Poder legislativo

Para cualquier político o política quedar bien o hacer justicia a los artistas, significa ganar simpatías de personajes que el día de mañana pueden sumarse a campañas o votar a su favor.
Siempre es atractivo estar en el ánimo de actores, actrices, músicos, escritores, escultores, pintores, cantantes, cantautores, en el ánimo de todo creador de arte en México.
Los artistas no solo representan votos en lo individual, también atraen votantes y muchos votantes que quieren hacer lo mismo que sus ídolos, apoyar al que digan las estrellas.
El senador Ricardo Monreal tiene cerca oportunidad de oro para sumar artistas o al menos contar con su simpatía. En el Senado está la iniciativa de artistas, creadores de arte que quieren que se modifique la Ley Federal de Derechos de Autor para que se les pague una compensación por su obra que se reproduce a través de dispositivos electrónicos como ipad, usb, teléfonos celulares y computadoras (ya se hace en más de 70 países, no en México).
Por lo pronto Monreal, quien quiere ser candidato presidencial, ya dio un paso a su favor porque firmó la iniciativa. La hizo suya. Ya está en la Comisión de Economía para su estudio y dictamen. Es justo lo que piden los creadores y lo saben los senadores, nadie se opondría y menos cuando se avecinan tiempos electorales.
También en la Cámara de Diputados sería bien vista y aceptada. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, compite por la candidatura para el gobierno de Puebla.
El tema involucra a millones de mexicanos que tienen y usan ipad, usb, computadoras, teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico reproductor de obra artística.
Corre la versión de que los consumidores serían los paganos.
Según los artistas, no se trata de que paguen los consumidores sino los fabricantes de dichos dispositivos.

La compensación ya está contemplada por los fabricantes (extranjeros) en sus productos, porque entienden y aceptan que los dispositivos perderían atractivo si no reprodujeran obra de distintos artistas.
No es nuevo impuesto para la sociedad. Abogados que representan a creadores consideran que sería hasta ilícito que se cargara ese pago a los consumidores
¿Y cuánto es lo que se debe pagar por compensación?
Es la pregunta que todavía no tiene respuesta, aunque estarían como referencia los criterios que se siguen en otros países para determinar el pago.
Martín Urieta, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Roberto Cantoral Zucchi, director de la misma SACM, el escultor Sebastián, Quetzalli de la Concha, dirigente de la Coalición para el Acceso Legal a la Cultura, los compositores Mónica Vélez y Arturo Márquez, el escultor Rodrigo de la Sierra, el cantautor Aleks Syntek y el tenor Fernando de la Mora están optimistas y esperan que la reforma a la ley de derechos de autor se concrete antes de que concluya la actual legislatura.
Confían en que la proximidad de los tiempos electorales juegue a su favor.
Independientemente de ello, está claro que lo que piden es nada más lo justo, lo que les corresponde, como acostumbraba a decir Armando Manzanero quien fue dirigente de los compositores.

Lo dijeron de distintas maneras. Cada uno llegaba a la misma conclusión: quienes deben pagar compensación o derechos de autor por la obra de creadores, compositores, escritores, escultores, músicos, pintores y hasta periodistas son los fabricantes de los dispositivos electrónicos teléfonos celulares, ipad, Tablet, usb y computadoras.
En más de 70 países los fabricantes ya pagan esa “remuneración compensatoria” a los creadores, porque su obra se reproduce en dichos dispositivos. En México hay una iniciativa en ese sentido para reformar la Ley de Derechos de Autor. Se estudia en el Senado y aparece como autor del documento el senador Ricardo Monreal.
No se trata de un nuevo impuesto y mucho menos existe la intención de que la compensación sea pagada por los consumidores. En todos los casos, donde ya se paga, el pago lo hacen los fabricantes, precisaron los artistas reunidos en el Foro Sebastián.
Advirtieron que sería un ilícito si se pretendiera cargarle a los consumidores la compensación.
