSSTE se les quiera fijar topes con la llamada unidad de medida UMA (89.62 pesos diarios) y no en salarios mínimos (141.70 pesos diarios). 37 % menos. Otra acción más en contra de su bienestar. Enhorabuena que en Palacio Nacional se hayan dado cuenta de esta injusticia y están decididos a corregirla.
De acuerdo con el INEGI, hay en México 15.4 millones de personas de la tercera edad. Personas con discapacidad, 7.1 millones. Personas que hablan lengua indígena, 7.3 millones. Migrantes o residentes en el extranjero, más de 12 millones. Afromexicanos, 1.38 millones. Diversidad sexual, la cifra es superior a los dos millones.
Veremos la reacción de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del INE, si procura a los adultos mayores o los trata con indiferencia. Justo que cuenten con representación legislativa.
La tercera edad es una etapa de la vida, que al menos en México, no ha tenido la compensación que se merece. Pareciera que los menores de 60 creen que están exentos o que pueden eludirla. La pueden evitar si para su mala fortuna fallecen por enfermedad o accidente y no llegan a esa cifra.
En el caso de las mujeres, el avance no tiene regreso, paridad de género del 50 % en todos los cargos públicos.
Mandatos del TEPJF y acuerdos del INE obligan ahora a los partidos a dar candidaturas para diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional a grupos discriminados.
Estaría amarrada su llegada a la Cámara de Diputados porque en las nominaciones de representación proporcional, por norma, los nombres se incluirían entre los diez primeros lugares de las listas.
Otro elemento es que prevalezca la paridad de género en cada uno de los grupos postulados.
Los migrantes participarían, por partido, con cinco candidaturas de representación proporcional. Indígenas, 21 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. Afroamericanos, tres de mayoría relativa y una de representación proporcional. Personas con discapacidad, seis de mayoría relativa y dos de representación proporcional. Diversidad sexual, dos de mayoría relativa y una de representación proporcional.
Nada más falta que le den su rebanada de pastel legislativo a las personas de la tercera edad.

Al “dicho”, por donde quiera que se le vea o analice, no se le debe ni puede considerar como una prueba, muchos menos factor determinante para declarar culpable a una persona en investigación judicial o juicio.
La justicia no es un asunto de fe, no se trata de creer o no en los “dichos” de una persona, sin importar de quien se trate, así sea el mortal común o la máxima autoridad de un país.
Veamos que definición tiene la Real Academia Española de “dicho”:
1. adj. Mencionado antes. Dicho individuo. Dichas tierras.
2. m. Palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal. Dicho agudo, oportuno, intempestivo, malicioso.
3. Ocurrencia chistosa y oportuna.
4. Declaración de la voluntad de los contrayentes, cuando el juez eclesiástico los examina para contraer matrimonio.
5. coloq. Expresión insultante o desvergonzada.
En ninguna parte se conecta, liga o aproxima el “dicho” a la prueba, no es prueba y por lo tanto es improcedente darle esa categoría, como en ocasiones sucede en la política, en los medios y hasta en el sistema de justicia.
Sería injusto que por un mero “dicho” se repruebe o condene a una persona. Es obligado que se tomen otros elementos de modo, tiempo y lugar, contrastar con otras versiones, con verdaderas pruebas, con hechos, para no caer en abusos o falsas imputaciones.
Un “dicho” falso puede tener graves consecuencias, deteriora, causa daño al aludido, a su familia y a su entorno. Puede ser destructivo y hasta de consecuencias fatales, hay antecedentes.
Habría que exhibir a quienes se caractericen por darle un valor probatorio al solo “dicho”, llamar a la reflexión, a la ética, para que no se engañe ni se quiera confundir a la sociedad.
Medios, comunicadores, juzgadores, tendrán que actuar de acuerdo con reglas y leyes, para no lastimar a nadie injustamente. Evitar darle categoría de prueba al “dicho”.
Sería ideal someter al detector de mentiras a quienes inventan historias y “dichos” denigrantes.
¿Por qué no darle más uso al detector de mentiras?
Ya hay demasiadas mentiras en el ambiente, asfixian la convivencia, lastiman impunemente.
En septiembre próximo arranca el año electoral, vienen las campañas políticas y seguramente acciones para desacreditar al adversario.
