El hilo delgado de las campañas

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En el escenario previsible de que las alianzas partidistas Morena-Verde-PT y PRI-PAN-PRD nominen a mujeres a la presidencia de la República, veríamos en 2024 una batalla exenta de “violencia política de género”.
La guerra sucia quedaría superada, igual los denuestos, las acusaciones sin fundamento, porque quienes se han quejado de violencia política de género, tendrían cuidado de no morderse la lengua una vez que arranque en septiembre el proceso electoral 2023-2024. Sería contradictorio que hicieran lo que ahora es motivo de su queja.
Nada que demerite la calidad de participantes, nada que ponga en duda su profesionalismo y cualidades que las llevaron a las candidaturas.
El hilo de la violencia política de género se ha vuelto delgado y más delgado se haría en las campañas.
Justificada la defensa y protección de la mujer, nada más que pareciera que no se juzga a todas y todos con el mismo rasero.
Se aplicaron medidas cautelares sobre dichos atribuidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante quejas de Xóchitl Gálvez en el sentido de que en Palacio Nacional desacreditaron su ascenso político y personalidad. También el INE le ha pedido al empresario Ricardo Salinas que retire de las redes sociales mensajes ofensivos contra la dirigente morenista Citlalli Hernández.
Salinas Pliego, quien no se ha salvado de ataques verbales, considera que las y los servidores públicos deben tener mayor tolerancia a la crítica.
La gobernadora de Campeche Layda Sansores ha sido acusada de violencia política de género por mujeres. Diputada trans María Clemente García se quejó de violencia política de género en el salón plenario de la cámara.
Claudia Sheinbaum oficialmente no ha presentado queja, pero también ha sido víctima en redes sociales de calificativos que rayan en la violencia política de género, porque demeritan su trayectoria.
Lo que han resuelto autoridades electorales estaría creando nuevo escenario para la competencia que se avecina.
A diferencia de lo que sucede en muchos países, donde los contendientes se dicen de todo, aquí no van a poder lanzarse ni miradas que pudieran interpretarse como violencia política de género.
Si el próximo año hay candidatas presidenciales de las dos principales alianzas, tendrían que estar a la altura de una competencia pulcra y respetuosa.
Lo mismo tendría que hacer el nominado o nominada de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, “género” es el “conjunto de seres que tiene uno o varios caracteres comunes”.
La comunidad LGBTIQ+ entraría en esta definición, por algo en la credencial para votar del INE está aprobada la incorporación de la letra “x” como identidad de personas no binarias.
“Género” incluye a todas las personas y en ese sentido, la violencia política puede darse en la diversidad. Está visto que la violencia política de género no es solo del hombre a la mujer, puede ser de mujer a mujer, de mujer a un gay y de una mujer a un varón.
Sería injusto que la balanza se cargara para un lado.
En 2024 se elegirán presidente, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes y miles de cargos municipales en todo el país; no únicamente habrá mujeres y hombres en candidaturas.
Para evitar el riesgo de la descalificación por acusaciones de violencia política de género, quienes vayan a competir, están a tiempo para especializarse en lanzar “rosas y claves”, propuestas constructivas, no denuestos ni restarle merecimientos a nadie.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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