Justicia

Aprovechando la reforma judicial y la elección de juzgadores que hará el pueblo el próximo año, no sería ocioso que los propios juristas, legisladores o estudiosos del Derecho impulsaran nuevo lenguaje y hasta nuevo color de toga para los ministros, magistrados y jueces.
Si México es pionero de una reforma judicial de esta dimensión, que deja al pueblo la responsabilidad de elegir a todos los juzgadores, ¿por qué no también ser el primero en el uso de lenguaje llano en sus resoluciones, entendible para las mayorías, no solo para litigantes y letrados?
Los intentos que se han hecho hasta ahora no han prosperado, quizás porque a los involucrados no les conviene o consideran que el lenguaje sencillo les resta autoridad o imagen.
El pueblo tendría derecho a elegir a juzgadores y a exigir que los documentos judiciales los pueda entender cualquiera, sin necesidad de tener a la mano un diccionario jurídico o un abogado.
Las palabras técnicas pueden y deben ser traducidas a terminología de fácil acceso, porque sin lugar a dudas ayudaría a comprender mejor la impartición de justicia.
Por ejemplo, es común ver en resoluciones las palabras “proveído” e “inconcuso”, como muchas otras, que en una primera leída solo los expertos entienden su alcance jurídico.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española proveído se puede traducir como una resolución judicial o sentencia. Inconcuso es algo que no tiene duda o contradicción, que está firme. Óbice, otra de las palabras usadas por togados, es igual a impedimento.
La tarea no sería sencilla, pero si el artículo 39 de la Constitución señala que el pueblo tiene el derecho de modificar la forma de gobierno en cualquier momento, también tendría derecho a reclamar que todo lo que hagan y digan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sea entendible.
Sobre todo en el caso del poder judicial, que pareciera esmerarse y pulirse en el uso de un lenguaje que nada más puede ser digerido por sus integrantes, abogados y estudiosos del Derecho.
La renovación de juzgadores sería buen pretexto para considerar la renovación del lenguaje.
Comprensible que no se logre de un día para otro, por lo años que tiene de usarse de esa manera en México y prácticamente en todas las naciones del mundo, pero nunca es tarde para intentarlo y dar el ejemplo.
Otro punto que pudiera cambiarse es el color de la toga. Si bien no tiene la relevancia del lenguaje, es importante, porque lo negro se traduce para la mayoría en el planeta como lo oscuro y malo.
Pudiera pensarse en el blanco, símbolo de pureza y paz, aunque podría ser cualquier otro, el que decidan, siempre y cuando los aleje de lo que representa lo negativo. El negro se usa hasta en ritos satánicos.
¿Qué no es en las calles oscuras donde más asaltan? ¿Qué no es en lo oscurito donde los políticos acuerdan lo indebido? ¿Qué no es el negro el color usado para señalar la mala etapa de la vida de las personas? ¿Qué no dicen “se las vio negras” cuando pasó por difícil momento?
Claro que lo sustancial es que se haga justicia, sin favoritismos, sin consignas y sin parcialidades.
México clama por juzgadores honestos y es de esperarse que el pueblo no se equivoque al elegirlos a partir del próximo año, lo del lenguaje puede tomarse su tiempo y también el cambio de color de la vestimenta.

Ministro Juan Luis González Alcántara Carranca no ha sido ético como juzgador, hoy defiende sus intereses particulares, es juez y parte, exige derecho de audiencia, ser escuchado y advierte que México está a punto de perder su poder judicial, todo porque la reforma aprobada no le conviene; por eso estira las leyes a su favor y trata de justificar la intervención de la Corte en un asunto en el que ya no tiene competencia, por la promulgación de la llamada supremacía constitucional.
La reforma judicial ya está en la Constitución y usted ha interpretado la ley máxima para elaborar su proyecto de resolución que atiende las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos políticos, utilizando artículos afines a sus propósitos mezquinos.
Pierde de vista el alcance del artículo 39 de la Constitución que deja en claro que la soberanía reside en el pueblo, por encima de cualquier poder.
Lo que menos parece importarle es nuestro país, lo que hace golpea su estructura de gobierno y pone a México al borde de una crisis constitucional que no tendría precedente, el choque entre poderes, la descomposición del poder judicial al que dice defender.
Hasta ahora se ha dado cuenta que el poder judicial no es perfecto, hasta ahora ha descubierto que hay manzanas podridas y actuaciones que deben de corregirse para hacer efectiva la impartición de justicia. Ha admitido que hace falta la reforma, no como se ha realizado porque en su opinión da al traste con la formación académica de juzgadores, con años de experiencia.
