Poder legislativo

En Estados Unidos, comisión investigadora de la Cámara de Representantes citó al ex presidente Donald Trump, para conocer su versión de lo pasado el 6 enero de 2021 en el Capitolio, cuando centenares de manifestantes asaltaron la casa de los congresistas.
Trump no tardó mucho en inconformarse con el citatorio. No hay certeza de que lo atienda. Y de llegar a ir, poco o nada aportaría a la investigación. Jamás aceptaría haber alentado a sus simpatizantes a romper el orden. En su lugar insistiría en que le robaron la elección presidencial.
Pareciera que lo tiene sin cuidado el llamado de los legisladores, no se percibe que lo vea como obligación. Si acaso, como una molestia que sus abogados tendrían que hacerle frente, de ser necesario.
Algo similar pasa en México con el poder legislativo, sus citatorios a los servidores públicos para que rindan cuentas o informen lo que hacen, se han convertido en llamadas a misa. Las atiende el que quiere, fijan su propia fecha o de plano las rechazan.
Por eso la preocupación de senadores cuando en la reciente aprobada reforma constitucional para prolongar hasta 2028 la participación militar en la vía pública, se acordó que una comisión bicameral tendría la facultad de citar a comparecer a integrantes del gabinete de seguridad.
Los senadores, en particular los de oposición, dudan que se atienda su llamado. Por experiencia, no están convencidos de que vayan a prosperar los citatorios. Saben que el servidor público no los considera obligatorios y no pasa nada si al final resuelve ignorarlos.
Lo que sucede en el Senado, también se repite en la Cámara de Diputados. Los funcionarios no dan importancia a invitaciones de comisiones. No las ven como urgencia ni obligatorias. Y para las comparecencias en el salón plenario de San Lázaro, hasta que su agenda se los permite, acuden a informar de su trabajo, si es que deciden ir. El calendario para desahogar lo que se llama “glosa del informe presidencial” lo hacen diputados y, los funcionarios ajustan fechas de acuerdo a sus prioridades.
El mal ejemplo cunde, hasta en temas u organismos que se supone no tendrían problema y complicación en reunirse con legisladores, porque no están en la mira de los reflectores mediáticos ni su función es determinante para el desarrollo de nuestro país.
Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con la mano en la cintura se ha rehusado a participar en reuniones de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. Por más que insiste María José Alcalá, presidenta de la comisión legislativa, la ex atleta sonorense prefiere realizar otras actividades.
El desaire no es menor. Los citatorios o invitaciones son hechos por un poder al que los funcionarios del Ejecutivo deben de rendirle cuentas. Que no se olvide que la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto, así que le toca observar y vigilar el destino que se le da a cada peso.
Si no quieren que sus citatorios sigan como llamados a misa, senadores y diputados deberán de encontrar la forma de hacerlos obligatorios, quizás con alguna sanción para quienes los desatiendan.

Entretenidos en el Senado en el debate sobre prolongar la participación militar en seguridad pública hasta el 2028, hay otro tema que se cocina en esta cámara que va por buen camino y haría justicia a millones de trabajadores en nuestro país que prestan servicios en la iniciativa privada.
Se trata de un derecho que se ha mantenido inamovible durante cinco décadas en la ley laboral y que, hasta ahora, ha encontrado consenso, duplicar el periodo vacacional al cumplir el primer año trabajado, pasar de seis días a 12 días pagados.
México ha sido demasiado conservador en esta materia e incluso de los más atrasados en el mundo, en contraste con el Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece 18 días como periodo vacacional mínimo que se debe otorgar al trabajador en su primer año de servicio. Es convenio que inexplicablemente nuestro país no ha ratificado, aun cuando ya cumplió 50 años de existencia.
Las comisiones de Trabajo, presidida por Napoleón Gómez Urrutia, y Estudios Legislativos Segunda a cargo de Rafael Espino de la Peña, ambos integrantes de la mayoría legislativa, están en la etapa final de la redacción del dictamen, que esperan llevar al pleno senatorial antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso. Aspiran a que pase por unanimidad en el Senado y que lo mismo suceda en la Cámara de Diputados.
