La primera vez que utilicé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pasaron dos años para que consiguiera el objetivo, la información solicitada que sabía existía. Demasiado tiempo. El poder legislativo en el marco de la Cuarta Transformación debería revisar plazos de entrega de información de las instituciones públicas.
Fue un ejercicio que llevé a cabo en Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente INE.
Requerí los montos de los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos políticos, toda vez que sus ingresos salían y salen de la hacienda pública, de los impuestos que paga la sociedad.
En ese entonces estaba como consejero presidente Luis Carlos Ugalde. En más de una ocasión el organismo electoral aseguró que no contaba con esa información. Persistí. Tenía que decidir entre llevar el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o recurrir al Instituto Federal de Acceso a la información Pública (IFAI), ahora INAI.
Por la oportuna recomendación y asesoría de dos expertos en materia electoral y transparencia, Jaime Cárdenas Gracia y Ernesto Villanueva, llevé el asunto al tribunal electoral. Ya había ocupado un año en trámites y revisiones en el instituto. Otro más para que resolviera la sala superior del tribunal.
Quedó para la historia el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-216/2004. Resuelto con la clasificación de “tesis relevante”, con el voto de seis magistrados. El tribunal ordenó al organismo electoral que me diera la información. Y me la dio. Sí existía. Supimos todos lo que ganaba mensualmente cada dirigente nacional.
Ejercicio nada sencillo. Todavía con el ingrediente de que el director en ese año de El Universal, Roberto Rock, intentó que desistiera de la petición, con el argumento de que haría el ridículo, de que no conseguiría el objetivo y que la imagen del periódico también se vería afectada.
Con el tiempo y nuevas peticiones aceptadas, el tema alcanzó jurisprudencia en el tribunal electoral.
La ley de transparencia demostró en los hechos sus bondades, aunque no con la rapidez deseada.
Sirve la transparencia, funcionan las instituciones responsables. Lo que haría falta sería perfeccionar los mecanismos y las normas, para que los entes públicos no se resistan y entreguen cuanto antes la información solicitada. También encontrar la forma de que los ciudadanos en general participen, no solo periodistas, académicos o expertos.
Facilitar el acceso, procedimientos sencillos. Garantizar el derecho a estar informado y no tolerar la opacidad. Hasta ahora, el saldo de la transparencia, es favorable.
