INE

Lorenzo Córdova Vianello no va a llegar como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) a las elecciones del 2024, por la sencilla razón de que su periodo de nueve años termina en abril de 2023, pero podría irse antes si la nueva reforma electoral, que ya está en la “cocina”, acuerda renovar por completo el Consejo General del organismo.
Incluso, los cuatro consejeros, que apenas van por su primer año, se irían, para evitar suspicacias y sospechas, para que no digan que hay preferencias o acciones dirigidas. Se tendrían que ir todos. Hasta ahora ninguno de ellos ha renunciado a ganar más que el titular del poder Ejecutivo, una de las principales banderas del actual gobierno dirigida a los servidores públicos. Ni los que ya estaban ni el cuarteto de reciente ingreso.
De cualquier manera, es un hecho que Lorenzo no estará en el INE para las elecciones presidenciales del 24. Los diputados tendrán que elegir nuevo presidente o presidenta.
Sería presidenta, para estar acorde con lo que establece la Constitución en materia de paridad de género. En su larga existencia, ninguna mujer ha presidido el Consejo General del INE, en contraste con lo que ha sucedido en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Carmen Alanis y Janine Otálora son ejemplo.
El que llegue o no una mujer al INE depende de los diputados. Estarían obligados a respetar el mandato constitucional. Tendría que ser producto del consenso de las diversas fuerzas políticas.
Sin duda, la forma en que se eligió a dos consejeros y dos consejeras el año pasado es buena señal sobre la viabilidad del consenso. La cuarteta fue aceptada prácticamente por todos los legisladores, con excepciones que en las democracias no faltan.
Morena es el partido más insistente en la reforma electoral. Su diputado Sergio Gutiérrez Luna se ha adelantado con la propuesta que busca austeridad y eficiencia, sin minar capacidad de organizador de elecciones que le corresponde al INE.
Primero tendrían que modificar las leyes electorales para después pasar a la selección de consejeros. Hay temas que se han vuelto clamor de la sociedad, como el ajuste al exceso de spots y la reducción al financiamiento público de los partidos.
Establecer en la ley que los consejeros electorales ganen menos que el presidente de la República.
Tendrá que ser una reforma sustancial y quirúrgica. Sería grave error pretender tirar a la basura lo que ha funcionado. Ha cumplido el personal del INE como organizador de elecciones. Lo mismo se puede decir de los ciudadanos y ciudadanas que han participado como funcionarios y funcionarias de casilla. La credencial de elector es respetada y deseada. El padrón es confiable bajo la vigilancia de los partidos. Cada vez hay más rigor en la fiscalización del dinero público.
En materia de estrategia de medios, habría que buscar darle más participación a cada uno de los consejeros electorales, porque parece que nada más existe el presidente.
Definir con precisión facultades del INE y del TEPJF para que no actúen como si fueran parte del poder legislativo o despierten sospechas al emitir acuerdos y resoluciones.
Las reglas para las candidaturas independientes deben de cambiar, ser más flexibles, si de verdad se quiere alentar esta figura.
Interminable la lista de afinaciones que requieren los organismos electorales. Pronto veremos hasta que punto los legisladores están dispuestos a lograr el consenso para mejorar la normatividad.

Querían amarrar el nombramiento de 11 presidentas de Organismos Públicos Locales electorales, conocidos como OPLES, pero el Consejo General del INE solo aprobó dos.
A más tardar en octubre, los OPLES de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Edomex, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas deberán tener nueva presidenta o presidente.
De las 16 entidades, la propuesta era que en 11 solo mujeres compitieran por el puesto, para equilibrar la paridad en el país en este tipo de organismos.
En la actualidad 18 están presididos por hombres, 14 por mujeres. Con la próxima renovación, se buscaba revertir la mayoría: 17 presidentas y 15 presidentes.
Consejeros y consejeras del INE están de acuerdo que se tiene que avanzar en la paridad de género y cumplir con el mandato constitucional, nada más que sin excluir en los procesos de selección a ninguno de los dos géneros, salvo en los organismos donde haya marcada desigualdad, como en los casos de Tabasco y San Luis Potosí.
En esos dos estados, por acuerdo unánime de consejeras y consejeros, nada más van a participar mujeres, así que prácticamente es un hecho que ahí habrá presidentas de OPLES.
