Blindaje a consejeros del IFE

Sociedad
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Si bien los partidos opinan y votan a través de sus diputados para decidir quien debe ocupar el cargo de consejero electoral del IFE, para garantizar su imparcialidad una vez que es electo, no estaría demás blindarlo con un artículo en la ley que subraye que su actuación está al margen de compromisos e intereses de partido.

De esa manera el consejero estaría más tranquilo y menos presionado a la hora de discutir y votar los asuntos electorales en el Consejo General del IFE. Para que ningún partido le pretenda cobrar la factura y le recuerde a quien le debe su participación en dicho organismo.

También sería prudente establecer una sanción al partido que pretenda presionar o cobrarle facturas al consejero.

 En la actualidad es común escuchar que los consejeros son producto de las cuotas de partidos, lo que no le hace nada bien a la democracia ni a la competencia política en nuestro país.

Por el método que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para elegir a los consejeros, resulta imposible que los partidos se mantengan ajenos al proceso.

De acuerdo con el artículo 110 del Cofipe, los diputados, que representan a los diversos partidos, son los electores.

Eso de “previa realización de una amplia consulta a la sociedad”, pues hasta ahora no se ha visto.

Por eso la importancia de considerar en la reforma electoral la necesidad de blindar a los consejeros electorales para que no se vean comprometidos a responder a consignas partidistas.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.

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