El dictamen tiene su origen en diversas iniciativas elaboradas por los grupos parlamentarios de Morena, Encuentro Social, partido del Trabajo y Movimiento Naranja.
Han planteado periodo vacacional que va de los 10 a 18 días, como piso mínimo. El consenso es que sea de 12 días pagados. Con esta cifra, una vez aprobado en comisiones, llegaría al pleno. Seguiría igual el incremento gradual, dos días por cada año hasta llegar a cinco años; a partir del sexto, dos días por cada cinco años.
Para los legisladores en vital corregir el atraso, porque la Ley Federal del Trabajo se ha mantenido invariable en esta materia, a pesar del criterio establecido por organismos internacionales.
Según estadísticas, México se encuentra en la lista de naciones como Filipinas, Tailandia, Nigeria y Brunei, que tienen su periodo vacacional por abajo de los nueve días.
Para quienes han impulsado la iniciativa no hay duda de que se trata de un acto de justicia para los trabajadores, duplicar el periodo vacacional de seis a 12 días pagados.
Hay consenso para aprobarla. Basta con el voto de la mayoría simple, porque se trata de una ley secundaria.
De cualquier manera, por las características que tiene la propuesta, se espera la aprobación de todos los grupos parlamentarios.
Cierto que la decisión impactaría en el presupuesto de empresas, sobre todo por la crisis y la inflación que persisten en el mundo. Situación que no se puede ni debe pasar por alto. Quizás por ese motivo los legisladores podrían considerar la entrada en vigor de la reforma a partir del 2023, para darle tiempo a los patrones a que hagan sus cálculos anuales.
Los mismos empresarios también tendrían que comprender que desde hace 50 años no hay una mejora vacacional para los trabajadores, como ha sucedido en la mayoría de los países que han seguido los convenios de la OIT.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, uno de los legisladores que más domina el tema electoral entre sus compañeros (ex representante de su partido Morena ante el INE) propone que diputados y senadores se sienten a dialogar para encontrar puntos de consenso sobre la reforma constitucional electoral.
Gutiérrez Luna tiene la certeza de que hay coincidencias entre los distintos grupos parlamentarios sobre lo que se debe hacer en esta materia, por eso la importancia de acordar trabajar en conferencia, juntas las comisiones respectivas de las dos cámaras, para evitar y remontar posiciones encontradas, como ha sucedido con la propuesta que prolonga hasta 2028 la participación militar en seguridad pública, que se atoró en el Senado.
De acuerdo con el diputado, su bancada no solo estaría considerando entenderse con la fracción priísta, sino con todas las fuerzas políticas, que, en principio, estarían interesadas en responder al clamor de la sociedad para que se revise y baje el gasto electoral.
Ha tenido oportunidad de platicar con legisladores de otros partidos y ha identificado que hay puntos en lo que pueden avanzar juntos, por eso la relevancia de sentarse a dialogar.
Ve con optimismo el mecanismo de conferencia, para que legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados, se reúnan con el ánimo de identificar coincidencias que mejoren las reglas de la competencia política.

Ni todos los “brothers” juntos, como llama a sus amigos, aliados y simpatizantes, depurarían la mala fama que le han hecho al diputado y dirigente priísta Alejandro Moreno Cárdenas los audios dados a conocer por la gobernadora de Campeche Layda Sansores.
Es el punto que parece no ver la oposición, decidida a jugársela con “Alito” hasta sus últimas consecuencias. Lo defienden compañeros de partido y otras organizaciones con el argumento de que es perseguido político, por el voto en contra de la reforma eléctrica y su alarma que ve venir la tiranía.
Indiscutible el desgaste ante la sociedad, por la sencilla razón de que la gente no está sorda ni ciega. Ha tomado nota de lo revelado por los audios, con la voz inconfundible de “Alito”, que pintan al susodicho como personaje que no tiene escrúpulos ni límite alguno, capaz de arreglos en lo oscurito para conseguir sus propósitos.