Por muchos años ha ignorado el deterioro del poder judicial, lo ha visto a distancia desde su purismo y perfección. Tampoco se ha quitado la venda de los ojos para ver y admitir sus propios errores.
¿Cuándo ha reconocido que se equivocó? ¿Cuándo ha corregido sus errores y ofrecido una disculpa al pueblo?
Usted no es infalible como desearía, es humano y no está exento de los desaciertos, que seguramente han acabado con familias, con la vida y el patrimonio de gente que no tiene más recurso que la verdad para defenderse.
¿Se acuerda que destruyó la vida de un periodista? Emitió un proyecto de resolución que ignoró dos resoluciones de inocencia irrevocable y la calificación de que el asunto había causado ejecutoria. Rechazó el recurso de revisión 246/2023 y dejó firme una sentencia injusta.
Llegó al extremo de considerar la tortura contra el periodista como cosa juzgada y no encontró elementos para analizar a fondo el caso, simplemente le pareció que no había violaciones constitucionales, como si la tortura no lo fuera o las mismas atrocidades de tribunales y juzgados (violaciones al debido proceso) que se pasaron por el arco del triunfo la ley para juzgar por consigna.
¿Está enterado que el periodista está amenazado de muerte por quienes están esperando que vuelva a poner un pie en prisión para quitarle la vida?
No ha sido ético ministro González Alcántara Carrancá y ahora, porque va contra su estatus, desconoce el clamor del pueblo por un nuevo poder judicial, le niega su derecho a elegir con el voto directo a juzgadores.
Su compañero Luis María Aguilar Morales, que en este mes concluye su periodo, también tiene su historia. En el caso del periodista aludido, perdonó la violación constitucional cometida por el juez (actualmente magistrado) Eduardo Torres Carrillo. Justificó que en el 2012 dicho juez violara el artículo 19 de la Constitución al no resolver la situación jurídica del detenido en 72 horas.
En vez de ser sancionado el juez, fue ascendido a magistrado.
Ministro Aguilar:
¿Se enteró que el periodista fue llevado al penal de máxima seguridad de El Altiplano como si fuera uno de los más peligrosos delincuentes?
¿Supo que fue torturado, justo en el lapso que prolongó el juez al que usted perdonó?
El ministro que presidía la Corte y la judicatura en 2015 disculpó (Queja 1145/2015-I) al juez la violación del artículo 19 de la Constitución porque el juzgador se encontraba en la Ciudad de México y el detenido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, como si no existieran medios de comunicación para avisarle a otro juez radicado en el estado de México que cumpliera con oportunidad el procedimiento.
Torres Carrillo mandó el aviso o exhorto al Edomex con retraso y violó la ley suprema, sin recibir ninguna sanción. Eso se llama impunidad del autor y complicidad de quienes lo toleraron.
Ministros Alcántara y Aguilar:
¿Se atreverán en la plenaria de la Corte a ir en contra de lo que ya establece la Constitución para tratar de echar abajo la reforma judicial?
Enhorabuena que uno termina su ciclo en este noviembre y el otro ya renunció para irse en agosto de 2025.

 

Por muchos motivos y desde hace muchos años, no hay confianza en autoridades que se dedican a investigar presuntos delitos e “impartir” justicia.
Los de arriba, los que disponen de recursos o son poderosos, cuando advierten que está en riesgo su libertad, toman medidas de inmediato, generalmente deciden irse del país, porque si existe consigna de que deben de ser confinados, con o sin razón, difícilmente encontrarán en México abogado que los proteja.
En cambio, los de abajo, los pobres, son mayoría en las prisiones, ellos no pueden pagar un defensor y los defensores de oficio gratuitos no se dan abasto para ayudarlos.
Los de abajo mucho menos podrían considerar abandonar el territorio nacional para poner a salvo sus derechos, no tienen dinero.
Apenas hace unos días le preguntaban al senador panista Ricardo Anaya porqué decidió autoexiliarse con toda su familia en el sexenio anterior. Su respuesta fue: “no soy ingenuo”. En otras palabras, temía y sabía que existía la intención de aprehenderlo, por el supuesto cobro de comisiones como legislador.
Prefirió irse a vivir a los Estados Unidos y no correr el riesgo de ser detenido.
Regresó una vez que cambiaron las condiciones políticas y quedaron superadas las intenciones de confinarlo.
Ricardo no es el único que ha preferido irse del país. También hizo lo mismo Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Con la ventaja de que es mexicano y tiene la nacionalidad norteamericana.
Otras y otros han actuado igual.
Quienes han jugado al valiente y creído que la imparcialidad caracteriza las resoluciones judiciales, pagan o pagaron consecuencias.
