La elástica Constitución

Justicia
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La verdad, hasta antes de enfrentar la infamia que no tiene nombre y está a punto de llevarme al confinamiento, tenía un concepto inmaculado del poder judicial en nuestro país.
Estaba convencido de que cumplía con la impartición de justicia, al menos que era la generalidad.
Tenía buena opinión de los juzgadores, que actuaban con honestidad y apego a la ley, con absoluta imparcialidad.
Escuchaba hablar de “jueces de consigna” y creía era una exageración, que no correspondía a la realidad.
Los hechos, el viacrucis que he sufrido más de 12 años, demostraron que estaba totalmente equivocado.
Terminé por darles la razón a quienes se la pasan diciendo que el poder judicial está podrido.
Supuse que, con la verdad de mi lado, la razón jurídica, con dos resoluciones de inocencia, un acuerdo del propio poder judicial que decía que los fallos a mi favor eran irrevocables y que el caso había causado ejecutoria o que ya era cosa juzgada, todo había terminado.
Incluso, a pesar de que revirtieron el proceso en mi contra, confiaba en que tarde o temprano encontraría la autoridad que reconocería la inocencia, porque cualquiera que revise con imparcialidad el expediente irremediablemente llegara a la conclusión de que no soy responsable de nada.
Nunca sucedió, ya había consigna de que tenía que ser condenado, aunque fuera inocente.
Ingenuamente consideré que bastaba con las pruebas a mi favor para lograr el reconocimiento del poder judicial.
Topé con juzgadores que procedieron como cómplices de personajes de la política, ligados a Felipe Calderón. Cobraron venganza, porque me atreví a escribir en 2007, cuando ya estaba en la silla presidencial, que el año anterior no había ganado la elección de manera limpia.
Estiraron la ley en mi contra.
El poder judicial está acostumbrado a salirse con la suya y en mi caso no tuvo ningún problema para lograrlo.
Todavía como última opción pensé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería distinta.
No. También está echada a perder. En estos tiempos está convertida en juez y parte y no le importa. Abiertamente hay ocho ministros que se han pronunciado en contra de la reforma judicial y al mismo tiempo analizan lo que procede en términos de ley con el fin de frenarla.
El descaro total.
El poder judicial se cree perfecto, más poderoso que cualquiera. Hace lo que quiere con la aplicación de la Constitución y las leyes; las estiran a su antojo.
Se siente más poderoso que los otros poderes, por encima de los poderes ejecutivo y legislativo.
Eso explica la multiplicidad de suspensiones o amparos para tratar de echar abajo la reforma judicial, que tanta falta hace, para limpiar a dicho poder de malos y corruptos servidores.
No le ha importado llegar al extremo de amenazar a la misma presidenta de la República, que apenas en junio pasado obtuvo el voto de casi 36 millones de mexicanos y mexicanas, con aplicarle sanciones en caso de que no de marcha atrás a la reforma.
Ha perdido el piso. Su actitud confirma que tiene ganada su renovación, la depuración inmediata.
El poder judicial está acostumbrado a ganar y en ese sentido seguramente se pronunciaría en los próximos días, sin reparar que puede significar la gota que derrame el vaso.
Hasta ahora lo que han hecho los poderes ejecutivo y legislativo ha sido no acatar las aberraciones del poder judicial.
Si la Corte se atreve a declarar inconstitucional la reforma judicial que ya es constitucional porque fue aprobada por las cámaras legislativas federales, por la mayoría de los congresos locales y promulgada por el ejecutivo, estará provocando la extinción del actual poder judicial.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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