Al margen de si la gobernadora también ha incurrido en acciones que pueden estar fuera de la ley al difundirlos, han cumplido su objetivo, desacreditarlo ante la opinión pública.
Por fortuna para “Alito”, conserva a sus aliados, lo mantienen al frente del Revolucionario Institucional, en la presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y como parte de la alianza con los líderes del PAN y PRD.
Aunque en política nada está escrito y tampoco nada se puede descartar, es probable que con el actual dirigente priísta, sea más complejo que Movimiento Ciudadano (MC) se sume a la tríada, como quisieran muchos, para la competencia presidencial de 2024, por aquello que pregona y dice aplicar: más vale solos que mal acompañados.
Alejando Moreno Cárdenas sigue en la dirección de su partido a pesar de que la vieja guardia tricolor lo invitó a dejar el cargo por las derrotas electorales.
También ha sabido sostenerse como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. No resultó el intento para destituirlo, en su ausencia. Continúa, aunque sin quórum para sesionar.
Se va a equivocar si subestima a la mayoría parlamentaria y persiste con la bravuconería que lo ha caracterizado desde que era líder juvenil en su estado natal Campeche.
Tampoco le ayudan sus expresiones burlonas como la que soltó al final de la reunión de la directiva de la Comisión de Gobernación: “no que no tronabas pistolita”.
La fiscalía de Campeche ha pedido desaforarlo, para que sea enjuiciado en los tribunales penales, por enriquecimiento ilícito.
Si “Alito” no le baja a su impetuosidad, tiende puentes y se sienta a negociar la reforma electoral, los diputados de la mayoría no van a dudar en acelerar el procedimiento para quitarle el fuero.
Está a tiempo de evitar que lo encaminen a un proceso penal que puede poner en riesgo su libertad, como ha sucedido con otros personajes de su propio partido. Por algo dice el dicho “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”.
Lo que ya no tiene remedio es la mala fama que se ha ganado a pulso, por sus exabruptos exhibidos en los audios y que la cúpula de su propio partido, así como las dirigencias del PAN y PRD, parecieran dispuestas a pagar el costo, sin importarles el impacto o daño en los planes con miras al 2024.

Llevar a cabo un “trabajo legislativo franciscano” no tendría la finalidad de que los diputados vivan bajo la más estricta pobreza como el santo italiano del siglo XIII, sino inspirados en esa austeridad, que ahora es abanderada desde Palacio Nacional, cuidar más los recursos que son del pueblo.
Por eso, cuando de antemano saben las posiciones de lo grupos parlamentarios, que caso tiene seguir adelante con los foros. Con los de la reforma eléctrica se gastaron 20 millones de pesos y no consiguieron nada, ningún acuerdo, ningún cambio a la Constitución.
Otro tanto igual han dicho que se van a gastar con los foros electorales. ¿Para qué?
Todavía más porque los diputados de la mayoría y de la oposición realizan por separado sus respectivos foros. También habría que incluir lo que se les paga para que legislen.
¿Si en vez de seguir con sus foros, se sientan a la mesa a identificar coincidencias y empiezan a negociar para armar proyecto de dictamen?
Desde abril cuentan con la iniciativa del Ejecutivo, así que a estas alturas los diputados ya deben de saber en que estarían de acuerdo.
Por lo que ha declarado la oposición, la reforma constitucional no va a transitar, al menos como quiere la mayoría parlamentaria. Ya ha dicho que no va a permitir que se toque al Instituto Nacional Electoral (INE), nada que signifique desconocer o eliminar lo avanzado por el instituto.
Guste o no, primero con el IFE y ahora con el INE, el país ha vivido la alternancia. Tres fuerzas políticas distintas. Por muchos años estuvo el PRI. En el 2000 llegó el PAN y en el 2018 Morena.
