Vacaciones, tema del Senado

Poder legislativo
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Entretenidos en el Senado en el debate sobre prolongar la participación militar en seguridad pública hasta el 2028, hay otro tema que se cocina en esta cámara que va por buen camino y haría justicia a millones de trabajadores en nuestro país que prestan servicios en la iniciativa privada.
Se trata de un derecho que se ha mantenido inamovible durante cinco décadas en la ley laboral y que, hasta ahora, ha encontrado consenso, duplicar el periodo vacacional al cumplir el primer año trabajado, pasar de seis días a 12 días pagados.
México ha sido demasiado conservador en esta materia e incluso de los más atrasados en el mundo, en contraste con el Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece 18 días como periodo vacacional mínimo que se debe otorgar al trabajador en su primer año de servicio. Es convenio que inexplicablemente nuestro país no ha ratificado, aun cuando ya cumplió 50 años de existencia.
Las comisiones de Trabajo, presidida por Napoleón Gómez Urrutia, y Estudios Legislativos Segunda a cargo de Rafael Espino de la Peña, ambos integrantes de la mayoría legislativa, están en la etapa final de la redacción del dictamen, que esperan llevar al pleno senatorial antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso. Aspiran a que pase por unanimidad en el Senado y que lo mismo suceda en la Cámara de Diputados.
El dictamen tiene su origen en diversas iniciativas elaboradas por los grupos parlamentarios de Morena, Encuentro Social, partido del Trabajo y Movimiento Naranja.
Han planteado periodo vacacional que va de los 10 a 18 días, como piso mínimo. El consenso es que sea de 12 días pagados. Con esta cifra, una vez aprobado en comisiones, llegaría al pleno. Seguiría igual el incremento gradual, dos días por cada año hasta llegar a cinco años; a partir del sexto, dos días por cada cinco años.
Para los legisladores en vital corregir el atraso, porque la Ley Federal del Trabajo se ha mantenido invariable en esta materia, a pesar del criterio establecido por organismos internacionales.
Según estadísticas, México se encuentra en la lista de naciones como Filipinas, Tailandia, Nigeria y Brunei, que tienen su periodo vacacional por abajo de los nueve días.
Para quienes han impulsado la iniciativa no hay duda de que se trata de un acto de justicia para los trabajadores, duplicar el periodo vacacional de seis a 12 días pagados.
Hay consenso para aprobarla. Basta con el voto de la mayoría simple, porque se trata de una ley secundaria.
De cualquier manera, por las características que tiene la propuesta, se espera la aprobación de todos los grupos parlamentarios.
Cierto que la decisión impactaría en el presupuesto de empresas, sobre todo por la crisis y la inflación que persisten en el mundo. Situación que no se puede ni debe pasar por alto. Quizás por ese motivo los legisladores podrían considerar la entrada en vigor de la reforma a partir del 2023, para darle tiempo a los patrones a que hagan sus cálculos anuales.
Los mismos empresarios también tendrían que comprender que desde hace 50 años no hay una mejora vacacional para los trabajadores, como ha sucedido en la mayoría de los países que han seguido los convenios de la OIT.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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