¿Y cuánto es lo que ya pagan los fabricantes?
Es una pregunta que se quedó sin respuesta, porque depende de las condiciones y circunstancias económicas de cada país, pero que se trata de un pago que está considerado por los fabricantes.
Incluso, según los creadores, en México los fabricantes, que son extranjeros, ya tienen agregada la compensación en el precio de sus productos, nada más que la ley todavía no se ha reformado para que se haga ese pago a los artistas.
Ahí estaban Martín Urieta, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM); Roberto Cantoral Zucchi, director de la misma SACM; el escultor Sebastián; Quetzalli de la Concha, dirigente de la Coalición para el Acceso Legal a la Cultura; los compositores Mónica Vélez y Arturo Márquez; el escultor Rodrigo de la Sierra; el cantautor Aleks Syntek y el tenor Fernando de la Mora, entre otros.
Optimistas esperan que la reforma a la ley de derechos de autor se concrete antes de que concluya la actual legislatura. Están convencidos de que los senadores tienen en sus manos una iniciativa perfeccionada, que protege a los consumidores y que deja en claro que la remuneración compensatoria para los creadores la deben pagar los fabricantes de dispositivos electrónicos.
“Como decía Armando Manzanero, solo pedimos lo que nos corresponde”, recordó Roberto Cantoral.

Seguramente a los diputados y senadores les pasó de largo el artículo 36 del Plan B que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque de lo contrario más de uno hubiera expresado inconformidad porque los deja fuera del presupuesto del INE.
De acuerdo con la redacción del precepto, ya no recibirán ningún beneficio del Instituto Nacional Electoral.
En la actualidad, los consejeros legislativos, uno por cada partido representado en el Congreso de la Unión (siete), cuentan con oficina en el propio Instituto Nacional Electoral y hasta se les facilita equipo de cómputo para que puedan realizar sus actividades.
Los consejeros legislativos, como lo establece la norma, solo tienen derecho a voz, no a voto en las sesiones del Consejo General del INE.
Por la rapidez con que se procesó el Plan B en la Cámara de Diputados, sobre todo, los diputados no se percataron de la letra chiquita que los dejaba sin ningún privilegio en el organismo electoral.
El Plan B, como es sabido, todavía no entra en vigor, porque quedó pendiente que el Senado apruebe el ajuste que le hicieron los diputados, que quitó la llamada “cláusula de la vida eterna” que favorecía a los partidos pequeños con la transferencia de votos por parte de los grandes.
De no ocurrir nada extraordinario, la reforma terminará de ser aprobada en febrero, en el nuevo periodo ordinario de sesiones del poder legislativo, y una vez que la promulgue el Ejecutivo.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó para atrás convocatoria elaborada por
la Cámara de Diputados para elegir 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Precisa en su resolución que se debe distinguir entre la quinteta para seleccionar al presidente o presidenta del INE de las quintetas para seleccionar a los o las tres consejeras electorales.
Además, les ordena que sean muy precisos en garantizar la paridad de género.
En consecuencia, salvo que la Cámara de Diputados llevara a cabo a la brevedad un periodo extraordinario de sesiones para acatar el mandato del tribunal, se retrasará el proceso para elegir consejeros y consejeras del instituto electoral.
Estaba previsto que el registro de aspirantes arrancara el 9 de enero y concluyera el 20 del mismo mes.
Los diputados deberán ponerse de acuerdo para modificar su convocatoria y establecer los lineamientos en materia de paridad de género.
De igual manera el proceso legislativo para este caso deberá significarse por el cumplimiento del principio de certeza y absoluta transparencia.
Los magistrados, integrantes de la sala superior del TEPJF, resolvieron de esta manera el recurso interpuesto por dos actoras o ciudadanas que observaron inconsistencias e incumplimiento de la Constitución en la convocatoria que ya habían elaborado y aprobado los diputados.

