Política

Los dirigentes Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD no supieron procesar el caso de Alejandro Moreno “Alito”. Guardaron silencio cuando surgieron los “audios” que exhibieron el comportamiento del priísta. No le pidieron ninguna explicación y mucho menos lo cuestionaron en público. Por el contrario, aparecieron a su lado en conferencias de prensa, como si nada hubiera pasado ni estuviera desacreditado su aliado.
En los audios no había duda de que se trataba de la voz de Alejandro con palabras ofensivas contra empresarios, periodistas y sus propios compañeros; conversaciones sobre irregulares arreglos políticos y comerciales.
Marko y Jesús optaron por darle su apoyo, no se puede entender de otra manera la presencia de los tres en actos sucesivos. Seguir la línea que les marcaba el mismo Alejandro, que decía era víctima de quienes le advirtieron que se la cobrarían por votar en contra de la reforma eléctrica,
No vieron venir el bandazo de Alejandro ni tampoco tomaron la mejor opción para hacerle frente. Lo primero que hizo el panista fue mandarle un ultimátum, que no pasó de bravata. Amenazó con romper la alianza por la iniciativa priísta que prolongaría la presencia militar en las calles.
Por si fuera poco, Marko y Jesús, en vez de irse en contra de la traición de Moreno y buscar otros interlocutores dentro del propio PRI, que no se sienten representados por su líder, que los hay, desplegaron un discurso contra la militarización y las fuerzas armadas.
El Ejército sigue en las calles porque hasta ahora, las autoridades civiles, que también han sido panistas y priístas, no han encontrado la forma de contener a la delincuencia organizada.
La sociedad en general está consciente de la realidad y conforme con la participación militar. Por eso en las encuestas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea son los mejores calificados.
Una demostración más de la aceptación que tienen se acaba de ver en el desfile del 16 de septiembre. Es mucha la gente que aprecia la tarea que llevan a cabo, sin que ello signifique que sean perfectos. Hay elementos que se equivocan y deben responder por sus actos.
Aunque tarde, la oposición se ha dado cuenta que no es justificado hacer el discurso en contra de las fuerzas armadas, por eso su intento de matizarlo en el debate en la Cámara de Diputados.
Su problema no es el Ejército en las calles sino Alejandro Moreno que les vio la cara y se las sigue viendo. “Yo no soy él que va a romper la alianza”, fue su reacción ante el ultimátum.
Y efectivamente, si no realizan mejor análisis de lo que deben hacer para conservar la alianza sin “Alito”, van a quedar como los que la rompieron. Marko y Jesús todavía están a tiempo de corregir errores.
La historia no se ha cerrado y va a continuar hasta el 2024. El siguiente capítulo tiene que ver con el Senado. En el curso de los siguientes días deberá analizar, debatir y votar la minuta de la Cámara de Diputados sobre prolongar la presencia militar en calles.
Corresponderá a senadores de oposición medir el alcance de sus mensajes y votos, para no quedar como contrarios de las fuerzas armadas que también sirvieron en sus gobiernos bajo un mando civil.

