Poder legislativo

Los gatitos se pasean como reyes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sin que nadie los moleste. Son mimados por empleados que les dan de comer, alimentos que compran con recursos de su propio bolsillo.
No son gatos de Angora, de los que cuestan de cuatro mil a 20 mil pesos, sino callejeros, que llegaron al recinto parlamentario por azares del destino, en busca de comida y un lugar donde pernoctar, sin que nadie los espante, aviente agua o eche a los perros.
¿Y en qué benefician a la Cámara de Diputados?
Han acabado con ratas y con cualquier otra alimaña con la que se topan en su camino.
Responden a su instinto natural, son felinos, cazadores. Por su origen callejero, sin dueño, acostumbrados a ganarse la vida con sus propias uñas y dientes; no son amigables. Aceptan que les pongan comida y agua en recipientes, sin permitir caricias y mucho menos que los carguen.
Siempre hay excepciones: gata bautizada en un principio como “La negra” por el color de su pelo.
Doña Sandra Barrera, empleada desde hace más de 30 años en la Cámara de Diputados, se encariñó con la felina. Le daba trato especial y el animal le respondió de la misma manera, accesible, amistoso. Atendía el llamado de la señora y se dejaba apapachar.
Casi llora Doña Sandra al recordarla, porque ya no está dentro de su entorno laboral. Durante la pandemia, ella dejó de asistir al recinto parlamentario y la gata se fue de su área.
La gata encontró nuevos amigos, que, al verla desolada, buscaron conquistarla y lo consiguieron.
Como parte de los servicios de emergencia de la Cámara de Diputados, del Palacio Legislativo de San Lázaro, los bomberos se mantuvieron en su lugar, a pesar del Covid 19.
En un recinto con escaso movimiento humano, pronto descubrieron a la gata y empezaron a cortejarla. Los vulcanos, como llaman a los bomberos en el palacio de San Lázaro, instalaron recipientes de comida y agua en su oficina. La gata, “La Negra”, accedió y se convirtió en la reina de ese sitio.
Los bomberos la rebautizaron con el nombre de “Botas” y están encantados con su mascota felina, que ya no quiere regresar con su antigua cuidadora.
Doña Sandra Barrera, para nada esconde su amor por los gatos y gatas. Trae en su cuello un dije en forma de gato, de color negro, que presume. También se ha comprado aretes y otros accesorios con figura felina.
Ella tiene en su casa seis gatos y en el Palacio Legislativo de San Lázaro hay un promedio de 80 gatos callejeros que deambulan en jardines, plazas y estacionamientos del recinto. La población gatuna se controla a través de la esterilización. Los mismos empleados, alrededor de treinta, pagan veterinario para que los atienda y sane cuando alguno o alguna se lastima.
La labor humanitaria con los gatos la empezó María Antonieta Pérez, quien ya dejó de ser empleada de la cámara.
Son los gatitos del palacio legislativo.

La transparencia nunca ha sido venerada en los hechos por el servidor público, solo de dientes para afuera. A cualquiera que le pregunten si está abierto a que le revisen lo que hace y no hace, lo que gasta y no gasta, su respuesta será inmediata, categórica y afirmativa.
En la declaración, en los dichos, todos están de acuerdo con la transparencia en tanto no sean ellos los transparentados. Si de verdad existiera la cultura de la transparencia, no habría ni necesidad de contar con organismo autónomo para combatir la opacidad.
Los gobiernos, los servidores públicos, deberían ser transparentes por naturaleza, conscientes de que manejan recursos ajenos, dinero que no es suyo sino de la sociedad que paga impuestos.
Trabajar en caja de cristal. Sus acciones a la vista de los gobernados, para que prevalezca la confianza sobre el manejo que hacen del presupuesto, certeza de que cada peso está bien gastado, reflejado en diversidad de obras en beneficio de la comunidad.
Prácticamente ninguna autoridad deja satisfechos con su primera respuesta a los interesados en transparencia. El camino establecido a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es largo. Puede llevar semanas, meses y hasta años la obtención de la información solicitada.