En el poder legislativo federal es un acierto que funcione con dos cámaras, una de origen, a donde llega la iniciativa que se va a estudiar, dictaminar y votar; otra, revisora, responsable de analizar que lo aprobado por la colegisladora se ajuste al marco legal.
Cámara de Diputados puede ser cámara de origen y Senado cámara revisora o viceversa. Indistintamente, depende por donde empiece el procedimiento para desahogar la propuesta. No es que una sea más que otra porque le toca revisar. Es el trámite que marca la ley.
El llamado plan B en materia electoral fue votado en primera instancia en la Cámara de Diputados. Los propios legisladores han admitido que hay inconsistencias que deberán de corregirse y eso hará el Senado.
No es la primera vez que sucede en la historia del parlamento mexicano. Existen precedentes, errores cometidos por bancadas de distintos colores. En el pasado, cuando no había redes sociales, la pifia no trascendía como sucede en la actualidad. Hoy le da la vuelta al mundo.
Tampoco es nuevo que haya legisladores que voten sin saber lo que votan, nada más por línea de sus líderes. No se enteran porque el tema no les interesa, porque el documento llegó a sus manos de última hora o porque de plano están acostumbrados a votar en el sentido que les digan, siempre y cuando no se interrumpa el pago mensual de la dieta (honorarios).
Así ha sido en muchas legislaturas, lo que es incorrecto. Lo ideal sería que nadie se quedara sin leer lo que va a votar, porque al final de cuentas es una de las tareas por las que se le paga.
También no es novedoso que la oposición proteste cuando pareciera se “legisla al vapor”. ¿Se acuerdan de esta expresión? Igual sucede con la salida de grupos del salón plenario, inconformes con lo que ven como imposición y atropellamiento de parte de la mayoría.
Es apresuramiento en el que han caído, en diferentes tiempos, mayorías de los distintos partidos.
Lo fundamental es que se corrijan errores, en cualquier poder en el que se cometan, puede ser en el legislativo como esta vez, o en los poderes judicial y ejecutivo.
Claro que no solo se corregirían errores, porque también la cámara revisora podría no estar de acuerdo con otros puntos o articulado de la minuta, aprobada por la cámara de origen.
Esto es lo que puede pasar en el Senado con el llamado Plan B electoral, por lo que es un hecho que el texto corregido y perfeccionado, regresará a la Cámara de Diputados, para su final aprobación.
¿En qué tiempo? Dependerá de los acuerdos y consensos entre los integrantes de la cámara revisora. De no llegar a coincidir, podría votarse en contra y hasta ahí llegaría el Plan B.
Lo más probable es que el Plan B siga su camino, porque como solo modifica leyes secundarias, para aprobarlo no se requiere mayoría calificada, es suficiente con la mayoría simple, con la que cuentan Morena y sus aliados.
Se trata de seis ordenamientos jurídicos, más de 400 artículos modificados de las diversas leyes electorales.
En el escenario extremo, que los senadores no se pongan de acuerdo, en el 2024 se competiría con las reglas vigentes.
Por lo pronto, el camino a transitar es corrección de inconsistencias y la búsqueda de consenso para aprobar el Plan B.

En Estados Unidos, comisión investigadora de la Cámara de Representantes citó al ex presidente Donald Trump, para conocer su versión de lo pasado el 6 enero de 2021 en el Capitolio, cuando centenares de manifestantes asaltaron la casa de los congresistas.
Trump no tardó mucho en inconformarse con el citatorio. No hay certeza de que lo atienda. Y de llegar a ir, poco o nada aportaría a la investigación. Jamás aceptaría haber alentado a sus simpatizantes a romper el orden. En su lugar insistiría en que le robaron la elección presidencial.
Pareciera que lo tiene sin cuidado el llamado de los legisladores, no se percibe que lo vea como obligación. Si acaso, como una molestia que sus abogados tendrían que hacerle frente, de ser necesario.
Algo similar pasa en México con el poder legislativo, sus citatorios a los servidores públicos para que rindan cuentas o informen lo que hacen, se han convertido en llamadas a misa. Las atiende el que quiere, fijan su propia fecha o de plano las rechazan.