Hasta ahora, ninguno de los partidos involucrados ha enterrado la alianza, porque saben que es la mejor opción que tiene el bloque opositor para competir en la elección presidencial de 2024.
Es el argumento de más peso que tiene cada uno de los tres partidos para conservarla. En lo individual, están conscientes, ninguno tendría la fuerza para ganar o recuperar el poder.
Por eso los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, a pesar de sus diferencias, no dieron por hecho la ruptura.
Alguno de los dirigentes podría ser excluido y, la alianza, si así lo deciden sus respectivas militancias, siempre y cuando cuenten con candidato idóneo, seguiría adelante.
Sería un error que la alianza estuviera sujeta a una persona, porque entonces de origen estaría debilitada y se desbarataría en el momento en que se equivocara o fallara, como ahora sucede con Alejandro Moreno.
El líder priísta no solo tiene la imagen desgastada por su pasado y la exhibida que le han dado los audios, también por la negociación que, por su lado, sin tomar el parecer de los otros partidos, decidió concretar para evitar correr el riesgo de perder su libertad.
Independientemente de que se puede argumentar y justificar la iniciativa para prolongar la presencia de los militares en la calle en materia de seguridad pública hasta el 2028, el hecho es que lo acordó mucho antes de 2024, año fijado por el poder legislativo para el regreso a los cuarteles.
Se apresuró por sus temores y al ver ya constituida la sección instructora de la Cámara de Diputados que le quitaría fuero y pondría a disposición de las autoridades judiciales de Campeche, que lo acusan, entre otras cosas, de haberse enriquecido de manera ilícita.
Negoció una medida que si la hubiera platicado antes con sus pares, quizás los convence de la necesidad de mantener en la calle a los militares, porque todavía no hay ni se ha encontrado otra forma de contener la operación de la delincuencia organizada en el país.
Alejandro Moreno en ningún momento habló del final de la alianza y mucho menos admitió que cedió a presiones del partido en el poder.
Tampoco Marko Cortés del PAN ni Jesús Zambrano del PRD decidieron decirle adiós a la alianza. Prefirieron actuar con cautela y hablar de suspensión, con la esperanza de retomarla, porque la necesitan para los procesos que se avecinan en Coahuila y Estado de México y no se diga para la competencia presidencial de 2024.
Es tal la necesidad de la alianza que estaría por encima de errores y pleitos de los dirigentes.
Ni Alejandro, ni Marko ni Jesús son dueños de sus partidos. Los partidos no pertenecen solo a un hombre o a una mujer, hay mucha gente valiosa en cada instituto como soporte principal.
Por lo pronto, está a la vista que la tercia no le apuesta al rompimiento. Hasta ahora no es parte del discurso priísta y respeta la suspensión decretada por los otros dos. El panista y el perredista optaron por la suspensión, aun cuando tenían razones para tomar una medida más drástica.
Lo que tienen en contra los tres es el reloj electoral, por lo que estarían obligados a una pronta negociación.