Es común que la información entregada sea incompleta, así que el peticionario deberá de interponer lo que llaman recurso de revisión. La autoridad podrá alegar que su información es reservada y por lo mismo no la puede dar a conocer. En ocasiones también es común, el pretexto de que la información requerida no obra en sus archivos. Son actitudes que se repiten y vuelven tortuoso el mecanismo de transparencia. Hay autoridades que optan por ampararse con tal de no dar información y otras que se desentienden de lo que se les pide, dicen que no es de su competencia.
La resistencia a dar información no es exclusiva de una institución, partido o gobierno, del color que sea. Temen que sea usada para descrédito de oficinas públicas y funcionarios.
Valdría la pena explorar otras formas para garantizar la transparencia, porque hasta ahora el INAI no ha sido suficiente. Los entes obligados a dar información se han especializado en evadir requerimientos. Faltan rectitud y moralidad. Hacer lo correcto, lo que establece la ley.
Se ha burocratizado la transparencia y los legisladores no se han ocupado en perfeccionar las reglas para que la obtención de la información sea mucho más simple, inmediata y precisa.
En los hechos hay conformismo porque en el fondo nadie quiere ser transparentado. Las declaraciones políticas son partidarias de la transparencia, la exigen porque eso adorna a cualquier servidor. No existen los pronunciamientos en contra, todos a favor.
Hoy el reclamo opositor ha subido de tono porque tres comisionados del INAI ya culminaron su periodo y el organismo autónomo en esas condiciones no puede operar al cien.
Se truncó el proceso que ya había nombrado a dos comisionados, fueron vetados por el Ejecutivo al dudar de su imparcialidad y en el Senado no hay prisa por reponer el trámite.
El impasse forzado debería aprovecharse para elaborar iniciativa que haga efectiva la transparencia, sin resistencias de nadie.

Los perros guardianes del Palacio Legislativo de San Lázaro trabajan día y noche para cuidar ocho edificios y nueve hectáreas de terrenos, plazas y jardines.
Perros entrenados, sometidos a un mes de pruebas para saber si cumplen con las características que se requieren como vigilantes.
Saber si se adaptan al lugar, si son valientes y no le tienen miedo a los sótanos ni a la oscuridad.
Estos guardianes del Palacio Legislativo de San Lázaro no pueden ser seleccionados a través de un sorteo o tómbola; participan en proceso de licitación y se quedan con el empleo los más capaces.
El palacio legislativo cuenta con seis perros, cinco machos y una hembra. Son raza pastor belga malinois. Sus nombres: Cora, Yaco, Oscam, Tork, Starky y Byron.
Por su especialidad, por su resistencia y cualidades olfativas llegan a costar de 95 mil a 150 mil pesos cada uno.
Los perros desquitan lo que se paga por ellos. Cumplen su misión y trabajan los siete días de la semana para cuidar el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí tienen sus perreras o casas.
Empiezan los rondines a las cinco de la mañana. Hacen al día cuatro recorridos. Se van turnando los seis perros; cada uno tiene su entrenador. Revisan todos los espacios: el salón de sesiones, debajo de los asientos o curules, oficinas, patios, jardines, sótanos y el área perimetral del palacio de San Lázaro.
El recorrido también se hace a la medianoche o a las tres de la mañana. Están listos para la emergencia, sin importar la hora.
Entrenados para detectar cualquier objeto inflamable o explosivo. Su olfato es fundamental. Bolsa o maleta abandonada es olfateada por los guardianes del palacio.
Se jubilan a los ocho años porque empiezan a perder facultades, sobre todo olfativas.
Los perros guardianes del palacio legislativo tienen dormitorios de tres metros por metro y medio.
Bien alimentados, bañados, cepillados y con servicio permanente de veterinario. Sesiones de entrenamiento para reforzar su capacidad olfativa en la identificación de aromas.
Los seis perros de raza pastor belga malinois y sus seis entrenadores integran el Grupo Especial de Neutralización de Riesgo del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El coordinador del equipo, Sergio Cruz está satisfecho con el trabajo de los caninos y les da la mejor calificación: 10.

