¿Y las candidaturas independientes?

¿Tendremos algún día un presidente de México surgido de una candidatura independiente? No es una interrogante para quitar el sueño a nadie, cada quien puede encontrar su propia respuesta. Lo preocupante es la falta de comida para el día siguiente o de empleo para tener ingreso y comprarla.

Por eso enoja ver llegar al poder gente que ofrece mejorar la calidad de vida y sigue sin conseguirlo, por lo menos para la mayoría.

Hasta ahora las opciones políticas las han venido dando los partidos y con resultados conocidos por todos.

Juan Ramón de la Fuente es un personaje, como hay otros, citamos a éste porque mediáticamente está a la mano, con fama y prestigio, con ganas de participar en el gobierno. No se decide porque no hay camiseta partidista para su talla o medida.

Además, las camisetas partidistas están manchadas, apestan a corrupción, opacidad, huelen a sudor de pleitos internos y en algunos casos están salpicadas de sangre.

Todavía la candidatura independiente no es una figura de éxito ni en México ni en ninguna parte del mundo; la participación por ese mecanismo es escasa y los logros se cuentan con los dedos, pero los hay.

Es una opción para la sociedad.

La nuestra, la mexicana, tiene en puerta esa oportunidad, una participación distinta a la acostumbrada, para aspirar a ser alcalde, diputado, senador o hasta, en su momento, presidente de la República.

Hay ciudadanos muy valiosos, con capacidad de organización y administración, honestos y ejemplares que no han competido en las elecciones porque la ley los obligaba a registrar su candidatura con las siglas de un partido.

Y los partidos políticos, se han ido desgastando. Con justificada razón han perdido imagen, veracidad, credibilidad y confianza.

Desde el 2012 se dio luz verde a las candidaturas independientes al reformar la Constitución en su artículo 35 para autorizar su registro ante la autoridad electoral, a los ciudadanos que la soliciten y cumplan con los requisitos, términos y condiciones que determine la legislación.

No es una candidatura de fácil digestión para los partidos, porque al final les quita espacios para los suyos.

De cualquier manera, la figura ya existe en el escenario nacional y es deber del poder legislativo fijar las reglas secundarias, el camino para aspirar  al registro de una candidatura independiente, como lo señala el artículo 116 de la Constitución, con derechos y obligaciones.

Garantizar el derecho al financiamiento público y el acceso a la radio y televisión. Acceso a las prerrogativas para que el candidato independiente pueda llevar a cabo su campaña.

Es una opción novedosa en la ley, aunque muy lejos de ser nueva en la historia del universo, porque primero existieron los candidatos y luego los partidos. Nada más que desde que surgieron los partidos, monopolizaron el poder. Su predominancia ha sido en países desarrollados y no desarrollados.

Lo que han ganado no lo van a entregar y menos siendo los autores de la leyes a través de sus legisladores.

En México, después de la reforma de 2012, Raúl de Luna Tovar fue el primer candidato independiente que ganó una elección, en el municipio General Enrique Estrada de Zacatecas.

Todavía no se desarrolla esta forma de participación porque han faltado las reglas para que eso suceda.

Un punto elemental para registrarse como candidato independiente es el número de firmas que se tienen que recopilar. Determinado porcentaje del padrón electoral que variaría por el cargo al que se aspira, porque no es lo mismo competir para diputado que para presidente municipal, senador o presidente de la República.

Basados en la revisión de experiencias de nuestro propio país y otras naciones, puede ser a partir del 1 %. Por ejemplo, en caso del Distrito Federal, en números redondos, si tiene ocho millones de empadronados, habría que juntar 80 mil firmas para competir por la jefatura de gobierno. Para delegado de la Benito Juárez, si fuera por elección, tiene 400 mil empadronados, entonces se requerían 4 mil firmas.

La clave es el porcentaje de firmas que señalen los legisladores y de eso depende si se alienta o se desalienta la participación; encontrar la media para que no se cancele esa posibilidad ni se convierta en una puerta para oportunistas que sólo busquen el autofinanciamiento público de su vida.

Ojalá los legisladores no vayan a pecar de papistas y hagan inalcanzable el requisito del número de firmas.