Poder legislativo
En la niñez nunca vi pelear al gato y el perro que había en casa. Ni un arañazo ni mordida entre ellos. Tampoco corretear el uno al otro como sucedía en las caricaturas o películas. Cada uno por su lado, con sus actividades propias, en sus respectivos terrenos. No jugaban juntos, no llegaba a tal punto la convivencia, pero jamás agresiones.
Por eso cuando escuchaba alguna conversación de adultos y uno de ellos utilizaba la expresión “viven como perros y gatos” o “se la pasan como perros y gatos”, no me quedaba claro el motivo para referirse de esa manera a una situación vecinal, compañeros, amigos y políticos que tenían diferencias manifiestas en dimes y diretes y hasta en golpes.
Cada vez que el tema se repetía, buscaba con la mirada a mi perro y mi gato. Los dos en sus sitios acostumbrados, el gato desparramado sobre un cojín, en los dominios de Morfeo; el perro ocupado en morder el hueso que le había quedado en el plato. Nada de pleitos.
Confundido por la contradicción, le pregunté a mi padre la razón de la expresión “como perros y gatos” si nuestras mascotas se caracterizaban por el respeto. De inmediato no supo qué responder. Se tomó su tiempo. “Bueno, aquí les hemos enseñado a convivir, lo usual es que no se toleren, el perro cuando ve a un gato, lo corretea”.
No me convenció su contestación. Empecé a entenderla hasta que en esa etapa de la vida vi regresar en varias ocasiones a mi gato despavorido, a toda velocidad por uno de los huecos de reja de la casa, seguido de varios perros que le ladraban y enseñaban sus dientes con la intención de darle un mordisco. Por fortuna, nunca lo alcanzaron. Por mucho tiempo me sentí tranquilo con ese dicho de que “tienen siete vidas”. Descubrí que era una falacia cuando un carro atropelló un gato ajeno.
Ahora, en los tiempos de hoy, videos a través de You Tube o Facebook, confirman mi experiencia de la infancia. Los gatos y perros pueden aceptarse, respetarse, convivir en el mismo lugar y no hacerse daño. Entonces, la expresión de que los “humanos” se comportan como “perros y gatos”, ya no corresponde, no es exacta, está superada por el ejemplo de perros y gatos.
En México y en muchos países de nuestro planeta, los “humanos”, se han especializado en la agresión y en la destrucción. No se soporta el éxito o la felicidad del prójimo, no se reconocen errores, prevalecen la insensatez y la arrogancia. Se hace daño con la mentira. Se vuelve común desacreditar al de enfrente. Rectificar no es opción para muchos. Se cree que uno es perfecto cuando nadie es perfecto. Se equivoca el otro, la paja en el ojo ajeno.
Sobran ejemplos en México. Por eso es que Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guiilermo del Toro han triunfado fuera del país, porque seguro que cuando lo intentaron aquí, el objetivo era que no lo consiguieran. Si se hace la reforma energética, hay que hacer algo para que se trunque. Si se planea una mejor educación, hay que hacer algo para que no se logre. Si se equivoca un medio de comunicación, lo menos que hará es aceptar el error y mucho menos la rectificación. El político incapaz de reconocer que fallo y el periodista tampoco, hay comunicadores que se han vuelto infalibles y actúan como jueces implacables y parciales. La injusticia sigue, la impunidad también. La pobreza en los mismos y la riqueza igual. Si Cuauhtémoc Blanco es propuesto candidato para presidente municipal, hay que decir que no está preparado; omitimos a los que han estudiado en las mejores universidades del mundo y se han caracterizado por su ineficiencia. Si Carmen Salinas va para diputada, hay que burlarse en vez de respetar su deseo de participar. Se destruye y se hace daño.
Lo digo con respeto para las dos partes: los humanos todavía no aprenden a convivir como perros y gatos.
Esta vez, por la gravedad de la infamia, en un carta dirigida al ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relataré un episodio que no se le desea a nadie y que exhibe cómo he sido víctima de una patraña.
La carta dirigida al ministro presidente es la siguiente:
México, D.F. a 9 de marzo de 2015
Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Presente.
Soy periodista con más de 20 años de ejercer la profesión.
Le escribo esto desde las entrañas, con el dolor y coraje que despierta una injusticia que no termina, que sigue y sigue, que viene desde el 2011, cuando me desempeñaba como coordinador de comunicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Una mentira ha llevado a una descomunal infamia que no tiene precedente, con daños inestimables en lo moral, física y patrimonial.