Los foros poco o nada contribuyen cuando participan conferenciantes con posiciones conocidas. José Woldenberg y los demás ex presidentes del instituto electoral no van a plantear nada nuevo. Tampoco consejeros y ex consejeros, especialistas y académicos.
Quizás puedan ser útiles las exposiciones de los expertos para los diputados o diputadas que no dominan el tema electoral, aunque se supone que compitieron en un proceso para llegar a la cámara y por lo tanto tendrían que haberse empapado de las leyes electorales.
Cada uno de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, la de Reforma Política Electoral y la de Puntos Constitucionales, sus presidentes Graciela Sánchez Ortiz y Juan Ramiro Robledo Ruiz, conocerían no solo la iniciativa del Ejecutivo sino las 40 que hay en la materia.
Así que, en vez de desperdiciar otros 20 millones de pesos, habría condiciones para sentarse a dialogar, buscar consensos, negociar. Ver si en la constitucional hay coincidencias, para modificar la ley suprema y atender la demanda social de que la política cueste menos.
Si en la constitucional prevalecen diferencias, entonces concentrarse en leyes secundarias, reformar lo que permita perfeccionar la operación del instituto electoral y los tribunales, reducir gasto y terminar con duplicidades en desempeño de consejeros y magistrados.
Cierto que los foros están en marcha, tanto los de la mayoría parlamentaria como los de la oposición, con los rollos de siempre. Hay expertos, consejeros y ex consejeros que, les encanta al protagonismo y los reflectores, al fin que no son ellos los que pagan eventos huecos.
Lo fundamental es aprovechar el tiempo parlamentario, sobre todo en tiempos inflacionarios, aplicar el criterio franciscano en el trabajo legislativo, porque al pueblo apenas le alcanza para comer.

Todo parece indicar que el Senado volverá a incurrir en falta de respeto para grupo de abogados aspirantes a magistrados electorales locales. Más de 200 se apuntaron para competir por 21 vacantes en 18 estados, para el cargo de “magistrado de órgano jurisdiccional local en materia electoral”.
Ya comparecieron ante integrantes de la Comisión de Justicia de dicha cámara y cumplieron con los requisitos constitucionales y legales. Nada más que ninguno de ellos, después de dos periodos ordinarios de sesiones septiembre-diciembre 2021 y febrero-abril 2022 ha sido votado, aprobado al menos por las dos terceras partes de los asistentes al pleno, como lo señala la norma. Los grupos parlamentarios no lograron ponerse de acuerdo.
El futuro de estos aspirantes es incierto, porque la propuesta constitucional de reforma electoral enviada por el Ejecutivo al poder legislativo, desaparece su estructura, para ser absorbida por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con el argumento de reducir la burocracia, simplificar el proceso para llegar a resoluciones definitivas y disminuir gasto, se eliminaría la figura de magistrado local en materia electoral. Nada más quedarían magistrados de salas regionales y magistrados de la sala superior.
No es la última palabra, porque falta se apruebe la iniciativa presidencial. La discusión en la Cámara de Diputados, como cámara de origen, estaría prevista para el periodo ordinario que arranca en septiembre próximo.
El Senado ha quedado mal, en ocho meses no ha sido capaz de ponerse acuerdo para aprobar 21 nombramientos.
Historia similar se vivió con 18 abogados aspirantes a magistrados administrativos anticorrupción, propuestos (abril 2017) en el gobierno de Enrique Peña. Nunca fueron aprobados en Senado con mayoría priísta. 13 optaron por declinar y los otros 5 dieron sin éxito la pelea legal. Llegó en el 2018 nuevo gobierno y acabó con ese esquema que le pareció burocrático, costoso y nada efectivo.
Ahora, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia, entrevistada por este espacio, reconoce y lamenta que los legisladores, hasta la fecha, no hayan hecho la tarea en el caso de los aspirantes a magistrados locales electorales. Las vacantes, de manera transitoria, han sido ocupadas por secretarios de acuerdo de los tribunales, en los términos establecidos por la normatividad del poder judicial.