Las autoridades deberán de ser cautelosas, oportunas y justas para atajar actos extremos, hacer valer el Estado de Derecho. Y los medios, distinguir la información de la manipulación.
El mero “dicho” no es una prueba y mucho menos la justicia es asunto de creencias, no es asunto de fe.

Acaba de cumplirse, el 5 de junio, el onceavo aniversario del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 menores. El ministro presidente Arturo Zaldívar recordó el suceso y la investigación que llevó a cabo sobre esta tragedia.
En un tweet en el que comparte su proyecto y el voto emitido por él y los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, dice que entonces “pesó más la presión política para rechazar mi proyecto que señalaba a los responsables, que la Constitución y la Justicia”.
Cuando se discutió el asunto, Don Arturo no era el presidente de la Corte, solo uno de los 11 integrantes del pleno del tribunal, pero como ministro ponente le correspondió elaborar el citado documento.
Es un tema que ha dejado lecciones y el reclamo de justicia de los padres de los 25 niños y 24 niñas. La relevancia de la aplicación de la ley y de que la Suprema Corte de México sea verdadero contrapeso, con la fortaleza para resistir cualquier tipo de presión.
No es ningún secreto que el titular del Ejecutivo, que ganó las elecciones con 30 millones de votos, va de la mano del legislativo porque la mayoría de este poder pertenece al partido del presidente, lo que de ninguna manera significa sea una condición sine qua non o un apoyo automatizado.
Sin embargo, es entendible que los legisladores morenistas respalden a su presidente; comparten la propuesta, así que ellos no la van a obstaculizar, aunque tampoco se trata de ponerle piedras en el camino sino de hacer lo que más convenga a nuestro país. No todo puede ni debe ser como quiere un solo hombre, no es la finalidad del sistema presidencialista y menos cuando la Constitución establece la división de poderes.
El Poder Judicial, sus integrantes, hasta ahora, han resistido la embestida para reducir su ingreso o sueldo. Hay juristas dispuestos a ir a instancias internacionales para defender derechos conquistados, si es necesario. Aguantaron el vendaval mediático provocado por la renuncia de su compañero Eduardo Medina Mora, que parecía el resquicio por donde empezaría a colarse la supremacía del nuevo grupo en el poder.
La Corte impidió que el gobernador de Baja California Jaime Bonilla se saliera con la suya de ampliar su mandato de dos a cinco años. Y contrario a los deseos de esa nueva mayoría, avaló que funcionarios de Banco de México, Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal de Telecomunicaciones ganen más que el presidente.
Son testimonios de contrapeso y en ese mismo sentido va la actuación de los ministros de reciente ingreso, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.
En el México de hoy, cuando soplan nuevos vientos, inadmisible que la presión política vuelva a pesar más que la Constitución y la justicia.

El Palacio de Lecumberri, también llamado “El Palacio Negro”, por los horrores que se vivieron en la prisión, inaugurado en 1900, fue cerrado 76 años después, cuando la corrupción inundaba todas sus crujías, pasillos y rincones.
En la actualidad funciona como Archivo General de la Nación. Ahí está el acta original de la Independencia y los Sentimientos de la Nación de Morelos. La historia documentada de México.
Hay episodios de terror, pero también de amor. En el mes de febrero, el mes del amor, resulta oportuno escribir la relación de pareja que trascendió las rejas y se volvió emblemática.
Una historia de amor que llamó la atención hasta de “National Geographic”. Existe un documental que recrea la historia de los norteamericanos Dwight Worker y Bárbara Worker.
¿Por qué se volvió famosa esta historia de amor?
Primero hay que decir que Dwight estaba encerrado por tráfico de droga. El día que lo visitó un amigo, el amigo llegó acompañado de Bárbara, bella, joven y esbelta jovencita.
Fue amor a primera vista. A partir de entonces se enviaron cartas. Bárbara empezó a visitarlo por su cuenta.
Por ese amor, ella llegó al extremo de ayudar a su esposo a escapar de Lecumberri. De ella surgió la idea de la fuga.
Entre los dos planearon el escape. En cada visita, Bárbara le llevaba accesorios de mujer: aretes, lápiz para pintarse los labios, maquillaje, peluca, falsa, blusa y lentes.