Ante una acusación infundada, nunca se me concedió el derecho constitucional de audiencia, cuando se me detuvo fui “paseado” todo el día en la ciudad de México, víctima del uso de la fuerza por los captores, depositado por la noche en un penal de máxima seguridad como si fuera el peor criminal, torturado por custodios por haber trabajado en la defensa de los derechos humanos, un juez que no cumplió con el término constitucional de las 72 horas y un proceso que rebasó el tiempo previsto por la ley para su desahogo. Todo documentado en un expediente.
A lo largo de mi vida, quienes me conocen, saben que he sido gente de trabajo, respetable, de honor, con familia, con esposa e hijos. Respetuoso de las leyes y las instituciones, decidí que ante el infundio, me defendería en el espacio establecido para ello, para acreditar mi inocencia.
Así lo hice, con testigos, una docena de hombres y mujeres que acudieron a decir lo que les consta, a los que siempre les estaré agradecido; fotografías, videos, peritajes, careos procesales, demostración de graves contradicciones de la parte acusadora. Más de 45 pruebas.
¿Y qué pasó?
Una sentencia basada sólo en los dichos de la parte acusadora. ¡Cuánta falta hacen los juicios orales! En un proceso abierto y con testigos, obligado el juez a estar presente, jamás hubiera podido resolver sin tomar en cuenta lo expuesto y presentado en el proceso.
¿Qué sucedería si ese mismo juez sufriera una situación desastrosa como la mía, que fuera acusado de supuestos delitos de realización oculta y que otro juez lo condenara basado solo en los dichos de la parte acusadora? Que lo condenaran a pesar de que durante dos años presentó una docena de testigos, hombres y mujeres, que defienden su conducta intachable, graves contradicciones de las supuestas víctimas, fotografías, videos, peritajes. Eso es lo que ha hecho el juez conmigo. Acredité mi inocencia y resolvió como si no hubiera presentado ninguna prueba. Es por eso que digo que en un juicio oral no hubiera resuelto de esa forma.
Por supuesto que he apelado la sentencia del juez Eduardo Torres Carrillo (titular del juzgado Primero de Distrito de Proceso Penales Federales del DF) e iré hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que usted preside y de requerirse a las mismas instancias internacionales, que sepan como una mentira puede cuadrarse para lastimar y dañar a una persona, a una familia.
Lamento que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la etapa de Raúl Plascencia Villanueva haya sido omisa y negligente, que haya dejado correr el infundio en mi contra, atribuido al mismo organismo, sin atajarlo y hacer la aclaración correspondiente, por ese afán de proteger sus aspiraciones de reelección. Mi carta dirigida a Plascencia para hacerle ver esta situación, la dejó sin respuesta.
La CNDH nunca me encontró culpable de lo que me han imputado.
También lamento que quien fuera primer visitador de la citada comisión, Luis García López Guerrero, no aclarara con oportunidad que nunca confesé haber cometido los supuestos delitos.
Extrañamente el señor López Guerrero no fue citado por el órgano interno de la comisión, a pesar de que se convirtió en el dicho más repetido de la parte acusadora. Llegó al extremo de solicitar un amparo para no acudir al citatorio del juzgado cuando se suponía que era un defensor de los derechos humanos, pero finalmente fue y quedó asentado en el expediente que jamás me auto culpé o confesé los supuestos delitos penales.
He sido periodista crítico y defensor de los derechos humanos. En diversas ocasiones escuché la advertencia de que me la “cobrarían” por haber tenido un desempeño que afectó intereses.
Ministro Aguilar Morales:
Subrayo mi absoluto respeto a su investidura y la confianza de que al final, la verdad y la justicia prevalecerán.
En su calidad de presidente de la Judicatura, ruego a usted sea revisado el expediente 103/2012 y su sentencia, así como la actuación del juzgador, que en la Recomendación 27/2013 de la CNDH es señalado por el incumplimiento constitucional de las 72 horas para resolver la situación jurídica del inculpado y de lo que se dio vista a la misma Judicatura por la comisión.
Creo en usted ministro, en su trayectoria, en su calidad de jurista y en su compromiso con la justicia.
Confío en la institución.
Con absoluto respeto,
Arturo Zárate Vite
La implementación de los juicios orales para renovar el Sistema de Justicia Penal en el México sigue en el atraso y no hay ninguna garantía de que se vaya a cumplir con el plazo fijado por el poder legislativo.
Junio de 2016 es la fecha. Hay hasta un reloj con cuenta regresiva, en días, horas, minutos y segundos en Internet de la “Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal” (SETEC), organismo desconcentrado de a Secretaría de Gobernación, para saber el tiempo que les falta a los involucrados en esta tarea.
En www.setec.gob.mx puedes ver ese reloj. A estas alturas, a un año tres meses de que venza el plazo, apenas una entidad, Chihuahua, ha conseguido llegar a la meta. Más de 20 estados están por abajo del 60 % del cumplimiento. Y se supone que se empezó a trabajar con ese propósito desde 2008.
