Poderes Imperfectos

Poder legislativo
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Solo la muerte no tiene remedio. Quien ha perdido la vida, ya no hay forma de revivirlo. De ahí en fuera, por muy complejo y enconado que se encuentre un asunto o conflicto, puede resolverse, sobre todo cuando en ambos lados y de manera unilateral se han hecho llamados al diálogo.
¿Qué no el coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, visitó a la presidenta Norma Lucía Piña Hernández?
Lo hizo para hacerle la invitación personal para que asistiera a las conclusiones del conversatorio que organizaron los diputados sobre la necesidad de una reforma judicial y una nueva forma de elegir a juzgadores.
No fue la ministra. En su lugar asistieron los ministros y ministras Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz AHlf. Se reunieron con diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política. Ahí estuvieron legisladores de todos los partidos. Prevaleció el respeto. No hubo insultos ni desaires.
El diputado Mier también hizo pública invitación a la Corte para platicar sobre los fideicomisos que tiene el Alto Tribunal y que están a punto de ser eliminados. Cuando ya los diputados habían tomado la decisión del tijeretazo, tarde decidió acudir la representación de la oficialía mayor del poder judicial.
Por la relevancia del tema, ameritaba que un ministro o ministra se hubiera acercado a los legisladores, al fin de que lo cortés no quita lo valiente y el diálogo no significa la rendición de un poder hacia otro. No fue ninguno. Como era de esperarse, las posiciones se han radicalizado.
Los diputados actuaron en base a información que recibieron del mismo poder judicial de la federación. Hay juzgadores que no están conformes con lo que ocurre al interior de la institución y por supuesto que han filtrado datos, porque de otra manera no se explicaría la seguridad y certeza con la que hablan diputados sobre los famosos fideicomisos.
El ministro Javier Laynez Potisek (en entrevista radiofónica del programa de Ciro Gómez Leyva) cuidó su lenguaje, fue cauto. Sin entrar en descalificaciones, planteó la conveniencia del diálogo.
Si todas las partes quieren dialogar, pues a sentarse y ponerse de acuerdo. Todavía falta que se desahogue la instancia del Senado.
Lo peor es que por este pleito, los más perjudicados, son los que menos culpa tienen.
En nuestro país es de sobra conocido que la justicia no es pronta ni expedita, aunque lo diga la Constitución. La realidad es distinta. Si en tiempo normales, la sociedad sufre el retraso y lentitud de los procesos, además de la cuestionada imparcialidad de juzgadores, con un conflicto entre dos y hasta tres poderes, la esperanza de justicia se empatana.
La culpa es compartida ante la falta de voluntad de los protagonistas que solo ven la paja en el ojo ajeno. La autocrítica es sana, para mejorar. Es lo que debe de caracterizarlos.
Ninguno debe olvidar ni perder de vista que se les paga con dinero del pueblo para que hagan su trabajo en beneficio del pueblo.
Basta ya de comportarse como si fueran dioses que no se equivocan y todo lo merecen.
Más vale que empiecen a mirarse en el espejo y se den cuenta que ninguno es perfecto.
Los tres, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están lejos de que su trabajo sea impecable, la corrupción merodea sus espacios, así que mejor hagan lo que la ley y la sociedad les ordenan, por el bien de México.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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