A veces lo que se ve, no corresponde a la realidad. Las apariencias engañan, sobre todo en política.
La Cámara de Diputados no es la excepción.
Cualquiera diría, al observar la escena por el Canal del Congreso o de manera presencial en el recinto de San Lázaro, que los diputados y diputadas en el salón plenario, de todos los partidos, estaban felices.
No es cierto.
Muchos habían apretado el botón de voto a favor de la reforma constitucional, para aprobar la modificación a los artículos 55 y 91 de nuestra ley suprema, por conveniencia, porque en política no se puede o no se debe ir contra la corriente, sobre todo en tiempos electorales.
Por eso legisladores y legisladoras de todos los partidos aprobaron bajar la edad, de 21 a 18 años, para que los jóvenes tengan derecho a competir y, de ganar las elecciones, lograr un lugar en el recinto de San Lázaro.
En estos tiempos hubiera sido error votar en contra de esa reforma, porque entonces los jóvenes se la cobrarían al partido que lo hiciera.
Lo recomendable era votar a favor en el salón plenario de la Cámara de Diputados, para ganarse la simpatía de los jóvenes al ampliar sus derechos políticos, al darles la posibilidad de ser diputados a partir de los 18 años.
La falta de experiencia, madurez y conocimientos de lo que es el poder legislativo, no importa. Habrá quizás casos excepcionales, jóvenes maravillas, genios, sensibles y responsables, que cumplirán con la responsabilidad que significa desempeñarse como diputado.
Hasta ahora, no hay registro de que un joven de 21 años, a partir de que se estableció esta edad para ser diputado, haya brillado y acaparado la atención por su inteligencia y servicios al país.
El famoso “Niño Verde” Jorge Emilio González Martínez sobresalió no precisamente por su trabajo legislativo sino por sus escándalos, por servirse del fuero para negocios particulares.
Por eso decimos que las apariencias engañan, porque la mayoría de los diputados y diputadas que votaron por dicha reforma constitucional, no estaban convencidos de que fuera lo mejor para enriquecer el trabajo legislativo, pero no les quedaba otra con los tiempos electorales encima. Sus comentarios en corto, entre ellos, era de reprobación.
Los jóvenes, si van a votar en las próximas elecciones, pueden marcar la diferencia en Coahuila y en el estado de México en este 2023 e igual puede suceder en la competencia por la presidencia en 2024.
No fue la única modificación que aprobaron diputados y diputadas de todos los partidos para beneficiar a jóvenes interesados en formar parte del poder. También le bajaron a la edad para ser secretario o secretaria de despacho, integrante del gabinete, de 30 a 25 años.
Aquí igual, motivados por el mismo argumento, conquistar simpatía de jóvenes en tiempos electorales. Se aprobó por unanimidad, por unanimidad ficticia. Muchos estaban en desacuerdo.
Y en este punto, el disgusto no solo fue porque podría llegar gente con menos experiencia y limitada capacidad al gabinete, sino al descubrirse que la reforma tenía dedicatoria.
Según la hipotética versión, uno o una de las actuales integrantes de la cámara, que todavía no llega a los 30 años de edad, pero ya rebasa los 25, podría tomarse en cuenta para incorporarse al gabinete, en el actual o en el siguiente.
No son muchas ni muchos los que oscilan entre los 25 y 30 años.

Para cualquier político o política quedar bien o hacer justicia a los artistas, significa ganar simpatías de personajes que el día de mañana pueden sumarse a campañas o votar a su favor.
Siempre es atractivo estar en el ánimo de actores, actrices, músicos, escritores, escultores, pintores, cantantes, cantautores, en el ánimo de todo creador de arte en México.
Los artistas no solo representan votos en lo individual, también atraen votantes y muchos votantes que quieren hacer lo mismo que sus ídolos, apoyar al que digan las estrellas.