La responsable de operar y asegurarse de que esto funcione es la SETEC que está a cargo de su secretaria técnica María de los Ángeles Fromow Rangel, pero es obvio que una tarea es esta magnitud no puede ni debe verse como una misión exclusiva de una persona.
Hay que decirlo ahora para que el día de mañana, una vez que el reloj llegue a ceros, todos asuman su responsabilidad y no se vaya querer solo señalar a una persona del incumplimiento.
Lo fundamental es hacer funcionar ese nuevo sistema, para acabar con prácticas rancias, caducas y opacas, con tufo de corrupción e injustica. La justicia no ha sido pronta y expedita como lo enuncia la Constitución. Hay procesos que se vuelven interminables. Humanamente es imposible que un juzgador que no ha seguido el desarrollo de un juicio, en dos o tres meses, cuatro o cinco, se lea cinco mil, 10 mil, 20 mil o más fojas y resuelva con la imparcialidad que debe significar un acto de esta naturaleza.
Como cuando ibas o vas a la escuela y quieres estudiar para el examen de un día para otro, aprender en 24 horas lo que no hiciste en todo un año. Por supuesto que no es el mejor camino. Repruebas o haces un examen irregular. Es lo que sucede cuando se desatiende lo que exige atención permanente. Pasa en la “impartición” de “justicia”.
Por eso la importancia de los juicios orales, para que haya más actores involucrados y testigos de lo que ocurre en el desarrollo de un proceso, para que el veredicto no quede en manos y en la oscuridad de un juzgador, para que se obligue al juzgador a estar en todas las deliberaciones.
Me parece que el nombre que se le dio a la SETEC, además de kilométrico es indigerible para el ciudadano común. Hay escasa idea en la opinión pública de la trascendencia de la medida.
Por lo menos, se supone, la tienen clara los responsables en llevarla a cabo, es materia del secretario de Gobernación, gobernadores, funcionarios, académicos, jueces, magistrados, conciliadores, policías, peritos, ministerios públicos, defensores, mediadores y personal penitenciario.
Definitivo, el peso de la renovación del Sistema de Justicia Penal no es carga para una sola persona.
A Silvano Aureoles lo vi actuar como senador, no estaba en la primera fila de su grupo ni era protagonista de la tribuna. Tampoco se caracterizaba por hacer declaraciones o dar entrevistas. Dejaba que su coordinador Carlos Navarrete hiciera el trabajo de luces y estuvo a su lado cuando el grupo parlamentario se fracturó por diferencias en estrategia.
Parecía uno más, de los que no aportan, de los que solo suben a la tribuna para la foto del recuerdo y cobran por una de las actividades más desacreditas en sociedades que todavía no ven la mejoría en su calidad de vida. Había otros como Pablo Gómez y Graco Ramírez con más experiencia. A Silvano lo miraba entre el montón, sin brillo ni futuro.
Por lo mismo nunca estuvo en mi lista de legisladores entrevistables, tampoco en la de otros colegas. Por curiosidad, en un espacio público me acerqué para escuchar lo que platicaba con uno de sus compañeros. Registré que era un tipo que tenía discurso, opiniones propias sobre problemas nacionales, nada más que los reflectores eran acaparados por gente con más trayectoria y nombre. Pero por algo Navarrete lo hizo vicecoordinador de su grupo.
En Michoacán tenía historia, había sido presidente municipal de Zitácuaro. Su trayectoria era local y eso lo llevó a convertirse en candidato a gobernador en una entidad que se significó por ser bastión cardenista, gobernada y controlada por la familia Cárdenas.
Cuando le tocó competir por la gubernatura, el cardenismo ya se había debilitado. El último beneficiario de dicha corriente fue Leonel Godoy. Silvano no pudo ligar un tercer gobierno perredista. El primero había sido Lázaro Cárdenas Batel, el hijo del ingeniero Cuauhtémoc y nieto del general Lázaro Cárdenas del Río.
Por supuesto que el general y su hijo el ingeniero también gobernaron Michoacán, aunque con las siglas del PRI. También con esa camiseta estuvo el hermano Dámaso Cárdenas del Río.
El PRI recuperó el gobierno de Michoacán con Fausto Vallejo y el PAN se convirtió en segunda fuerza con María Luisa Calderón, por el apoyo de su hermano Felipe desde la presidencia.
Silvano relegado al tercer lugar, regresó al Senado y después siguió su carrera parlamentaria como diputado. No se desanimó de sus aspiraciones locales. Se consolidó como legislador y negociador, aprendió a convivir con sus adversarios. Su tolerancia le permitió escalar a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Su comportamiento, como se anticipó, ha sido institucional y ha acudido con esa vestidura a los actos del presidente Enrique Peña Nieto.