Para las demás presidencias que estarán en juego, la convocatoria será abierta para hombres y mujeres.
Sin embargo, todavía no canten victoria los hombres, porque una vez que todas y todos los inscritos hagan sus exámenes de conocimientos generales, ensayos y entrevistas, los consejeros del INE tendrán muy presente el criterio de paridad, sin descuidar perfil, capacidad y experiencia de quienes vayan a recibir el nombramiento.
Hay que recordar que cuando el INE estableció reglas para la elección de 15 gubernaturas en este año, determinó que en siete estados, los partidos tenían que postular a mujeres.
Algo similar quería hacer la Comisión de Vinculación de Organismos Públicos Locales del INE. La propuesta se atoró en el pleno del Consejo General del instituto.
Por las fórmulas mixtas votaron a favor Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Claudia Zavala, Uuc-Kib Espadas, Adriana Fabela y Jaime Rivera.
El tema ha dividido la opinión de consejeros en el INE, porque Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey, Dania Ravel, Roberto Ruiz y Martín Faz son partidarios de que la paridad de género avance mucho más rápido, para terminar con el ancestral desequilibrio.
La participación de la mujer progresa en todos los ámbitos. En el mundo, entre gobernantes, es emblemática la canciller alemán Angela Merkel. Admirada por su capacidad y experiencia. También está la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. En México la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es Dulce María Sauri Riancho. Blanca Lilia Ibarra preside el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales. Claudia Sheinbaum es jefa de gobierno de una de las ciudades más grandes del planeta. Claudia Pavlovich gobierna Sonora.
Por lo que se refiere a los OPLES, la mayoría en el Consejo General del INE ha decidido ir paso a pasito.

Prácticamente la normatividad para las candidaturas independientes se ha vuelto letra muerta, cada vez son menos los que quieren competir por su cuenta y en condiciones desventajosas ante las nominaciones o postulaciones que hacen los partidos.
No hay ninguna candidatura independiente que esté buscando la gubernatura en alguno de los 15 estados que el seis de junio deberán de renovar el titular del poder ejecutivo. Y si hubiera alguna, para los medios de comunicaciones no ha existido.
Caso similar es el de las candidaturas independientes para la Cámara de Diputados. Si las hay, sobran dedos de las manos para contarlas. Tampoco es tema mediático. Esta forma de competencia a nadie parece importar, por la serie de requisitos que se deben cumplir. Es mucho más fácil participar a través de un partido que hacerlo en lo individual, estresado en recabar firmas o apoyos en un plazo determinado.
Eso sí, sujeto a todas las verificaciones y fiscalizaciones de los organismos electorales.
Algo tendrán que hacer los legisladores para que esta forma de participación no termine en el bote de basura.
Ni siquiera el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha esmerado en hacer una amplia difusión de la convocatoria, la invitación para que ciudadanos o ciudadanas participen mediante dicho mecanismo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Hay 20 páginas en la ley dedicadas a las candidaturas independientes que seguramente deben de abrumar a los aspirantes. Después de leerlas y ver los requisitos que exigen, es probable que hasta piensen que es preferible intentar la construcción de un partido.
En esas condiciones, cuando la competencia se ha concentrado en dos alianzas de partidos, conocidos de pies a cabeza, sus fortalezas y debilidades, la sociedad ve reducida sus opciones: más de lo mismo o más de lo mismo. Es un hecho, está a la vista, que las actuales organizaciones con registro, no se han esmerado por renovar sus cuadros.
Los partidos de reciente registro, tampoco han conseguido ser la gran alternativa. Están ocupados y preocupados por alcanzar el tres por ciento de la votación total emitida, para no quedar fuera del presupuesto.
Se suponía que los independientes podrían ser la opción. El detalle es que no hay independientes y las reglas no están hechas para que proliferen. Por el contrario, pareciera que fueron elaboradas por los partidos para desalentar ese tipo de participación.
Si progresa la idea legislativa de llevar a cabo una nueva reforma electoral, el “Libro Séptimo” de la ley también tendría que ser revisado. Encontrar el mecanismo que destrabe el surgimiento de candidaturas independientes. La sociedad tiene derecho a esta opción cuando de plano no le convence ninguna oferta partidista.
Habría que empezar por el artículo 371 de la ley electoral federal que especifica el porcentaje de firmas que se deben recabar para poder aspirar a una candidatura independiente.