Falsificaron las contraseñas o boletos que los custodios les daban a las visitas para pasar los cuatro puestos de control, antes de llegar a la entrada principal y a la calle.
Bárbara falsificó la firma de uno de los guardias.
El mismo día que se casaron en prisión, día de visitas, Dwight Worker se disfrazó de mujer y burló a los guardias. Pudo controlar su nerviosismo hasta llegar a la salida. Huyó junto con su esposa hacia los Estados Unidos.
Fue un escape amoroso que sucedió en 1975. Dwight y Bárbara vivieron juntos más de una década.
Él logró rehabilitarse, encontró trabajo en un organismo internacional defensor de los derechos humanos.
Sin duda, emblemática esta historia de amor en el Palacio Negro de Lecumberri, ahora Archivo General de la Nación.
Larga la lista de personajes que fueron recluidos en ese lugar. El comunista y luchador obrero Valentín Campa, el escritor revolucionario José Revueltas, el asesino serial Goyo Cárdenas quien estudió en prisión la carrera de abogado; Ramón Mercader, quien dio muerte a León Trotski; José de León Toral, asesino de Álvaro Obregón, el cantante Juan Gabriel, estudiantes del movimiento de 1968 como el ahora diputado Pablo Gómez, entre muchos otros.
En Lecumberri mataron por la espalda a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez.
No se pude dejar de mencionar al gran muralista David Alfaro Siqueiros, quien estuvo preso en cuatro ocasiones. La mayoría de las veces acusado de disolución social, por su activismo en contra del gobierno. En reconocimiento a su arte, hay una galería permanente con su nombre.
Se han conservado el estudio en el que pintaba y los dos biombos de tres metros de altura que hizo para obras de teatro que se escenificaron en el mismo reclusorio. Una de las obras se llamó “Licenciado no te apures, yo te voy a sacar”.
También existe la historia del panadero llamado Roberto, enredado en un crimen que nunca cometió. Fue acusado de dar muerte a una mujer y por ese motivo pasó en la cárcel 15 años.
Llegó a ser el jefe de la panadería de la cárcel y su pan era el mejor de la ciudad de México. Pocos lo sabían, pero por su calidad, era comprado por hoteles y restaurantes de primera.
El libro “El lado blanco de Lecumberri”, narra toda su historia. Al salir de prisión, trabajó para el programa de televisión “Siempre en Domingo” y se casó con la hija de una popular cantante.
Lo que te he contado, es apenas un botón de muestra de lo que fue el palacio negro, que ahora como Archivo General de la Nación, está convertido en la memoria histórica de México. La entrada al Archivo es gratis.

La cero tolerancia debe ser contra todos los delitos; en ese sentido tendrían que ir los discursos de quienes tienen la misión de impartir justicia, no aprovechar coyunturas mediáticas o tratar de adornarse o quedar bien con determinado grupo. Y el ir contra todos los delitos, sin distingos, no significa aceptar invenciones y mucho menos acusaciones contra inocentes.
Resulta cómodo seguir historias o versiones sin investigarlas; pareciera que lo que importa, para algunas autoridades, es ocupar espacios en medios y dejar la impresión de que coinciden con voces o criterios mediáticos que en ocasiones están lejos de la verdad.
Por eso el símbolo de la justicia tiene a una mujer con los ojos vendados, porque su deber es actuar con imparcialidad al resolver cualquier conflicto; no se puede ni debe guiar nada más por los dichos; tiene la obligación de considerar las pruebas, los testigos, observar si hay o no contradicciones o falsedades; valorar todos los elementos de un proceso. La justicia no puede cargarse para ningún lado. La justicia es justicia.
La balanza que trae el mismo símbolo es obvio que tiene que ver con el equilibrio, con el razonamiento; para nada representa atender la versión de solo una parte, porque entonces no hay justicia, sino consigna, atropello, abuso y violación grave de los derechos humanos.
Y la espada de ese símbolo representa la fuerza de la ley, su aplicación conforme a Derecho. Nada de que justicia y gracia para a los amigos; y a los enemigos, la ley a secas.
En materia de justicia el suelo debe ser parejo para todos y la cero tolerancia contra todos los delitos.