Ha sabido manejar sus tiempos, su imagen, su relación con perredistas, priístas, panistas, cardenistas y pejistas. Tiene más conocimiento de su estado y más aceptación de sus paisanos.
Va a volver a competir con “La Cocoa”, quien si no ganó con su hermano en la presidencia de la República, menos ahora. El PRI tiene como candidato a José Ascención Orihuela Bárcenas, con la desventaja de lo que hizo y no hizo su compañero y ex gobernador Fausto Vallejo.
El escenario, de acuerdo con esta valoración cualitativa, está hecho para Silvano, tiene el peso político que reclama Michoacán, pero todavía falta la valoración cuantitativa del próximo 7 de junio.
Cuando estudiaba en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García veía ocasionalmente su convoy circular por las calles de la colonia San Rafael en dirección a su oficina, sede de la Organización Editorial Mexicana (OEM). Sabía de su influencia en el deporte y en el política, empresario exitoso. Hábil para las relaciones públicas, le gustaba hacer amigos, sobre todo si estaban en la administración pública. La verdad, por muchos años, solo lo vi en declaraciones en televisión, en fotos y en sus entrevistas que publicaba en sus diarios. Ya no cuajó su aspiración de tener una cadena televisiva. El helicóptero y el avión privado se convirtieron en sus medios de transporte en su mejor etapa económica.
Le voy a contar un episodio del que fui testigo, pero que por años mantuve en reserva porque ese fue el acuerdo, de lo visto y escuchado no trascendería nada, mientras él viviera. Un pasaje que lo pinta como un hombre del medio periodístico con poder. Se los platico hoy para que se vea el peso de su palabra en la política nacional.
Esa vez Don Mario Vázquez Raña (QEPD) estaba de buen humor, cordial, afable, abría su refrigerador y sacaba una botella de tequila. Su comentario fue que era la novedad, tequila helado. El mismo, sonriente, sirvió las copas.
Paquita, su esposa, se asomó para saludar y despedirse de Don Mario. Ella se iba a comer con sus amigas.
Jimena Saldaña (hija de Jorge Saldaña, QEPD), su leal asistente, le avisó que ya estaba su llamada telefónica. Tomó el aparato inalámbrico y habló como si estuviera solo o acompañado de gente de su total confianza.
Captamos nada más lo que él decía.
-Senador, ¿cómo estás?
-Ya está todo listo, nos vamos en el helicóptero.
-Te llamo para comentarte el caso de Marisela Morales.
-Ella es una gran amiga.
-Quiero que la apoyes, que sea ratificada por el Senado.
-Ella tiene toda mi confianza.
-Yo la avalo, yo respondo por ella, no te preocupes, cuenta con que tendrá una conducta institucional.
-Dalo por hecho, necesito que la apoyes, es una gran amiga.
-Vamos a reunirnos con Marisela.
-Estamos de acuerdo.
-Te mando un abrazo.
Don Mario colgó el teléfono.
Marisela Morales había sido propuesta por el presidente Felipe Calderón para ocupar el cargo de procuradora general de la República. No tenía las simpatías de todos los priístas.
Por ley, requería la ratificación del Senado. Don Mario hizo el cabildeo para ayudarle a limpiar el camino.
A la siguiente semana Marisela fue ratificada, sin sobresalto alguno.
Aurelio Nuño Mayer había mantenido hasta cierto punto una presencia discreta, pero a raíz del descubrimiento de la casa de Manilalco de Luis Videgaray, que todavía despierta suspicacias y dudas sobre la forma en que fue adquirida, pasó a la primera fila de los presidenciables.
Quien se desempeña como jefe de la oficina de la presidencia de al República, cumple este lunes 38 años de vida.
Su misión inicial era mantenerse a distancia de los reflectores. Como parte del equipo mexiquense, dejarle todo el campo mediático a Videgaray. Seguir de cerca los avances de su compañero y amigo, monitorear en medios el reflejo de las acciones de la Secretaría de Hacienda.
Decaía el ánimo en algunos cuando se observaba que la representación de los pastes (las famosas y deliciosas empanadas hidalguenses) lograba mejores y más espacios mediáticos.
A pesar de ello, la estrategia se mantenía invariable, cuidar a Videgaray, arroparlo, alentarlo para que no se despegara del puntero y, de ser posible, colocarse a la cabeza. La carrera por la sucesión arranca justo cuando empieza el nuevo sexenio, así que ya se corrió un poco más del primer tercio. Todo iba bien hasta que se descubrió la morada de Malinalco.
