Justicia

La prudencia del juez Alfredo Silva Juárez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, evitó una atrocidad mayúscula en el caso de este columnista, perseguido y agredido desde el sistema de justicia.
Recibió la instrucción de proceder contra el periodista, toda vez que se había levantado la suspensión que lo protegía para llevar a cabo su defensa en libertad.
Para la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, el proceso estaba concluido y por lo tanto procedía la ejecución de sentencia, aun a sabiendas de que todavía existía como última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Resolvió cerrar el caso en diciembre pasado, en periodo vacacional, cuando juzgadores y abogados disminuyen actividades, salvo las urgentes y apremiantes.
Las notificaciones a las partes involucradas se realizaron de inmediato.
De no estar alerta los defensores, el periodista estaría encerrado, en espera de aclaraciones, correcciones y justicia.
Para hacer frente al despropósito del colegiado de apelación, los abogados Héctor Rojas y Esteban Flores interpusieron cuatro recursos: revocación a lo resuelto por la magistrada, amparo, queja y Recurso de Revisión dirigido al máximo tribunal de nuestro país.
La magistrada Rodríguez Escobar, como juez y parte, desechó el juicio de amparo. Imposible que prosperara el amparo contra lo que ella misma había resuelto.
El desahogo del recurso de revocación contra el cierre del proceso tomaría su tiempo. La magistrada no se apresuraría a revisar lo que cuestionaba su propia decisión.
Lo que no pudo impedir es que el Recurso de Revisión llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces actuó con celeridad para cubrir lo hecho de manera ilegal. Reactivó la suspensión y protección para el periodista.
La queja contra la magistrada se desvaneció al corregirse el error.
En un primer momento, el juez Alfredo Silva Juárez procedió a dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal colegiado de apelación, sin apresuramiento, respetando los tiempos legales.
No actuó con la rapidez que quizás quería la magistrada, para que el caso acabara como parecía planeado, con el periodista encerrado y complicando su defensa.
Probablemente el juez se percató que algo andaba mal. Si bien los juzgadores están obligados a obedecer instancias superiores, no se trata de que se avienten de cabeza al precipicio, porque se volverían cómplices y validarían una acción irregular.
El juez fue prudente y, en el lapso que la ley le daba para hacer su trabajo, recibió nuevo oficio del tribunal colegiado, en el que se le pedía cancelara el trámite iniciado.
Quedaba claro que el periodista estaba en todo su derecho de acudir a la Corte.
La magistrada rectificó, consciente de que sus decisiones no pueden brincarse al máximo tribunal, aunque su acción ilegal, había dañado al periodista y a su familia.
El Recurso de Revisión fue admitido en la Corte a través de acuerdo firmado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Se turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución, que en su oportunidad será evaluado y votado por todos los integrantes de la primera sala del máximo tribunal: Alfredo, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carranca y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Medios de comunicación, organizaciones civiles, comunicadores, defensores de los derechos humanos y legisladores se han sumado al reclamo de justicia del periodista, al advertir graves violaciones a los derechos humanos en el proceso penal, en el que ya ha obtenido dos resoluciones de inocencia.
Corresponderá a la Corte hacer análisis detallado del asunto.

En algunas ocasiones, por diversos motivos, llegan a darse pleitos entre distintos poderes, medición de fuerzas para ver quien tiene la razón. Cada uno defiende argumentos y no están dispuestos a ceder. Los dos dan por hecho que la ley está de su lado.
Son situaciones complejas y delicadas, riesgosas, porque la desobediencia de la ley o del mandato de alguna autoridad pudiera llegar a tener graves consecuencias para la estabilidad económica, social y política de nuestro país.
Hasta ahora, el daño pareciera menor, sin repercusiones alarmistas, aunque no deja de ser preocupante por lo que pudiera suceder el día de mañana, donde cada quien haya lo que se le pegue la gana.
Es un pleito que por fortuna ya se encauzó por la vía del diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Las dos partes han coincidido que la medición de fuerzas no los lleva a feliz puerto.
Se trata de la historia protagonizada por la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
¿A quién le importa si un diputado del Partido Movimiento Ciudadano se incorpora o no a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión?
