Nombramientos por Sorteo

Poder legislativo
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En el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) el sorteo o insaculación fue la mejor fórmula que encontró la Cámara de Diputados para superar la falta de consenso entre los distintos grupos parlamentarios a la hora de nombrar consejeros y consejeras. La opción última en caso de persistir diferencias y no alcanzar la llamada mayoría calificada.
Funcionó a los diputados. Como ninguna fracción legislativa, por si sola, suma las dos terceras partes de los asistentes, que es el número que se requiere para aprobar los nombramientos, el sorteo se convirtió en la alternativa para cumplir con lo que ordena la ley en la materia.
Por eso el Consejo General del INE está completo. De otra manera, los diputados estarían estancados, en busca del acuerdo, que cada vez se ha vuelto más complicado lograrlo. Nadie quiere ceder. La desconfianza es total porque ven a los aspirantes con perfiles parciales, con simpatías hacia uno de los bandos políticos, aunque no sea acierto.
Sucede porque por muchos años es lo que ha caracterizado a los nombramientos, el reparto de cuotas, sobre todo entre los principales partidos. Es lo que se ha visto y confirmado en la actuación de los nombrados. Hay momentos en que han respondido a intereses parciales.
Por eso es que algunos consejeros del INE, cuando terminan su periodo, van a dar a las bancadas parlamentarias o a la misma administración pública, a partir de que la ley se los permite. Confirman que era real su simpatía por determinado color. Lo saben los partidos, por eso la desconfianza y por eso funciona el sorteo en el proceso de elección.
La experiencia de los diputados con el organismo electoral debería de ser recogida por el Senado. Modificar la normatividad para que también tengan la opción de insacular nombramientos. En ningún sentido es aceptable que haya instituciones cojas, incompletas, como es el caso del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Internacionales (INAI). Se llegó al extremo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizara que puede funcionar con cuatro comisionados, porque los senadores no logran el consenso para nombrar a los tres que le faltan.
No es el único caso. El Senado tiene muchos más nombramientos pendientes, más de 70, particularmente de magistrados locales y federales (electorales y administrativos), que no consiguen la mayoría calificada.
De nada sirve que los y las aspirantes cumplan con los requisitos, que tengan amplia experiencia y probados conocimientos para el cargo, si al final se quedan en la antesala.
Así ocurrió con 18 aspirantes a magistrados anticorrupción en el sexenio anterior, propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto. Nunca alcanzaron la mayoría calificada. Cinco de ellos creyeron que podían forzar con amparos a los senadores, los otros 15 prefirieron declinar.
En la actual legislatura el Senado tiene pendiente el nombramiento de una magistrada de sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuesta por la Corte. No hay garantía de que pronto vaya a salir.
Lo mismo sucede con las dos ternas, una de hombres y otras de mujeres, para la sala superior del tribunal electoral.
Urge el sorteo o insaculación para los nombramientos que corresponde hacer al Senado.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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