Hubo necesidad de llevar a la pista a otro de los personajes del primer círculo mexiquense, lo que de ninguna manera significa que se pretenda excluir o retirar de la competencia a Videgaray. Faltan todavía dos tercios y el titular de Hacienda pudiera recuperarse del golpe inmobiliario. También no hay que perder de vista que la cabeza del grupo Hidalgo entró en un terreno pantanoso a partir de los episodios de Michoacán, Ayotzinapa y Tlatlaya; se desdibujó el manejo político.
En caso de que Videgaray no pueda remontar el ruido que le ocasiona la adquisición de su casa, ahí estará Aurelio. Es lo que explica que haya sido el orador en diciembre pasado en la ceremonia conmemorativa de la muerte del general José María Morelos y que en la reunión privada con Barack Obama en Washington, solo él haya acompañado al presidente Enrique Peña Nieto.
Es cierto que el horno no está para bollos como decía mi abuela cuando la tranquilidad casera pendía de un hilo, pero tampoco es para encerrarse, deprimirse y ponerse a llorar. Además, no todos los días se cumple años. Y es el turno de Aurelio Nuño.
Es licenciado en ciencias políticas por la Universidad Iberoamericana y tiene la maestría de estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford. En la mayoría de los cargos públicos que ha ocupado su papel ha sido de estratega y asesor. No hay duda de su cercanía con el actual mandatario.
Seguro que no se hará una gran fiesta ni se lanzarán al aire juegos pirotécnicos por su cumpleaños; hay conciencia de la situación que vive el país, de los pendientes económicos, sociales y de justicia.
En ese contexto, de recato y moderación, el pastel con una vela en forma de pino no se le puede negar a Nuño.
Se aproximaba la navidad y mi amigo Jesús estaba encerrado en un espacio de tres por dos metros. Daba por hecho que ahí pasaría el festejo del 24 de diciembre. No tenía ninguna noticia de su familia, ningún aviso, ninguna llamada telefónica y ni una visita.
En su mente se repetía una y otra vez la película de su drama, de un encierro inesperado e injusto. Le tendieron una trampa y pisotearon sus derechos humanos. Se torció la ley.
Ahí estaba tras las rejas, en prisión, protagonista de una pesadilla. A tres días de la navidad. El supuesto delito del que era acusado no estaba clasificado como grave, tenía derecho a fianza. Inexplicablemente lo habían llevado a un centro de readaptación de máxima seguridad, como si fuera parte de la lista de los más buscados por la policía.
Jesús contaba los segundos, los minutos, las horas. Impactado por su situación y sin perder la esperanza de que pronto recobraría la libertad. Lo había torturado gente que se supone es responsable de que prevalezca el orden en esos lugares y que paradójicamente se les llama “custodios”. Su coraje, rabia e impotencia las contenía en su interior; hacia fuera procuraba mantener la calma, la cordialidad y reflexión, no dejaba de orar en silencio.
El dolor de los golpes ni lo sentía. “¿Con qué le pegaron?”, era la pregunta que le repetía su compañero de celda. No daba crédito al daño que observaba, sugería denunciar la tortura, porque de lo contrario, le advertía, a la siguiente lo van a matar y van a decir que se suicidó. A Jesús lo que más le dolía era la injusticia de la que era víctima y la incomunicación con su familia. Por los días festivos, su interlocutor daba por hecho que ahí pasaría la navidad. Le anticipaba que habría pavo para la cena y frijoles.
Les cuento esta historia porque describe el grado de corrupción, injusticia e impunidad a la que se ha llegado en México. A Jesús lo encerraron sin concederle su derecho constitucional de audiencia, sin darle oportunidad a la defensa previa cuando surge una acusación. El día que lo detuvieron lo pasearon prácticamente todo el día, antes de ponerlo a disposición de la autoridad, que se supone debe ser de inmediato. Una cadena de atropellos.
No se resignaba a pasar por primera vez en su vida un 24 de diciembre en esas condiciones. Cerraba los ojos por la noche, pero no dormía. Durante el día compartía las tareas de limpieza con su compañero de estancia e intercambiaban versiones sobre los motivos por los que estaban en ese sitio. Tuvo tiempo para construir su hipótesis de quiénes y porqué le tendieron esa “trampa navideña”, con “hechos” inventados.
Sufría ante la posibilidad de que no estuviera con su familia en la “nochebuena”, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos y hermanas, tías y tíos, con su padres y abuelos.
Justo un día antes del 24 de diciembre, el anuncio de que saldría libre. Su familia lo esperaba en la puerta, lloró como nunca lo había hecho antes. Sacó la rabia que había guardado, gritó y mentó madres, respiró. Se abrazó con los suyos y juntos marcharon a casa, a la cena de navidad.
Muy temprano me llamó por teléfono Alejandro Rojas Díaz Durán.
-Nos vemos en el restaurante de Insurgentes y Puente de Alvarado, a las nueve.