El senador Ricardo Monreal tiene cerca oportunidad de oro para sumar artistas o al menos contar con su simpatía. En el Senado está la iniciativa de artistas, creadores de arte que quieren que se modifique la Ley Federal de Derechos de Autor para que se les pague una compensación por su obra que se reproduce a través de dispositivos electrónicos como ipad, usb, teléfonos celulares y computadoras (ya se hace en más de 70 países, no en México).
Por lo pronto Monreal, quien quiere ser candidato presidencial, ya dio un paso a su favor porque firmó la iniciativa. La hizo suya. Ya está en la Comisión de Economía para su estudio y dictamen. Es justo lo que piden los creadores y lo saben los senadores, nadie se opondría y menos cuando se avecinan tiempos electorales.
También en la Cámara de Diputados sería bien vista y aceptada. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, compite por la candidatura para el gobierno de Puebla.
El tema involucra a millones de mexicanos que tienen y usan ipad, usb, computadoras, teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico reproductor de obra artística.
Corre la versión de que los consumidores serían los paganos.
Según los artistas, no se trata de que paguen los consumidores sino los fabricantes de dichos dispositivos.

La compensación ya está contemplada por los fabricantes (extranjeros) en sus productos, porque entienden y aceptan que los dispositivos perderían atractivo si no reprodujeran obra de distintos artistas.
No es nuevo impuesto para la sociedad. Abogados que representan a creadores consideran que sería hasta ilícito que se cargara ese pago a los consumidores
¿Y cuánto es lo que se debe pagar por compensación?
Es la pregunta que todavía no tiene respuesta, aunque estarían como referencia los criterios que se siguen en otros países para determinar el pago.
Martín Urieta, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Roberto Cantoral Zucchi, director de la misma SACM, el escultor Sebastián, Quetzalli de la Concha, dirigente de la Coalición para el Acceso Legal a la Cultura, los compositores Mónica Vélez y Arturo Márquez, el escultor Rodrigo de la Sierra, el cantautor Aleks Syntek y el tenor Fernando de la Mora están optimistas y esperan que la reforma a la ley de derechos de autor se concrete antes de que concluya la actual legislatura.
Confían en que la proximidad de los tiempos electorales juegue a su favor.
Independientemente de ello, está claro que lo que piden es nada más lo justo, lo que les corresponde, como acostumbraba a decir Armando Manzanero quien fue dirigente de los compositores.

Lo dijeron de distintas maneras. Cada uno llegaba a la misma conclusión: quienes deben pagar compensación o derechos de autor por la obra de creadores, compositores, escritores, escultores, músicos, pintores y hasta periodistas son los fabricantes de los dispositivos electrónicos teléfonos celulares, ipad, Tablet, usb y computadoras.
En más de 70 países los fabricantes ya pagan esa “remuneración compensatoria” a los creadores, porque su obra se reproduce en dichos dispositivos. En México hay una iniciativa en ese sentido para reformar la Ley de Derechos de Autor. Se estudia en el Senado y aparece como autor del documento el senador Ricardo Monreal.
No se trata de un nuevo impuesto y mucho menos existe la intención de que la compensación sea pagada por los consumidores. En todos los casos, donde ya se paga, el pago lo hacen los fabricantes, precisaron los artistas reunidos en el Foro Sebastián.
Advirtieron que sería un ilícito si se pretendiera cargarle a los consumidores la compensación.
¿Y cuánto es lo que ya pagan los fabricantes?
Es una pregunta que se quedó sin respuesta, porque depende de las condiciones y circunstancias económicas de cada país, pero que se trata de un pago que está considerado por los fabricantes.
Incluso, según los creadores, en México los fabricantes, que son extranjeros, ya tienen agregada la compensación en el precio de sus productos, nada más que la ley todavía no se ha reformado para que se haga ese pago a los artistas.
Ahí estaban Martín Urieta, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM); Roberto Cantoral Zucchi, director de la misma SACM; el escultor Sebastián; Quetzalli de la Concha, dirigente de la Coalición para el Acceso Legal a la Cultura; los compositores Mónica Vélez y Arturo Márquez; el escultor Rodrigo de la Sierra; el cantautor Aleks Syntek y el tenor Fernando de la Mora, entre otros.