Solo a los interesados, a MC que exigió su derecho a formar parte de ese órgano que trabaja cuando descansan o entran en receso las cámaras de Diputados y de Senadores.
A nadie más le importa.
Los afectados llevaron el caso a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consiguieron que la autoridad judicial reconociera su derecho y ordenara a la Cámara que uno de los diputados de MC se integrara a la Comisión Permanente.
Hasta la fecha no ha sucedido y es muy probable que no ocurra en los dos recesos que todavía le faltan a la actual legislatura.
No se ha concretado porque para los diputados el tribunal se metió en asuntos de la vida interna legislativa que no le corresponden. De poco o nada han servido los resolutivos de magistrados y magistradas que ordenaron incorporar a la Permanente al representante de MC.
Algo similar ocurrió con el proceso legislativo para elegir a la consejera presidenta y tres consejeros electorales del INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enmendó en dos ocasiones la convocatoria aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados.
La primera la tiró y obligó a los diputados a elaborar una nueva. En la segunda les ordenó que solo mujeres participaran en la quinteta para elegir presidente del instituto electoral.
En ambos casos los diputados y diputadas se quejaron de intromisión. A regañadientes tuvieron que hacer lo ordenado por el poder judicial. Para bajarle tensión al tema, magistrados y magistradas aceptaron reunirse con legisladores en el recinto de San Lázaro.
Si bien en este caso pudieron conciliar intereses, queda la incertidumbre sobre el alcance de próximas resoluciones en las que los diputados pudieran optar por no cumplirlas, como ya sucedió en el episodio del representante de Movimiento Ciudadano que no consiguió entrar a la Permanente. Y en el procedimiento para elegir consejeros, el asunto estuvo cerca de reventar, de que la cámara ignorara al tribunal, lo que no hubiera sido bueno para ninguno de ellos ni para el país.
Hoy parecería exagerado pero que no se pierda de vista que a dicho tribunal le toca calificar la elección presidencial en 2024. No vaya a ser el diablo y los perdedores desconozcan el veredicto.
Estamos a tiempo de que los distintos poderes pongan por delante la aplicación de la ley, les guste o no.

El tema no es cómo se elige a jueces y magistrados, ahí no está el problema. Pueden ser elegidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el poder legislativo o por el voto de la sociedad. Al final daría lo mismo, porque la forma en que fueran elegidos no es lo que garantizaría su imparcialidad.
Ricardo Monreal quiere que no sea la misma persona la que ocupe la presidencia de la Corte y la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, con el argumento de que la impartición de justicia no debe estar ligada a lo administrativo donde se maneja lo presupuestario.
Por sus efectos, porque le pegan a la gente, hay dos puntos que también deben considerarse: el papel de juez y parte de la Judicatura que explican magros resultados de la vigilancia sobre resoluciones de juzgadores y el hecho indiscutible de que humanamente es imposible que quien presida la Corte pueda cumplir al cien en la presidencia de la judicatura. Son tantos los casos que no puede revisar como quisiera todos los documentos que le dan a firmar.
Senadores y diputados, antes de legislar, deberían ocuparse más en investigar lo que sucede en el poder judicial y tomar nota de lo que de verdad hace falta para que prevalezca la justicia en nuestro país.
Meterse más en los recovecos de la impartición de justicia, escuchar a gente que sufre abusos, a los abogados, investigadores, académicos y a los juzgadores que se empeñan en la actuación imparcial.
Buscar la forma de que la judicatura deje de ser juez y parte, para que las fallas se corrijan.
Hay quienes no les gusta que el presidente Andrés Manuel Andrés Obrador utilice conferencias mañaneras para quejarse y exhibir flaquezas del poder judicial. Muchos y muchas litigantes prefieren ponerse una venda en los ojos y callar para no ganarse la animadversión de juzgadores. Existen medios que son extremadamente cautos en estos asuntos.
López Obrador solo dice lo que todo mundo sabe ante una mayoría que prefiere guardar silencio, por precaución o miedo.