-¿De qué se trata -pregunté de inmediato.
-Allá se te informa, es importante que vayas –colgó sin dar más detalles.
Llegué puntual, minutos después aparecieron en la puerta Alejandro y Ramiro de la Rosa, con rostros que transmitían inquietud y nerviosismo. Dos jóvenes impetuosos y críticos de viejas prácticas priístas.
Su inconformidad los había llevado a planear tomar las instalaciones de su partido en Insurgentes norte, colonia Buenavista, como una acción más para tratar de hacerse escuchar.
Eran los tiempos de la corriente democratizadora. Ellos, como jóvenes, habían formado lo que llamaron Corriente Crítica, actuaban al unísono, tenían una permanente y afinada comunicación. Seguidos por otro grupo de muchachos, pocos, no numeroso. Con los dos, con su discurso y valor, era suficiente para incomodar a la dirigencia partidista e incluso más arriba.
Tomaron la sede del PRI nacional, no más de una veintena de jóvenes. El inmueble les resultó demasiado grande para cubrir todos los accesos. Su osadía se vino abajo muy pronto, ni tiempo les dio de convocar a una conferencia de prensa y explicar su proceder.
A mi tampoco me adelantaron lo que tenían planeado para después de la toma. Apenas terminaron de organizarse al interior de la sede partidista y que aparece por la entrada principal un contingente de trabajadores ferrocarrileros, de evidente fortaleza física, con overol y paliacates en el cuello, rostros ansiosos, rompieron en segundos la cadena colocada en la puerta. Blandían en sus manos palos, gritaban consignas contra los ocupantes del edificio.
Empezó la corretiza, rompieron macetas, algunos cristales, no lastimaron a nadie porque ante la superioridad numérica, los jóvenes salieron disparados, escaparon. En esa huida Alejandro Rojas perdió uno de sus zapatos. Una vez que se calmaron los ánimos, regresó a buscarlo, nunca lo encontró.
La lucha de Alejandro y Ramiro siguió dentro del partido. Todavía recuerdo a Ramiro de la Rosa cuando en un acto de campaña de Carlos Salinas se abrió paso entre la gente y lo encaró. Lo dejaron hablar, nadie lo interrumpió pero tampoco recibió respuesta de nadie, los medios de comunicación tampoco le dieron importancia a su atrevimiento.
Ramiro optó por irse del PRI. Alejandro se quedó un tiempo más; lo hicieron diputado. Fue en su etapa de legislador cuando se desprendió del tricolor al rechazar el aumento al IVA.
Alejandro y Ramiro siguieron su propio camino, cada uno por su lado. Alejandro se sumó al nuevo y fugaz partido Centro Democrático creado por los también ex priístas Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard. Estrechó su relación con el segundo. Cuando Ebrard ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, se convirtió en secretario de turismo, aunque su sueño era ser secretario de gobierno. Estuvo cuatro años dedicado al turismo. Se distanció de Ebrard y hasta la fecha no ha vuelto a cruzar palabra con él. Alejandro tiene planes de regresar al legislativo y espera ser tomado en cuenta para una candidatura perredista.
Ramiro se fue a Quintana Roo, a Cancún, convertido en un activista ciudadano, hábil orador. Se quitó de los reflectores de los llamados medios de comunicación nacionales. Reapareció cuando se produjo la detención de Mario Villanueva, acusado de tener ligas con el narcotráfico. Ramiro acompañaba al ex gobernador y fue arraigado. No hizo ruido cuando lo dejaron ir, nada tenía que ver con la delincuencia organizada, ha sido un luchador social toda su vida. Hasta donde se, sigue en Cancún.
Les platicó la historia de estos dos personajes, que ya dejaron de ser jovencitos, porque en su tiempo fueron capacitadores políticos o maestros de Mauricio López Velázquez, actual presidente del PRI en el Distrito Federal, quien también fue integrante de la Corriente Crítica.
Mauricio llegó a ser coordinador de asesores de Miguel Osorio Chong y desde ahí dio el salto a la presidencia de su partido en la capital. Ahora tiene el reto de quitarle espacios al bastión perredista.
¿Le servirá de algo lo aprendido con Rojas y Ramiro?
El ambiente era conflictivo, real la confrontación; la cúpula priísta tenía en la mira al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Jorge de la Vega Domínguez, quien estaba al frente del partido, ya lo había llamado, sin citarlo por su nombre, “quinta columna”. La famosa Corriente Democrática había cobrado vida y fuerza.
Te cuento, el 22 de junio de 1987, todavía no había teléfonos celulares o por lo menos a mi El Universal no me había dado uno. Ese día recibí la instrucción de seguir al ingeniero a todos y cada uno de sus actos. El último en una casa de la delegación Azcapotzalco, a las 19:00 horas.