Rosario Robles, quien fue jefa de gobierno en la Ciudad de México y secretaria de Desarrollo Social, alardeó que no tenía miedo y regresó de sus vacaciones en Europa para acudir ante la instancia que reclamaba su presencia, aclarar imputaciones e irse a su casa. No fue así. El juez ordenó su encarcelamiento preventivo. Recuperó su libertad años después, aunque pareciera que sus conflictos legales todavía no han terminado.
Tomás Zerón, quien ha sido acusado de estar involucrado en el caso Ayotzinapa, de presunta tortura y otros delitos, se fue a Israel, país con el que no existe tratado de extradición y que hasta la fecha ha desatendido peticiones de autoridades mexicanas que buscan juzgarlo.
Algunos que también temen les cobren cuentas pendientes y que no lograron ningún tipo de fuero en las pasadas elecciones, sin hacer ruido, han optado por el ostracismo, en vez de exponerse ante un poder judicial donde hay juzgadores que actúan en connivencia con potentados.
Para el ciudadano común la situación es diferente, en particular para quienes tienen un estatus medio o bajo. Los que viven en la medianía venden hasta su alma para pagar a sus defensores y evitar el encarcelamiento en tanto no se les acabe el dinero o su patrimonio.
Lo peor es para los pobres. No importa que sean inocentes. Si caen en manos de los llamados juzgadores por consigna o de los que ponen en venta sus resoluciones, están condenados al encierro. Los pobres tienen sin cuidado a los juzgadores, solo representan un número para la estadística.
Ese es el contraste entre ricos y pobres en materia de justicia.
Para los primeros queda la opción de echar mano de sus recursos para conservar la libertad. Para los segundos la opción en la cárcel.
La nueva reforma judicial, que deberá de ir más allá de la elección de juzgadores, tendrá que garantizar que la impartición de justicia sea pareja para los justiciables.
No hay duda que la población con más carencias es la que clama justicia y es la que le dio el voto al partido en el poder y a sus aliados para que hagan la parte que les corresponde.
Más vale que así sea, porque si se pasa por alto el sentido social que requiere la reforma judicial y vuelve a desdeñarse a los pobres, estos pobres, en las elecciones intermedias, con su voto, podrían rehacer la representación de fuerzas en las cámaras legislativas, donde es indispensable la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales.

La verdad, hasta antes de enfrentar la infamia que no tiene nombre y está a punto de llevarme al confinamiento, tenía un concepto inmaculado del poder judicial en nuestro país.
Estaba convencido de que cumplía con la impartición de justicia, al menos que era la generalidad.
Tenía buena opinión de los juzgadores, que actuaban con honestidad y apego a la ley, con absoluta imparcialidad.
Escuchaba hablar de “jueces de consigna” y creía era una exageración, que no correspondía a la realidad.
Los hechos, el viacrucis que he sufrido más de 12 años, demostraron que estaba totalmente equivocado.
Terminé por darles la razón a quienes se la pasan diciendo que el poder judicial está podrido.
Supuse que, con la verdad de mi lado, la razón jurídica, con dos resoluciones de inocencia, un acuerdo del propio poder judicial que decía que los fallos a mi favor eran irrevocables y que el caso había causado ejecutoria o que ya era cosa juzgada, todo había terminado.
Incluso, a pesar de que revirtieron el proceso en mi contra, confiaba en que tarde o temprano encontraría la autoridad que reconocería la inocencia, porque cualquiera que revise con imparcialidad el expediente irremediablemente llegara a la conclusión de que no soy responsable de nada.
Nunca sucedió, ya había consigna de que tenía que ser condenado, aunque fuera inocente.
Ingenuamente consideré que bastaba con las pruebas a mi favor para lograr el reconocimiento del poder judicial.
Topé con juzgadores que procedieron como cómplices de personajes de la política, ligados a Felipe Calderón. Cobraron venganza, porque me atreví a escribir en 2007, cuando ya estaba en la silla presidencial, que el año anterior no había ganado la elección de manera limpia.
Estiraron la ley en mi contra.
El poder judicial está acostumbrado a salirse con la suya y en mi caso no tuvo ningún problema para lograrlo.
Todavía como última opción pensé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería distinta.
No. También está echada a perder. En estos tiempos está convertida en juez y parte y no le importa. Abiertamente hay ocho ministros que se han pronunciado en contra de la reforma judicial y al mismo tiempo analizan lo que procede en términos de ley con el fin de frenarla.
El descaro total.
El poder judicial se cree perfecto, más poderoso que cualquiera. Hace lo que quiere con la aplicación de la Constitución y las leyes; las estiran a su antojo.
