Elección de Juzgadores

Justicia
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Quienes no están de acuerdo con la iniciativa sobre la reforma judicial, desde su presentación cuestionaron la capacidad de votar de los mexicanos, pusieron en duda que puedan distinguir entre un mal juzgador y otro que cumple con su responsabilidad.
No es posible que los conozca, ha sido su repetida afirmación.
De entrada, pasan por alto que se haría una selección de aspirantes, de acuerdo con sus perfiles, antes de llegar a la votación.
En el proceso de elección participarían candidatos y candidatas calificadas, con experiencia y grados académicos.
¿Todos y todas serían conocidos para el pueblo?
Muchos sí, el pueblo los ha padecido, no es casual que se diga que hay mucha gente inocente en prisiones.
¿Y a qué se debe?
A juzgadores que carecen de ética, que responden a consignas, venganzas y condenan con parcialidad, sin importarles que sus malas resoluciones destrocen patrimonios, familias y reputaciones.
No es el caso de todos, se entiende y acepta que hay juzgadores que cumplen su misión, nada más que no ha sido suficiente, por eso el reclamo de la sociedad por renovar al poder judicial.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no tuvo que esperar mucho después de subestimar el voto del pueblo, pronto recibió respuesta del diputado Gerardo Fernández Noroña.
Ahora resulta que el pueblo sabe elegir a los poderes ejecutivo y legislativo, pero no al judicial, argumentó Noroña.
El propio ministro tuvo que reconocer que su valoración no era acertada y optó por ajustarla.
Claro que el pueblo ha sabido elegir a integrantes de los distintos poderes, en particular del legislativo y ejecutivo. En el caso de los miembros del poder judicial, ha sido distinto, por los procedimientos elitistas establecidos para el nombramiento de juzgadores.
Ejemplos de actos indebidos de juzgadores:
-Juez Eduardo Torres Carrillo: en 2012 violó el artículo 19 de la Constitución al no resolver en 72 horas la situación jurídica de un detenido. Al prolongarse el tiempo, en este lapso el afectado fue torturado. El juez no fue ni amonestado, en su lugar lo ascendieron a magistrado.
-Ministro Luis María Aguilar: justificó y exoneró al juez de haber violado el artículo 19 de la Constitución.
-Magistrados Lilia Mónica López Benítez y Jorge Fermín Rivera: reabrieron un proceso que ya había causado ejecutoria, existía resolución de inocencia irrevocable en favor del procesado. La magistrada fue incorporada al Consejo de la Judicatura Federal y el magistrado se jubiló.
-Magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar: resolvió dar por terminado un proceso penal y ordenar la reclusión del sentenciado cuando ya estaba en trámite recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La magistrada tuvo que rectificar, sin que para nada fuera llamada a cuentas por el Consejo de la Judicatura.
-Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá: a pesar de que por meses le solicitaron el derecho de audiencia, nunca lo concedió y presentó proyecto de resolución para desechar recurso de revisión y dejar firme sentencia en contra del afectado.
Son nombres de juzgadores que cuando llegue el proceso de votación deberán de ser analizados, por si resulta que no son los únicos actos en los que actuaron de manera indebida.
Todos y todas las aspirantes a juzgadoras estarán bajo el escrutinio del pueblo.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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