En el Senado, donde se presume que son muy buenos para negociar y acordar, no lograron consenso para el nombramiento de estos magistrados. Nada más entrevistaron y revisaron perfiles de aspirantes.
De prolongarse el retraso, advierte la senadora Indira San Román, existe riesgo de crisis en impartición de justicia electoral, porque en próximas semanas, habría más vacantes.
Para que estas historias no se repitan, recomienda legislar y establecer plazos fatales, aunque no tiene claro qué sanción proponer si los senadores incumplen su trabajo.
Independientemente del destino que tenga la iniciativa de reforma electoral, mientras no cambie la ley y por respeto a quienes atendieron la convocatoria para buscar nueva responsabilidad, corresponde al Senado (en receso, volverá a sus actividades ordinarias hasta septiembre) procesar el nombramiento de magistrados locales.

La instrucción que han recibido diputados de oposición y del bloque mayoritario, de sus respectivos coordinadores y vicecoordinadores, es que no se alejen de la Ciudad de México y que mantengan a la mano el teléfono celular. Habían planeado su acuartelamiento desde la noche del lunes. Como la sesión plenaria en el recinto de San Lázaro se pospuso para el próximo domingo, desde el sábado volverán a concentrarlos para que se queden a dormir en el mismo recinto legislativo o en hoteles cercanos.
La moneda todavía está en el aire. Hay quienes dan por hecho que la reforma constitucional en materia eléctrica “está muerta”, que no alcanzará las dos terceras partes de los votos que requiere para ser aprobada; sin embargo, las negociaciones, siguen abiertas. Se mantiene y se intensifica la estrategia de la mayoría para convencer a opositores.
En el dictamen, ya aprobado por las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para beneplácito de la oposición, ha quedado precisado que la rectoría del sector no la va a tener la Comisión Federal de Electricidad (Manuel Bartlett) sino el Estado a través del Centro Nacional de Control de Energía, organismo público descentralizado.
La decisión de trasladar la sesión o el debate para el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, desactivó la versión de que la bancada priísta planeaba la toma de la tribuna legislativa para este martes, como antes lo hacían quienes ahora son mayoría. La táctica de congelar de esa manera la actividad parlamentaria no está descartada.
El cabildeo no ha sido sencillo para quienes coordinan a la mayoría Morena, a tal punto que los líderes han hecho un llamado en general a sus compañeros para que, si tienen buena relación con algunos o algunas diputados o diputadas opositoras, traten de ganarse su voto a favor de la reforma constitucional.
Además, por la importancia que tiene cada voto y la dificultad que existe para lograr las dos terceras partes, se ha decretado tolerancia cero al ausentismo en el grupo de Morena. La orden es que se llame al suplente si el diputado titular, por causa de fuerza mayor, no puede asistir.
Lo mismo se ha planteado en el grupo opositor, por eso la decisión de concentrarlos un día antes de la sesión, aunque no se descarta que más de uno caiga en la tentación de irse de vacaciones o a su estado y no pueda regresar a tiempo para la sesión del domingo.
En caso específico de la bancada priísta, aun cuando ha anticipado su rechazo a la reforma constitucional, todavía existe la posibilidad de que, de última hora, producto de las negociaciones y ajustes al dictamen durante el debate, algunos legisladores cambien de opinión.
Sobre la mesa de negociaciones también está el proceso electoral de Hidalgo y la intención de fortalecer la candidatura de la priísta Carolina Viggiano, a cambio de que el grupo parlamentario de este partido flexibilice su posición.
Quienes de plano no van a ceder ni medio paso son los panistas, convencidos de que la reforma constitucional en materia eléctrica, la que está a discusión, no es la que conviene a México.
La apuesta de Morena es que en estos días prospere el cabildeo y se llegue al Domingo de Resurrección con lo votos necesarios para sacar adelante la reforma propuesta por el Ejecutivo, con varias de las modificaciones en las que han insistido los opositores.

La senadora Beatriz Paredes Rangel es de las políticas más reconocidas y respetadas, sin importar el partido al que pertenece. Ha sabido combinar prudencia e inteligencia.