Se siente más poderoso que los otros poderes, por encima de los poderes ejecutivo y legislativo.
Eso explica la multiplicidad de suspensiones o amparos para tratar de echar abajo la reforma judicial, que tanta falta hace, para limpiar a dicho poder de malos y corruptos servidores.
No le ha importado llegar al extremo de amenazar a la misma presidenta de la República, que apenas en junio pasado obtuvo el voto de casi 36 millones de mexicanos y mexicanas, con aplicarle sanciones en caso de que no de marcha atrás a la reforma.
Ha perdido el piso. Su actitud confirma que tiene ganada su renovación, la depuración inmediata.
El poder judicial está acostumbrado a ganar y en ese sentido seguramente se pronunciaría en los próximos días, sin reparar que puede significar la gota que derrame el vaso.
Hasta ahora lo que han hecho los poderes ejecutivo y legislativo ha sido no acatar las aberraciones del poder judicial.
Si la Corte se atreve a declarar inconstitucional la reforma judicial que ya es constitucional porque fue aprobada por las cámaras legislativas federales, por la mayoría de los congresos locales y promulgada por el ejecutivo, estará provocando la extinción del actual poder judicial.

Intocables era un término que se quedaba corto, hay juzgadores que se sentían puros y hasta dioses.
¿Cuándo dejaron de serlo? ¿Cuándo dejaron de levitar? ¿Cuándo perdieron su aureola? ¿Cuándo pisaron tierra y empezaron a preocuparse del mundo real que los rodea?
Ni los propios medios de comunicación se atrevían a tocarlos con el pétalo de una rosa, no se fueran a molestar y desatar su furia. Solo hay que revisar la hemeroteca para comprobarlo, salvo que alguno perdiera la bendición presidencial o cayera en un escándalo inocultable. Se le daba la opción del retiro, sin llegar al confinamiento, aunque lo mereciera.
Con la Cuarta transformación no fue la primera vez que el gobierno había intentado obligarlos a tener un ingreso menor al presidencial.
Sucedió en la segunda etapa del panismo en el poder. El senado fue punta de lanza, cuando la bancada priísta, sin ser mayoría, coordinada por Manlio Fabio Beltrones, trabajó la idea generada desde la residencia oficial de Los Pinos, seguido por el grupo de legisladores panistas.
Se avanzó a tal punto que los dioses se vieron obligados a bajar del olimpo, los ministros fueron a la misma sede del senado, a plantear en privado, a los coordinadores parlamentarios, sobre todo a Manlio, que era imposible reducirles el ingreso.
Ni una sola palabra salió de la reunión, cero filtraciones. Así como llegaron, se retiraron los togados, sin hacer ninguna declaración.
Ganaron la batalla, dejaron de incomodarlos con el tema.
En 2018 se reavivó. Los juzgadores empezaron a prepararse para la batalla. Trascendió el acuerdo de pagar un despacho internacional, por si llegara a ser necesario ir a instancias fuera del país a defender su posición y para que no los acusaran de ser juez y parte, en caso de que el asunto se ventilara en primer lugar en tribunales nacionales.
A sus cuestionados ingresos se empujó desde el gobierno en turno que era necesario reformar al poder judicial.
Lo que hizo Arturo Zaldívar resultó insuficiente para limpiarlo.
En el Senado se desperdició el consenso alcanzado para separar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal. Para que estos dos órganos no fueran presididos por la misma persona, porque implicaba ser juez y parte, entre el órgano encargado de impartir justicia y el responsable de vigilar el desempeño de los juzgadores.
Sin embargo, creció en la sociedad y en el gobierno el ánimo de realizar una reforma judicial de mayor calado, al ver que vicios, nepotismo, privilegios e injusticias persistían.
Para conseguirlo el grupo en el poder tenía que ganar por amplió margen las elecciones de 2024.
La oposición descartaba ese escenario, incluso creía que podía regresar al poder, al menos es lo que cacareaba mediáticamente.
En el peor escenario, consideraba que perdería la presidencia y mantendría el equilibrio de fuerzas en el poder legislativo.
También era el escenario que vislumbraban en el poder judicial para conservar el suntuoso estatus.
El 2 de junio, el día de las elecciones, dejaron de ser dioses, pisaron tierra al enterarse en voz de Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE, que Morena y sus aliados, no solo habían ganado la presidencia sino también por abrumadora mayoría las cámaras. Dio cifras que anticipaban que el grupo en el poder alcanzaría la mayoría calificada para reformar la Constitución.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca creyó que era la causa de la reforma judicial.