Por eso la preocupación de senadores cuando en la reciente aprobada reforma constitucional para prolongar hasta 2028 la participación militar en la vía pública, se acordó que una comisión bicameral tendría la facultad de citar a comparecer a integrantes del gabinete de seguridad.
Los senadores, en particular los de oposición, dudan que se atienda su llamado. Por experiencia, no están convencidos de que vayan a prosperar los citatorios. Saben que el servidor público no los considera obligatorios y no pasa nada si al final resuelve ignorarlos.
Lo que sucede en el Senado, también se repite en la Cámara de Diputados. Los funcionarios no dan importancia a invitaciones de comisiones. No las ven como urgencia ni obligatorias. Y para las comparecencias en el salón plenario de San Lázaro, hasta que su agenda se los permite, acuden a informar de su trabajo, si es que deciden ir. El calendario para desahogar lo que se llama “glosa del informe presidencial” lo hacen diputados y, los funcionarios ajustan fechas de acuerdo a sus prioridades.
El mal ejemplo cunde, hasta en temas u organismos que se supone no tendrían problema y complicación en reunirse con legisladores, porque no están en la mira de los reflectores mediáticos ni su función es determinante para el desarrollo de nuestro país.
Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con la mano en la cintura se ha rehusado a participar en reuniones de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. Por más que insiste María José Alcalá, presidenta de la comisión legislativa, la ex atleta sonorense prefiere realizar otras actividades.
El desaire no es menor. Los citatorios o invitaciones son hechos por un poder al que los funcionarios del Ejecutivo deben de rendirle cuentas. Que no se olvide que la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto, así que le toca observar y vigilar el destino que se le da a cada peso.
Si no quieren que sus citatorios sigan como llamados a misa, senadores y diputados deberán de encontrar la forma de hacerlos obligatorios, quizás con alguna sanción para quienes los desatiendan.

Entretenidos en el Senado en el debate sobre prolongar la participación militar en seguridad pública hasta el 2028, hay otro tema que se cocina en esta cámara que va por buen camino y haría justicia a millones de trabajadores en nuestro país que prestan servicios en la iniciativa privada.
Se trata de un derecho que se ha mantenido inamovible durante cinco décadas en la ley laboral y que, hasta ahora, ha encontrado consenso, duplicar el periodo vacacional al cumplir el primer año trabajado, pasar de seis días a 12 días pagados.
México ha sido demasiado conservador en esta materia e incluso de los más atrasados en el mundo, en contraste con el Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece 18 días como periodo vacacional mínimo que se debe otorgar al trabajador en su primer año de servicio. Es convenio que inexplicablemente nuestro país no ha ratificado, aun cuando ya cumplió 50 años de existencia.
Las comisiones de Trabajo, presidida por Napoleón Gómez Urrutia, y Estudios Legislativos Segunda a cargo de Rafael Espino de la Peña, ambos integrantes de la mayoría legislativa, están en la etapa final de la redacción del dictamen, que esperan llevar al pleno senatorial antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso. Aspiran a que pase por unanimidad en el Senado y que lo mismo suceda en la Cámara de Diputados.
El dictamen tiene su origen en diversas iniciativas elaboradas por los grupos parlamentarios de Morena, Encuentro Social, partido del Trabajo y Movimiento Naranja.
Han planteado periodo vacacional que va de los 10 a 18 días, como piso mínimo. El consenso es que sea de 12 días pagados. Con esta cifra, una vez aprobado en comisiones, llegaría al pleno. Seguiría igual el incremento gradual, dos días por cada año hasta llegar a cinco años; a partir del sexto, dos días por cada cinco años.
Para los legisladores en vital corregir el atraso, porque la Ley Federal del Trabajo se ha mantenido invariable en esta materia, a pesar del criterio establecido por organismos internacionales.