En las legislaturas de los estados es evidente que también es una tarea que se ha desatendido y requiere ser revisada.

Por la pandemia, para los partidos políticos va a ser complicado gastarse hasta el último peso y centavo del financiamiento público en materia de campañas. Los tiempos y condiciones son distintos, las medidas sanitarias obligan a reducir actos masivos y servicios, como contratación de sillas, equipo de sonido, lonas y propaganda personalizada.
En la nueva realidad, ningún candidato de los más de 20 mil puestos en disputa en el país, podrá utilizar el dinero como se hacía en procesos anteriores a la aparición del Covid-19.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de diciembre de 2020, la bolsa global de los partidos para gastos de campaña asciende a un billón 575 millones, 285 mil 638 pesos. Será interesante al final de la competencia ver quién gastó todo lo recibido y en qué servicios o acciones de propaganda.
En cifras redondas, Morena podrá disponer de 490 millones de pesos. El PAN, 269 millones. El PRI, 254 millones. PRD, 124 millones. PVEM, 118 millones. Movimiento Ciudadano, 114 millones. PT, 108 millones. Y los partidos de reciente creación, PES, RSP y FSM, cada uno, 31 millones.
Para política no hay dinero que alcance y menos en tiempos de campaña. Los candidatos siempre se han quejado en ese sentido. Culpan a sus partidos de escamotearles el recurso, aunque cada vez es más difícil por el control que ejerce el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el dinero público.
En esta ocasión, nadie podrá alegar el pago de múltiples actos masivos, alquiler de foros, desayunos, comidas, uso excesivo de luz y agua en oficinas, renta de casas de campaña, adquisición o renta de vehículos y edificios, transporte aéreo y autobuses.
Todo obligadamente limitado, porque primero está la salud de militantes y simpatizantes. A estas alturas, después de ver lo mortífero que ha sido el virus en el mundo y en México, donde rompió por mucho las cifras estimadas por las autoridades, nadie de los organizadores de eventos o candidatos va a querer exponer a sus potenciales votantes.
Sería irresponsable llevar a cabo mítines en los la gente esté codo con codo y sin cubrebocas. Por la salud de la población, indispensable que prevalezca la sana distancia.
Los partidos y candidatos tendrán que apoyarse sobre todo en sus creativos, en sus diseñadores de estrategias, para hacer llegar el mensaje a los electores, sin ponerlos en riesgo.
Disponen, gratis, porque así lo establece la ley electoral, de millones de spots en radio y televisión.
El INE tendrá que estar prevenido ante cualquier eventualidad, tomar medidas para proteger a funcionarios de casilla y votantes.
Se espera que para el 6 de junio la mayoría de la gente ya esté vacunada y Covid-19 bajo control, pero no perder de vista que el virus no tiene palabra y sí en cambio capacidad de mutar.
Por las circunstancias expuestas, los partidos deberán de terminar el proceso electoral con obligados ahorros, salvo que hagan magia para gastarse hasta el último centavo del financiamiento público en las campañas.

Hay dos partidos políticos de reciente creación que hacen su esfuerzo por llevar nuevas caras a las elecciones de junio. Idearon plataforma digital para inscribir a quienes quieren una candidatura.
Se trata de Redes Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario (PES), con el reto de obtener, mínimo, el 3 % de la votación emitida para poder conservar su registro como partido nacional.
En contraste con partidos más antiguos que siguen empecinados en nominar las mismas caras, a pesar del desgaste y descrédito, RSP y PES exploran darle vida a lo que llaman candidaturas ciudadanas.
Sumar a gente que no tiene militancia y animarla a competir en las elecciones del 6 de junio. Mecanismo novedoso en México, inscribirse de manera digital y voluntaria. Sumar a los que nunca han sido tomados en cuenta, no han encontrado el camino para competir o de plano, hasta ahora, no han querido participar.
Fórmula atractiva. El éxito depende, por un lado, de la capacidad de convocatoria del partido, lo que representa y ofrece. Por el otro, la disposición e interés del ciudadano, que deberá de tener claro que la simple inscripción no garantiza un lugar en la Cámara de Diputados u otro cargo de representación popular.