En su larga trayectoria le han faltado ocupar los cargos de secretaria de Despacho o de Estado y presidenta de la República. No por ausencia de méritos sino por la correlación de fuerzas y porque por muchos años los varones fueron dueños absolutos del poder en México.
Han cambiado los tiempos, cada vez se habla con más insistencia de que una mujer puede llegar a gobernar el país y existen perfiles de distintos partidos para competir por esa posición.
Beatriz se ha desempeñado en diversas ocasiones como diputada y senadora, ha sido gobernadora de su estado natal Tlaxcala, embajadora, líder campesina y dirigente nacional PRI.
Cuando le tocó presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, supo sortear con éxito estrategias de la oposición que amenazaban con empantanar el trabajo del poder legislativo o hacerlo caer en incumplimientos normativos, rebasar los tiempos establecidos para la aprobación del presupuesto federal.
Acciones de la oposición para dejar constancia de su inconformidad, para llamar la atención y hacer escándalo. Una oposición integrada por muchos de los que ahora están en el poder.
El día que se agotaba el tiempo para aprobar el presupuesto, cuando solo quedaban unas cuantas horas del plazo fijado por la ley y era evidente que no se cumpliría, Beatriz encontró la fórmula para salir del jaque en que la había colocado la oposición, jugada política que sus adversarios no esperaban: detuvo el reloj legislativo con el fin de que los grupos parlamentarios, los coordinadores, se sentaran a dialogar y destrabaran la diferencia.
Lo consiguió, hubo acuerdo, se aprobó el presupuesto. La capacidad y habilidad política la sacaron del apuro. Ante la radicalización de adversarios, recurrió al manejo político y a convencerlos de que era incorrecto manchar la legalidad legislativa por una marrullería, porque el descrédito sería para todos.
En contraste con ese manejo parlamentario, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, ministra en retiro, notaria, ex secretaria de Gobernación, con diferencias públicas con el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador de la revista Proceso, Julio Scherer García, ha pasado aprietos ante los embates de la oposición, ha tenido que aguantar reclamos y hasta intentos de romper el quórum. No ha tenido sensibilidad para encontrar el punto medio, actuar sin favorecer a su mayoría. Le ha faltado flexibilidad política, sin que implique ceder el control del pleno a una minoría que tiene la experiencia de haber sido mayoría por muchos años.
Además, su ex compañera de bancada y ahora integrante del grupo panista, senadora Lilly Téllez, parece haberle tomado la medida, no le perdona titubeos y no duda en descalificarla al observar inconsistencias y hasta incongruencias en la conducción de la sesión de pleno.
Sánchez Cordero no pudo evitar ser exhibida por utilizar dos raseros: uno para prolongar el tiempo establecido para que sus compañeros de bancada llegaran al salón y aseguraran la existencia de quórum, y otro para cerrar la votación en el tiempo fijado por la norma, sin darle un segundo más a opositores que faltaban por llegar al pleno.
Se avecinan momentos álgidos en el parlamento con el debate de la reforma eléctrica. Manejo político y trato equitativo van a requerirse para que haya éxito en la conducción de las sesiones.

Hablaremos de cinco joyas del museo del Palacio Legislativo de San Lázaro; piezas originales, con mas de 100 y 300 años de antigüedad….
No solo el medallón de Sor Juana Inés de la Cruz está en el palacio legislativo, también un libro de música que perteneció a la sabia religiosa.
El medallón fue encontrado en el Convento de San Jerónimo, ahora sede de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Por varios años el medallón estuvo en poder de Margarita López Portillo, hermana de José López Portillo quien fuera presidente de México.
En 1995 Margarita decidió depositar el pectoral de Sor Juana Inés de la Cruz en el Palacio Legislativo de san Lázaro.
Otra joya original en el palacio es el libro titulado “El Melopéo y Maestro”, escrito por el sacerdote y músico italiano Pietroietro Cerone. Es una obra enciclopédica que sirvió como guía de canto y composición para los artistas de los siglos XVII y XVIII.