En el Estado de México se verá el alcance de la alianza “Va por México” y lo que puede esperar para elección presidencial en el 2024.
No es tan sencillo sumar voluntades y menos cuando cada uno de los partidos cree tener la mejor propuesta para ganar el proceso y evitar que Morena conquiste la entidad que más electores tiene en el país (12 millones).
Todo indica que Movimiento Ciudadano (MC), partido al que no le gustan las malas compañías, no se sumará a la alianza porque considera que su senador Juan Zepeda es el mejor posicionado para ganar la mayoría de los votos, basado en el porcentaje que alcanzó en la competencia de 2017 y sus actuales estimaciones.
Hace casi seis años, con la camiseta del Partido de la Revolución Democrática, Zepeda ocupó el tercer lugar con el 17.84 % de los votos, por debajo de Defina Gómez que llegó a 30.78 % y Alfredo del Mazo, actual gobernador, con 32.4 %.
Como se observa en los porcentajes, Delfina lo superó por más de 10 puntos y en esa ocasión Zepeda era perredista. Si bien el candidato es clave para ganar el proceso, sería un error ignorar que cada partido tiene lo que se llama “voto duro”, seguidores leales, en las buenas y malas, que no se van a ir en automático con quien decidió incorporarse a otra fuerza política, como sería el caso de quien ahora trae puesta la camiseta naranja.
Además, lo dice y lo repite, MC prefiere competir solo que mal acompañado, sobre todo cuando por su cuenta ha conseguido importantes triunfos en los estados de Nuevo León y Jalisco. Nada más que no se debe perder de vista que la alianza, para cualquier competidor idóneo, significa incrementar las posibilidades de lograr mejor resultado o ganar el proceso. Está probado.
Si decide ir solo en el Edomex, sería clara señal de lo que haría el partido de Dante Delgado para 2024, no se va a juntar con la triada PRI-PAN-PRD. Apostaría a encontrar o nominar el candidato más popular dentro de sus filas, al que esté más en el ánimo de la población, según encuestas.
Sin embargo, de no ganar Edomex con Zepeda el próximo año, Dante podría reconsiderar lo que haría MC en 2024, aunque no dejaría de tomar en cuenta el desgaste de sus potenciales aliados.
Por lo pronto, para el 2023, Morena está convertido en el partido a vencer, de otra manera no se entendería la preocupación y empeño de los adversarios por cuajar la alianza.
Cierto que el PRI ganó la pasada elección con Alfredo Del Mazo y supondría que con un buen candidato o candidata podría repetir. La diferencia está en que ya no contaría con el apoyo de la presidencia que era ocupada por el mexiquense Enrique Peña Nieto.
Las condiciones han cambiado. Por eso el PAN y PRD tendrían derecho a pedir que su respectivo candidato abandere la alianza. No estarían convencidos de que el PRI es mano por el hecho de que gobierna del Mazo.
Primero deberán ponerse de acuerdo en el nombre del candidato. Si se guían por las encuestas, las propuestas del Revolucionario Institucional y Acción Nacional estarían en cerrada disputa por la nominación.
Lo que se ve lejano y hasta imposible es que decline el candidato de MC y se sume a la tríada.
Igual, tampoco se mira factible que la tríada resuelva sumarse a la candidatura de Juan Zepeda.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se olvidó de formar cuadros y ahora le sobran dedos de las manos para contar o citar nombres de posibles sucesores de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”.
Por la carga negativa que trae el dirigente a consecuencia de los audios que ha exhibido la gobernadora de Campeche Layda Sansores y por la decadencia del partido al que ya solo le quedan las gubernaturas del estado de México y Coahuila, sus propios compañeros, en particular ex líderes del institucional, le han pedido que deje el cargo.
Ninguno ha mencionado quién o quiénes lo pueden relevar. Tampoco por iniciativa nadie ha levantado la mano para que lo tomen en cuenta de esa manera o participe en el proceso interno de elección que por tiempos y estatutos se realizaría el año entrante.
Moreno Cárdenas concluye su periodo de cuatro años en agosto de 2023. No tiene planeado irse antes, lo ha dicho en todos los tonos. También conserva su aspiración a competir por la presidencia en 2024.
El senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es otro de los que ha solicitado, sin éxito, la renuncia del chiapaneco. Quiere cambios en la dirigencia e incluso ha considerado la posibilidad de recurrir a tribunales electorales para que se revise y resuelva este caso que tiene al tricolor en caída libre.
Lo que de antemano dejó en claro es que él no estaría interesado en convertirse en el nuevo presidente priísta.
O sea que no hay nadie que quiera entrarle a la rifa de ese “tigre”, al menos nadie lo ha dicho públicamente, mucho menos hay lista de prospectos o aspirantes para relevar a Moreno.
Si “Alito” se fuera antes de concluir su periodo, tendría que nombrarse un interino que convocaría a elección. Quizás aquí no habría mayor problema porque la responsabilidad sería corta. Un ex dirigente o ex gobernador podría hacer la transición.
El punto medular es quién va a tomar las riendas para hacer frente al proceso electoral de 2024, cuando no solo se va a elegir presidente de la República, sino también se renovarán el Senado y la Cámara de Diputados, además de ocho gubernaturas.
Después de distintos sondeos con cuadros del partido, con mucha dificultad aparecieron nombres y los que se repiten algunas veces son: Alejandro Murat, Rubén Moreira y Carolina Viggiano.
Alejandro Murat, 47 años de edad, termina su sexenio en Oaxaca el último día de noviembre. Si bien es hijo del influyente José Murat, está a la vista que tiene su propia carrera y sus amistades. Uno de los gobernadores que más empatía ha tenido con el presidente de la República.
El diputado Rubén Moreira, 59 años de edad, maestro en Gobernanza y Derechos Humanos, ha sido gobernador de Coahuila, ahora coordinador de la bancada parlamentaria de su partido y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Carolina Viggiano, actual secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es abogada por la Universidad de Hidalgo, maestra en Gobernanza y Comunicación Política por la Universidad de George Washington. Fue enlace con la sociedad civil en la campaña de Peña Nieto. Compitió sin éxito por la gubernatura de Hidalgo.
Hay un cuarto nombre, que tiene ganado el respeto dentro y fuera de su partido, la senadora Beatriz Paredes, nada más que ella ya tuvo su etapa como presidenta del Revolucionario Institucional.
Es evidente que no hay fila para entrarle a la rifa del tigre tricolor.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha gobernado toda su vida los estados de México y Coahuila, más de nueve décadas, lo último que le queda de las 32 entidades que alguna vez tuvo bajo su control, sin sombra de la oposición.
Tiene un pedacito de Durango y otro tanto de Aguascalientes, porque aliados con el PAN y PRD, evitaron que el pasado 5 de junio cayeran en manos de Morena. Eran panistas los que gobernaban las dos entidades, así que esta vez, alcanzó una tercera parte del poder estatal en las administraciones que vienen.
Para el próximo año Edomex y Coahuila estarán en diputa. El partido en el poder va por los dos, sobre todo por el estado de México, que tiene el mayor número de electores en nuestro país, alrededor de 12 millones de ciudadanos con credencial del INE, de ahí su importancia con miras al 2024.
Se ha desfondado el tricolor, va en caída libre, sin paracaídas, sin una estrategia que le permita revertir la tendencia adversa. Carga con el desgaste de la dirigencia nacional que, de no relevarla pronto, podría convertirse en bomba de tiempo para la propia existencia del partido y en lo inmediato estaría en riesgo mantener lo que todavía le queda.
En el estado de México va abajo en las encuestas. Morena tiene entre sus aspirantes a Delfina Gómez, Higinio Martínez y Horacio Duarte, los tres con significativa presencia estatal, sobre todo la primera. La alianza PAN-PRI-PRD consideraría la candidatura de Ana Lilia Herrera. Movimiento Ciudadano, que a todas quiere ir solo, propondría a Juan Zepeda.
La alarma está encendida en el tricolor. El famoso grupo Atlacomulco que partió el queso político mexiquense por muchos años, nada más conserva la fama, ya no tendría la fuerza para garantizar el éxito en 2023.
En Coahuila las encuestas hablan de empate, con ligera ventaja para el Revolucionario Institucional. El actual gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís no se ha visto envuelto en escándalos como sus antecesores, lo que ayudaría a las aspiraciones de su partido.
De cualquier manera, no la tiene fácil, por eso el empate en los números, no hay nada definido.
La triada PAN-PRI-PRD deberá de escoger candidato entre el priísta Manolo Jiménez o el panista Guillermo Anaya.
Morena tiene en su lista de competidores al subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía y al senador Armando Guadiana. La responsabilidad que ahora tiene le ha servido a Mejía para promoverse, mucho más que la difusión alcanzada por Guadiana como legislador.
Para ambos bandos, las elecciones en los estados de Coahuila y México, serían determinantes para lo que viene en 2024. De ganar la triada las dos entidades, avivaría su esperanza de recuperar la presidencia. Si las pierde, tendría que irse despidiendo de nueva alternancia en el poder.
Hay otro aspecto que no se puede dejar de mencionar, los conflictos internos de los partidos. Ninguno está exento. El que los resuelva o sepa sobrellevar, tendrá una ventaja más en la competencia.
En el caso particular del PRI, perder Edomex y Coahuila sepultaría su historia de partido hegemónico.