“No te le despegues a Cuauhtémoc y llama cada media hora a la redacción”, me recomendó Fidel Samaniego (QEPD).
Cuando llegué a la casa de Azcapotzalco, particular, reducido espacio, apenas para una docena de personas, amontonadas, donde se llevaría a cabo la reunión, lo primero que hice fue ubicar un teléfono y pedir permiso para utilizarlo. Para esa hora la instrucción era llamar cada quince minutos a la redacción, tenían informes de que en cualquier momento saldría del PRI una decisión en contra del ingeniero. Más que preocuparme por lo que le decía Cárdenas a los vecinos, estaba pegado al teléfono de la casa. Varías veces recibe el comentario telefónico: “todavía no hay nada, aguanta y no dejes de llamar”.
Por la hora, no había otro reportero, la mayoría se fue a sus redacciones a escribir la nota del día.
Tensa espera.
Por fin se produjo el comunicado: “¡Ya está, apúntale!…”, me pidió Samaniego por teléfono, quien era el reportero que cubría el PRI. Los puntos culminantes del comunicado de la Comisión Nacional de Coordinación Política. No era la Comisión de Honor y Justicia (que entonces se llamaba así la encargada de revisar y sancionar la indisciplina de la militancia), porque estrictamente, nadie había solicitado la expulsión del ingeniero, pero era evidente que la instrucción cupular era hacerlo a un lado, marginarlo.
El comunicado nunca utilizó la palabra “expulsión”, no podía hacerlo, por estatutos existe un procedimiento para prescindir de los servicios de un militante; en su lugar optaron por precisarle que sus actividades eran a título personal y ajenas al trabajo electoral del partido.
Para rematar, que quienes no respetaran las normas estatutarias, “tenían abiertas las puertas para actuar donde más conviniera a sus intereses”.
Como dice el refrán, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Una forma de decirle adiós o correrlo.
El acto casero del ingeniero estaba por terminar, se había prolongado por las preguntas de los asistentes. Le avisé al leal asistente de Cuauhtémoc, Armando Machorro, mi interés de hablar con su jefe, porque requería su opinión sobre el anuncio priísta.
Armando reconoció la importancia del asunto; los dos nos aproximamos. Una vez que agradeció y se despidió de la asistencia, que le planteo el tema. Le leí los puntos medulares.
El ingeniero se quedó sin habla, estupefacto. Me dio la impresión que nunca imaginó que lo fueran a correr.
Tardó en reponerse, lo vi aturdido con la noticia.
Estaba descompuesto, con la cara abrillantada por el sudor; me quitó la mirada y la mandó a cualquier parte, sin fijarla en ningún punto.
-¿Cuál es su opinión?- le insistí.
Empezó titubeante la respuesta.
Recuerdo que fue corta y no arremetió contra la cúpula priísta, se concretó a subrayar el compromiso de su lucha democratizadora y a seguir trabajando en ese sentido. Eso fue todo.
Salió apresurado de la casa, alargó el paso, quizás ansioso de llegar a su domicilio y leer con detalle el comunicado.
Pasado el tiempo, volví a ver Machorro. Me platicó que días antes habían presentado un libro sobre la historia de la Corriente Democrática, que no encontró mi nombre ni este pasaje que te he platicado. La verdad, nunca tuve contacto con el autor de ese texto, pero al fiel escudero del ingeniero y al propio ingeniero, les consta que fui el primero en enterarlo de la decisión tomada por la Comisión Nacional de Coordinación Política del PRI.
Hay una idea que hasta ahora los partidos políticos no les gusta y es la de hacer pública la declaración patrimonial de quienes llegan a los cargos públicos; argumentan el riesgo que corren ante el problema de inseguridad en el país; temen ser víctimas de robo y secuestro.
En México no se han transparentado de esa manera ni quienes han presidido o presiden el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); alegan lo mismo, la posibilidad de que la delincuencia los ponga en la mira. La realidad es que la mayoría de los mexicanos está expuesto a sufrir un asalto, un robo, secuestro o hasta que le quiten la vida.
Sería ideal que antes de tomar posesión y después de terminar su gestión, la hagan pública, para tener la certeza de que no se han enriquecido en el cargo; para comparar su patrimonio con lo que entraron y salieron. Ganarían en imagen y seguro que la sociedad los apoyaría para ocupar otra responsabilidad en el servicio público si exhiben la pulcritud de su desempeño, en cualquiera de los tres poderes: ejecutivo, legislativo o judicial.
La declaración pública ni los representantes de la oposición la quieren hacer. ¿Recuerdas si un gobernador panista, perredista, o jefe de gobierno del Distrito Federal hizo pública su declaración? Igual sucede con legisladores, presidentes municipales, funcionarios de gabinete y titulares de organismos autónomos.