Incluso lo planteó como una venganza del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin ningún rubor y seguro de sus palabras lo expuso en estos términos en el recinto legislativo de San Lázaro, el día que se inauguraron los diálogos nacionales.
¿Y qué había hecho González Alcántara Carrancá para que el gobierno de la 4T quisiera vengarse?
A lo mejor le remordía la conciencia, quizás porque no estaba convencido de que hubiera hecho lo correcto.
El ministro puso freno a la reforma legislativa de 2022 impulsada por Morena y sus aliados que ponía a la Guardia Nacional bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional. Elaboró un proyecto que echó por tierra esta medida con el argumento de que la Constitución le daba un carácter civil a la guardia, no militar.
A pesar de lo aprobado por la Suprema Corte de Justicia, en los hechos, en la práctica la guardia siguió con administración militar y elementos formados en la disciplina del Ejército.
Alcántara Carrancá, por lo expresado en los diálogos nacionales, se sentía culpable de haberse cruzado en el camino de dicha acción gubernamental y por eso veía como venganza la reforma judicial.
No tuvo que ir muy lejos por la respuesta y aclaración, Gerardo Fernández Noroña, quien entonces se desempeñaba como diputado federal, precisó que la reforma judicial era y es un mandato popular.
El ministro se quedó callado ante la explicación y afirmación del legislador.
La actuación de Juan Luis González Alcántara Carranca ha pecado de soberbia, caracterizada por el viejo estilo de juzgadores que se sienten puros, perfectos, semidioses, inalcanzables, intocables.
Cuando vio que la reforma judicial avanzaba, sobre todo después del resultado de la elección del 2 de junio pasado, empezó a exigir su derecho de audiencia. Los diputados se los respetaron, en contraste con la conducta del propio ministro que no tiene tiempo para escuchar a quienes están involucrados en casos que le toca resolver.
El colmo de su desempeño es que en la reciente revisión que hizo del recurso 246/2023 validó el criterio de “cosa juzgada” emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado con respecto a la tortura que sufrió el periodista e ignoró las resoluciones de inocencia “irrevocables”, que habían “causado ejecutoria” a favor del mismo comunicador.
Le valió que se juzgara al periodista dos veces por el mismo delito.
A pesar de su rechazo, la reforma judicial ya es una realidad, entró en vigor una vez aprobada por el legislativo y promulgada por el Ejecutivo.
El ministro Alcántara Carrancá sigue en el ojo del huracán porque deberá elaborar el proyecto sobre si los juzgadores, jueces y magistrados, tienen derecho a impugnar la reforma judicial.
Además, por las opiniones públicas que ha emitido, cae en conflicto de interés, toda vez que es sabido que está en contra de la reforma, por lo que sería difícil que resuelva con imparcialidad.
Con la nueva reforma, lo que haga o deje de hacer el ministro, podría acarrearle consecuencias más adelante, una vez creado el tribunal disciplinario. De existir alguna queja, sería evaluado su desempeño y hasta sancionado, si fuera el caso.

Dentro de la reforma judicial en la que trabaja el poder legislativo sobran razones por las que se ha considerado necesario mejorar el sistema de justicia en México. Hay consenso en ese sentido.
Hay ejemplos imperdonables que ponen en entredicho la impartición de justicia, por errores, negligencia o abuso.
Cuando la autoridad judicial determina que la inocencia de una persona es irrevocable y que por lo tanto el caso ha causado ejecutoria o es cosa juzgada, se da por hecho que todo acabó.
El poder judicial no le puede ni debe decir a nadie que las resoluciones de inocencia son irrevocables y al día siguiente ignorarlas, porque entonces habría que preguntarle a la autoridad que entiende por irrevocable.
Irrevocable, según el diccionario de la Real Academia Española, significa que la resolución es definitiva, ya no se puede anular.
Es una grave violación a los derechos humanos que la misma autoridad desconozca el alcance del término irrevocable.
Con qué cara le puede decir al enjuiciado que lo de irrevocable y cosa juzgada eran de mentiritas.
Durante los diálogos sobre la reforma judicial que organizaron la Cámara de Diputados y otras instituciones como la UNAM y el propio poder judicial, los juzgadores pidieron pruebas que expliquen y justifiquen la reforma.
Uno: es un mandato popular, expresado en urnas en las pasadas elecciones del 2 de junio.
Dos: no es casual que se diga y se repita que hay inocentes en prisión.
Tres: hasta el embajador estadounidense Ken Salazar quien, como extranjero, pecó al opinar de asuntos que solo competen a mexicanos, habló de corrupción del poder judicial.
Cuatro: jueces, magistrados y ministros son humanos y pueden equivocarse, no son perfectos.