Cuando el PRI perdió la presidencia de la República en el 2000 se llegó a pensar que estaba cerca su fin, porque ya no tendría el tradicional líder que desde la residencia oficial de Los Pinos guiaba los pasos del partido en el poder.
¿Ahora quién va a mandar y organizar la elección del próximo candidato presidencial? ¿Qué va a pasar con los gobernadores de extracción priísta y cómo se van a coordinar? ¿Qué va a suceder con las dirigencias estatales y los órganos de dirección nacional del propio partido?
Existía temor de una desbandada militante al ver el fracaso de la cúpula partidista, miedo hasta de perder el registro.
Nada de eso sucedió, encontró la forma de sobrevivir y recobró el poder presidencial en 12 años. Supo reorganizarse, elegir candidato y aprovechar errores del grupo gobernante en turno.
Lo que no midieron sus líderes es que, si volvían con los mismos vicios, la sociedad no los perdonaría. Sufrieron la peor derrota de su historia en el 2018. Se hicieron chiquitos y la tendencia no ha parado. Menos diputados, menos senadores, menos alcaldes. Cada vez menos gubernaturas y en el 2023 podrían quedarse sin ninguna, porque no han podido ofrecer nueva opción o nueva cara, persisten los defectos.
El deterioro se ha acentuado con escándalos de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, exhibido por audios difundidos por la gobernadora campechana Layda Sansores (Morena), hija de Carlos Sansores Pérez (QEPD) quien también fuera gobernador y presidente del PRI.
Hay quien cree que ”Alito” puede poner en riesgo la triada partidista. Lo más probable es que se mantenga la alianza, porque tampoco los otros dos partidos (PAN-PRD) se caracterizan por cuadros perfectos.
Contra todo pronóstico fatalista, que anticipa su muerte o que lo ve agónico, existe un hecho irrefutable, su militancia. Puede ser, como lo ha revelado Francisco Labastida Ochoa, que muchos prefirieron votar por la opción que ahora gobierna cuando vieron que su partido había postulado a José Antonio Meade, distanciado de las bases y del priísmo en general. De cualquier manera, en 2018, el partido, solo, sin los votos de los aliados, sumó siete millones 677 mil 180 sufragios (13.56 %). Lejos de correr el riesgo de perder el registro.
Los partidos aliados aportaron apenas alrededor de 2 millones de votos más, para superar los nueve. La mayoría habían sido votos de militantes y simpatizantes priístas leales.
Ese llamado también “voto duro” no se va ir de la organización tricolor porque sigue creyendo en sus postulados y espera que tarde o temprano, las riendas del partido sean tomadas por perfiles dispuestos a servir y no servirse, que los hay, como en todo instituto político.
La lealtad de esa militancia ha pasado todas las pruebas, sinsabores y desatinos de sus líderes. Merece tener un mejor partido, más competitivo, no supeditado a una tríada.
Es militancia que ha demostrado que representa la columna vertebral, con la fuerza necesaria para evitar que el PRI muera de inanición. Ahí va a seguir, aunque se pierdan todas las gubernaturas.
Cuando la cúpula harte y agote la paciencia de las bases, entonces sí, díganle adiós al tricolor.