En España su ley de transparencia establece la obligación para los altos cargos, la publicación de su patrimonio y bienes tanto al asumir la responsabilidad como al concluirla. Hay que decir que es una legislación reciente, apenas entró en vigor en diciembre de 2013. Los políticos españoles se tardaron en aprobar la medida y todavía hay resistencias para cumplirla. Quizás en el fondo no quieren que se conozca el tamaño de su fortuna pero ser adinerado no es delito. Carlos Slim no oculta ni puede ocultar que está entre los más ricos del mundo ni vive escondido por ese motivo y su aparato de seguridad es discreto comparado con el que traen algunos funcionarios.
A la larga los políticos encontrarían ventajas de esta transparencia, desactivarían a quienes se han dedicado a sacarle provecho mediático al patrimonio de los servidores públicos. Quienes tienen una riqueza bien ganada, sin burlar ninguna ley, dormirían en paz.
El tema requiere trabajo legislativo, consenso de los partidos representados en el Congreso de la Unión para que en la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos la obligación vaya más allá de entregar la declaración a los archivos de la Secretaría de la Función Pública.
Si el presidente Enrique Peña Nieto ya hizo pública su declaración, porqué los demás van a ser la excepción.
Por lo pronto se avecina una oportunidad única e inmejorable para ganar votos en las elecciones de 2015. Ojalá se den cuenta los partidos y alguno de ellos esté dispuesto y decidido a pasar la prueba. Se imaginan cómo vería la sociedad al partido que anuncie que voluntariamente todos sus candidatos van a transparentar o hacer público sus bienes y patrimonio.
¿Quién dice yo?
El tema amerita la mesa de análisis de los expertos, sobre quién debe tener la facultad constitucional de investigar violaciones graves de los derechos humanos. La tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se la pasaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en junio de 2011; los resultados no han sido como se esperaban y es explicable cuando el poder para juzgar y ejecutar lo juzgado lo tienen tribunales y jueces, no Ombudsman ni visitadores generales.
Algo se tendrá que hacer al respecto para que en los hechos la investigación sea real y efectiva. Es muy fácil decir, como lo ha hecho el senador ecologista Pablo Escudero, que la primera acción del nuevo presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, sea actuar en Ayotzinapa, como si tuviera una varita mágica para resolver el reclamo de las víctimas.
Además, olvida el legislador que hay una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; nadie sabe de su trabajo en este lamentable episodio. También se ha pasado por alto o no se ha querido ahondar en el tema, pero la primera declaración de violación grave de los derechos humanos se hizo hace dos años, precisamente por un acto de violencia en Guerrero, en la que estuvieron involucrados estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero fue llamado a comparecer ante el Ombudsman; también funcionaros de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Un informe fue entregado en esa ocasión a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que preside la perredista Angélica de la Peña. Hasta la fecha no se sabe si hizo algo por atender el problema o gestionar su solución, lo que hubiera, quizás, evitado la desaparición de 43 normalistas. El asunto que fue calificado de grave por la CNDH se dejó morir con el paso del tiempo. ¿De qué sirvió la facultad de investigación de la CNDH? Sus conclusiones se echaron al olvido por no decir al cesto de basura, porque no obligaban a ninguna autoridad a sancionar a los responsables de lo sucedido.
Está a la vista que a la comisión no le corresponde el papel de Ministerio Público, no puede ejercer acción penal ni tiene atribuciones de los órganos jurisdiccionales; su función debe fortalecerse en la defensa de la víctima, en dejar a salvo sus derechos y garantizar la reparación del daño. En cambio, lo que resuelva la Corte, sí obliga a cualquier autoridad y tiene los instrumentos necesarios para profundizar en la investigación de las violaciones graves de los derechos humanos, como lo hizo en Aguas Blancas, Guerrero; San Salvador Atenco, estado de México y el caso del jardín de niños en Hermosillo, Sonora.
Es cierto que el desahogo de los procesos fue lento y que persisten expresiones de justicia porque no se ha castigado a nadie por la muerte de los menores. La Corte pudo sancionar en la tragedia de Hermosillo, la comisión, como está la ley y sus facultades, jamás podría hacerlo.
La facultad constitucional de investigar graves violaciones a los derechos humanos, como lo señala el artículo 102 de la Constitución, se queda solo en investigar, no hay nada que conduzca a ordenar castigo contra los responsables de sucesos que lamenta la sociedad.
Por eso la necesidad de revisar dicha facultad que tiene su espacio natural en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como se los he expuesto. Hay más puntos que evaluar en derechos humanos. Este es toral e indispensable definirlo ante violaciones graves, porque hasta ahora la CNDH nada más emite recomendaciones, no sanciona.