Se van a disputar en el país 21 mil 368 posiciones políticas. Será difícil para los nuevos partidos satisfacer la demanda de candidaturas. Quizás ese número también explique el uso de la herramienta digital por atraer ciudadanos, cuando no se tiene presencia como se quisiera, en todos los estados de nuestro país.
En el caso de RSP hay otro elemento que contrasta con lo que hacen la mayoría de los partidos. Su dirigente Fernando González no ha utilizado, hasta el momento, la propaganda en radio y televisión para su personal promoción. No se descarta que lo haga más adelante. Siempre será tentador para cualquier líder salir miles de veces en la televisión, a través de los spots que le corresponden por ley y de manera gratuita a su partido.
Lo que le hace falta a Redes es mejor producción de sus mensajes, porque el incluir y destacar la imagen de un semáforo, no lo identifica para nada. No deberá perder de vista que carece de arraigo, es desconocido para la generalidad.
En el caso de Encuentro Solidario, su líder Hugo Eric Flores Cervantes protagoniza los spots de su partido. El mismo se encarga de subrayar la oportunidad que se ofrece a los ciudadanos para participar como candidatos.
Ambas organizaciones no son del todo nuevas. RSP tiene el antecedente directo o indirecto, como se quiera ver, de Nueva Alianza. Quienes constituyeron al PANAL, ahora están al frente de Redes.
PES, en las elecciones de 2018, perdió su registro como Encuentro Social, por eso hoy se llama Encuentro Solidario. Prácticamente nada más hizo cambio de camiseta, la estructura es igual, los mismos cuadros.
Lo que estos dos partidos están explorando es novedoso, una aplicación para atrapar candidatas y candidatos. Contar con nuevas caras. Puede funcionar en una sociedad que ha dado demasiadas muestras de hartazgo hacia figuras que no le cumplieron cuando estuvieron en el poder.

Lo que vamos a ver en los spots de los partidos en este año va a superar lo hecho en competencias electorales anteriores.
Está en juego la mayoría en la Cámara de Diputados. Si Morena no la conserva, puede debilitarse el proyecto de la actual administración. La oposición quiere ganar para hacer contrapeso, para meterle freno a las acciones que cree inoportunas o perjudiciales para el país de la Cuarta Transformación.
Por eso en los anuncios de radio y televisión van a ir con todo lo que encuentren ácido en expedientes, una vez que arranquen formalmente las campañas.
Apenas vemos en una etapa inicial, preparatoria. No será nada comparado con lo que vendrá después. Salpicadero del que muy poco o nadie va a salvarse. Descrédito para muchos, unos más que otros. Esperemos que todavía quede algo para que los electores tengan alternativas convincentes a la hora de ir a las urnas.
Imputaciones, fotografías y videos, principal herramienta de partidos. Grabaciones obtenidas de manera clandestina. Las que ya se han visto se van a reutilizar. Las nuevas pueden llegar a sorprender. Batalla campal. Les sobra material. Además, los principales bandos se conocen perfectamente, han sido compañeros de militancia. Han estado en el mismo partido y con el tiempo han mudado, la mayoría de las veces inconformes con la designación o nominación de candidatos. Hay mucha gente que militó en el PRI y ahora está en Morena, así que saben de lo que son capaces para la competencia electoral. Igual los que abandonaron el equipo perredista y ahora defienden otros colores.
Hubo cambio o intercambio de camisetas, pero los personas en muchos casos siguen siendo los mismos. No han surgido nuevas figuras. Para bien o para mal, trayectorias ampliamente conocidas. Lo más fácil es echarse la culpa de lo pasado y del presente. Los que ahora están en la oposición, seguro ya tienen material para exhibir a lo contrarios. Y quienes están en el partido en el poder, con expedientes de sobra de sus adversarios, el problema es la selección.
El Instituto Nacional Electoral (INE), por más que toque a campana, no va a conseguir que se calmen los ánimos. Tampoco se salvará de acusaciones de favorecer a una de las partes, aunque no sea cierto.
Las mentiras serán un punto delicado, la invención de historias y hasta de grabaciones, porque en la guerra sucia no solo se mancha a los protagonistas, sino también puede lastimarse a familias. Es un tema que quizás deberían considerar los partidos para no caer en extremos de que paguen inocentes. Dudo que se contengan. Lo privado e íntimo se haría público si sirve para sus propósitos electorales, sin ningún rubor. ¿Quién cruzará el pantano sin mancharse el plumaje?