Según estadísticas, México se encuentra en la lista de naciones como Filipinas, Tailandia, Nigeria y Brunei, que tienen su periodo vacacional por abajo de los nueve días.
Para quienes han impulsado la iniciativa no hay duda de que se trata de un acto de justicia para los trabajadores, duplicar el periodo vacacional de seis a 12 días pagados.
Hay consenso para aprobarla. Basta con el voto de la mayoría simple, porque se trata de una ley secundaria.
De cualquier manera, por las características que tiene la propuesta, se espera la aprobación de todos los grupos parlamentarios.
Cierto que la decisión impactaría en el presupuesto de empresas, sobre todo por la crisis y la inflación que persisten en el mundo. Situación que no se puede ni debe pasar por alto. Quizás por ese motivo los legisladores podrían considerar la entrada en vigor de la reforma a partir del 2023, para darle tiempo a los patrones a que hagan sus cálculos anuales.
Los mismos empresarios también tendrían que comprender que desde hace 50 años no hay una mejora vacacional para los trabajadores, como ha sucedido en la mayoría de los países que han seguido los convenios de la OIT.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, uno de los legisladores que más domina el tema electoral entre sus compañeros (ex representante de su partido Morena ante el INE) propone que diputados y senadores se sienten a dialogar para encontrar puntos de consenso sobre la reforma constitucional electoral.
Gutiérrez Luna tiene la certeza de que hay coincidencias entre los distintos grupos parlamentarios sobre lo que se debe hacer en esta materia, por eso la importancia de acordar trabajar en conferencia, juntas las comisiones respectivas de las dos cámaras, para evitar y remontar posiciones encontradas, como ha sucedido con la propuesta que prolonga hasta 2028 la participación militar en seguridad pública, que se atoró en el Senado.
De acuerdo con el diputado, su bancada no solo estaría considerando entenderse con la fracción priísta, sino con todas las fuerzas políticas, que, en principio, estarían interesadas en responder al clamor de la sociedad para que se revise y baje el gasto electoral.
Ha tenido oportunidad de platicar con legisladores de otros partidos y ha identificado que hay puntos en lo que pueden avanzar juntos, por eso la relevancia de sentarse a dialogar.
Ve con optimismo el mecanismo de conferencia, para que legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados, se reúnan con el ánimo de identificar coincidencias que mejoren las reglas de la competencia política.

Ni todos los “brothers” juntos, como llama a sus amigos, aliados y simpatizantes, depurarían la mala fama que le han hecho al diputado y dirigente priísta Alejandro Moreno Cárdenas los audios dados a conocer por la gobernadora de Campeche Layda Sansores.
Es el punto que parece no ver la oposición, decidida a jugársela con “Alito” hasta sus últimas consecuencias. Lo defienden compañeros de partido y otras organizaciones con el argumento de que es perseguido político, por el voto en contra de la reforma eléctrica y su alarma que ve venir la tiranía.
Indiscutible el desgaste ante la sociedad, por la sencilla razón de que la gente no está sorda ni ciega. Ha tomado nota de lo revelado por los audios, con la voz inconfundible de “Alito”, que pintan al susodicho como personaje que no tiene escrúpulos ni límite alguno, capaz de arreglos en lo oscurito para conseguir sus propósitos.
Al margen de si la gobernadora también ha incurrido en acciones que pueden estar fuera de la ley al difundirlos, han cumplido su objetivo, desacreditarlo ante la opinión pública.
Por fortuna para “Alito”, conserva a sus aliados, lo mantienen al frente del Revolucionario Institucional, en la presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y como parte de la alianza con los líderes del PAN y PRD.
Aunque en política nada está escrito y tampoco nada se puede descartar, es probable que con el actual dirigente priísta, sea más complejo que Movimiento Ciudadano (MC) se sume a la tríada, como quisieran muchos, para la competencia presidencial de 2024, por aquello que pregona y dice aplicar: más vale solos que mal acompañados.