Optimistas esperan que la reforma a la ley de derechos de autor se concrete antes de que concluya la actual legislatura. Están convencidos de que los senadores tienen en sus manos una iniciativa perfeccionada, que protege a los consumidores y que deja en claro que la remuneración compensatoria para los creadores la deben pagar los fabricantes de dispositivos electrónicos.
“Como decía Armando Manzanero, solo pedimos lo que nos corresponde”, recordó Roberto Cantoral.

Seguramente a los diputados y senadores les pasó de largo el artículo 36 del Plan B que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque de lo contrario más de uno hubiera expresado inconformidad porque los deja fuera del presupuesto del INE.
De acuerdo con la redacción del precepto, ya no recibirán ningún beneficio del Instituto Nacional Electoral.
En la actualidad, los consejeros legislativos, uno por cada partido representado en el Congreso de la Unión (siete), cuentan con oficina en el propio Instituto Nacional Electoral y hasta se les facilita equipo de cómputo para que puedan realizar sus actividades.
Los consejeros legislativos, como lo establece la norma, solo tienen derecho a voz, no a voto en las sesiones del Consejo General del INE.
Por la rapidez con que se procesó el Plan B en la Cámara de Diputados, sobre todo, los diputados no se percataron de la letra chiquita que los dejaba sin ningún privilegio en el organismo electoral.
El Plan B, como es sabido, todavía no entra en vigor, porque quedó pendiente que el Senado apruebe el ajuste que le hicieron los diputados, que quitó la llamada “cláusula de la vida eterna” que favorecía a los partidos pequeños con la transferencia de votos por parte de los grandes.
De no ocurrir nada extraordinario, la reforma terminará de ser aprobada en febrero, en el nuevo periodo ordinario de sesiones del poder legislativo, y una vez que la promulgue el Ejecutivo.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó para atrás convocatoria elaborada por
la Cámara de Diputados para elegir 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Precisa en su resolución que se debe distinguir entre la quinteta para seleccionar al presidente o presidenta del INE de las quintetas para seleccionar a los o las tres consejeras electorales.
Además, les ordena que sean muy precisos en garantizar la paridad de género.
En consecuencia, salvo que la Cámara de Diputados llevara a cabo a la brevedad un periodo extraordinario de sesiones para acatar el mandato del tribunal, se retrasará el proceso para elegir consejeros y consejeras del instituto electoral.
Estaba previsto que el registro de aspirantes arrancara el 9 de enero y concluyera el 20 del mismo mes.
Los diputados deberán ponerse de acuerdo para modificar su convocatoria y establecer los lineamientos en materia de paridad de género.
De igual manera el proceso legislativo para este caso deberá significarse por el cumplimiento del principio de certeza y absoluta transparencia.
Los magistrados, integrantes de la sala superior del TEPJF, resolvieron de esta manera el recurso interpuesto por dos actoras o ciudadanas que observaron inconsistencias e incumplimiento de la Constitución en la convocatoria que ya habían elaborado y aprobado los diputados.

En el poder legislativo federal es un acierto que funcione con dos cámaras, una de origen, a donde llega la iniciativa que se va a estudiar, dictaminar y votar; otra, revisora, responsable de analizar que lo aprobado por la colegisladora se ajuste al marco legal.
Cámara de Diputados puede ser cámara de origen y Senado cámara revisora o viceversa. Indistintamente, depende por donde empiece el procedimiento para desahogar la propuesta. No es que una sea más que otra porque le toca revisar. Es el trámite que marca la ley.
El llamado plan B en materia electoral fue votado en primera instancia en la Cámara de Diputados. Los propios legisladores han admitido que hay inconsistencias que deberán de corregirse y eso hará el Senado.
No es la primera vez que sucede en la historia del parlamento mexicano. Existen precedentes, errores cometidos por bancadas de distintos colores. En el pasado, cuando no había redes sociales, la pifia no trascendía como sucede en la actualidad. Hoy le da la vuelta al mundo.