Por lo que se ha visto en los últimos años, en los últimos sexenios, desde el 2000 hasta ahora, para no ir muy lejos, la sociedad ya tiene una opinión de los distintos partidos, conoce sus defectos. Difícil que pueda cambiar de opinión. No se salvará de ver los spots, miles y miles, del 2021.
Por ley, de manera gratuita los spots inundarán todos los canales de televisión y estaciones de radio. El negoció será para los que se dedican a la producción de estos mensajes.
Viene el salpicadero, abunda el lodo.

Para conservar su registro, los tres nuevos partidos requieren, cada uno, alrededor de dos millones de votos en las elecciones del próximo año. La cifra estimativa está redondeada.
La Ley General de Partidos Políticos señala en su artículo 94 que para mantener el registro nacional, cualquier partido, sea nuevo o no, necesita obtener el tres por ciento de la votación válida emitida, en este caso en la elección de diputados federales, porque en el 2021 no hay elecciones ni de senadores ni de presidente de la República.
El número final de votos deberá de ajustarse en su momento a los sufragios efectivos emitidos. El cálculo estaría cercano a la realidad, porque se apoya en lo sucedido en los comicios del 2018.
Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Solidario (PES) y Fuerza Social por México (FSM) tendrán que valerse por si mismos para conseguir el tres por ciento de la votación. El artículo 85 de la citada ley les prohíbe crear frentes, coaliciones o fusiones con otros partidos.
Además, en contraste con otras fuerzas políticas, su financiamiento sería mucho menor. La bolsa para todos supera los 7 mil millones de pesos. Tendrán que hacer uso correcto de cada peso que les corresponda, plenamente justificado. En materia de fiscalización, el Instituto Nacional Electoral (INE), cada vez es más riguroso, estricto como lo marca la norma.
Fernando González, dirigente de RSP tiene la experiencia de su anterior partido Nueva Alianza (PANAL) que en el 2018 perdió su registro. Hugo Eric Flores es líder del PES, antes Encuentro Social, que también en los pasados comicios no pudo conservar el registro.
Fuerza Social por México tiene como cabeza al senador suplente Pedro Haces (Germán Martínez Cázares es el titular), dirigente de la Conferencia Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Va a competir por primera vez. Su organización no es conocida para los electores.
Ninguno de los tres tiene garantizada la conservación del registro. Dependerá de su estrategia mediática y sus candidatos. En el 2018, Panal y Encuentro Social sumaron por separado más de un millón 300 mil votos. Les faltaron 400 mil para continuar con el registro.
Para ellos la meta debería ser obtener más de dos millones de votos. De esa manera, no sufrir y angustiarse cuando el INE haga las sumas finales.
Los otros partidos (Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, MC y PT) no tienen esa preocupación. Los grandes estarán ocupados en lograr el mayor número de posiciones. Los pequeños tendrían la opción de aliarse a cualquiera de los grandes, para seguir en el presupuesto.

La encuesta no es asunto de fe sino un trabajo que tiene metodología. Las empresas serias y responsables la siguen al pie de la letra, para preservar el negocio y su credibilidad.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se esmeró en seleccionar a las encuestadoras que participarían en el proceso de elección del presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Además, se aseguró de que Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado firmaran el escrito de aceptación del resultado de la encuesta. Hasta ahora solo el primero ha externado dudas sobre el proceso, aunque estuvo muy conforme con el resultado de las dos primeras encuestas que lo favorecieron. Por amplio margen, una, casi dos a uno, y mínimo, apenas cinco décimas la segunda.
En ese contexto, sería incongruente y deshonesto que el derrotado desconociera el resultado de la tercera encuesta, cuando ambos aceptaron las reglas de esta manera singular de elegir al presidente de Morena. Error del perdedor si decide despotricar contra el trabajo del INE y las encuestadoras.
La encuesta la que cuenta. Las empresas Parametría, Covarrubias y Asociados y Demotecnia 2.0, las tres elegidas al azar, en sorteo, son las responsables de esa tarea. Podrá o no gustar el resultado, pero es el que arrojará el mecanismo científico.
Ninguna va a exponer su credibilidad, porque lo suyo no es levantarle la mano a uno u a otro, sino solo entregar a la autoridad electoral los porcentajes derivados de las respuestas de quienes sean consultados, porque es lo que garantiza la supervivencia de la empresa.