El libro perteneció a Sor Juana, ella era la dueña y es testimonio de que la religiosa conocía y adoraba la música.
Si bien es cierto que no es de su autoría, como experta en música, hizo anotaciones al margen.
Sor Juana precisó lo que consideraba era un semitono musical. Sus apuntes están sobre las páginas del libro, lo que lo hace todavía mucho más valioso.
La versión de historiadores es que el libro de Sor Juana Inés de la Cruz fue recuperado por el Virreinato, que resolvió donarlo al poder legislativo, cuando tenía su salón de sesiones en palacio nacional.
Ahora el libro de Sor Juana está en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La tercera joya es el gran tintero de plata; 35 centimetros de altura y pesa poco más de cuatro kilos. Tiene las figuras de las diosas griegas Niké que sostiene una corona de laureles y representa la victoria y de Themis que sostiene una espada que representa la justicia. En la parte superior un águila como símbolo de la libertad.
El tintero plateado es infaltable en las sesiones plenarias; se coloca exactamente frente al lugar que ocupa el presidente de la mesa directiva.
La cuarta joya del Palacio Legislativo de San Lázaro es el ánfora de plata, de cuarenta centímetros de alto; elaborada alrededor de 1823. Era utilizada para las votaciones de los diputados. Con el tiempo floreció la desconfianza entre los legisladores y ahora usan urna transparente, para que todos puedan ver los votos depositados.
La quinta joya es la campana hecha de bronce, con la leyenda presidencia en la base y el escudo nacional en el mango.
La hace sonar el presidente de la mesa directiva para anunciar el inicio o el final de las sesiones.
Estas son cinco joyas del palacio de San Lázaro. Los originales están en su museo Sentimientos de la Nación, dentro de las mismas instalaciones legislativas.

¿Y por qué no lo dijo en su momento, hace 13 años?
Es pregunta que más de uno ha soltado desde su trinchera mediática al ministro presidente Arturo Zaldívar.
También han tratado de restarle importancia a su relato con el comentario de que su declaración no es nueva porque ya la había hecho en 2019.
Imposible minimizar la tragedia, la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Sonora y la versión de que hubo presiones del gobierno de Felpe Calderón con la finalidad de proteger a involucrados.
El propio ministro reveló que tomó medidas al pedirle a su secretaria que guardara bajo llave el proyecto de dictamen, con la instrucción de que lo entregara a la prensa en caso de que ya no pudiera regresar a su oficina.
Finalmente, su proyecto no prosperó, fue rechazado por la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ningún alto personaje pagó por lo sucedido en la guardería.
Los aludidos por el ministro, Fernando Gómez Mont (ex secretario de Gobernación) y la actual diputada Margarita Zavala (ex primera dama) negaron imputaciones, aunque es de suponer que este asunto no va terminar con las revelaciones de uno y las negaciones de otros; hay voces de padres de familia que reclaman justicia y en la Cámara de Diputados la mayoría ha propuesto crear Comisión Especial Investigadora.
Cierto, lo mejor hubiera sido que esto lo hubiera planteado el ministro hace 13 años.
Nada más que no se debe olvidar la sabia expresión de abuelas: “los panteones están llenos de valientes”, que podría aplicar para este caso y muchos otros en nuestro país.
Un segundo caso: Cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial priísta, uno de los militares de su escolta fue citado en el Campo Militar Número 1 por el fiscal Pablo Chapa Bezanilla.
Antes de acudir a la cita, instruyó a su familia que, si no regresaba a casa, acudieran a la prensa para que entregaran una carta que previamente había elaborado.
El militar fue presionado para que hiciera imputaciones de las que no tenía ninguna prueba. Después de varias horas y no conseguir su objetivo, le permitieron retirarse. Hasta la fecha, el aludido no se ha atrevido a relatar públicamente el episodio y es probable que nunca lo haga.