Tampoco es nuevo que haya legisladores que voten sin saber lo que votan, nada más por línea de sus líderes. No se enteran porque el tema no les interesa, porque el documento llegó a sus manos de última hora o porque de plano están acostumbrados a votar en el sentido que les digan, siempre y cuando no se interrumpa el pago mensual de la dieta (honorarios).
Así ha sido en muchas legislaturas, lo que es incorrecto. Lo ideal sería que nadie se quedara sin leer lo que va a votar, porque al final de cuentas es una de las tareas por las que se le paga.
También no es novedoso que la oposición proteste cuando pareciera se “legisla al vapor”. ¿Se acuerdan de esta expresión? Igual sucede con la salida de grupos del salón plenario, inconformes con lo que ven como imposición y atropellamiento de parte de la mayoría.
Es apresuramiento en el que han caído, en diferentes tiempos, mayorías de los distintos partidos.
Lo fundamental es que se corrijan errores, en cualquier poder en el que se cometan, puede ser en el legislativo como esta vez, o en los poderes judicial y ejecutivo.
Claro que no solo se corregirían errores, porque también la cámara revisora podría no estar de acuerdo con otros puntos o articulado de la minuta, aprobada por la cámara de origen.
Esto es lo que puede pasar en el Senado con el llamado Plan B electoral, por lo que es un hecho que el texto corregido y perfeccionado, regresará a la Cámara de Diputados, para su final aprobación.
¿En qué tiempo? Dependerá de los acuerdos y consensos entre los integrantes de la cámara revisora. De no llegar a coincidir, podría votarse en contra y hasta ahí llegaría el Plan B.
Lo más probable es que el Plan B siga su camino, porque como solo modifica leyes secundarias, para aprobarlo no se requiere mayoría calificada, es suficiente con la mayoría simple, con la que cuentan Morena y sus aliados.
Se trata de seis ordenamientos jurídicos, más de 400 artículos modificados de las diversas leyes electorales.
En el escenario extremo, que los senadores no se pongan de acuerdo, en el 2024 se competiría con las reglas vigentes.
Por lo pronto, el camino a transitar es corrección de inconsistencias y la búsqueda de consenso para aprobar el Plan B.

En Estados Unidos, comisión investigadora de la Cámara de Representantes citó al ex presidente Donald Trump, para conocer su versión de lo pasado el 6 enero de 2021 en el Capitolio, cuando centenares de manifestantes asaltaron la casa de los congresistas.
Trump no tardó mucho en inconformarse con el citatorio. No hay certeza de que lo atienda. Y de llegar a ir, poco o nada aportaría a la investigación. Jamás aceptaría haber alentado a sus simpatizantes a romper el orden. En su lugar insistiría en que le robaron la elección presidencial.
Pareciera que lo tiene sin cuidado el llamado de los legisladores, no se percibe que lo vea como obligación. Si acaso, como una molestia que sus abogados tendrían que hacerle frente, de ser necesario.
Algo similar pasa en México con el poder legislativo, sus citatorios a los servidores públicos para que rindan cuentas o informen lo que hacen, se han convertido en llamadas a misa. Las atiende el que quiere, fijan su propia fecha o de plano las rechazan.
Por eso la preocupación de senadores cuando en la reciente aprobada reforma constitucional para prolongar hasta 2028 la participación militar en la vía pública, se acordó que una comisión bicameral tendría la facultad de citar a comparecer a integrantes del gabinete de seguridad.
Los senadores, en particular los de oposición, dudan que se atienda su llamado. Por experiencia, no están convencidos de que vayan a prosperar los citatorios. Saben que el servidor público no los considera obligatorios y no pasa nada si al final resuelve ignorarlos.
Lo que sucede en el Senado, también se repite en la Cámara de Diputados. Los funcionarios no dan importancia a invitaciones de comisiones. No las ven como urgencia ni obligatorias. Y para las comparecencias en el salón plenario de San Lázaro, hasta que su agenda se los permite, acuden a informar de su trabajo, si es que deciden ir. El calendario para desahogar lo que se llama “glosa del informe presidencial” lo hacen diputados y, los funcionarios ajustan fechas de acuerdo a sus prioridades.