Hasta ahora solo Morena ha dejado en claro que la nominación de su candidato presidencial la va a resolver a través de encuestas, como ya lo ha hecho para elecciones de gobernador en diversos estados y para elegir al dirigente nacional del partido.
Ningún otro instituto político se ha pronunciado en ese sentido, aunque no significa que vayan a ignorar sondeos, sobre todo si son elaborados por empresas serias y profesionales.
Al partido en el poder le ha funcionado el mecanismo de las encuestas, cada vez tiene mayor número de gubernaturas y va por más el próximo domingo 5 de junio. No en todos los casos ha salido triunfador.
Los partidos pequeños prefieren sumarse a la alianza que creen que les puede dar más ganancias, más posiciones legislativas o cargos en el poder Ejecutivo. No les importa si van contra su propia ideología.
El Instituto Nacional Electoral (INE) coordinó y seleccionó a las empresas que realizaron las encuestas para definir quien sería el nuevo líder de Morena. Los morenistas, ante la desconfianza y falta de acuerdos internos, optaron por recurrir al instituto.
Hubo dos rondas de encuestas, la pelea estuvo entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. En la primera, el proceso fue muy competido, los porcentajes muy cerrados que hubo necesidad de hacer otra.
En la segunda, Delgado despejó las dudas al abrir la diferencia entre los dos candidatos. Porfirio nunca quedó conforme y defendió la ligera ventaja que había logrado en la primera vuelta.
Hay que observar que Porfirio, a pesar de su enojo, nunca criticó el trabajo de las encuestadoras. No las cuestionó ni las exhibió y mucho menos las acusó de parcialidad o fallas en su método. En otras palabras, estaba implícito que reconocía y aceptaba su trabajo.
Si bien Ricardo Monreal desde el principio ha dejado en claro su rechazo a las encuestas, no pasó de largo su opinión de que estaría de acuerdo si las organiza el INE.
Sin embargo, para nadie es un secreto el distanciamiento que existe entre consejeros del instituto y el grupo gobernante. Se han enconado sus diferencias y se ha llegado al punto de que la propuesta del Ejecutivo en materia electoral plantea la desaparición del INE.
Sin embargo, Morena podría considerar a las empresas encuestadoras contratadas para el proceso interno de elección de su líder nacional, porque demostraron su desempeño serio y profesional. Quizás hasta Monreal las aceptaría y estaría dispuesto a participar.
También no se debe perder de vista las encuestas que realizan algunos medios de comunicación, que sin duda cuidan su prestigio y credibilidad. Son referencia para la competencia de 2024.
Difícilmente quienes van abajo en los porcentajes, sobre todo en las encuestas que manejan El Universal y Reforma, tendrían posibilidades reales de alcanzar alguna de las candidaturas. La oposición (PAN, PRI y PRD) no apostaría por ninguno de los rezagados.
¿Por qué la persistencia de los que van abajo para seguir en el juego? Para ver qué posiciones pueden amarrar para el siguiente sexenio. Es lo que buscan, aunque no lo digan.
En el caso de encuestas realizadas por medios, llama la atención que incluyan a personajes que parecen metidos con calzador, por presuntos extraños intereses que se dan en batallas por el poder.
De cualquier manera, la conclusión es que en México sí hay encuestadoras prestigiadas y respetadas, en la que se podría confiar para decidir quien debe ser el candidato o la candidata presidencial.