En 2015 el juez Francisco Migoni Goslinga, director general de la presidencia de la Judicatura, las tres veces que fue consultado sobre el artículo 19 de la Constitución federal, sostuvo que nada podía justificar su incumplimiento. “No existe ninguna excusa para que no se cumpla”, repetía. Estaba en lo correcto, la obligación del juzgador a resolver la situación jurídica del detenido en las 72 horas que establece dicho precepto.
Eduardo Torres Carrillo, entonces juez del Juzgado Primero de Procesos Penales, violó el artículo, como lo describe la Recomendación 27/2013 de la CNDH. Hubo queja en la Judicatura y, en vez de ser sancionado, fue ascendido a magistrado y enviado a Tamaulipas.
Cuando el juez Migoni se enteró, lamentó que no lo hubieran alertado con oportunidad de esta situación. El afectado le explicó que prefirió reservarse porque el oficio que justificaba la actuación del juez estaba firmado por el ministro Luis María Aguilar quien presidía la Corte y la Judicatura. Al escuchar eso, Migoni ajustó su opinión y avaló lo firmado por su jefe.
Puntos neurálgicos que a veces no ven autoridades del poder judicial y son desconocidos para legisladores.

Urge que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise el caso del periodista Arturo Zárate Vite, porque ha sido falsamente acusado y ya suma más de 10 años de persecución, sufrimiento, tortura y humillaciones para él y su familia, dijo el muralista Ariosto Otero al participar en la concentración de periodistas, académicos y defensoras de los derechos humanos frente a las puertas del edificio del máximo tribunal.

Es cierto que hay que defender a las mujeres y castigar a los agresores, lo que no se vale es utilizar esta bandera legítima para fabricar culpables y lastimar inocentes, señaló por su parte la periodista y escritora Pilar Jiménez Trejo, quien también participó en dicho acto.
Decenas de manifestantes, mujeres y hombres, acudieron a las puertas de la Suprema Corte con pancartas en las que se pedía justicia para el periodista y un proceso imparcial.
Entregaron a la Corte escrito para expresar su solidaridad con Zárate Vite y el clamor respetuoso con la finalidad de que ministras y ministros admitan su recurso de revisión para que el caso sea estudiado a fondo.
Por varios minutos y para cerrar el evento, los manifestantes gritaron ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
Jiménez Trejo recordó que el periodista ha obtenido dos resoluciones de inocencia y una de ellas emitida por una juez mujer.
El muralista Ariosto Otero defendió la integridad del periodista, como profesional y humano.
A la justicia la representan con imagen vendada, pero debe tener los ojos abiertos a la hora de impartir justicia, añadió.
Ambos, Pilar y Ariosto, coincidieron en que el proceso está plagado de vicios que deben subsanarse por la Corte.
En su turno, el periodista Arturo Zárate Vite subrayó que es necesario evitar que se utilice el sistema judicial como arma de represión, para perseguir y agredir a periodistas.
Consideró que la intervención del máximo tribunal en este caso “enriquecería la imagen institucional que tiene la Suprema Corte ante la sociedad para garantizar imparcialidad e impedir excesos en las resoluciones judiciales”.

Cuando se habla de la reforma al Poder Judicial Federal se tocan grandes temas, como la necesidad de separar al Consejo de la Judicatura Federal de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de darle autonomía a la Defensoría de Oficio, para que no sea juez y parte como sucede ahora.
También el nombramiento de jueces y magistrados, los cambios de adscripción o de sede de los juzgadores, medidas disciplinarias, sanciones, destituciones y manejo de fideicomisos.
De nuevo está en la mesa el propósito de reformar el poder judicial, tanto en lo constitucional como en leyes secundarias. Modernizar y hacer justas dinámicas anquilosadas que llevan a excesos en perjuicio de inocentes.
La parte que se mantiene en las sombras, abajo de la Corte, es la que le pega de manera directa a la gente.
Es donde la mayoría de los afectados no tiene forma de hacerse escuchar y no entran en las prioridades mediáticas; cargan con la injusticia y el atropellamiento de sus derechos, la impotencia ante juzgadores que pareciera poseen poderes ilimitados.