Hay un acuerdo fechado el 15 de diciembre de 2016 (causa penal 103/2012-II) donde el poder judicial declara irrevocables dos resoluciones de inocencia a favor del acusado y por lo tanto “cosa juzgada”:
“En consecuencia, con sustento en la última parte, párrafo primero del artículo 102 de la legislación procesal aplicable, se declara que dicho fallo es irrevocable y por ende, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar”.
A pesar del acuerdo, el proceso fue reabierto por malos juzgadores y revertido en contra del afectado.
Un caso de este tipo en materia penal solo puede reabrirse cuando se presentan nuevas pruebas; nunca se presentaron.
Por si algo faltara en este asunto que puede verse como una vergüenza para el poder judicial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no entró al fondo al resolver recurso de revisión (246/2023), aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que dejó firme la sentencia contra una persona que ya había sido declarada inocente, de manera irrevocable.
En otras palabras, se juzgó a la persona dos veces por el mismo delito, hasta conseguir condenarlo.
Todavía se puede enmendar el error, porque existe la figura de “reconocimiento de inocencia”, que también tocaría atender a dicha primera sala de la Corte.
Si los ministros y ministras González Alcántara, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz no quieren pasar a la historia como los juzgadores que toleraron se juzgara dos veces por el mismo delito, todavía están a tiempo de rectificar, en aras de que prevalezca la justicia.
Es de sabios corregir.

Quienes no están de acuerdo con la iniciativa sobre la reforma judicial, desde su presentación cuestionaron la capacidad de votar de los mexicanos, pusieron en duda que puedan distinguir entre un mal juzgador y otro que cumple con su responsabilidad.
No es posible que los conozca, ha sido su repetida afirmación.
De entrada, pasan por alto que se haría una selección de aspirantes, de acuerdo con sus perfiles, antes de llegar a la votación.
En el proceso de elección participarían candidatos y candidatas calificadas, con experiencia y grados académicos.
¿Todos y todas serían conocidos para el pueblo?
Muchos sí, el pueblo los ha padecido, no es casual que se diga que hay mucha gente inocente en prisiones.
¿Y a qué se debe?
A juzgadores que carecen de ética, que responden a consignas, venganzas y condenan con parcialidad, sin importarles que sus malas resoluciones destrocen patrimonios, familias y reputaciones.
No es el caso de todos, se entiende y acepta que hay juzgadores que cumplen su misión, nada más que no ha sido suficiente, por eso el reclamo de la sociedad por renovar al poder judicial.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no tuvo que esperar mucho después de subestimar el voto del pueblo, pronto recibió respuesta del diputado Gerardo Fernández Noroña.
Ahora resulta que el pueblo sabe elegir a los poderes ejecutivo y legislativo, pero no al judicial, argumentó Noroña.
El propio ministro tuvo que reconocer que su valoración no era acertada y optó por ajustarla.
Claro que el pueblo ha sabido elegir a integrantes de los distintos poderes, en particular del legislativo y ejecutivo. En el caso de los miembros del poder judicial, ha sido distinto, por los procedimientos elitistas establecidos para el nombramiento de juzgadores.
Ejemplos de actos indebidos de juzgadores:
-Juez Eduardo Torres Carrillo: en 2012 violó el artículo 19 de la Constitución al no resolver en 72 horas la situación jurídica de un detenido. Al prolongarse el tiempo, en este lapso el afectado fue torturado. El juez no fue ni amonestado, en su lugar lo ascendieron a magistrado.
-Ministro Luis María Aguilar: justificó y exoneró al juez de haber violado el artículo 19 de la Constitución.
-Magistrados Lilia Mónica López Benítez y Jorge Fermín Rivera: reabrieron un proceso que ya había causado ejecutoria, existía resolución de inocencia irrevocable en favor del procesado. La magistrada fue incorporada al Consejo de la Judicatura Federal y el magistrado se jubiló.
-Magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar: resolvió dar por terminado un proceso penal y ordenar la reclusión del sentenciado cuando ya estaba en trámite recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La magistrada tuvo que rectificar, sin que para nada fuera llamada a cuentas por el Consejo de la Judicatura.
-Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá: a pesar de que por meses le solicitaron el derecho de audiencia, nunca lo concedió y presentó proyecto de resolución para desechar recurso de revisión y dejar firme sentencia en contra del afectado.
Son nombres de juzgadores que cuando llegue el proceso de votación deberán de ser analizados, por si resulta que no son los únicos actos en los que actuaron de manera indebida.
Todos y todas las aspirantes a juzgadoras estarán bajo el escrutinio del pueblo.