La impartición de justicia no debe estar sujeta a modas ni a temas del momento difundidos por medios de comunicación acostumbrados a enjuiciar y sentenciar; lo procedente para la autoridad es actuar como lo marca la ley, estrictamente.
Son la imparcialidad, el equilibrio y la firmeza prestigian al Poder Judicial y es el camino, que desde que tomó posesión como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió seguir Don Arturo Zaldívar. Va contra vicios y actos de corrupción.
¿Hay o no inocentes que pagan encerrados culpas que no les corresponden, que nunca cometieron?
La historia da la respuesta, no únicamente en México, sino en muchas otras partes del mundo.
Es atractivo lo mediático, porque da popularidad pero es efímera y no es justicia; lo que deja huella es tan simple como actuar conforme a Derecho y es justicia.

La limpia en el Poder Judicial no es tarea sencilla y por supuesto que no la tiene fácil el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo Larrea. Seguro que sabe que hay más resistencias adentro que afuera; va contra corriente, contra vicios que han dañado la imagen de la institución.
Es más compleja la limpieza en casa que cerrar filas ante cualquier intento de fuera por quitarles derechos ganados, como el ingreso y las prestaciones sociales que reciben.
La idea de bajarles el sueldo no es nueva; pretendieron hacerlo los gobiernos del PRI y PAN. Querían colocar sus percepciones por debajo de lo que gana el titular del Ejecutivo. Hubo acaloradas discusiones cuando el Senado quiso avanzar en ese sentido.
Más de una vez fueron ministros al antiguo edificio de Xicoténcatl, donde estaba la sede senatorial, antes de ser trasladada a la esquina de Insurgentes y Paseo de la Reforma.
Recuerdo que siempre fueron reuniones a puerta cerrada, de las que no trascendió ni se filtró nada. Sin embargo, era obvio cuál era el objetivo de los ministros. No querían que se tocara su ingreso y, no se tocó.
De nuevo, en la etapa de la Cuarta Transformación, desde el gobierno y el legislativo se empujó el proyecto para que acepten ganar menos que el Ejecutivo. La respuesta fue una cascada de amparos de juzgadores, magistrados y jueces. Cerraron filas y están preparados para llegar a instancias internacionales, de ser necesario.
Se han blindado hacia fuera, en el aspecto económico. En cualquier segmento de la sociedad es tema muy sensible; nadie quiere que le reduzcan lo que le llega al bolsillo y ha sido conquista laboral.
Además, en el caso de los juzgadores, se supone que es una garantía para que nadie los tiente con recursos económicos, para evitar que emitan o elaboren una resolución parcial.
Sin embargo, hay otros factores que también pueden alterar el desempeño del Poder Judicial, como las consignas políticas o las modas mediáticas, que buscan pasar por encima del Derecho.
Ahí es donde está el mal.
El ministro Zaldívar lo ha dicho en su primer informe:
“Debemos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos, por supuesto, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio, no como servicio”.
Cuando un juzgador deja de actuar conforme a Derecho, no solo desacredita su propia resolución y deteriora la imagen de la institución; lo más grave es el daño que causa a los afectados y a las familias de los afectados.
Lo único que quiere la sociedad es que actúen estrictamente conforme a Derecho.
Por eso son bienvenidas las acciones de Don Arturo para hacer efectiva la cero tolerancia a la corrupción en el Poder Judicial.

Nada nuevo que los políticos digan una cosa en público y otra muy distinta en lo privado, así que nadie se sorprenda por lo que le sucedió a la ministra en retiro y secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Tampoco es para desgarrarse las vestiduras como lo hizo un conductor de noticias que calificó de “gandalla” a quien se atrevió a grabar a la secretaria, como si lo central del episodio fuera la acción del que traía la cámara de video o teléfono. No, el punto medular está en la palabra “pervivir”. Término que utilizó doña Olga para destacar que la reforma que prolonga el mandato de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, de dos a cinco años, va a mantenerse contra viento y marea.
De acuerdo con la Real Academia Española, “pervivir” significa:
“Seguir viviendo a pesar del tiempo o de las dificultades”.