Si la definición de la elección del nuevo dirigente de Morena fuera a través de la lógica, la ventaja sería para Porfirio Muñoz Ledo, porque tiene más trayectoria y años en la política, es mucho más conocido que su rival. La proyección de Porfirio es nacional e internacional.
Quienes participen en la encuesta, responderán a la pregunta de cuál de los dos debe ser el presidente de Morena y en este punto tendrán que valorar lo que sea más conveniente para el partido.
La finalidad es que la nueva dirigencia acompañe y apoye el plan de la Cuarta Transformación.
En el plazo corto, que tenga la capacidad para seleccionar a candidatos que participarán en los comicios del próximo año. El objetivo es preservar la mayoría en la Cámara de Diputados.
¿Quién de los dos saldrá triunfador?
Quien sea, pasará a la historia en México por ser el primer presidente de partido en el poder, electo por encuesta, resultado del trabajo de empresas encuestadoras.

Ahora si que ni comprando “cachito” para la rifa del 15 de septiembre, la maestra Elba Esther Gordillo va a poder subirse al avión electoral del 2021 como quería. Tendrá nueva oportunidad de buscar el registro de su partido en el 2024 y quizás lo consiga después de aprender del fallido intento.
¿Qué pasó?
Parecía que hasta era mero trámite lograr el registro de Redes Sociales Progresistas, por su antecedente o experiencia en el 2005 al conseguirlo para Nueva Alianza (PANAL), cuando la maestra estaba al frente del sindicato magisterial.
Entonces, como esta vez, su yerno Fernando González, esposo de su hija Maricruz Montelongo, se encargó de operar el proceso a través de la realización de asambleas estatales.
Lo que detectó el Instituto Nacional Electoral (INE) fue que hubo dádivas, dinero y regalos para estimular y premiar la asistencia a las asambleas, financiamiento desconocido e intervención gremial.
Definición de dádiva, según la Real Academia Española:
1. Acción de dar gratuitamente.
2. Cosa que se da gratuitamente.
3. Intentar o pretender cohecho o soborno.
Por supuesto que ni Fernando González ni René Fujiwara, nieto de la maestra, iban a cometer ese error, sabían el precio del pecado. Nada más tenían que seguir los pasos de lo realizado el 2005.
Sin embargo, las circunstancias cambiaron. La maestra Elba Esther ya no es la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que permitió hace 15 años un mayor control en la operación para crear Nueva Alianza (PANAL), que en el 2018 perdió el registró. Entonces no hubo nadie que se atreviera o intentara abortar sus planes.
Con Redes Sociales Progresistas fue distinto, hubo disidencia interna, gente que buscó quitarle la dirección a Fernando González o descarrilar el proyecto por el solo hecho de tener la paternidad de la maestra.
Lo que hizo falta fue extremar cuidados a la hora de realizar asambleas, estar alertas para evitar sorpresas o infiltrados, detectarlos a tiempo, antes de que cometieran cualquier irregularidad.
El INE llevó a cabo entrevistas con asistentes a reuniones que aseguraron haber recibido dinero o que se los ofrecieron, aunque nadie ubicó ni identificó al supuesto benefactor.
Servirá la lección para el 2024, si es que la maestra no desiste en su idea de crear un nuevo partido.

Para las elecciones del próximo año se estima que habrá casi 95 millones de ciudadanos en el listado nominal.
Estarán en juego 21 mil 368 cargos en México, entre ellos 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales y mil 63 diputaciones locales.
Viene el cobro de cuentas por parte de la sociedad a los gobiernos que no han cumplido. Los hechos y no los dichos son los que van a contar, a favor o en contra de candidatos y partidos.
A estas alturas, después de varias experiencias de alternancia, hay ilusos que creen que todavía se puede engañar a la población.
En 1988 el entonces partido en el poder gastó lo inimaginable en su campaña presidencial, la oposición no existió para la mayoría de los medios. A pesar de ello, muchos buscaron y votaron por una oferta diferente. El proceso dejó la duda de si el sistema cayó o calló ante la avalancha de votos a favor del candidato opositor. Incluso, la misma Comisión Federal Electoral (organismo de gobierno encargado de organizar elecciones), que presidía Manuel Bartlett, admitió que no era posible saber con certeza, el día de la jornada electoral, quién había ganado la contienda. El comunicado de la CFE fue minimizado en periódicos, radio y televisión. Optaron por manejar las cifras proporcionadas por el partido gobernante.