Hay testimonios de que en 2012 el juez Eduardo Torres Carrillo transgredió el artículo 19 de Constitución, por no definir la situación jurídica de un detenido en las 72 horas que establece la ley. Incluso existe la recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que describe lo sucedido con todo detalle. El afectado presentó la queja correspondiente y resulta que el juzgador no solo fue liberado de cualquier responsabilidad por el Consejo de la Judicatura Federal, sino cambiado de adscripción y ascendido a magistrado.
En diciembre pasado (2022), la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, integrante del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito en la Ciudad de México, firmó y emitió acuerdo ilegal para dar por cerrado proceso penal, cuando todavía estaba pendiente el Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella misma se encargó de rectificar al ver que no era posible brincarse al máximo tribunal. No hay información de que el Consejo de la Judicatura le haya llamado la atención, mucho menos sancionado.
Hay otra situación que se repite y raya en la simulación. Cuando por algún motivo o conflicto de interés, en tribunal colegiado, el magistrado o magistrada tiene que excusarse de participar en determinado proceso. Lo suple el secretario o secretaria de acuerdos, subordinado o subordinada del mismo magistrado o magistrada. Por consiguiente, el secretario o secretaria no hará nada distinto a lo que ya hizo o le ordena su jefe o jefa.
Así ocurrió en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la CDMX que preside el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías. Dos secretarios en el lugar de magistradas. Se llegó al extremo de no tomar en cuenta resolución en materia de tortura de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tampoco quiso ir al fondo sobre la observación de que había cometido error jurídico, al reabrir fuera de tiempo caso que ya estaba cerrado. Como juez y parte prefirió desestimar el argumento de la defensa.
Es injusticia en penumbras, producto de juzgadores que se sienten infalibles, que ganan más que el presidente de México y que son incapaces de admitir que se equivocan.
Hay consciencia del problema. El poder legislativo ha planteado la necesidad de reformar y sería ideal que se sumara el mismo poder judicial que debe de conocer tanto sus fortalezas como debilidades.

Cuando un abogado o abogados llegan a considerar que la autoridad ha caído en excesos y en la emisión de acuerdos ilegales, se vuelve punto crítico la impartición de justicia.
Situaciones que muchas veces pasan desapercibidas para la opinión pública porque suceden en terrenos del sistema judicial que solo acaparan la atención de los involucrados.
Es el caso de la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, quien emitió acuerdo ilegal que ella misma tuvo que rectificar, ante recursos interpuestos por los abogados defensores Héctor Rojas y Esteban Flores.
No hay que olvidar que el servidor público de ese nivel gana más que el presidente de la República, por lo que su actuación tendría que distinguirse por su pulcritud y absoluta imparcialidad, sobre todo porque se trata de impartir de justicia y todos quieren que imparta justicia.
Por si fuera poco, probablemente no lo sabía, su proceder se suma a la ola de acciones para perseguir y agredir al periodista que escribe esta columna; así que lo que haya hecho o haga, va a dejar huella que tarde o temprano podría ser revisada., por las consecuencias que tiene una situación injusta, con repercusiones para el afectado y su familia.
Si la juzgadora circula acuerdo irregular o ilegal, no solo impacta en el afectado, sino en su entorno, en la economía, en la salud. Los defensores particulares no son filántropos ni altruistas, cobran por sus acciones, porque de eso viven los abogados en cualquier parte del mundo. La salud tampoco se salva, por la tensión emocional que provoca lo inesperado e injusto.
Sería ingenuo pensar que fue casualidad que el acuerdo y las notificaciones se dieran en vacaciones de diciembre, cuando es posible sorprender a quienes no están alertas, por el descanso decembrino que también incluye a quienes laboran en el sistema de justicia.
La decisión de la magistrada Rodríguez Escobar de dar por terminado el proceso penal, cuando todavía está pendiente la instancia de la Corte, la desactivaron los abogados con cuatro recursos: Recurso de Revocación, Juicio de Amparo, Queja y Recurso de Revisión dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El juicio de amparo, lo desechó la misma magistrada. Como juez y parte, no iba a contradecir sus determinaciones.