La práctica del “tapado” en la elección del candidato presidencial se remonta a la etapa del porfirismo y se perfecciona a partir del nacimiento del Partido Revolucionario Institucional, con reglas no escritas que se respetaban al pie de la letra, como aquella atribuida al dirigente obrero cetemista Fidel Velázquez “el que se mueve no sale en la foto”.
Nadie se movía, al menos públicamente. Los que llegaron a moverse se quedaron en el camino, sin posibilidades de volver a competir. Fue el caso de Mario Moya Palencia, quien fuera secretario de Gobernación. Estaba tan entusiasmado y acelerado por sus seguidores que ya hasta tenía pancartas y carteles que lo proclamaban como aspirante para la competencia presidencial.
Cuando el partido decidió dejar atrás el mecanismo tradicional, se le complicó el proceso y el resultado de la elección constitucional. Llevó a cabo lo que sería una contienda interna con seis priístas que expondrían de manera directa sus propuestas a la militancia. Terminó en simulación porque al final decidió el presidente en turno, como marcaba el ritual partidista. Tuvo que resolver de última hora confusiones provocadas por inconformes. Alfredo del Mazo González soltó el nombre del entonces procurador Sergio García Ramírez cuando el “dedo” presidencial había señalado a Carlos Salinas.
También Manuel Bartlett, quien estaba en la Secretaría de Gobernación y en esa calidad era presidente de la Comisión Federal Electoral, responsable de organizar las elecciones, no ocultó su malestar. Creció el conflicto poselectoral y todavía hay muchos que dudan del resultado. No se olvida la “caída” del sistema cuando las cifras empezaban a favorecer al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
La práctica del “dedazo” y el “tapado”, como alguna vez los describió Roberto Casillas en su libro “La Decisión Presidencial (1983), quien fuera secretario particular de José López Portillo, la resolvía un solo hombre después de que su criterio era amoldado y regulado por distintas voces, hasta convencerse de que escogía al correcto.
Salinas optó por Luis Donaldo Colosio. Al ser asesinado el sonorense, desde Los Pinos se decidió que el sustituto sería Ernesto Zedillo, quien durante su gobierno marcó la sana distancia con su partido.
Con Zedillo en la presidencia, la siguiente candidatura le fue entregada a Francisco Labastida, quien perdió con Vicente Fox.
Fox no pudo imponer como su candidato a Santiago Creel. El proceso interno lo ganó Felipe Calderón. Y Calderón tampoco pudo lograr que el candidato fuera Ernesto Cordero, quien perdió la elección interna con Josefina Vázquez Mota.
Enrique Peña Nieto se olvidó del método tradicional descrito por Casillas e impulsó a José Antonio Meade, desvinculado del priísmo.
Andrés Manuel López Obrador no tuvo competencia para convertirse en candidato de Morena en 2018.
Para el 2024, los dirigentes del partido en el poder han dicho que el candidato se elegirá por encuesta. Los aspirantes están a la vista y sigue abierto el periodo de inscripción, así que una vez que se aproxime la fecha, no hay que descartar sorpresas en la lista de interesados.