En el 2000, ya con un organismo ciudadano (IFE) responsable de la organización de las elecciones, llegó la alternancia al poder con Vicente Fox. El voto de castigo de la sociedad se hizo efectivo. Para entonces la pluralidad en los medios era manifiesta, por ley, todos los partidos y sus candidatos tenían espacio para difundir sus actividades.
Pronto vino el desencanto al incumplir Fox su ofrecimiento de limpiar la administración pública. El resultado de la elección de 2006 se cerró, mínima la diferencia para el ganador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llegó a considerar la anulación del proceso por el involucramiento del mandatario en turno para tratar de favorecer al candidato de su partido. Felipe Calderón tuvo que entrar por la puerta de atrás del recinto legislativo de San Lázaro para rendir protesta como presidente.
En el 2012, regreso del PRI al poder con Enrique Peña Nieto, ante una izquierda desgastada seis años atrás por sus desfiguros y protestas como cerrar Paseo de la Reforma y un calderonismo sin poder controlar la violencia. Se suponía que los priístas habían aprendido la lección, pero no, volvieron a caer en excesos.
La sociedad, harta, optó en el 2018 por el México que le ofreció el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Le dio 30 millones de votos al ganador.
Desafortunadamente, hasta la fecha, ninguno de los gobiernos alternativos ha cumplido. Viene el voto de castigo. Y también la pregunta: ¿Por quién votar en el 2021?

Pareciera increíble, pero a nadie debiera sorprender que ninguno de mil 921 aspirantes a consejeros en 19 estados para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) alcanzó la calificación de 9 en el examen escrito, sobre conocimientos generales y legislación electoral.
La calificación más alta fue de 8.70 y la logró Alberto Michel Banda Espinosa, quien se ha desempeñado como secretario de estudio y cuenta del Tribunal Estatal Electoral con sede en Monterrey.
Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y Nuevo León fueron los estados donde los aspirantes consiguieron mejor promedio.
Están en juego 48 lugares para consejeros electorales de los OPLE.
Todavía el proceso de elección no ha terminado, falta la fase final de las entrevistas que harán consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) que preside Lorenzo Córdova. Al instituto le corresponde decidir quiénes son los ganadores.
En Baja California la plaza vacante es de consejero presidente. Ahí la mejor calificación de los hombres fue de 7.63 y de 7.60 en mujeres.
La Ciudad de México es donde más aspirantes hubo arriba de 8. Por las mujeres: Erika Estrada Ruiz 8.37, Martha Patricia Aguilar Espinosa 8.30, Elisa Robles Palacios 8.17 y Patricia Avendaño Durán 8.30. Por los varones: Alejandro León Valadez 8.73, César Ernesto Ramos Mega 8.67, Marco Antonio Vanegas López 8.57, Arón Baca Nakakawa 8.33, Omar Mariano Palacios Jiménez 8.07, Abdías Olguin Barrera 8.03 y Luis Gerardo Morelos Sánchez 8.03.
El examen se los hizo el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), que es garantía para este tipo de ejercicio, mediante videoconferencia debido a la emergencia sanitaria.
Reprobó el 61 % de los mil 921 candidatos. La calificación más baja fue de 0.93, de un queretano.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico, en su edición más reciente, México en materia educativa está entre los últimos lugares en el mundo, así que no hay razón para sorprenderse que ninguno de casi dos millares de profesionales llegara al 9 de calificación y solo aprobara el 39%.
Claro que en el caso de estos aspirantes a consejeros hay otros factores que suman, como su perfil, su trayectoria, sus propuestas, ensayos y la forma de responder a diversas preguntas.
Ante esta realidad, botón de muestra, la Secretaría de Educación Pública (SEP) debería buscar calidad, desde el nivel básico al superior; aprovechar la enseñanza en línea y redes sociales, e incluso, con inteligencia, través de la misma televisión comercial.
Sería un desperdicio resignarse o concretar el plan a transmitir el ciclo escolar en vez de recurrir a la experiencia mundial para darle calidad a la enseñanza, como lo han hecho otros países, de manera integral, no parcial con una o dos materias extras.