“Extraña” la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fue el calificativo que utilizó el senador Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Para nada fue irrespetuoso, no habló de corrupción, ni de consignas, ni de parciales ni de injustos.Tampoco de incompetencia.
Calificativo diplomático, medido y prudente al referirse a la forma en que integrantes de esa primera sala resolvieron el recurso de revisión 246/2023, interpuesto por periodista.
De alguna manera no daba crédito a que el comunicador tenga una resolución en contra, a pesar de su demostrada inocencia.
Incluso, antes de que ministros y ministras resolvieran por 4-1 votos este caso, el senador, que ha sido defensor de los derechos humanos en la Ciudad de México y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana e Derechos Humanos, les advirtió públicamente que estaban en riesgo de revictimizar un inocente.
Tal parece que los ministros y ministras ni vieron y mucho menos escucharon al senador Álvarez Icaza.
Juan Luis González Alcántara Carranca, Jorge Maro Pardo Rebolledo, Loretta Ortiz y Margarita Ríos Farjat, como integrantes de la primera sala, pasarían a la historia por haber pisoteado una resolución de inocencia IRREVOCABLE.
No deben olvidar que, con la reforma judicial, dicha primera sala va a desaparecer y de paso ellos y ellas se van a quedar sin trabajo.
Pésima huella para su final en el máximo tribunal, aunque nunca es tarde para rectificar.
El término “extraña o extraño” tiene varios significados, según el diccionario de la Real Academia Española.
“Raro, singular, insólito, excepcional, desusado, sorprendente, misterioso, difícil”, son sinónimos con los que define dicha palabra.
Y que conste, el senador no es un declarado enemigo de la Corte. No se ha sumado a la demanda de que desaparezcan los fideicomisos de la institución. Tampoco es partidario de que se elijan de manera popular a los juzgadores. Ha sido enfático en defender la independencia del poder judicial.
Si fuera un acérrimo crítico de la Corte, se entendería que no lo tomaran en cuenta o ignoraran.
Además, se podrá o no estar de acuerdo con el senador por sus posiciones políticas, pero en materia de derechos humanos, toda su vida se ha esmerado por defenderlos, a nivel nacional e internacional.
Jamás hubiera defendido al periodista si en su investigación descubriera el menor indicio que era culpable.
Álvarez Icaza por ningún periodista ni por nadie pondría en riesgo el prestigio que se ha ganado como defensor de los derechos humanos.
Está sorprendido de la resolución de la primera sala de la Corte porque afecta y revictimiza a un inocente.
Por eso, con un lenguaje moderado, la calificó de “extraña”.
Convencido de la inocencia del periodista, el senador está dispuesto a seguir en la lucha hasta que se alcance la justicia.
Seguramente los integrantes de la primera sala de la Corte jamás se enteraron de que este asunto ya era cosa juzgada, había causado ejecutoria.
Cierto que en materia penal se puede reabrir el proceso, siempre y cuando haya nuevas pruebas. Aquí no las hubo.
Por si fuera poco, el poder judicial utilizó una “declaración de oídas” para condenar al periodista.
Es una historia, como muchas otras parecidas que deben existir, que justifican que se lleve a cabo una reforma a fondo en el poder judicial, empezando por una nueva elección de juzgadores.
Sería injusto generalizar; como en todo gremio, debe haber buenos y malos.
Lo indiscutible es el clamor del pueblo para limpiar al poder judicial de servidores públicos que para nada se han significado por impartir justicia.

Dentro de la propuesta de la reforma judicial hay un punto que tiene ganado el consenso, prácticamente de todas las corrientes políticas.
Están de acuerdo con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que vendrá a sustituir lo que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que ha incumplido su principal objetivo.
Ha sido juez y parte a la hora de evaluar el trabajo de quienes se supone están dedicados a la impartición de justicia.
No existe alguna sanción emblemática de parte de dicho órgano. Nada que se le parezca.
Cuando en el poder legislativo se tocó por primera vez el tema de separar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, la mayoría de las voces coincidieron en que era necesario.
Inexplicablemente se dejó pendiente el punto, quizás con la idea de que el propio poder judicial se auto depurara, empezará a limpiar vicios que le han dejado descrédito.
La autocrítica no es lo suyo, como si los juzgadores fueran criaturas puras o vivieran en una nube, distanciados del pueblo. Seres perfectos que no se equivocan y mucho menos incurren en irregularidades.
¿Recuerdan que el CJF haya aplicado alguna sanción ejemplar? ¿Algún correctivo que haya llevado a muchos juzgadores a la reflexión para evitar en lo sucesivo cometer faltas?