En otra palabras, esa reforma del Congreso Local de Baja California, va a conservarse a pesar de sus detractores y quizás a pesar de que se produzca una resolución en contra de la Suprema Corte de Justicia de Nación. Seguramente cuando los ministros decidan resolver este asunto, para entonces Bonilla ya habrá encontrado la forma de hacer soberana la decisión tomada por los diputados locales a su favor, con todas sus consecuencias.
Sabido es que a los juzgadores la justicia pronta y expedita los tiene sin cuidado, no les apura.
¿Se imaginan que la Corte hubiera actuado con la celeridad que ameritaba el caso y aclarado el punto antes de que Bonilla tomara posesión?
Ahora, a esperar.
Y en la espera, por lo pronto Bonilla va adelante y acompañado de la secretaria de Gobernación.
“Pervivir” es una palabra utilizada por alguien que conoce y domina las leyes, por una ministra, ahora en retiro. Ni duda cabe que conoce el alcance de lo dicho. No se puede echar para atrás, no puede salir con que no quiso decir lo que dijo y mucho menos alegar que la mal interpretaron o tergiversaron los medios.
Por eso ha optado por lamentar que la hayan grabado sin previo aviso. Sus corifeos le hacen segunda; se desviven por defenderla, nada más que lo dicho por doña Olga quedó grabado y mucha gente tiene la grabación.
¿Y ahora?
El tema se complica más porque doña Olga también es la secretaria de Gobernación, la jefa de la política interior, la que debe poner el ejemplo y anteponer la aplicación de la ley sobre cualquier interés.
Hizo bien el ministro Arturo Zaldívar en atajar lo descabellado del episodio y recordar que la Corte tiene la última palabra. Ojalá, no lo vaya a convencer el gobernador de Baja California de otra cosa.

Una tarea que no será nada fácil es la reforma del Poder Judicial, hay mucho que mejorar. En eso va a trabajar el senador Germán Martínez Cázares. Tendrá que hacerlo sin evadir el grado de dificultad que tiene el tema. Descartar la salida fácil de levantarse de la mesa cuando se tope con algún muro de intereses o alguna actitud reacia al cambio.
No cualquiera se atreve a cuestionar al Poder Judicial, aunque sus defectos puedan estar a la vista. Hasta medios de comunicación son cautelosos, porque saben que nadie está exento de pisar ese terreno, a veces con tramos pantanosos. Todos, por lo que he observado, prefieren guardar distancia.
La misma iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que nadie gane más que él, ahí se topó con pared. Ministros, magistrados y jueces mantienen ingresos superiores al titular del Ejecutivo. Más de un jurista se amparó para dejar intocados sus ingresos.
Incluso habría sido contratado un despacho internacional por si el asunto llega a instancias de ese nivel.
Es remoto que el senador Martínez Cázares insista o haga énfasis en este punto, porque en la contraparte no se ve que exista la menor intención de ceder a la propuesta de reducir el sueldo.
Sin embargo, hay otros aspectos, que tienen que ver con la impartición de justicia, que también son un reclamo sentido de la sociedad para que se mejoren. Hay mucha gente que no objetaría que los juristas sigan ganando lo que ganan, siempre y cuando su actuación sea ejemplar, apegada a Derecho.
Esta vez solo vamos a referirnos a la idea de que la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal no sean presididos por la misma persona, como sucede en la actualidad. El “cordón umbilical” de estos dos órganos del Poder Judicial tiene que cortarse, porque es humanamente imposible que una sola cabeza cargue con la responsabilidad presidencial de ambos y cuente con tiempo suficiente par revisar a detalle y a fondo todos y cada uno de los asuntos que le competen.
Corre demasiados riesgos. No se pueden alargar ni los días, ni las semanas ni los meses ni los años para analizar todos, como debe ser.
Además, hay mandatos constitucionales que no deberían ser letra muerta y lo son. Eso de que la justicia sea pronta y expedita, es uno de ellos. Ojalá lo tome en cuenta el ahora senador morenista, antes panista.
Comprensible y admisible que Martínez Cázares se siente a dialogar con la representación del Poder Judicial y la Consejería Jurídica de la Presidencia para consensuar las propuestas, en bien de la justicia y los gobernados.
Enhorabuena la disposición del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de combatir la corrupción y garantizar la impartición de justicia.