El gobernador de Baja California Jaime Bonilla parece que no se ha dado cuenta, pero ampliar su mandato de dos a cinco años, por consigna, puede convertirse en gran tropiezo para su partido y el propio presidente.
Ofende la inteligencia de la sociedad. Se equivoca si cree que su ambición desmedida cuenta con el apoyo mayoritario de los ciudadanos de su estado y del país. Es evidente que se pasó de la raya.
Tampoco se salvan del descrédito los diputados locales y alcaldes que validaron la decisión del gobernante estatal. Legisladores y presidentes municipales que actúan de acuerdo a sus intereses. No les importan los valores democráticos y el respeto a la voluntad popular.
Lo eligieron por dos años y por dos años tiene que gobernar, no por cinco. Es increíble que la misma Yeidckol Polevnsky trate de justificar a su compañero con el argumento de que no puede haber elecciones cada dos años, porque resulta costoso para la sociedad.
Sin embargo, aquí la gente de Baja California fue la que votó y votó para un periodo de dos años.
Yeidckol, con su posición, está empezando a perder la elección de la dirigencia nacional de Morena. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y Porfirio Muñoz Ledo, convertido en la consciencia de Morena, no están de acuerdo con lo que hizo Bonilla.
Por supuesto que esa validación no fue gratis. ¿Hay quién crea que diputados y alcaldes regalaron su voto? Evidentemente tuvo un precio. ¿Cuál? ¿Cuánto? Grave error. No es tema que borre el tiempo o que se olvide porque medios de comunicación decidan ignorarlo.
La directiva del PAN está resuelta a expulsar a sus diputados. ¿Y el PRI? ¿Y el PRD?
Es una falta de respeto al voto ciudadano.
Corresponderá al poder judicial, que se ha convertido en contrapeso real en los nuevos tiempos políticos, corregir la aberración. Poner por delante la aplicación de la ley. Actuar conforme a derecho, nada más.
Hasta ahora, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, no ha dicho nada. Seguro esperará a que alguno de los afectados interponga el recurso que ataque esa ampliación. Hay criterios constitucionales que deben imponerse en este caso.
Ni Jaime Bonilla, ni los diputados locales ni alcaldes de Baja California han calculado con precisión las consecuencias de su atrevimiento. En otros tiempos, cuando no existían el Internet ni las redes sociales, quizás hubiera sido posible ocultarlo. La lejanía de dicho estado del centro del país, sería factor para restarle interés.
Hoy, no. Lo hecho por Bonilla y compañía, no se va a olvidar nunca.
Impacta compromisos y planes del presidente. Es una ampliación que contrasta con las palabras de López Obrador en el sentido de que nada injusto puede prosperar.
Lo que ha hecho el gobernador de Baja California es imperdonable.
Imperdonable lo de Bonilla
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