¿Cuándo se ha sancionado a un ministro o ministra de la Corte? ¿Será que son sobrehumanos y no cometen errores?
¿Quién vigila lo que hace la Corte?
¿Si se equivocan, corrigen?
Las preguntas se quedan sin respuestas.
En sus participaciones en los Diálogos Nacionales, por ahí deberían empezar, nadie mejor que ellos y ellas saben de lo que adolece la institución, nada más que prefieren ocuparse en repeler lo que dan por hecho terminaría con sus prestaciones suntuosas y controvertibles.
Tener acceso a un ministro o ministra, en la mayoría de los casos, no es derecho de mortales comunes. Es una ofensa que pregonen que están abiertos a escuchar y mantengan la puerta cerrada.
Situación y trato diferente para potentados que también acuden a la Corte por justicia o para que se les proteja, cuando sus intereses económicos se ven afectados en materia fiscal o en otros procesos en los que se llegan a ver involucrados, por conflictos laborales o patrimoniales.
¿Qué tal cuando el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca se niega a escuchar a gente que puede verse afectada por sus proyectos de resolución, al fin que nadie lo va a reprender?
¿Y qué sucede cuando se equivocan y emiten resolución por encima de una sentencia de inocencia irrevocable y que ha causado ejecutoria?
También quedó para historia el episodio que hizo público Alejandro Armenta Mier cuando se desempeñaba como presidente de la mesa directiva del Senado y recibió mensajes vía WhatsApp de la ministra presidenta Norma Piña. El legislador los consideró intimidatorios y amenazantes.
En un principio era difícil dar por hecho que los mensajes fueran de ella. Pesaba más la versión de que habían hackeado su teléfono. Terminó por reconocer que sí eran suyos, aunque no con la intención señalada por el senador,
Definitivamente no era el método más sano para la comunicación entre representantes de dos poderes distintos.
Por eso y más, hay consenso en crear el tribunal de disciplina.

Se supone que en México nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito e imposible cuando el asunto ya ha sido declarado como “cosa juzgada” por la propia autoridad judicial.
Este de un caso que debe de ser conocido en el mundo. Un testimonio de la degradación a que ha llegado el poder judicial en México y de ahí el clamor del pueblo por la reforma judicial.
Vamos por partes.
El diccionario de la Real Academia Española define “irrevocable” como algo que “no se puede revocar o anular. Cita como sinónimos “inapelable, definitivo, inexorable, decidido y resuelto”.
Sería incorrecto generalizar y dar por hecho que por un solo caso que puede probarse, todo está echado a perder en el sistema de justicia.
El colmo, la desgracia, es que en esta historia está involucrada, involuntaria o voluntariamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el pasado 26 de junio del año en curso rechazó el amparo directo en revisión 246/2023 y dejó firme sentencia condenatoria contra periodista mexicano.
Con fecha del 15 de diciembre de 2016 el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, emitió un acuerdo que en su párrafo esencial y concluyente sobre la causa penal 103/2012-II dice:

“En consecuencia, con sustento en la última parte párrafo primero del artículo 102 de la legislación procesal aplicable, se declara que dicho fallo es irrevocable y por ende, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar”.
¿Cuál es ese fallo?
Dos declaraciones de inocencia a favor del periodista.
La primera emitida por el citado juzgado primero.
La segunda, la resolución del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, que confirma la sentencia absolutoria.
El acuerdo resume así:
“Seguidamente de una lectura del fallo citado en primer término, se desprende que la autoridad de alzada resolvió:

ÚNICO. Se deja firme la sentencia absolutoria de 13 de septiembre de 2016 dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en los autos de la causa penal 103/2012 que absolvió a…..(no citamos el nombre en acatamiento a la ley de protección de datos personales), del delito de hostigamiento sexual , previsto y sancionado en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal y abuso sexual, previsto y sancionado en el artículo 260 del Código Penal Federal, con la agravante prevista en el numeral 266 Bi, fracción III de dicho ordenamiento legal, por lo motivos expresados en el último considerando de esta sentencia”.
¡Inocente!
¿Y qué pasó después?
El proceso penal fue reabierto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México.
De manera irregular el magistrado Jorge Fermín Rivera (se jubiló dos semanas después de su resolutivo) lo reabrió y el proceso se revirtió en contra del periodista.
El afectado se defendió a base de amparos y después de 11 años el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Primera Sala de la Corte aprobó por mayoría el proyecto de resolución elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que rechazó el recurso de revisión del periodista.
Todo hace suponer que los ministros Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Loretta Ortiz y Margarita Ríos Farjat no entraron al fondo del asunto.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra de lo aprobado por sus compañeros.