Alejando Moreno Cárdenas sigue en la dirección de su partido a pesar de que la vieja guardia tricolor lo invitó a dejar el cargo por las derrotas electorales.
También ha sabido sostenerse como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. No resultó el intento para destituirlo, en su ausencia. Continúa, aunque sin quórum para sesionar.
Se va a equivocar si subestima a la mayoría parlamentaria y persiste con la bravuconería que lo ha caracterizado desde que era líder juvenil en su estado natal Campeche.
Tampoco le ayudan sus expresiones burlonas como la que soltó al final de la reunión de la directiva de la Comisión de Gobernación: “no que no tronabas pistolita”.
La fiscalía de Campeche ha pedido desaforarlo, para que sea enjuiciado en los tribunales penales, por enriquecimiento ilícito.
Si “Alito” no le baja a su impetuosidad, tiende puentes y se sienta a negociar la reforma electoral, los diputados de la mayoría no van a dudar en acelerar el procedimiento para quitarle el fuero.
Está a tiempo de evitar que lo encaminen a un proceso penal que puede poner en riesgo su libertad, como ha sucedido con otros personajes de su propio partido. Por algo dice el dicho “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”.
Lo que ya no tiene remedio es la mala fama que se ha ganado a pulso, por sus exabruptos exhibidos en los audios y que la cúpula de su propio partido, así como las dirigencias del PAN y PRD, parecieran dispuestas a pagar el costo, sin importarles el impacto o daño en los planes con miras al 2024.

Llevar a cabo un “trabajo legislativo franciscano” no tendría la finalidad de que los diputados vivan bajo la más estricta pobreza como el santo italiano del siglo XIII, sino inspirados en esa austeridad, que ahora es abanderada desde Palacio Nacional, cuidar más los recursos que son del pueblo.
Por eso, cuando de antemano saben las posiciones de lo grupos parlamentarios, que caso tiene seguir adelante con los foros. Con los de la reforma eléctrica se gastaron 20 millones de pesos y no consiguieron nada, ningún acuerdo, ningún cambio a la Constitución.
Otro tanto igual han dicho que se van a gastar con los foros electorales. ¿Para qué?
Todavía más porque los diputados de la mayoría y de la oposición realizan por separado sus respectivos foros. También habría que incluir lo que se les paga para que legislen.
¿Si en vez de seguir con sus foros, se sientan a la mesa a identificar coincidencias y empiezan a negociar para armar proyecto de dictamen?
Desde abril cuentan con la iniciativa del Ejecutivo, así que a estas alturas los diputados ya deben de saber en que estarían de acuerdo.
Por lo que ha declarado la oposición, la reforma constitucional no va a transitar, al menos como quiere la mayoría parlamentaria. Ya ha dicho que no va a permitir que se toque al Instituto Nacional Electoral (INE), nada que signifique desconocer o eliminar lo avanzado por el instituto.
Guste o no, primero con el IFE y ahora con el INE, el país ha vivido la alternancia. Tres fuerzas políticas distintas. Por muchos años estuvo el PRI. En el 2000 llegó el PAN y en el 2018 Morena.
Los foros poco o nada contribuyen cuando participan conferenciantes con posiciones conocidas. José Woldenberg y los demás ex presidentes del instituto electoral no van a plantear nada nuevo. Tampoco consejeros y ex consejeros, especialistas y académicos.
Quizás puedan ser útiles las exposiciones de los expertos para los diputados o diputadas que no dominan el tema electoral, aunque se supone que compitieron en un proceso para llegar a la cámara y por lo tanto tendrían que haberse empapado de las leyes electorales.
Cada uno de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, la de Reforma Política Electoral y la de Puntos Constitucionales, sus presidentes Graciela Sánchez Ortiz y Juan Ramiro Robledo Ruiz, conocerían no solo la iniciativa del Ejecutivo sino las 40 que hay en la materia.
Así que, en vez de desperdiciar otros 20 millones de pesos, habría condiciones para sentarse a dialogar, buscar consensos, negociar. Ver si en la constitucional hay coincidencias, para modificar la ley suprema y atender la demanda social de que la política cueste menos.