Actuó y reactivó la protección legal del periodista, para que siguiera su defensa sin riesgo de perder su libertad, al ser enterada de que el Recurso de Revisión ya estaba en camino de la Corte. No se atrevió a ignorar o brincar al máximo tribunal de nuestro país, lo que hubiera sido el acabose.
El proceso contra el periodista está plagado de violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la Constitución. Las contradicciones de la parte acusadora son escandalosas. No hay elementos para condenar a nadie, salvo que la autoridad decida magnificar supuestos delitos.
Ninguna condena penal puede ser válida si no se respetan las garantías y los derechos del acusado.
Llama la atención que sea la propia magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar la que resolviera en contra del periodista, a pesar de lo endeble de las supuestas “pruebas”.
Seguramente desconoce que México está convertido en uno de los países más peligrosos para quienes laboran en medios de comunicación.
De la mayor gravedad que ahora se utilice el sistema judicial para perseguir y agredir al periodista, por ajuste de cuentas o venganza.
Por eso, ante el interés que ha despertado el asunto y su trascendencia, la necesidad de que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“¡El asunto está en buenas manos!”, fue el comentario del maestro de historia Enrique Cervantes Mayén, dedicado toda su vida profesional al magisterio. Larga la lista de quienes han sido sus alumnos, con los que procura mantener comunicación para saber de su destino.
Profesor conocedor de la realidad del país, de los vaivenes sociales, de las instituciones que le son útiles a la comunidad, de los altibajos que viven los individuos y sus familias, de las justicias e injusticias, de la inseguridad que sufren mexicanos y de las batallas políticas.
Cuando habla de “buenas manos” se refiere a los once integrantes, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Alto Tribunal que deberá decidir si admite el Recurso de Revisión interpuesto por el periodista que escribe esta columna.
Confía en los ministros y ministras por su amplia trayectoria en materia de justicia, por su experiencia. Sobre todo, porque como cuerpo colegiado, considera imposible que alguien lo sorprenda y se aproveche de su buena fe.
Está seguro de que las ministras y los ministros harán la valoración justa, imparcial y conforme a Derecho.
Lo que le sorprende al profesor Enrique Cervantes Mayén, siempre partidario de las causas justas, es que el periodista tenga dos resoluciones de inocencia a su favor y todavía siga enredado o atorado en un proceso plagado de graves contradicciones, violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solidario por vocación, disponible para apoyar a quienes enfrentan adversidades, le ha tocado defender a compañeros y compañeras que también se han dedicado al magisterio, en conflictos de distinta índole.
Conoce el expediente del periodista, sabe que ya suma dos resoluciones de inocencia.
Por eso pregunta:
-¿Y cuántas resoluciones de inocencia necesitas para que reconozcan tu inocencia?
-Lo que se es que el caso requiere ser revisado por la Corte, por eso la insistencia respetuosa, para que lo haga, para que prevalezca la justicia, la verdad, la imparcialidad, no consignas ni venganzas.
Castigar un inocente, coincidimos con Cervantes Mayén, en nada ayuda a la causa de las mujeres, porque desacredita su lucha y exhibe excesos. Cierto que las estadísticas son dramáticas y hay demasiadas agresiones, nada más que la autoridad debe asegurarse de sancionar a verdaderos culpables.
Puede haber excepciones y el maestro no tiene la menor duda de que esta es una de ellas, de que se han fabricado historias por razones e intereses que nada tienen que ver con la justicia.
Con sentido común juzga que ningún juez o jueza se hubiera atrevido a declarar inocente al periodista si hubiera encontrado elementos para condenarlo. De haber actuado con parcialidad, lo habrían “linchado” y exigido su inmediata destitución, lo que nunca sucedió.
La contraparte, aun cuando fue notificada de manera personal, no apeló lo resuelto por los jueces.
El proceso se revirtió con un amparo interpuesto fuera de tiempo, en contra de lo que establece el principio de definitividad.
“Si hay error jurídico, va a ser corregido porque así lo señala la ley”, comentario del maestro, convencido del desempeño imparcial de ministras y ministros.