Dante Delgado, dirigente del partido Movimiento Ciudadano (MC), se ha quedado callado ante la detención de Jaime Rodríguez “El Bronco” en Monterrey. No ha celebrado la captura del ex gobernador de Nuevo León como lo ha hecho su compañero y actual mandatario Samuel García.
Al margen de las imputaciones que le hacen, sobre si es o no culpable, quizás Dante percibe un hedor vengativo que lo llevaría a recordar lo que le sucedió en 1996, cuando fue llevado a prisión en Veracruz, acusado de haber dañado el patrimonio de su estado.
Lo tuvieron encerrado casi año y medio. Demostró su inocencia y le ganó al Estado demanda por daño moral. Fue a dar a la cárcel, él mismo lo ha dicho, por confrontar a Ernesto Zedillo, cuando era presidente de México.
En contraste con la detención de “El Bronco”, no hay registro de que hace 26 años se hayan burlado o hecho escarnio de Dante, no fue fotografiado para exhibirlo y pisotear su dignidad.
Nada que ver con el espectáculo que se montó en Monterrey, el llamado a los medios para hacerlos testigos del operativo policial, del ingreso al reclusorio y la revisión como interno. Las fotos distribuidas y difundidas con inusual rapidez, sin importar la presunción de inocencia.
Seguro Dante advierte que, en el mediano y largo plazo, el episodio puede traer consecuencias, no solo para Samuel García, sino para su MC, en sus planes de ganar más posiciones estatales y competir por la presidencia de la República en el 2024.
Ha sido evidente el empeño de Dante Delgado por darle una imagen distinta a su partido, por apartarlo de viejas prácticas y de compañías tóxicas. No dudó en bajar de una posible candidatura de MC para Quintana Roo al actor Roberto Palazuelos, llamado “Diamante Negro”, cuando el aspirante reveló en entrevista periodística participación en balaceras y cercanía con personajes sospechosos de tener vínculos con la delincuencia.
También ha preferido la participación de su partido sin alianzas en los procesos electorales, para no cargar con el desgate y descrédito que sufren algunas organizaciones políticas. Rechazó el llamado de la tríada formada por el PRI, PAN y PRD.
Igual ha sido crítico con el actual gobierno, como consta en cartas públicas que le ha escrito al presidente, con la intención de que sus observaciones sean tomadas en cuenta.
Más recientemente, presidió la comisión especial que se formó en el Senado para investigar violaciones a derechos humanos en el estado de Veracruz, a raíz de la detención de José Manuel del Río Virgen, ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de dicha cámara.
No ha dejado de considerar injusto el caso de su compañero, porque para él, José Manuel es inocente de la acusación que le hacen de homicidio. Se mantiene atento del proceso penal.
Por todo esto, Dante Delgado no ha lanzado fuegos artificiales para celebrar la captura del “El Bronco”, acusado de supuestos delitos electorales y desvío de recursos. Tampoco ha felicitado de manera pública al actual gobernador Samuel García.
Optó por la discreción, consciente de que el espectáculo regio puede resultar caro para las aspiraciones de Movimiento Ciudadano.