Si en la constitucional prevalecen diferencias, entonces concentrarse en leyes secundarias, reformar lo que permita perfeccionar la operación del instituto electoral y los tribunales, reducir gasto y terminar con duplicidades en desempeño de consejeros y magistrados.
Cierto que los foros están en marcha, tanto los de la mayoría parlamentaria como los de la oposición, con los rollos de siempre. Hay expertos, consejeros y ex consejeros que, les encanta al protagonismo y los reflectores, al fin que no son ellos los que pagan eventos huecos.
Lo fundamental es aprovechar el tiempo parlamentario, sobre todo en tiempos inflacionarios, aplicar el criterio franciscano en el trabajo legislativo, porque al pueblo apenas le alcanza para comer.

Todo parece indicar que el Senado volverá a incurrir en falta de respeto para grupo de abogados aspirantes a magistrados electorales locales. Más de 200 se apuntaron para competir por 21 vacantes en 18 estados, para el cargo de “magistrado de órgano jurisdiccional local en materia electoral”.
Ya comparecieron ante integrantes de la Comisión de Justicia de dicha cámara y cumplieron con los requisitos constitucionales y legales. Nada más que ninguno de ellos, después de dos periodos ordinarios de sesiones septiembre-diciembre 2021 y febrero-abril 2022 ha sido votado, aprobado al menos por las dos terceras partes de los asistentes al pleno, como lo señala la norma. Los grupos parlamentarios no lograron ponerse de acuerdo.
El futuro de estos aspirantes es incierto, porque la propuesta constitucional de reforma electoral enviada por el Ejecutivo al poder legislativo, desaparece su estructura, para ser absorbida por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con el argumento de reducir la burocracia, simplificar el proceso para llegar a resoluciones definitivas y disminuir gasto, se eliminaría la figura de magistrado local en materia electoral. Nada más quedarían magistrados de salas regionales y magistrados de la sala superior.
No es la última palabra, porque falta se apruebe la iniciativa presidencial. La discusión en la Cámara de Diputados, como cámara de origen, estaría prevista para el periodo ordinario que arranca en septiembre próximo.
El Senado ha quedado mal, en ocho meses no ha sido capaz de ponerse acuerdo para aprobar 21 nombramientos.
Historia similar se vivió con 18 abogados aspirantes a magistrados administrativos anticorrupción, propuestos (abril 2017) en el gobierno de Enrique Peña. Nunca fueron aprobados en Senado con mayoría priísta. 13 optaron por declinar y los otros 5 dieron sin éxito la pelea legal. Llegó en el 2018 nuevo gobierno y acabó con ese esquema que le pareció burocrático, costoso y nada efectivo.
Ahora, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia, entrevistada por este espacio, reconoce y lamenta que los legisladores, hasta la fecha, no hayan hecho la tarea en el caso de los aspirantes a magistrados locales electorales. Las vacantes, de manera transitoria, han sido ocupadas por secretarios de acuerdo de los tribunales, en los términos establecidos por la normatividad del poder judicial.
En el Senado, donde se presume que son muy buenos para negociar y acordar, no lograron consenso para el nombramiento de estos magistrados. Nada más entrevistaron y revisaron perfiles de aspirantes.
De prolongarse el retraso, advierte la senadora Indira San Román, existe riesgo de crisis en impartición de justicia electoral, porque en próximas semanas, habría más vacantes.
Para que estas historias no se repitan, recomienda legislar y establecer plazos fatales, aunque no tiene claro qué sanción proponer si los senadores incumplen su trabajo.
Independientemente del destino que tenga la iniciativa de reforma electoral, mientras no cambie la ley y por respeto a quienes atendieron la convocatoria para buscar nueva responsabilidad, corresponde al Senado (en receso, volverá a sus actividades ordinarias hasta septiembre) procesar el nombramiento de magistrados locales.