“Estás en buenas manos”, repitió.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México ha rectificado y reactivado la suspensión para que el periodista que esto escribe pueda seguir su defensa en libertad y tenga garantizada su presunción de inocencia.
Durante las vacaciones del pasado diciembre, dicho tribunal apresuró el proceso y emitió un acuerdo que los abogados Héctor Rojas y Esteban Flores consideraron ilegal porque cerró el expediente y determinó que procedía la aplicación de la sentencia, sin tomar en cuenta que todavía está pendiente el Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como juez y parte, el mismo tribunal desechó amparo que combatía su irregular acuerdo.
Ahora, ha resuelto renovar la protección para el periodista, en el entendido de que no se puede saltar al máximo tribunal; y ha dado vista al juzgado primero de distrito de procesos penales para que emita el acuerdo correspondiente y lo haga del conocimiento de las diversas autoridades.
El expediente del proceso penal que empezó en 2012 ha registrado graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, hasta llegar al error jurídico que de ser corregido le permitiría al periodista, quien ha sido declarado dos veces inocente, dejar atrás la pesadilla de la injusticia.
Ya se interpuso el Recurso de Revisión y va en camino hacia la Corte.
“Consecuentemente, se ordena remitir el original de este expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo cuaderno de antecedentes que se forme, así como el escrito por el que se interpuso Recurso de Revisión”, dice oficio firmado por el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías.
La defensa también presentó argumentación adicional en tiempo y forma, con la finalidad de subrayar todas y cada una de las graves violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y la Constitución.
Correspondería a la presidencia de la Corte, a cargo de la ministra Norma Piña Hernández, determinar si el máximo tribunal admite o no el recurso. De ser aceptado, se nombraría ministro o ministra ponente para entrar al fondo del caso y elaborar propuesta de resolución que se pondría a consideración, para su análisis y votación, de los integrantes de la primera sala que preside el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La historia con antigüedad de10 años, tiene su origen en la acusación que se cayó por graves contradicciones y mentiras sobre supuesto acoso y abuso sexual. Hubo dos resoluciones de inocencia de distintos juzgadores. De haber actuado con parcialidad o tratado de favorecer al periodista, los hubieran exhibido y hasta pedido su destitución como ha sucedido en otros casos.
No hubo ninguna protesta en ese sentido y aun cuando la notificación se hizo de manera personal para las partes involucradas, nadie apeló en el tiempo establecido para ello.
El caso fue reabierto por amparo presentado fuera de tiempo y admitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que pone en evidencia el error jurídico que debe ser corregido para que prevalezca la sentencia de inocencia, conforme a Derecho.
A fin de dar cumplimiento cabal al principio de definitividad, tres meses antes de la apertura del expediente, el propio séptimo tribunal había resuelto por unanimidad, que no aceptaría inconformidades fuera del plazo establecido.
Sin embargo, admitió indebidamente juicio de amparo y, se cometió el error jurídico, que no prescribe y debe de ser atendido.
Ahora, el turno es de la SCJN, para decidir si acepta o no Recurso de Revisión presentado por el periodista.

El expediente del proceso penal que empezó en 2012 contra el periodista que esto escribe, que ha registrado innumerables inconsistencias hasta llegar al error jurídico que le permitiría, de ser corregido, a quien ha sido declarado dos veces inocente, dejar atrás la pesadilla de la injusticia, va en camino hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Correspondería a la presidencia de la Corte, a cargo de la ministra Norma Piña Hernández, determinar si el máximo tribunal admite o no el llamado Recurso de Revisión. De ser aceptado, se nombraría ministro o ministra ponente para entrar al fondo del caso y elaborar propuesta de resolución que se pondría a consideración, para su análisis y votación, de los integrantes de la primera sala que preside el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El trámite que se le ha dado al expediente, para que vaya a la SCJN, confirma que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en la Ciudad de México se excedió al dar por concluido el proceso, levantar la suspensión que protegía al periodista para llevar su asunto hasta la Corte, en libertad y con respeto a la presunción de inocencia.