El mal ejemplo cunde, hasta en temas u organismos que se supone no tendrían problema y complicación en reunirse con legisladores, porque no están en la mira de los reflectores mediáticos ni su función es determinante para el desarrollo de nuestro país.
Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con la mano en la cintura se ha rehusado a participar en reuniones de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. Por más que insiste María José Alcalá, presidenta de la comisión legislativa, la ex atleta sonorense prefiere realizar otras actividades.
El desaire no es menor. Los citatorios o invitaciones son hechos por un poder al que los funcionarios del Ejecutivo deben de rendirle cuentas. Que no se olvide que la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto, así que le toca observar y vigilar el destino que se le da a cada peso.
Si no quieren que sus citatorios sigan como llamados a misa, senadores y diputados deberán de encontrar la forma de hacerlos obligatorios, quizás con alguna sanción para quienes los desatiendan.

Entretenidos en el Senado en el debate sobre prolongar la participación militar en seguridad pública hasta el 2028, hay otro tema que se cocina en esta cámara que va por buen camino y haría justicia a millones de trabajadores en nuestro país que prestan servicios en la iniciativa privada.
Se trata de un derecho que se ha mantenido inamovible durante cinco décadas en la ley laboral y que, hasta ahora, ha encontrado consenso, duplicar el periodo vacacional al cumplir el primer año trabajado, pasar de seis días a 12 días pagados.
México ha sido demasiado conservador en esta materia e incluso de los más atrasados en el mundo, en contraste con el Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece 18 días como periodo vacacional mínimo que se debe otorgar al trabajador en su primer año de servicio. Es convenio que inexplicablemente nuestro país no ha ratificado, aun cuando ya cumplió 50 años de existencia.
Las comisiones de Trabajo, presidida por Napoleón Gómez Urrutia, y Estudios Legislativos Segunda a cargo de Rafael Espino de la Peña, ambos integrantes de la mayoría legislativa, están en la etapa final de la redacción del dictamen, que esperan llevar al pleno senatorial antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso. Aspiran a que pase por unanimidad en el Senado y que lo mismo suceda en la Cámara de Diputados.
El dictamen tiene su origen en diversas iniciativas elaboradas por los grupos parlamentarios de Morena, Encuentro Social, partido del Trabajo y Movimiento Naranja.
Han planteado periodo vacacional que va de los 10 a 18 días, como piso mínimo. El consenso es que sea de 12 días pagados. Con esta cifra, una vez aprobado en comisiones, llegaría al pleno. Seguiría igual el incremento gradual, dos días por cada año hasta llegar a cinco años; a partir del sexto, dos días por cada cinco años.
Para los legisladores en vital corregir el atraso, porque la Ley Federal del Trabajo se ha mantenido invariable en esta materia, a pesar del criterio establecido por organismos internacionales.
Según estadísticas, México se encuentra en la lista de naciones como Filipinas, Tailandia, Nigeria y Brunei, que tienen su periodo vacacional por abajo de los nueve días.
Para quienes han impulsado la iniciativa no hay duda de que se trata de un acto de justicia para los trabajadores, duplicar el periodo vacacional de seis a 12 días pagados.
Hay consenso para aprobarla. Basta con el voto de la mayoría simple, porque se trata de una ley secundaria.
De cualquier manera, por las características que tiene la propuesta, se espera la aprobación de todos los grupos parlamentarios.
Cierto que la decisión impactaría en el presupuesto de empresas, sobre todo por la crisis y la inflación que persisten en el mundo. Situación que no se puede ni debe pasar por alto. Quizás por ese motivo los legisladores podrían considerar la entrada en vigor de la reforma a partir del 2023, para darle tiempo a los patrones a que hagan sus cálculos anuales.
Los mismos empresarios también tendrían que comprender que desde hace 50 años no hay una mejora vacacional para los trabajadores, como ha sucedido en la mayoría de los países que han seguido los convenios de la OIT.