Tercer caso: El juez Eduardo Torres Carrillo violó el artículo 19 de la Constitución al incumplir el plazo de 72 horas que da la ley para resolver la situación jurídica del detenido. En ese lapso incumplido, el detenido fue torturado. La parte afectada presentó queja administrativa y la respuesta de la autoridad investigadora del poder judicial fue que el juez no había cometido ninguna falta en el procedimiento que había realizado en diciembre de 2012.
Las resoluciones, 979/2015I y 1145/2015/I, que lo liberaron de cualquier responsabilidad, fueron firmadas por Luis María Aguilar, quien entonces se desempeñaba como ministro presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
Al ver quien firmaba los resolutivos, la parte afectada optó por replegarse en este punto, porque temía consecuencias más graves si en ese momento evidenciaba a Luis María, quien ahora es investigado por la fiscalía por otras irregularidades administrativas.
Refugiarse en el silencio temporal ha sido prudente en estos tres casos, sobre todo cuando sobran testimonios sobre los riesgos que se corren ante el poder y los poderosos.

Lo que quiere la sociedad de la reforma eléctrica es que el servicio de luz cueste menos, que no entre en espiral inflacionaria y esté obligada a pagar más cada mes.
Fue el ofrecimiento que hicieron los que llevaron a cabo la reforma energética del 2013. La iniciativa de Enrique Peña Nieto contó en el poder legislativo con los votos a favor del PRI, PAN, Verde Ecologista y Nueva Alianza; en contra, PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Se promovió en medios que México tendría electricidad barata, resultado de atraer inversión privada, generar competencia y asegurar un marco legal confiable al capital nacional y extranjero. Para la oposición no fue otra cosa que privatizar la industria y debilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en perjuicio de la economía de la mayoría de la población.
Hoy de nuevo el tema está sobre la mesa y en puerta lo que llaman “Parlamento Abierto de la Reforma Energética”, que arrancará el próximo 17 de enero y concluirá el 15 de febrero. Un mes para saber y precisar lo que más conviene a México y a los mexicanos.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), que preside Rubén Moreira (PRI), integrada por Ignacio Mier (Morena), Jorge Romero (PAN), Carlos Alberto Puente (PVEM), Alberto Anaya (PT) Jorge Álvarez (MC) y Luis Ángel Espinosa (PRD), tiene definida la agenda, para que participen los que conocen y dominan el tema.
Hay programados 19 foros, que abarcarán todo lo relacionado con el sector eléctrico, las energías limpias y el litio. Se desahogarán a través de mesas de comisiones legislativas, debates en el Canal del Congreso y diálogos de la propia JUCOPO con expertos.
De los 19 foros, la JUCOPO ha seleccionado seis, sin cerrarse la puerta para intervenir en otros.
Le interesa (foro del 18 de enero) lo que tiene que ver con redes eléctricas, generación, sociedades de autoabastecimiento, productores independientes de energía, subastas de largo plazo y proyectos de generación posteriores a la reforma de 2013.
También (foro del 26 de enero) sistema eléctrico, seguridad energética y seguridad nacional.
En tercer lugar (foro del 2 de febrero), impactos económicos y financieros para la CFE y la Hacienda Pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad.
Cuarto (foro del 8 de febrero), cambio constitucional para un nuevo sistema eléctrico y su régimen transitorio, competencia en la adquisición de energía del sector privado para abastecer al servicio público de electricidad.
Quinto (foro del 9 de febrero), transición energética soberana y litio como área estratégica (México tiene vastos yacimientos de litio, es un elemento que se utiliza en el mundo en baterías de teléfonos celulares o inteligentes).
Y sexto (foro del 15 de febrero), misión social y desarrollo productivo de la CFE.
Son temas seleccionados por los coordinadores parlamentarios, interesados en revisarlos a fondo de manera directa, porque tienen papel neurálgico en la reforma energética.
En su selección no incluyeron tarifas, pero seguro que estarán muy atentos de lo que digan los especialistas.
Si algo anhelan millones de usuarios es electricidad barata.