¿Qué fue lo que hizo dicho tribunal de apelación?
Se anticipó o pasó por alto a la Suprema Corte, instancia superior a cualquier otra en México. Por su inexplicable apresuramiento que llegó al extremo de emitir acuerdos y hacer notificaciones en el periodo vacacional de diciembre, está a la vista la ilegalidad del acto.
Por si fuera poco, el mismo tribunal colegiado de apelación, en el papel de juez y parte, rechazó juicio de amparo interpuesto por el afectado. Era impensable otro resultado porque la autoridad responsable no se iba a corregir y menos aceptar haberse equivocado.
Los abogados Héctor Rojas y Esteban Flores presentaron queja en instancia superior con la finalidad de que se subsane el acuerdo irregular emitido por dicho tribunal y se reactive protección para el periodista, en espera de lo que determine la Corte que tiene la última palabra.
“Consecuentemente, se ordena remitir el original de este expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo cuaderno de antecedentes que se forme, así como el escrito por el que se interpuso recurso de revisión”, dice oficio firmado por el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías.
La historia tiene su origen hace 10 años, con acusación que se cayó por graves contradicciones y mentiras sobre supuesto acoso y abuso sexual. Hubo dos resoluciones de inocencia de distintos juzgadores. De haber actuado con parcialidad o tratado de favorecer al periodista, que entonces se desempeñaba como vocero de la CNDH, los hubieran exhibido y hasta pedido su destitución como ha sucedido en otros casos.
No hubo ninguna protesta en ese sentido y aun cuando la notificación se hizo de manera personal para las partes involucradas, nadie apeló en el tiempo establecido para ello.
El caso fue reabierto por amparo presentado fuera de tiempo y admitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que pone en evidencia el error jurídico que debe ser corregido para que prevalezca la sentencia de inocencia, conforme a Derecho.
Ahora, el turno es de la SCJN, para decidir si acepta o no Recurso de Revisión presentado por el periodista.

Pareciera que se utiliza al sistema judicial para perseguir y agredirme, porque no se puede entender de otra forma el hecho de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, de manera ilegal, haya levantado la suspensión que era la protección para poder llevar el proceso hasta la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en libertad y respetando la presunción de inocencia
No solo ordenó quitar la suspensión sino también proceder a la ejecución de sentencia. Interpuse amparo contra esta medida excesiva y resulta que el mismo tribunal resolvió negarme el amparo. Por supuesto que lo rechazó.
Esto no es otra cosa que la actuación del colegiado como juez y parte. Obvio que no iba a reconocer que se excedió, por el contrario, justificaría sus dudosas resoluciones.
La historia de este caso ya tiene más de 10 años, empezó en 2012 cuando me desempeñaba como vocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fabricaron la mentira. Supuestos acoso y abuso sexual, que no estaban considerados como graves delitos. Fui detenido, me pasearon durante todo el día y, por la noche me llevaron al penal de máxima seguridad, El Altiplano, donde estuvo Joaquín El Chapo Guzmán.
Custodios sabían de mi nombre y desde primer momento empezaron a torturarme por mi trabajo en la CNDH, con aparato que no pude identificar. La tortura está plenamente probada. Como recuperé la libertad a los cinco días, bajo fianza, porque los supuestos delitos no eran graves, antes de salir de prisión me amenazaron con matarme si abría la boca y que lo diera por hecho si regresaba al reclusorio.
Salí rabiando del lugar, decidido a probar en primer lugar mi inocencia. Lo logré. Dos resoluciones de inocencia, dentro del marco de perspectiva de género, con lo que quedaba cerrado el caso. La contraparte nunca apeló a pesar de que fue notificada de manera personal y tampoco reprobó a los juzgadores que me declararon inocente. Fuera de tiempo se presentó juicio de amparo y el asunto fue reabierto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, luego revertido con resolución en contra.
La contraparte cayó en evidentes contradicciones, ejemplos:
1.-En escrito firmado relató que me prestó pulsera de plástico y que la rompí al querer abrirla. Admite que ofrecí reponérsela. Después cambió su versión al decir que se rompió producto de forcejeo.