La Ciudad de México se ha conservado como la Ciudad de los Palacios y ahora uno de ellos se ha puesto en venta.
Se trata del Palacio de Iturbide, construido en la calle de Madero, en el Centro Histórico, hace más de 200 años.
Está en venta porque entra dentro del paquete bancario que el grupo financiero Citi ha ofrecido al público. Inmueble histórico que fuera residencia del emperador Agustín de Iturbide.
La casona no tiene precio, forma parte del patrimonio cultural de dicha institución desde que lo adquirió Banamex.
Han dicho los dueños que quien compre el banco, también se quedará con el Palacio de Iturbide, que en estos años ha sido utilizado como espacio para exposiciones y actividades artísticas.
Fue centro de la vida política y social de nuestro país, sobre todo durante los dos años que la habitó el emperador. Ahí se reunía la crema y nata de la sociedad del siglo XVIII.
Cuando el palacio fue vendido por primera vez, el nuevo dueño lo convirtió en el hotel más lujoso de la Ciudad de México.
También ha sito utilizado como plaza comercial, oficina de gobierno, vecindad, cuartel militar, casa de modas y hasta establo para guardar ganado.
Por descuido y falta de mantenimiento, el Palacio de Iturbide estuvo a punto de la ruina, con paredes y techos en riesgo de caerse.
En la actualidad, luce impecable, es parte de la historia de México. Ha dicho el canciller Marcelo Ebrard que el acervo cultural del banco, que también incluye otros inmuebles y obras pictóricas, debe de formar parte del patrimonio nacional.

 

Jaime Cárdenas Gracia es un abogado experto en materia electoral que despuntó en la política como integrante del Consejo General del Instituto Federal Electoral cuando este órgano ciudadano era encabezado por José Woldenberg.

Se caracterizó por ser un consejero electoral crítico, que regularmente disentía de los acuerdos de la mayoría de sus compañeros. Fue la piedra en el zapato de quien entonces presidía el instituto, pero nunca llegó a poner en jaque a la institución.

Un abogado que no se apartó de la letra de la ley y desde la trinchera legal defendió sus puntos de vista.

Terminada su función en el IFE, empezó a buscar un espacio en el poder legislativo.

Platicó con Emilio González (papá) con la finalidad de que le diera la oportunidad de convertirse en candidato por el Partido Verde Ecologista de México. No tuvo éxito y siguió su peregrinar por las oficinas partidistas. Los perredistas lo nominaron.

Ahora es el principal abogado del Movimiento Progresista. Se trata de un profesional serio, conocedor, experto. Domina los instrumentos jurídicos. Hará una buena defensa de su caso. Lo que no puede hacer es inventar pruebas.

Como abogado ha perdido y ganado. No recuerdo haberlo visto alardear cuando la razón ha estado de su lado. Tampoco lo he visto desbarrar cuando el fallo ha sido desfavorable.

Es una gente sensata y seguramente estará a la altura del momento político que vive el país. No entra en sus planes acabar con las instituciones. Es respetuoso y maduro.