2.-En declaraciones, en la primera aseguró que le rocé la pierna. En la segunda, que la toqué en el muslo cerca el glúteo. En la tercera, que la toqué directamente en el glúteo. Todo falso.
En el caso hay violaciones graves a los derechos humanos y al debido proceso. El primer juez no definió mi situación jurídica en los términos del artículo 19 de la Constitución, así consta en recomendación de la CNDH que obra en el expediente.
La tortura es un delito que no prescribe.
Se reabrió el caso sin respetar el principio de definitividad.
Nunca existieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las imputaciones.
Y hay una sentencia de cinco años tres meses, que también contraviene la Constitución, por el parámetro utilizado para establecer la pena.
Soy periodista y ejerzo la profesión desde hace 45 años. Padre de familia. El 95 por ciento de los integrantes de mi familia son mujeres. Mis textos y mi conducta confirman que soy respetuoso de las mujeres, porque es lo que siempre he exigido para mis hermanas, primas, sobrinas, amigas y cualquier otra mujer.
México tiene por primera vez a Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ministra:
Ruego a usted que el más alto tribunal atraiga mi caso, ante el cúmulo de irregularidades. Tiene usted larga y respetada trayectoria. No se vale que se utilice al sistema judicial para perseguir y agredir a un periodista.
¿Por qué tiene que cargar el poder judicial con esa infamia, atizada por tercera persona que se la ha pasado diciendo que me meterá a la cárcel, con una seguridad (se lo ha dicho a compañeros periodistas) que deja la impresión de que tiene a su servicio jueces y magistrados?
Mi familia está conmocionada, con el quebranto patrimonial, con el dolor, el llanto y la impotencia que significa la terrible injusticia.
Están a punto de acabar como mi familia, por una mentira.

ARTURO ZARATE VITE,

PERIODISTA

 

Sin esperar a que causara estado o quedara firme la resolución de amparo, Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México emitió un acuerdo que deja sin protección al inculpado.
Levantó una medida de suspensión establecida para protección del acusado, para que no pueda ser detenido, en tanto no se agoten todas las instancias que le concede la ley, como presentar el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta situación se ha presentado justamente en periodo vacacional y cuando la Suprema Corte, desde hace varias semanas se ocupó de la organización del proceso de renovación de la presidencia.
De acuerdo con el abogado defensor Héctor Rojas Cárdenas, lo que hizo el tribunal es indebido porque abre la posibilidad de que el acusado pueda ser detenido de manera injusta, en contra de lo que establecen los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las notificaciones le llegaron en periodo vacacional. A pesar de ello, comentó, de inmediato se interpuso el recurso de revocación ante el mismo tribunal colegiado de apelación y en otra instancia colegiada un amparo que proteja a su defendido de acciones injustas.
El propio abogado habló de que este caso tiene múltiples inconsistencias, que tarde o temprano deberán de aclararse y corregirse, para que no se vaya cometer la atrocidad de encerrar a un inocente.
Solo explicó lo que llama “error jurídico”, que se cometió después de que su defendido había logrado dos resoluciones de inocencia. La contraparte no presentó ninguna apelación, aun cuando había sido notificada directamente. Sin embargo, el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal admitió en fecha posterior un amparo con lo que reabrió el caso, en contra del criterio que tres meses antes dicho tribunal había aprobado por unanimidad para respetar el principio de definitividad.
La historia no es nueva, ya lleva más de diez años. Cada día que pasa suma irregularidades.
El afectado es periodista y defensor de los derechos humanos. Por un supuesto delito que no era considerado grave fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde estuvo Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
Fue torturado y existe resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ordena sea indemnizado.
Se incumplió el plazo constitucional de las 72 horas para resolver su situación jurídica, como consta en la Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la CNDH.
El pasado 1 de diciembre, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer circuito resolvió no entrar al fondo para analizar el “error jurídico” que existe en el proceso y tampoco lo hizo en el caso de la tortura.
La defensa confía en la Corte y espera que el caso pueda ser revisado en el máximo tribunal.
Sin duda, la historia exhibe debilidades del sistema judicial y va a sentar precedente en México.